EL SUFRIMIENTO DE ENTREGAR EL PODER

Cristina Kirchner convirtió la transición en un campo de batalla. Nada que sorprenda. Alguien que intentó avasallar a la Justicia, encadenar a la prensa independiente, reducir a un unicato las autonomías provinciales; alguien que anuló a su gabinete, ignoró a su partido y hostilizó a la oposición; en fin, alguien que se ve a sí mismo como Napoleón y que multiplicó su patrimonio declarado en más de 800% en el ejercicio del gobierno, está ahora frente la perturbadora tarea de transferir el mando.
Aunque se convoque a una legión de expertos en ceremonial y protocolo, no existe el ritual capaz de disimular esa mortificación. En una semana la Presidenta deberá efectuar la entrega el poder. Así de literal. Así de traumático. No es asombroso, entonces, que la señora de Kirchner se despida abrazándose a las columnas del templo. Y, como se sabe, para su esposo y para ella “el templo” siempre fue la caja. El martes de la semana pasada, la Corte Suprema declaró que es inconstitucional que, en los casos de Santa Fe, Córdoba y San Luis, la Nación siga apropiándose del 15% de la coparticipación para financiar a la Anses. Dispuso, por lo tanto, que se suspenda esa deducción y se restituyan a esos tres estados los fondos ya apropiados.
El lunes último, Cristina Kirchner emitió el decreto de necesidad y urgencia 2635, extendiendo a todas las provincias los beneficios otorgados por la Corte a aquellas tres. Fue la exhibición de un serial killer. Agredió a su sucesor, Mauricio Macri. Agredió a la Corte. Apostó a que Macri y la Corte se agredan entre sí. Y, acaso sin saberlo, agredió a numerosas administraciones del interior a las que se proponía ayudar.
El decreto es la última contribución de Carlos Zannini a la historia del surrealismo jurídico. Comienza reconociendo que la Corte se refirió a sólo tres provincias “argentinas” -como si pudiera disponer sobre provincias colombianas o salvadoreñas, por ejemplo-, pero algunos párrafos más abajo establece que las premisas del tribunal “permiten suponer” que esos beneficios corresponden a todas las que los reclamen. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo asumió facultades de la Corte y los generalizó, con el pretexto de evitar trámites judiciales.
Para que resulte más evidente la irracionalidad de su decisión, la Presidenta enumeró las temibles calamidades a las que, según ella, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt condenaron al sistema previsional. Entre otras, la imposibilidad de aumentar las jubilaciones. Un error de concepto, porque el Estado puede sustituir los fondos que recuperan las tres provincias con otros recursos. Es decir: la Corte sólo aumentó el gasto de la administración central. Además, aparece una incoherencia. Si los perjuicios del fallo de la Corte son tan pavorosos, ¿por qué se apresuró a universalizarlos sin esperar al reclamo de las demás jurisdicciones? ¿Sólo por las ganas de hacer daño?
Cristina Kirchner pretende imputar a los jueces una gran irresponsabilidad política. El mensaje tiene un destinatario principal: Macri, a quien pretende ver enemistado con la Corte. Al mismo tiempo, ella debilita más a Macri agravando el desfinanciamiento que denuncia. Una forma de halagar a los gobernadores no alcanzados por el fallo.
Los objetivos de la Presidenta son de corto alcance. La Constitución prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en materia impositiva. Bastaría que cualquier sujeto legitimado se presente ante un juzgado contencioso administrativo para que la norma sea anulada por inconstitucional. No debería sorprender que la Corte se aboque a ese planteo por un recurso de per saltum. Además, la sentencia del máximo tribunal no puede llevarse a otras provincias porque se basa en pruebas específicas aportadas por Santa Fe, Córdoba y San Luis. Otras administraciones renunciaron a lo que les correspondería de ese 15%. Y las que no lo hicieron deberían iniciar su propio pleito.
La señora de Kirchner no tuvo en cuenta estos pormenores. Su decreto forma parte de un plan político. Ella pretende liderar una oposición despiadada contra el nuevo gobierno. La razón de esa agresividad fue sugerida por Máximo Kirchner en el estadio de Argentinos Juniors, en diciembre de 2014: los que quieren ser presidente, ¿por qué no le ganan a mi mamá? Fue un anticipo. No alcanza con haberle ganado a Daniel Scioli. El kirchnerismo sólo reconocería la legitimidad de quien derrote a su líder. Para lo cual era indispensable la reelección indefinida. Esta concepción llevó a Hebe de Bonafini a hablar no de oposición, sino de resistencia al nuevo gobierno.
La Presidenta pretende ocupar ese lugar en el tablero como jefa de todo el peronismo. Anteayer, cuando ya era tal vez un poco tarde, invitó a almorzar a la dirigencia federal de su partido. Le dijo que pretendía presidir el PJ y que Scioli lo hiciera en la provincia. En este marco se inscribe el decreto sobre coparticipación. Además de restar fondos a Macri, pretendió aumentar los que reciben las administraciones del interior. Pero de nuevo hubo un error de cálculo. Si la medida se aplicara, las jurisdicciones que primero festejarían serían la ciudad y la provincia de Buenos Aires, controladas por Cambiemos. Ambas incrementarían los recursos automáticos que reciben de la Nación y mejorarían su ecuación fiscal.
En cambio, muchas provincias chicas, gobernadas por el peronismo, se perjudicarían con el decreto. Son estados que se benefician con transferencias discrecionales superiores a las que percibirían con la asignación automática que les “regaló” Cristina Kirchner antes de irse. Entre esas jurisdicciones la más afectada sería Santa Cruz. Quiere decir que, como en tantas otras oportunidades, el kirchnerismo volvió a calzar en la definición de estupidez que formuló el célebre Carlo Cipolla: “Estúpido es el que para dañar a los demás se daña a sí mismo”. Balance: lo curioso no es que, como dijo Macri ayer, Cristina Kirchner salga por la puerta chica de la Casa Rosada. También entra por la puerta chica del PJ.
Lorenzetti, Maqueda y Fayt no previeron lo que la señora de Kirchner haría con su fallo. Por eso desde la Corte salió anteayer un mensaje hacia el nuevo gobierno, para aclarar la posición judicial. El receptor fue el nuevo ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Sin el decreto presidencial, el costo de la sentencia no sería letal para el Tesoro: unos 6000 millones de pesos por año. Lorenzetti advirtió a la nueva administración que, dado que Fayt se jubila y que Helena Highton prefiere que la coparticipación se negocie sin intervención de la Corte, no podía demorarse: la mayoría del tribunal son 3 votos. El presidente de la Corte también se encargó de que Macri supiera que está dispuesto a ayudar a la gobernabilidad durante su mandato.
A pesar de esas aclaraciones, y con independencia de la cizaña que intentó sembrar la señora de Kirchner en los considerandos de su insólito decreto, el fallo tuvo un efecto desagradable sobre Macri. Alguien que lo conoce bien, comenta: “Quedó sorprendido de que Lorenzetti haya resuelto una cuestión fiscal tan importante sin un aviso previo. La confianza que Mauricio tenía en la Corte se dañó”. Hay colaboradores de Macri que aprovechan ese estado de sospecha para implantar la semilla de una reforma: llevar la Corte de 5 a 7 o 9 miembros. Al lado del nuevo presidente alguien analiza desde ayer ese proyecto.
La composición del máximo tribunal ocupa la agenda del nuevo gobierno, pero no es una cuestión urgente. Macri está más interesado en consolidar las relaciones con el Congreso. Sobre todo con el radicalismo. Para eso se estableció un equipo. Lo integran Marcos Peña, Frigerio y el futuro presidente de Diputados, Emilio Monzó, y los radicales Ernesto Sanz, Mario Negri y Ángel Rozas. Pronto se agregará José Manuel Corral, intendente de Santa Fe y futuro presidente de la UCR. En esa mesa nació, durante una comida del jueves pasado, la idea de convocar a Martín Lousteau a la nueva administración. Se pensó en la Anses, pero se lo terminó nominando embajador en Washington. Una frustración para Martín Redrado. La incorporación de Lousteau intenta suturar una de las heridas más irritantes en el seno de Cambiemos: la oposición radical a la administración porteña. Salvo que esa herida se abra cuando Juan Cruz Ávila pretenda impugnar contratos de la UBA.
En un segundo círculo, Monzó cerró un acuerdo anteayer con los 10 senadores del peronismo federal, que lideran Juan Carlos Romero y Adolfo Rodríguez Saá. El entendimiento incluyó la futura composición de la Corte. Se selló en el departamento porteño de Romero, cuya hija Bettina fue candidata de Cambiemos en Salta. Estas conversaciones se agregan a las mantenidas con Sergio Massa y José Manuel de la Sota, uno de los candidatos a presidir un PJ renovado. Massa conquistó la conducción de la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense, desde la que se propone seducir a todo el peronismo. El primero en responder al llamado fue Mario Ishii, quien se integrará al Frente Renovador con otros dos senadores. El cambio justo.
Más allá de esta frontera queda la inexplorada extensión del PJ oficial. El diálogo comenzó con dos caudillos: el riojano Luis Beder Herrera y el ultrakirchnerista Gerado Zamora. Ambos retiraron diputados de la extravagante sesión en la que se aprobaron 96 leyes. Fue a instancias de Monzó. La incógnita en este campo salta a la vista: ¿hasta cuándo la dirigencia seguirá convalidando los deseos de Cristina Kirchner? Al revés: ¿aceptará la Presidenta que alguien la sustituya en el partido? Es su próxima transición.

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