EL FRENO A UN ATAQUE A LA JUSTICIA

La Corte Suprema ha declarado inconstitucional la Ley 27145 para la designación de Jueces subrogantes, con la que el gobierno pretendía digitar la designación de Jueces, sin concurso, no solo para cubrir vacantes en tribunales y diseñar una Justicia adicta, sino para avanzar sobre las garantías constitucionales hasta disponer sobre los magistrados que debían intervenir en causas puntuales de manera discrecional.
La ley 27.145 venía a contaminar de una mayor politización a los Tribunales y violaba principios constitucionales y estándares internacionales básicos. El principio del “juez natural”, que emerge del art. 18 de nuestra Constitución y el derecho de toda persona a ser oído por un Juez independiente e imparcial resultaban desafiados, abriendo las puertas a instancias arbitrarias que ponían en riesgo la vigencia de una Justicia independiente.
La designación de subrogantes solo cabe en circunstancias excepcionales, a resolver en la medida de lo posible recurriendo a otros jueces, cuya idoneidad e independencia se encuentre acreditada. La remoción arbitraria por parte del poder político afecta directamente el principio de inamovilidad y por la tanto la independencia que debe gozar un juez para su adecuado desempeño. Las sustituciones por casos de excusación o recusaciones son propias de la dinámica jurisdiccional y en consecuencia deben resolverse en el marco de lo establecido en los respectivos códigos, evitando que el poder político se entrometa para designar jueces para atender casos puntuales.
Solo excepcionalmente y para el supuesto que ningún Juez de igual jurisdicción y competencia se encuentre en condiciones de cubrir una vacante, una ley adecuada debe proponer recurrir a una lista de conjueces, seleccionada mediante mayorías calificadas del Consejo, con acuerdo del Senado y a propuesta del Poder Ejecutivo. Se cumple así con el postulado constitucional de que los tres poderes del Estado participen de la sensible decisión de elegir magistrados, tal como lo sostuvo la Corte Suprema en el precedente “Rosza”.
Resulta impostergable que, en cumplimiento de lo resuelto por nuestro más Alto Tribunal, el poder Legislativo se aboque al diseño y aprobación de una ley en línea con tan claro pronunciamiento, para superar la anómala situación generada por el inédito número de vacantes existentes en todo el Poder Judicial. La Corte señaló que la significativa cantidad de designaciones provisorias obedece en buena medida a las demoras en cubrirlas por parte del Consejo de la Magistratura, del Senado y del Poder Ejecutivo.
Estamos en presencia de un problema político para proveer Justicia, cuya superación dependerá de la capacidad para reencausar el diálogo y evitar la discrecionalidad. Será el tiempo de superar la obstinada actitud del oficialismo, que ha buscado imponer un perfil de jueces afines, identificados ideológicamente con el gobierno.
Para impedir el sometimiento político del Poder Judicial debemos avanzar con un sistema eficiente de selección de magistrados, reforzando el valor de los perfiles técnicos, de la contracción al trabajo y de la adscripción a valores democráticos y republicanos, dejando de lado la obsesiva priorización de la ideología de los jueces.
Angel Rozas
Senador Nacional. Miembro del Consejo de la Magistratura

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