CRISTINA ES INTERROGADA POR LA JUSTICIA

Ésa es Doña Cristina de Borbón y Grecia, Infanta de España. Está proclamando su inocencia ante cuatro jueces, sentada en el mismo banquillo donde tiempo atrás se sentó “la Paca”, matriarca de un clan de narcotraficantes, que ahora está entre rejas. La sala del juicio fue entonces (y es ahora) una modesta aula de la Escuela Balear de Administración Pública, en Palma de Mallorca. Doña Cristina –hija del Rey Emérito de España, Juan Carlos de Borbón, y hermana del actual Rey, Felipe VI— está acusada de ser cómplice de su marido, Iñaki UrdangarinLiebaert, a quien se le imputa fraude impositivo, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricato y lavado de dinero. Para este yerno y cuñado de reyes, el fiscal ha pedido 19 años y medio de cárcel. Si la Infanta fuera hallada culpable, le tocarían entre dos y cuatro.

Ahí está la Infanta, negando y no recordando. Los camarógrafos muestran cómo cambian sus gestos a medida que avanza la audiencia. Los fotógrafos congelan algunos de ellos. El país mira. Es una escena sin precedentes, y no sólo en España.

Cuando se desató el escándalo, la mayoría pensaba que todo terminaría en la nada. Se suponía que la Corona era intocable. ¿Qué juez tendría el coraje de sentar en el banquillo de los acusados a la hija del Rey?

Y aun después de haber comparecido la Infanta, algunos pensaban que se trataba de una puesta en escena, encaminada a la absolución. No advertían que el mero hecho de imputar a Doña Cristina era un golpe a la Casa Real. Un golpe tan duro como que ése fue el probable motivo por el cual Juan Carlos abdicó el trono.

El monarca no pudo evitar el juicio de yerno e hija. Como no pudo evitarlo Mariano Rajoy, presidente del gobierno y líder del PP, partido político al cual pertenen los funcionarios de Baleares y Valencia que habrían participado en los presuntos desaguisados de Urdangarin y están también sometidos a juicio.

Ni la Casa Real ni la Presidencia presionaron a la justicia, y de haberlo hecho, comprobaron que las presiones eran inútiles.

El año pasado, Felipe despojó a su hermana de una dignidad. Lo hizo mediante un decreto en el que dice: “He resuelto revocar la atribución a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca, que le fue conferida mediante Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre. Así lo dispongo por el presente Real Decreto. Dado en Madrid, el 11 de junio de 2015. Felipe R.” No le importó que, al crear el ducado, su padre le hubiese dado carácter de vitalicio al título.

Y en su alocución de fin de año subrayó que quien tiene responsabilidades públicas debe observar una conducta ejemplar. Con más precisión, añadió entonces: “Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable debe ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.”

No hubo, además, reacciones masivas contra el juzgamiento de la infanta. Nadie salió a las calles a defender a la Infanta. No hubo manifestaciones ni se cortaron calles.   No se dijo (o pocos dijeron) que el juicio los montaron los republicanos, como parte de sus esfuerzos por acabar con la monarquía.

Casi al mismo tiempo, en Brasil, el más poderoso empresario del Brasil era condenado a diecinueve años y medio de prisión por haber pagado coimas. Marcelo Odebrecht presidía un conglomerado de empresas (la Organización Odebrecht) dedicado a la construcción de grandes obras, la química y la petroquímica. El conglomerado factura más de 30.000 millones de dólares por año y opera en el mundo entero.

Se dice que el empresario pagó a funcionarios de Petrobras, como mínimo, coimas por 35 millones de dólares; esto a cambio de licitaciones. En gran parte el dinero habría servido para financiar campañas electorales del partido oficialista (Frente para los Trabajadores).

A la que no pudo coimear el acusado fue a la justicia.

Esto es algo que, en la Argentina, cuesta que se entienda: el empresario que paga una coima es tan inmoral como el funcionario que la recibe. Está muy bien, y es necesario, que los medios y la opinión pública denuncien y condenen la corrupción política. Pero está muy mal, y es pernicioso, que se ignore (y más aún, se “comprenda”) la corrupción empresaria.

El ex director de Asuntos Internacionales de Petrobras, Néstor Cerveró, declaró en juicio, el año pasado, que empresarios argentinos habían pagado coimas multimillonarias, tanto a miembros de la empresa como a funcionarios del gobierno brasileño.

En la Argentina, nadie (al parecer) se dedicó a investigar los hechos. Los partidos políticos no alzaron la voz. Los medios de comunicación no creyeron que la noticia interesara al público.

It takes two to tango. No se puede bailarlo uno solo.

Es tan obvio que no debería ser necesario decirlo: sin alguien que pague, nadie cobra; sin nadie que cobre, nadie paga. La corrupción es una asociación ilícita entre empresarios y políticos inescrupulosos.

No se puede hablar de “combate a la corrupción” si las investigaciones y condenas se limitan a los cobradores y se disculpa a los pagadores.

Tampoco si faltan jueces con el coraje de resistir todas las presiones.

O si se pierde la autonomía judicial.

O si el público castiga a unos y perdona a otros.

O si los juicios carecen de transparencia.

O si las denuncias no son más que armas políticas con las que unos calumnian y otros defienden lo indefendible.

La ordalía a la cual está sometida una Infanta española, y la suerte corrida por un mega-empresario brasileño, prueban que perseguir la corrupción no es pelear contra los molinos de viento.

La Argentina necesita transitar ese camino, luchando sin cuartel contra coimeadores y coimeados.

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