LOS FUNCIONARIOS POLÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Adelantemos que nuestra Constitución atribuye facultades a los diferentes órganos del Estado, que reciben su poder del marco normativo que ella contiene. El poder, en las democracias, no tiene origen divino ni surgen de un repollo: son una delegación que el pueblo realiza, a través de los procesos electorales, de una porción de su “soberanía”. Esa es la lógica del estado de derecho.

La Constitución establece la división del poder en tres grandes ramas: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La Constitución de 1994 agregó el Ministerio Fiscal extrapoder. A cada una de ellas le fijó facultades y obligaciones.

Las del Poder Ejecutivo están definidas en los artículos 99 y 100, tanto para el Presidente como para el Jefe de Gabinete de Ministros.

Ambos son claros y terminantes: “Capítulo Tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1) Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. 2) Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias…” y Constitución Nacional: “Capítulo Cuarto. Del Jefe de Gabinete y demás Ministros del Poder Ejecutivo. Art. 100. … Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: 1) Ejercer la administración general del país. 2) Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que les delegue el Presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. 3) Efectuar los nombramientos de los empleados de la Administración, excepto los que correspondan al Presidente. …”

Las normas no dejan dudas: la designación de los funcionarios de la Administración es una atribución que la CN otorga al Poder Ejecutivo, a través del Presidente y del Jefe de Gabinete de Ministros.

¿Cómo operan, frente a estas normas, las creaciones legislativas que limitan esa facultad?

No pueden entenderse más que como una autolimitación presidencial, que dura mientras dure su propia voluntad y dentro del mandato del presidente en ejercicio, pero no puede trasladarse a sus sucesores. Lo contrario sería aceptar formas incompatibles con el diseño constitucional. Llevando la situación al absurdo comprenderemos mejor su esencia no republicana: Imaginemos que a un gobierno con mayoría circunstancial en ambas Cámaras se le ocurriera dictar una ley dando estabilidad a los Ministros, o vaciando de sus facultades al Poder Ejecutivo delegándolas en organismos autárquicos a cuyos integrantes se les otorgara “estabilidad”. ¿Significaría que los presidentes o Jefes de Gabinetes de Ministros posteriores deben gobernar asesorados por personas ajenas a su conocimiento, confianza e identificación? ¿O que gobernarían con sus facultades constitucionales castradas por una decisión legislativa en un período anterior?

El Congreso tiene facultades para legislar. No hay dudas. Hasta puede –como de hecho ocurre en infinidad de casos- crear organismos de conformación plural para campos de la realidad de extremo dinamismo –como la política monetaria- sobre los que, aun siendo su atribución, es imposible en la vida moderna seguir su ritmo desde un cuerpo colegiado amplio. La solución de crear entidades –como el BCRA- con métodos específicos de cambio de funcionarios ha resultado hasta ahora un atajo interesante.

Lo que evidentemente no puede es crear organismos de administración, en el ámbito del Poder Ejecutivo, que no sólo avancen sobre sus facultades constitucionales sino que le impongan designaciones que son de su competencia exclusiva, y que no recibe de una ley sino de la propia Constitución Nacional.

Cada presidente recibe su poder de una fuente directa: la soberanía del pueblo. Ese poder debe ejercerse dentro del marco normativo básico de la ley madre de la sociedad política: la Constitución. Ésta ha repartido las facultades entre los diferentes órganos del Estado en un sistema equilibrado en el que cada uno tiene sus propias competencias y está sometido a controles cruzados.

La designación de los funcionarios de la Administración, cualquiera sea el nombre que se les otorgue, que invada la facultad de expedir “las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias…” (art. 99, CN), de “Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que les delegue el Presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera” y “Efectuar los nombramientos de los empleados de la Administración, excepto los que correspondan al Presidente. …” (art. 100, CN) en el primer caso para el Presidente y en los siguientes para el Jefe de Gabinete de Ministros no pueden entenderse más que como meramente indicativas. Con un decreto simple el Poder Ejecutivo puede retomar esas facultades que le son propias, en cuanto no afecte derechos de terceros –como la estabilidad de los empleados públicos escalafonados, docentes, militares o policías-.

No limitan –porque no pueden- las facultades del Poder Ejecutivo, que éste no ha recibido del Congreso sino de los ciudadanos, ejerciendo la soberanía popular a través del acto comicial. Lo contrario sería habilitar la reforma de la Constitución por una simple mayoría parlamentaria, lo que no es posible en el juego del articulado de la propia Carta Magna.

Se el primero en comentar en "LOS FUNCIONARIOS POLÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN"

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*