COLOMBIA CADA VEZ MÁS CERCA DE LA PAZ

La semana pasada, las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el liderazgo de las «FARC» dieron un paso sustancial hacia adelante. En dirección a concretarse. Me refiero al acuerdo alcanzado en dos temas claves: el de la justicia transicional y el de la situación de las víctimas. Consenso cerrado entre Iván Márquez y Humberto de La Calle, en representación de las «FARC» y del gobierno, respectivamente. Así culminó un año y medio de arduas conversaciones sobre esos temas, dos de los más complejos de la negociación de paz.
El proceso colombiano de paz, que se inició el 19 de noviembre de 2012, camina entonces hacia su conclusión. Porque las partes pueden ahora acordar un cese el fuego bilateral definitivo con las garantías del caso, incluyendo la desmovilización de la guerrilla. Ello hasta podría lograrse rápido, lo que permitiría completar la redacción de los documentos finales de la paz. Y porque el acuerdo de paz definitivo podría firmarse en la primera mitad del año próximo, poniendo fin a medio siglo de crímenes y horror. Está claro que Colombia se ha acercado, como nunca hasta ahora, a la posibilidad cierta de alcanzar una paz duradera.
Conforme a lo acordado, no habría en Colombia amnistía para los crímenes de guerra que son delitos de lesa humanidad, esto es los asesinatos o secuestros o las lesiones. Ni para el genocidio, ni para las violaciones graves de los derechos humanos o las infracciones al Derecho Humanitario Internacional, capítulo éste último que nuestro país debe todavía abordar, desde que ha generado un auténtico rincón de impunidad que sigue abierto, con las consiguientes responsabilidades del Estado. En Colombia, esos delitos serían juzgados y sancionados -con penas reducidas- luego de ser analizados por un Tribunal para la Paz a crearse.
El proceso ha avanzado por etapas. En mayo de 2013 se alcanzó el primer gran acuerdo, en el que las «FARC» convinieron con el gobierno colombiano un plan de acceso a la tierra. Seis meses después se acordaron pautas sobre la participación política futura de las «FARC». En mayo de 2014, las «FARC» se comprometieron a romper sus relaciones con el narcotráfico, así como a erradicar los cultivos ilícitos y a desminar. Ahora, finalmente, se acaban de convenir, como se ha dicho, los criterios para la necesaria organización de la justicia transicional, la acreditación de la verdad y el trato y reparación a las víctimas del conflicto. Con soluciones creativas y novedosas que seguramente generarán polémica.
La paz, felizmente, puede estar cerca. No obstante, hay todavía que completar y refrendar lo convenido entre las partes y, de acuerdo a lo previsto, someterlo luego a la aprobación directa del pueblo colombiano, a través de las urnas. Y el diablo suele estar en los detalles.
Lo acordado tiene en rigor tres pilares sustantivos con los que se procura conformar un sistema particular e integral de verdad, justicia y reparación.
Primero, desentrañar la verdad, para lo que se organizaría una Comisión de la Verdad, de carácter extrajudicial. Ella se centraría fundamentalmente sobre los casos delictivos más emblemáticos que la misma Comisión seleccione como los «más representativos» de lo sucedido en nada menos que medio siglo de un intenso conflicto armado interno. Crímenes que en muchos casos han sido cometidos cuarenta o cincuenta años atrás, lo que naturalmente no los ha hecho desaparecer. No sólo los relacionados con la guerrilla. También los que pudieran haber sido perpetrados por los paramilitares y por el ejército colombiano. Y recogería toda la información que logre obtener para que las víctimas puedan acceder a conocer la verdad íntegra en cada caso. Habría asimismo una unidad especial para la búsqueda de información sobre los «desaparecidos».
Segundo, se estructuraría también un nuevo Tribunal para la Paz, con jurisdicción exclusiva sobre los crímenes perpetrados a lo largo del conflicto armado interno, cuyas decisiones -para garantizar la seguridad jurídica- tendrían fuerza de cosa juzgada y no podrían ser reabiertas nunca. Para acceder a ella se deberá previamente revelar toda la verdad.
Tercero, habría un mecanismo de reparación respecto de las víctimas. Las «FARC» deberían reconocer su responsabilidad, comprometerse a no repetir sus crímenes y pedir explícitamente perdón por ellos. Además, deberían participar -personal y directamente- en las distintas reparaciones, haciendo fundamentalmente trabajos públicos. Y restituir las tierras que poseen a sus verdaderos dueños.
Se beneficiarían, en cambio, con asistencia psicosocial para su reinserción en la sociedad y colaborarían previsiblemente en el regreso de los refugiados internos que debieron dejar sus casas, tierras o pertenencias para escapar de la violencia. Su integridad física en los lugares de residencia será también objeto de protección, para evitar las venganzas por mano propia que alguno pudiera intentar.
Se ha previsto, como hemos dicho, que se dicte una amnistía, pero sólo para los delitos de rebelión, sedición y conexos, excluyendo a los delitos de lesa humanidad, para los que se han previsto penas que van desde 5 a 8 años para los máximos responsables y de 2 a 5 años para quienes no hubieran tenido una participación determinante, siempre que se acojan a la jurisdicción que se creará.
En todos los casos que sean decididos en la nueva jurisdicción para la paz, las condenas se cumplirían sin que exista privación efectiva de la libertad para quienes resulten condenados, pero con restricciones en materia de lugar de residencia y desplazamientos y con la obligación específica de ejecutar «trabajos y obras o actividades reparadoras y restaurativas». Lo que incluye realizar tareas de desminado, sustitución de cultivos ilegales, reforestación o reconstrucción de la infraestructura dañada durante el conflicto.
No está nada claro si los abundantes dineros mal habidos de las «FARC», fruto de los secuestros extorsivos o del narcotráfico, serán o no usados para las reparaciones que habrán de percibir las víctimas. Sería grave y lamentable que esto no fuera finalmente así.
Si hay responsables de delitos de lesa humanidad que no se acogen de inicio a la nueva jurisdicción de modo voluntario, las penas aludidas deberían cumplirse en establecimientos carcelarios. Para quienes no se sometan nunca a ella y sean sin embargo condenados, las penas además podrían estirarse entre 15 y 20 años. Pero aún en estos casos de no colaboración, las penas previstas serían de apenas un tercio de las que corresponderían sin el acuerdo de paz.
El Tribunal para la Paz que, como hemos señalado, se ha previsto que estará integrado por 24 magistrados, 20 de los cuales deben ser colombianos, mientras cuatro serían previsiblemente extranjeros. Estos últimos actuarían sólo a pedido de los procesados. Sus integrantes serían elegidos mediante un mecanismo a ser convenido entre ambas partes o por quien éstas determinen, lo que luce inusual. Pero siempre con los requisitos que deben reunirse en Colombia para integrar la Corte Suprema Constitucional o el Consejo de Estado.
El tribunal especial juzgaría no sólo a los guerrilleros insurgentes, sino también a los agentes del Estado y paramilitares y otros eventuales partícipes, con la misma vara y penas. Quedan excluidos, no obstante, los ex presidentes, que seguirían bajo las normas específicas de la Constitución colombiana y, en su caso, serían juzgados con un procedimiento que comienza en la Cámara de Representantes.
En todo caso, sólo podrían ser juzgados por el nuevo tribunal especial quienes comiencen por decir toda la verdad reconociendo sus responsabilidades y garantizando la reparación integral que corresponde a las víctimas, comprometiéndose expresamente, a no volver a delinquir.
El acuerdo de paz negociado dispone que quienes se acojan a la justicia transicional no podrán ser luego extraditados por los crímenes que pudieran haber cometido en el contexto del largo conflicto armado interno colombiano. Aunque se trate de narcotráfico.
Lo negociado privilegia claramente el objetivo de alcanzar la paz. Por sobre todo, queda visto. Con penas que lucen inusualmente livianas cuando se las compara con la enorme gravedad de los delitos aberrantes de lesa humanidad que se cometieron a lo largo de medio siglo. Ellas se aplicarían con toda suerte de compromisos y fórmulas novedosos. Algunos ciertamente discutibles.
La flexibilidad y originalidad de lo convenido es fruto de una negociación extraordinariamente compleja, con poco margen para las posturas rígidas o principistas.
Habrá que ver que es lo que termina decidiendo el pueblo colombiano cuando sea convocado y deba votar por la ratificación, o no, de lo convenido. Seguramente en el camino habrá debates -duros e intensos- como consecuencia del requerimiento de obtener un endoso popular para lo convenido por los negociadores.
La posición de las víctimas será clave, como corresponde. Ellas serán escuchadas por los colombianos al tiempo de tomar la decisión de aprobar, o no, el trabajoso acuerdo de paz. La respuesta final ante lo acordado será la que surja como veredicto de las urnas.
Lo trascendente es que el acuerdo de paz está ahora sustancialmente conformado y que, de resultar aprobado por los colombianos cuando sean llamados a considerarlo, la paz reemplazará a la guerra dejando atrás medio siglo de horror y violencia.
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

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