UN INGRESO UNIVERSAL PARA SALVAR LA REPÚBLICA

Un buen artículo reciente de la corresponsal en Francia de este diario me estimuló a escribir este. El texto informa sobre una experiencia holandesa, en una ciudad, de aplicación de un ingreso básico, universal e igualitario, para las personas y, en caso de haber menores, para las familias, distribuido por el estado y conceptualizado como derecho de ciudadanía.

Como nos recuerda el mismo artículo no es nuevo en la historia el proyecto, y ha sido propiciado por integrantes tanto de la izquierda como de la derecha política, por motivos e intenciones diferentes. Para un Milton Friedman, que lo teorizó también, es un acompañante del concepto de “estado mínimo”, en tanto que para un socialdemócrata europeo es acompañante del concepto de “estado de bienestar”. Y veamos un poco la adecuación del proyecto en el mundo socioeconómico contemporáneo y sobre todo en el de nuestro país.

Obviamente, el objetivo central del proyecto es garantizar un nivel mínimo de nivel de vida para toda la población, sobre el cual cada uno construya su realidad con el esfuerzo y aptitudes con que cuenta. Conjuga la garantía comunitaria y la libertad y responsabilidad individual. Cada nación lo instrumentaría en el modo que se lo permite su economía, su capacidad de gestión del estado y su cultura política. Implica la erradicación de la indigencia, la atenuación o eliminación de la pobreza, medidas ellas por ingreso, y un mecanismo redistributivo que puede disminuir la desigualdad.

El estado de bienestar de posguerra fue construido bajo una hipótesis de alcanzar el pleno empleo asalariado al que se acoplaban los derechos sociales -por eso se llama Laborismo la izquierda británica-. La evolución del mundo productivo y de los mercados de trabajo contemporáneos demostró que no era socialmente suficiente. Incluso en períodos de bonanza económica disminuyó la pobreza y se mantuvo la desigualdad, como nos pasó a los argentinos recientemente. Y la desigualdad marcada hace estragos sociales y culturales, como nos han mostrado la sociología y la economía, y funciona como un formidable condicionante de la política, no siempre asumido, también como entre nosotros.

En una república democrática con inspiración social, hay determinadas cosas que muchos pensamos que deben ser universales e igualitarias, como: el transporte público, el acceso a la educación y al servicio de salud, el acceso a la vivienda básica con los servicios necesarios, el contorno ambiental saludable, la garantía para los discapacitados, la seguridad social entendida como derecho de ciudadanía y no meramente como derecho laboral. Deben ser así lo haga el estado o el sector privado regulado por el estado. Dentro de esta concepción de universalismo e igualdad de algunos campos sociales se inscribe el ingreso ciudadano.

Si es un derecho universal lo reciben pobres y ricos e intermedios. Lo cual hace evidente que presupone un proyecto político integral y no sólo un programa específico. Por ejemplo, implica cambios impositivos importantes, no tanto en los montos globales, sino en la estructura impositiva y el destino. ¿Quién paga y qué se financia?, para ser redistributivo. Implica también que muchas de las ayudas sociales hoy discrecionales son absorbidas por el ingreso ciudadano. Fin del clientelismo, es un derecho que se tiene, no hay que agradecerlo a nadie, hay que agradecerlo a la democracia. Tenemos buenos antecedentes los argentinos: desde el proyecto de las diputadas Elisa Carca y Elisa Carrió en 1997, asesoradas por Alberto Barbeito y Rubén LoVuolo, pasando por varios proyectos en el Congreso posterior, que no fueron tratados, hasta la llamada asignación universal al niño de Cristina que, aunque parciales, muestran un reconocimiento implícito de la reorientación necesaria. La ex presidenta se quedó a medio camino entre el programa asistencial condicionado y la concepción universalista, pero de todos modos fue un paso importante en el buen camino.

Hay no pocas dificultades para emprenderlo; la principal es que la sociedad argentina en el último cuarto de siglo ha profundizado su tendencia a cercar a las clases sociales y a acentuar sus desigualdades de todo tipo; la desconfianza entre ellas aumenta; la educación y la salud se estratifican por clases o segmentos de población; el Estado es más grande pero también más ineficiente y corrupto; la política se degrada y antagoniza hasta la exasperación, después de la esperanza del renacer de la democracia; y las políticas públicas no corrigen la tendencia, ni atenúan los efectos de los altibajos de la economía, marcada por el contexto internacional.

El ingreso ciudadano tiene efectos no sólo sociales, políticos y económicos, sino también culturales. La ciudadanía se siente más integrada cuando comparte determinados bienes y servicios básicos en condiciones de igualdad; el “todos adentro” refuerza la cohesión social: y eso es la democracia social. Los trabajadores en un sindicato tienen espíritu de cuerpo aunque renieguen de sus dirigentes; claro, tienen menos diferencias entre sí, pero el compartir algunas instituciones sociales fundamentales acerca a las personas y civiliza y limpia a la política. No es la menor ventaja para la convivencia democrática. Como nada sustantivo se cambia en poco tiempo, un proceso de universalización de un ingreso ciudadano que apoye el bienestar y tenga efectos positivos sobre el recurso humano de la economía, tiene que surgir de un acuerdo político mayoritario. Para que no sea verdad el vaticinio de José Martí: “Si la República no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la República.”

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