LOS DESAFÍOS DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD ADECUADA

Cuando el Estado no es eficiente para garantizar para todos el ejercicio de las libertades democráticas, crece inevitablemente en la sociedad la ilusión de recurrir al atajo autoritario. Por eso, reconstruir un Estado que garantice la vida y la libertad individual de sus habitantes, la integridad de su territorio y su capacidad para ejercer las decisiones soberanas es el camino para consolidar las bases de una democracia sana. A escasos cuarenta y cinco días de asumir, el Gobierno ha evidenciado su decisión de avanzar en ese camino que se abandonó por negligencia, incapacidad y demagogia en los últimos doce años.
La declaración de emergencia de seguridad pública por un año -por encima de cuestionamientos puntuales al decreto que la instrumenta-, la captura de los prófugos condenados por el triple crimen de la efedrina, la decisión del gobierno de Jujuy de recurrir a la Justicia para ponerle un límite a la extorsión que se realiza sobre el conjunto social cuando se pretende encubrir a delitos y a delincuentes bajo la excusa de una protesta social, son pasos que se están dando en el titánico esfuerzo de devolver a la sociedad, a todos sus miembros, el ejercicio pleno de sus derechos.
La fuga inconcebible de los hermanos Lanatta y uno de los Schillacci, saliendo por la puerta de una cárcel denominada de máxima seguridad, las complicidades, la falta de coordinación entre las fuerzas federales y provinciales, el error en los tiempos en el anuncio de las detenciones, la tardanza en la recaptura, la penetración de la corrupción en los estamentos de las fuerzas, son muestras evidentes del daño institucional que ha producido más de una década de gobierno de los Kirchner.
Pero ahora están presos. Debemos poner en el haber que, pese a todas las dificultades y errores, apareció clara la voluntad de los funcionarios nacionales, de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe de restaurar el respeto por la ley y por las decisiones de la justicia. Cuando existe esa decisión, y la mayoría acompaña, es posible derrotar a la corrupción y también al narcotráfico.
En el contexto heredado, hubiera sido un verdadero milagro recapturar al trío de inmediato, pero en materia de seguridad las soluciones milagrosas son infrecuentes. Se trata de buscar las soluciones adecuadas haciéndolas compatibles con las urgencias del momento y la prudencia que demandan las políticas de seguridad, que deben organizar las respuestas a las amenazas con el elemento más adecuado según sus características específicas, que no dependen de su origen geográfico. Los ejemplos más claros en este sentido son el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Si no recuperamos el control de nuestro territorio -nuestros espacios aéreos, marítimos, fluviales y terrestres- la lucha será estéril. Seguirá el contrabando de drogas y otros delitos, la depredación de nuestra riqueza pesquera estará a la orden del día. También debemos reparar en nuestra legislación. Nuestras leyes de defensa y seguridad tienen más de veinticinco años. ¿Es el mundo actual, con sus riesgos y amenazas el mismo mundo de aquel en cuya época fueron sancionadas?
Las políticas de seguridad en sus niveles diferenciados -policías, fuerzas de seguridad y militares- son cuestiones de Estado que exceden el mandato de un gobierno por lo que su formulación y aplicación deben procurar y respetar consensos democráticos por encima de especulaciones políticas o sectoriales. La tarea no es sencilla porque deben deponerse intereses personales y ambiciones políticas que necesariamente se tornan menores frente al enorme desafío de devolverles a nuestros compatriotas el derecho a gozar de su vida y de su libertad. Vale la pena intentar el esfuerzo. La peor gestión es la que no se hace.
Argentina no gasta poco en seguridad, pero lo que es seguro es que ha gastado mal durante los últimos doce años. El país tiene no menos de cinco fuerzas federales de seguridad, en muchas áreas superponen sus esfuerzos, otras quedan abandonadas, también realizan tareas que no tienen porque hacer ni para las cuales han sido preparadas. Existen veinticuatro policías provinciales, ahora también policías municipales, y un centenar de institutos de formación. Se cuentan con los dedos de una mano los espacios en donde puedan coordinarse las tareas, el equipamiento y las comunicaciones entre cada una de las fuerzas.
No abordaremos aquí las dificultades del sistema judicial penal y del servicio penitenciario. Sólo digamos que el 70% de los presos bonaerenses no tienen condena, pero sí hacen cursos de perfeccionamiento en las Universidades del Delito que son las cárceles. Los condenados quedan poco tiempo en prisión, gracias a diversos institutos como el doble cómputo del tiempo, las salidas transitorias, la prisión domiciliaria etc. Nadie cumple estrictamente el tiempo de su condena.
Existe un consenso internacional de que no se aumenta la seguridad solo mediante el aumento del tamaño o de los poderes de policías y fuerzas de seguridad, tampoco se lo logra garantizando únicamente el derecho de los victimarios y olvidando el de aquellos que tenían el derecho a la vida y que la perdieron.
Existe una enorme tarea por delante. Los criterios básicos que deberían dirigir nuestros esfuerzos son: mucha prevención, participación comunitaria, mucha disuasión, mínima capacidad represiva eficiente y una Justicia transparente que actúe con rapidez y aplique la ley en sus términos correctos.
Lo esperanzador es que hoy existe la decisión política de encarar el desafío. Sin esa voluntad política y el apoyo mayoritario, nada es posible.

Horacio Jaunarena fue ministro de Defensa

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