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PAZ A DESTIEMPO ENTRE TOMADA Y CASELLA

No todo son cardos ni espinas en la política y hasta puede haber una rosa roja, como la que pareció enlazar la última Peña del Instituto Yrigoyeneano bastoneado por Diego Barovero que convocó a presentar un singular libro del socialista histórico Víctor García Costa -quizá el último sobreviviente de experiencias como La Hora del Pueblo y la Multipartidaria- sobre Eduardo Pittaluga. medico radical que entre fines del siglo XIX y comienzos del XX presentaba proyectos de inspiración socialista(como la jornada laboral de 8 horas antes que Alfredo Palacios) en el siempre mal conceptuado concejo Deliberante porteño que le ganaron la expulsión por parte de sus pares y además la exoneración del hospital público en qué trabajaba.

La nota fue dada por el panel formado por dos exministros de trabajo del periodo democrático radical uno, peronista el otro: Juan Manuel Casella y Carlos Tomada. La atracción sirvió para que desbordara la sala del recoleto instituto de un público variopinto y significativo donde se intercalaron radicales, socialistas, peronistas, desarrollistas y hasta comunistas, además de escritores, periodistas y artistas plásticos entre los que se vio a Fernando Finvarb, Ornar Gasparini, Horacio Spinetto, Armando Vidal, José Miguel Amiune, Miguel Mieres, Alberto Nadra, Juan Carlos Crivaro, Norberto Vilar, Graciela Petcoff, Beneck Jablonka, Carlos Francavilla, Ana María Cabrera, Fernando Del Corro, Nucho Martínez Eraso, Lelia Reta, Eduardo Martine, Ángel Prignano, Ricardo Lopa, Eduardo Leonetti, Roberto Brigullio, Adriana Malek, María Elena Lopardo y otros.

En un clima de beatitud casi inédita hubo elogios y galanterías entre los representantes de las diferentes tribus y hasta el reconocimiento de Tomada hacia Casella a cuyo paso por la cartera laboral calificó de “histórico” recordando que fue convocado a cumplir funciones allí por Adrián Larralde (hijo de Crisólogo) y que llegó a Director Nacional de Relaciones Laborales durante la presidencia Alfonsín de lo que dijo sentirse orgulloso.

 

Dictamen de la fiscalía federal en el caso del tratamiento de la deuda en el Congreso

 

17-03-2016 | Texto completo del Dictamen del fiscal federal Federico Delgado (J. N° 7, Sec. 14, c. n° 2752/15) en relación con la denuncia penal elaborada por los integrantes de la Asociación Civil “INSTITITUTO ARTURO E. SAMPAY”, radicada el 14 del mismo mes en Comodoro Py. La denuncia penal fue dirigida “contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por su Presidente, Ingeniero Mauricio Macri, y contra todo senador y/o diputado nacional, que tenga autoría o participación, penalmente responsable, en la delictiva negociación con los fondos buitre, que se intenta aprobar a instancias del Juez Municipal Thomas Griesa”. 

Señor juez:
-I-
Toca opinar sobre una cuestión sensible en estos días: los arreglos institucionales y los efectos jurídicos del acuerdo con los holdouts (fondos buitres). Es una cuestión sensible, pero no nueva para la fiscalía que interviene en todos los eslabones que se han transformado en causas judiciales derivadas del endeudamiento externo desde 1976. Desde la causa iniciada por Alejandro Olmos hasta la hora presente.

La opinión que requiere VS está limitada a poner en movimiento o no el aparato punitivo del Estado. Vamos a hacerlo. Creemos que hay que abrir una investigación penal. Pero antes de fijar el límite de esa investigación vamos a decir todo lo que no podemos hacer.

La experiencia de la fiscalía es bastante frustrante. Las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan. No es el momento de explicar porqué. Aún con esos límites, sabemos que la cuestión de la deuda es un drama ontológico del Estado argentino. Según las causas judiciales, desde Martínez de Hoz, el Plan Brady o el Megacanje, la deuda se toma para encarar el desarrollo económico. Pero luego vira y toma otro camino: financiar la fuga de capitales. En medio de ese viraje se produjeron siempre graves delitos. Frente a este nuevo capítulo de la deuda, la disyuntiva es la misma pero no podemos hacer nada al respecto.

Hemos sido testigos también de un hábito crónico: prorrogar la jurisdicción de nuestros tribunales, renunciar a la inmunidad soberana, recortar en consecuencia las facultades de nuestro poder judicial e invariablemente ser vapuleados en tribunales judiciales o administrativos extranjeros. Tampoco podemos hacer nada sobre ello. Las normas que se sancionan de acuerdo al procedimiento constitucional, sólo se derogan de esa manera. En todo caso es un problema colectivo, pero no del Ministerio Público Fiscal.

Cuando ocurre en derredor de los holdouts (fondos buitres) es verdaderamente complejo. Más el límite del sistema judicial está fijado por los hechos que ya ocurrieron y eventualmente sobre sus consecuencias: no sobre lo que está por ocurrir. Ello significa que si se derogan y sancionan nuevas leyes para nuevas políticas públicas, la fiscalía tampoco puede hacer nada.

De todas maneras, es factible investigar lo que pasó hasta ahora. No abarca toda la cuestión obviamente. Quizás es un simple grano de arena en una gran playa pero, después de todo, las playas son más que un agregado de granos de arena.
-II-
Los hechos que hay que investigar:
Los denunciantes presentan los hechos avanzando desde lo general a lo particular. Describieron el panorama normativo nacional y supranacional. Dejaron planteada su posición sobre la deuda, luego presentaron lo que se conoce públicamente como el “caso de los fondos buitres”, lo fueron desagregando y finalmente señalaron los puntos con matices delictivos y las leyes violentadas. Seguiremos ese orden para formular el requerimiento de instrucción.

Concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por U$S 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, mientras que para los 93% que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, 30.000 millones de dólares. En cierto modo, afirman que si ello es así, se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas plasmadas en la ley 27.707

Como dato singular, señalaron que “los fondos buitres llevaron, a través de terceros, a la mesa de negociaciones abierta por el Juez Griesa, una propuesta de descuento del 30% sobre el monto de los intereses punitorios del fallo y la aceptación de cobrar en bonos, lo que fue rechazado por el anterior gobierno. Pasado el tiempo y sin que mediaran otras circunstancias, el Gobierno de Macri les ha ofrecido pagar en efectivo u$s 6.500 millones sobre la sentencia de Griesa. Así el descuento será solamente del 25%, siempre sobre los punitorios”

La otra dimensión sobre la que edifican la denuncia, tiene que ver con el caso de los bonistas italianos. Afirmaron que “El gobierno de Macri les ha ofrecido pagarles u$s 1,50 por cada dólar de titularidad, con más los costos judiciales del reclamo ante el Tribunal CIADI, lo que en cifras redondas supera los u$s 2.500 millones” Ello pese a que “… este proceso se encuentra impugnado por la Argentina, sin decisión de fondo aún y cuando se defina la misma, para ser exigible, deberá ser aprobada por la jurisdicción argentina. Es decir, que los funcionarios del gobierno están ofreciendo pagos sobre un reclamo que todavía no tiene decisión firme y que cuenta con antecedentes contrarios al pago, con lo cual también se estaría perjudicando el erario público, realizando malversación de caudales públicos e incumpliendo los deberes de funcionario público”.

El último segmento de esta presentación fue designado como “El Megacanje II” Se afirmó que “El gobierno de Macri, mediante un DNU firmado el 22 de diciembre, ha puesto en marcha un megacanje de deuda, por un total de u$s 16.099 millones, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional, ya que se cambian dos Letras Intransferibles a tasas de interés casi nulas emitidas por el Tesoro Nacional y recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por tres bonos denominados BONAR con vencimientos en el 2022, 2025 y 2027, y con tasas superiores al 7%. La cifra de la operación podría trepar a u$s 65.000 millones tal como lo anunció el Ministro de Economía Prat Gay, si se completa el canje a otras Letras Intransferibles en poder del BCRA. En la operación participan el Tesoro Nacional y el Banco Central, junto a un grupo de bancos internacionales como el HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs…Es decir que los funcionarios del Gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores, comenzando así a pagar intereses por algo que hasta el presente no se abonaba, por lo cual podrían ser responsables de graves perjuicios económicos para el erario público con las consiguientes sanciones y acciones reprobatorias que se puedan ejecutar”.

Sobre estos hechos se tiene que desplegar la instrucción. Básicamente porque hay dos lentes con la que mirar la legalidad de estos hechos aún en curso de ejecución algunos de ellos y determinar, en última instancia, si se defraudaron las arcas públicas.

La cuestión nodal tiene que ver con la vigencia formal, pero no real, de los incisos 4° y 7° del artículo 75 de la Constitución Nacional que asignan al Congreso de la Nación la materia “deuda” Como el parlamento delegó en el Poder Ejecutivo esa facultad a través de la ley 24156, es en las previsiones de esta norma donde se encuentra la clave para determinar si este nuevo capítulo del endeudamiento posee ribetes delictivos.

En efecto, cuando el congreso delegó sus facultades fue consciente que esa delegación tiene que tener límites. La frontera es el artículo 65 de la ley que, palabras más palabras menos, supedita la chance del ejecutivo de manejar la deuda siempre y cuando sea para mejorar su perfil. Coqueteando con Eric Hosbawm, más allá de esas tribus pendencieras que pululan alrededor de la deuda, definir si el perfil de la deuda mejora o no dejar ser una sencilla operación matemática. Si debemos más empeora, si debemos menos, mejora. No hay tantas vueltas posibles,

El otro elemento para ponderar, tiene que ver con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014 en la causa “Clarens” Allí se pretendió ejecutar en nuestro país; es decir, cobrar, una sentencia extranjera derivada de un tema análogo al que aquí nos ocupa. La corte rechazó el intento porque violaba el orden público de la República Argentina.

Dentro de este marco, y con la premura del caso, VS deberá librar una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los “fondos buitres”, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo.

Con esos instrumentos, VS deberá encomendar también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154.

Fiscalía, 15 de marzo de 2016

 

Martín Lousteau: “Ni con los holdouts ni con Obama hay soluciones mágicas”

El actual embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau , fue el invitado especial de Animales Sueltos para hablar sobre la actualidad política y económica de la Argentina tras la asunción de Mauricio Macri como presidente. El ex diputado de la Nación habló sobre la visita de Barack Obama y se refirió a las negociaciones de la Argentina con los fondos buitres. “Ni con los holdouts ni con Obama hay soluciones mágicas. El viaje tiene mucha significación, pero no se soluciona nada con una varita mágica”, sostuvo.

En una entrevista mano a mano con Alejandro Fantino , el ex ministro de Economía explicó la situación actual argentina con los holdouts. “A nadie le gusta perder un juicio por una sentencia injusta y tener que pagar. Es un monto significativo con respecto a la que era la deuda original. La quita que se consiguió ahora es superior a la que el kirchnerismo estaba negociando. Kicillof hablaba de una quita del 15% y esta es en promedio del 25%”, agregó.

Frente al pedido del conductor, Lousteau intentó graficar de manera sencilla la situación. “Si vos le vas a prestar a alguien que no paga, quiero que uses la plata tuya, no la de los depositantes. Así funciona un banco y si vos sos alguien que está en default el banco te dice “No te presto” o te presta a tasas exorbitantes”, indicó, y agregó. “Me dicen que tienen interés en prestar plata, pero que no lo hacen porque estamos en default”.

Lousteau habló sobre la actualidad del país con el nuevo gobierno de Cambiemos, del que dijo que es ‘el primero no peronista ni radical en 100 años’. “Se advierte que la Argentina tiene vocación de superar sus problemas. Nos tenemos que ir acostumbrando en la comprensión de que este es un momento incómodo, es un proceso de mejora. Pero no se puede refundar nada”, declaró.

“El crecimiento de un país es un poco como ver crecer un hijo: lo ves crecer todos los días, no te das cuenta pero lo ves crecer todos los días. Desarrollarse ocurre todos los días con un montón de cosas permanentes. Y un día mirás para atrás y te preguntas “¿Cuándo cumplió 20 años?” Eso exige un trabajo continuo”, agregó.

 

Noticias de la CEDPAL

América Latina y el Caribe: los ingresos tributarios aumentan ligeramente pero aún se mantienen muy por debajo de los niveles de la OCDE

 

Pese a la continua desaceleración del crecimiento económico, los ingresos tributarios como proporción del PIB en los países de América Latina y el Caribe (ALC) aumentaron ligeramente en 2014, según los datos anuales reflejados en la publicación Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe. La recaudación tributaria como proporción del PIB se elevó, en estos países, del 21,5% en 2013 al 21,7% en 2014, frente al 21,4% en 2012 y al 20,8% en 2011.

El informe, que presentan conjuntamente el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Desarrollo de la OCDE, incluye 22 países de América Latina y el Caribe. Este informe se ha dado a conocer hoy, en el marco del XXVIII Seminario Regional de Política Fiscal, celebrado en la sede de la CEPAL, en Santiago, Chile.

Aunque la recaudación tributaria como proporción del PIB aumentó en toda la región de América Latina y el Caribe, el informe destaca que la media del 21,7% aún está por debajo del 34,4%, que fue el promedio de los países de la OCDE en 2014.

Los países cuyo PIB per cápita es más elevado suelen presentar un ratio de recaudación tributaria sobre el PIB mayor, que sirve para financiar la inversión en infraestructuras, educación y servicios sociales. Esta relación se ve reflejada de forma general en los datos del informe, así como en la brecha existente entre el ratio promedio de recaudación tributaria sobre el PIB de los países de la OCDE y el de los países de América Latina y el Caribe.

Asimismo, también contribuyen a esta diferencia los altos niveles de informalidad entre las empresas y los trabajadores, aparte de las mayores desgravaciones fiscales en la región de ALC. El informe acentúa que hay margen para aumentar aún más la base imponible, además de adoptar medidas dirigidas a modernizar la administración tributaria y la política fiscal a fin de apoyar la movilización de los recursos internos, a medida que crece el PIB per cápita en la región.

El informe refleja una gran diferencia entre países. Los ratios de recaudación tributaria sobre el PIB en los países de América Latina y el Caribe abarcan desde el 12,6% de Guatemala y el 14,1% de la República Dominicana hasta el 32,2% de Argentina y el 33,4% de Brasil.

Según el informe, la proporción de tributos recaudados por las administraciones territoriales en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe es pequeña y no ha aumentado, lo que refleja unas competencias fiscales relativamente reducidas en comparación con los mismos niveles gubernamentales de los países de la OCDE.

El informe dedica un capítulo especial a describir la evolución de los ingresos procedentes de recursos naturales no renovables, muy afectados por la brusca caída que, en 2014, sufrieron los precios de los productos básicos. Esto ha provocado una significativa reducción de los ingresos procedentes de los hidrocarburos, que representa una disminución media del 0,7% del PIB de los países a los que se refiere este capítulo. En 2015, se espera que esta caída sea del 2,1% del PIB.

Estas importantes reducciones en los ingresos que los gobiernos obtienen procedentes de recursos naturales no renovables, al no clasificarse como tributos, no se reflejan en el ratio de recaudación tributaria sobre el PIB.

Los ingresos de la minería se vieron igualmente afectados por la caída de los precios de los productos básicos, lo que provocó, en 2014, una reducción del 0,1% del PIB. Se espera que en 2015 la reducción sea similar a la sufrida en 2014. En algunos países, el aumento en la producción minera junto con la depreciación de la moneda dio lugar a unos ingresos no tributarios relativamente estables. Por otro lado, los ingresos procedentes del impuesto de sociedades en el sector sufrieron una fuerte disminución como consecuencia de los menores márgenes de beneficio.

 

Principales conclusiones

Recaudación tributaria como porcentaje del PIB

  • La recaudación tributaria como proporción del PIB para el grupo de 22 países de América Latina y el Caribe incluidos en este informe, que por primera vez incluye a Trinidad y Tabago y las Bahamas, aumentó del 21,5%, en 2013, al 21,7%, en 2014. Esto se produce tras el incremento experimentado durante cuatro años, entre 2010 y 2013, de 1,5 puntos porcentuales, que revertía la reducción sufrida, entre 2008 y 2009, desde el 20,6% al 19,9%.
  • La diferencia existente entre el ratio promedio de recaudación tributaria sobre el PIB de los países de la OCDE y la correspondiente a los veintidós países de ALC ha caído de 18 a 13 puntos porcentuales entre 1990 y 2008. Esta brecha de 13 puntos se mantiene constante desde 2008.
  • El aumento de la presión fiscal media en los países de ALC, que pasó del 14,6% al 17,2%, entre 1990 y 2000, se debió en su mayor parte a los ingresos procedentes del IVA. Después del año 2000, los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades se convirtieron en el factor principal y, aproximadamente, la mitad del crecimiento del 17,2% al 21,7% se atribuye a estos ingresos.
  • Entre 1990 y 2014, todos los países de América Latina y el Caribe reflejaron un aumento de su ratio de recaudación tributaria sobre el PIB, aunque hay grandes diferencias entre cada uno de ellos. Los países que presentaron un mayor aumento fueron Bolivia (20,6 puntos porcentuales) y Argentina (19,8 puntos porcentuales), seguidos de Colombia, Ecuador y Paraguay, que experimentaron un incremento de 11-12 puntos. Por contra, en Jamaica y Venezuela el aumento fue de 1,2 puntos y 0,1 puntos, respectivamente.

Estructuras tributarias

  • Tras el fuerte crecimiento experimentado durante los últimos veinticinco años, en 2013, los impuestos generales sobre el consumo (en particular, el IVA y los impuestos sobre las ventas) representaban el 31,2% de los ingresos tributarios en los países de América Latina y el Caribe (frente al 20,2% en los países de la OCDE), mientras que la parte de los impuestos específicos sobre el consumo se redujo al 18,3% (frente al 10,5% en la OCDE).
  • Los impuestos sobre la renta y las utilidades representaron, en promedio, el 27,4% de los ingresos en los países de América Latina y el Caribe y las cotizaciones a la seguridad social el 16,6% (en la OCDE, dichos porcentajes son del 33,7% y el 26,1%, respectivamente).

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Autoridades y expertos examinaron desafíos de la política fiscal para proteger la inversión, los avances sociales e impulsar el crecimiento

 

Autoridades y expertos reunidos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) debatieron sobre las opciones para implementar políticas fiscales activas y una  institucionalidad contracíclica en la región que permitan proteger la inversión pública, los avances sociales e impulsar el crecimiento, especialmente en tiempos de incertidumbre mundial y desaceleración del crecimiento y el comercio.

Ministros de Hacienda y Finanzas de varios países, responsables de la política fiscal, funcionarios de organismos internacionales y académicos de diversos países asisten en Santiago, Chile, al XXVIII Seminario Regional de Política Fiscal, organizado por la la CEPAL, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cuenta también con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El encuentro fue inaugurado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda de Chile. Bárcena destacó que en varios países de la región los efectos sobre las finanzas públicas de la desaceleración y el deterioro de los términos de intercambio han sido muy significativos, dando lugar a ajustes fiscales de magnitud.

“Los ajustes fiscales ‘inteligentes’ y selectivos deben proteger programas sociales de combate a la pobreza e incentivar las inversiones que impulsan el crecimiento”, señaló Bárcena. “En un escenario de austeridad fiscal y reducción de los ingresos provenientes de los recursos naturales o los productos básicos, la movilización de recursos internos y las reformas tributarias adquieren una importancia primordial. Debemos poner la política fiscal al servicio del crecimiento inclusivo y no solo para la estabilidad, y en particular reforzar el monitoreo de la evasión fiscal y la tributación progresiva”, agregó.

Rodrigo Valdés indicó que la política fiscal es una parte crucial de la política económica y reconoció que actualmente los países de la región pasan por un momento difícil, en donde se deben enfrentar nuevos desafíos derivados de la caída de los precios de las materias primas y la desaceleración económica.

“Estamos haciendo política económica con mucha incertidumbre. El desafío es financiar gastos permanentes con mayores ingresos permanentes y esto significa reconocer la necesidad de realizar cambios estructurales”, explicó Valdés en referencia a las reformas tributarias que han emprendido algunos países, entre ellos Chile.

“Chile aumentó su déficit fiscal porque tiene espacio para hacerlo, aunado a una deuda pública baja. Aumentó los ingresos tributarios gracias a la reforma fiscal y con ello el país compensó en parte la disminución de ingresos no tributarios”, señaló el Ministro chileno.

El Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, declaró por su parte que actualmente es imprescindible repensar y readecuar los pilares de la política fiscal en la región, así como poner atención a los efectos que la incertidumbre tributaria están teniendo sobre la inversión en los países. “En la medida que nos movamos hacia regímenes tributarios más sencillos se favorecerá la inversión en el largo plazo”, dijo.

El Vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID, Santiago Levy, recalcó asimismo la relevancia de los temas fiscales en todos los países y coincidió en que la región atraviesa por un momento particularmente complejo. “Los semáforos están en amarillo y en algunos países en rojo, por lo que se necesitan acciones decididas y rápidas”, advirtió.

El Jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ángel Melguizo, puso en relieve además el complejo momento social y político que vive la región, que se manifiesta en la debilidad de las instituciones y la insatisfacción de los ciudadanos con las políticas públicas. “Debemos recuperar el papel de la política fiscal como política de desarrollo”, precisó.

Durante la primera jornada del XXVIII Seminario Regional de Política Fiscal, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL presentó el documento Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016, en donde la comisión regional de la ONU hace un llamado a combatir la evasión y la elusión fiscal, y a repensar la política fiscal en esta etapa de contracción, porque los ingresos tributarios son la piedra angular del financiamiento básico de un Estado moderno.

En su exposición Alicia Bárcena indicó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –aprobada en septiembre pasado por los países miembros de las Naciones Unidas- exige una revisión del papel de la política fiscal en la región para que se ponga al servicio del crecimiento sostenible e inclusivo y no solo de la estabilidad. También señaló que es necesario fomentar pactos fiscales con nuevas coaliciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, para establecer una cultura tributaria y con ello mejorar la provisión de bienes públicos.

En la primera sesión del seminario participaron además la Ministra de Planificación de Costa Rica, Olga María Sánchez, la Viceministra de Finanzas y Precios de Cuba, Meisi Bolaños, y el Subsecretario del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda de Brasil, William Baghdassarian.

El XXVIII Seminario Regional de Política Fiscal se extenderá hasta el jueves 17 de marzo con exposiciones de diversas autoridades y expertos sobre las reformas tributarias recientes, la calidad de las finanzas públicas y la descentralización y consolidación fiscal.

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CEPAL manifiesta su preocupación ante amenazas a la democracia brasilera
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) emitió un mensaje dirigido a la Presidenta Dilma Rousseff, respaldando la plena vigencia del Estado Democrático de Derecho y el ejercicio de las potestades del Poder Ejecutivo brasilero.

En una declaración pública, la Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, manifestó su preocupación por las amenazas a la estabilidad democrática y reconoció los avances sociales y políticos que ha experimentado Brasil en la última década.

A continuación el texto íntegro de la declaración de la alta funcionaria internacional:

Mensaje de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, a la Presidenta Dilma Rousseff:

“Con honda preocupación hemos asistido al desarrollo de los acontecimientos políticos y judiciales que han convulsionado a Brasil en el curso de las últimas semanas. Nos alarma ver la estabilidad democrática de su patria amenazada.

La soberanía popular, fuente única de legitimidad en democracia, le entregó antes a Lula y luego a usted, Presidenta Rousseff, un mandato constitucional que se tradujo en gobiernos comprometidos con la justicia y la igualdad. Nunca, en la historia de Brasil, tantas y tantos de sus compatriotas habían logrado sortear el hambre, la pobreza y la desigualdad. Significativa es también para nosotros la huella determinante con la que sus gestiones reforzaron la nueva arquitectura de la integración de nuestra región, de la UNASUR a la CELAC.

Conocemos del esfuerzo de los tribunales por perseguir y castigar la cultura de prácticas corruptas que han sido históricamente la parte más opaca del vínculo entre los intereses privados y las instituciones del Estado. La hemos visto apoyando permanentemente esa tarea, con la valentía y honradez que es el sello de su biografía, apoyando la creación de nueva legislación más exigente y de instituciones persecutoras más fuertes.

Es por ello que nos violenta que hoy, sin mediar juicio ni pruebas, sirviéndose de filtraciones y una ofensiva mediática que ya ha dictado condena, se intente demoler su imagen y su legado, al tiempo que se multiplican los empeños por menoscabar la autoridad presidencial e interrumpir el mandato que entregaron en las urnas los ciudadanos.

Los acontecimientos por los que atraviesa Brasil en estas jornadas resuenan con fuerza más allá de sus fronteras e ilustran para el conjunto de América Latina los riesgos y dificultades a los que aún está expuesta nuestra democracia.”

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CEPAL pide proteger avances e impedir retrocesos sociales ante el potencial aumento de la pobreza en la región

Según el informePanorama Social de América Latina 2015, presentado hoy en conferencia de prensa en Santiago, Chile,las tasas de pobreza e indigencia medidas por ingresos se mantuvieron estables en América Latina en 2014 respecto al año anterior (situándose en 28,2% y 11,8% de la población de la región, respectivamente), y se estima que ambas se habrían incrementado en 2015. Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pidió proteger los avances logrados en años recientes e impedir retrocesos sociales ante un escenario de menor crecimiento económico.

En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza creció en alrededor de dos millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168 millones de personas, de los cuales 70 millones estaban en la indigencia, informó la CEPAL. Según las proyecciones del organismo, en 2015 la tasa regional de pobreza habría aumentado a 29,2% de los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia a 12,4% (75 millones de personas).

El aumento de la cantidad de personas pobres constatado en 2014 se produjo básicamente entre los pobres no indigentes, y fue consecuencia de dispares resultados nacionales,  elevándose en algunos países y disminuyendo en un número importante de ellos, explica el documento.

“Si queremos lograr el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin a la pobreza en todas sus formas, América Latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, que muestra una merma en su ritmo de crecimiento”, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

“Urge explorar nuevas fuentes y mecanismos fiscales de financiamiento que hagan sostenible la política social y los avances alcanzados en el último decenio”, enfatizó la alta funcionaria, al recordar que entre 2002 y 2012 la pobreza se redujo 15,7 puntos porcentuales.

A comienzos de los años noventa (1991-1992), el gasto social se situaba en 12,6% del producto interno bruto (PIB) de la región como promedio ponderado, aumentando a 19,5% del PIB regional en 2013-2014.

El incremento del gasto social como porcentaje del PIB (6,8 puntos porcentuales entre 1991 y 2014) obedece en primer lugar al crecimiento del gasto en seguridad social y asistencia social (3,5 puntos porcentuales), seguido de educación (1,9 puntos porcentuales) y salud (1,5 puntos porcentuales).

En esta edición del Panorama Social de América Latina, la CEPAL dedica un capítulo a analizar la transición demográfica que vive la región. Según datos incluidos en el informe, en 2023 la región pasaría de ser una “sociedad juvenil” a una “sociedad adulta joven”; en 2045 se daría inicio a la “sociedad adulta” y en 2052 se estaría frente a una “sociedad envejecida”, con importantes diferencias entre países.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, en la mayoría de los países de América Latina el llamado bono demográfico (período en que la población en edad de trabajar es mayor que la población dependiente) seguirá vigente durante los próximos 15 años, lo que abre oportunidades de inversión en áreas como educación y salud. No obstante, la magnitud de este bono proyectado hacia 2030 es inferior a la observada en los últimos 15 años, y varios países están cerca de terminar la etapa positiva de la transición demográfica para iniciar una fase de incremento de costos producto del envejecimiento de la población.

El documento lanzado hoy analiza también la evolución de la distribución del ingreso y las persistentes desigualdades que se manifiestan en el sistema educativo y en el mercado laboral.

Entre 2002 y 2014, la gran mayoría de los países lograron mejoras en la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini (donde 0 significa plena igualdad y 1 máxima desigualdad). El coeficiente pasó de 0,497 en 2013 a 0,491 en 2014, mientras que en 2010 era de 0,507. Pese a este descenso, en 2014 el ingreso per cápita de las personas del 10% de mayores ingresos fue 14 veces superior que el del 40% de menores ingresos.

En el estudio, la desigualdad también es medida según los resultados de escolaridad en los diferentes tramos de ingresos de la población. Así, a pesar de los importantes avances registrados en acceso y conclusión, en especial en la educación primaria y secundaria, persisten brechas significativas: mientras un 80% de los jóvenes de 20 a 24 años del quintil de mayores ingresos habían concluido la secundaria en 2013, solo 34% de las personas de igual edad del quintil de menores ingresos tuvieron el mismo logro.

Las desigualdades, plantea la CEPAL, se hacen más patentes al cruzar otras variables. Si se miden, por ejemplo, los ingresos laborales mensuales promedios según sexo, raza, etnia y años de escolaridad, se observa que los ingresos laborales medios de los hombres no indígenas ni afrodescendientes cuadriplican a los de las mujeres indígenas y duplican a los de las mujeres afrodescendientes.

Según la Comisión, el 80% de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos provienen del trabajo. Por ello, el empleo de calidad, con derechos y protección social, “es la llave maestra para la igualdad, eje de la integración social y económica, y mecanismo fundamental de construcción de autonomía, identidad, dignidad personal y ampliación de la ciudadanía”, señala el estudio.

En el informe se revisan 58 programas públicos de inclusión laboral y productiva de 21 países de la región, que buscan ampliar las oportunidades de trabajo para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Se trata de iniciativas importantes, dice el organismo, pero su éxito depende tanto del aumento de la escala de esos programas como de su articulación con otros instrumentos de la política social, económica, productiva y de mercado de trabajo.

En toda la región, agrega la CEPAL, deben persistir los esfuerzos de promoción del trabajo decente, entre ellos, los de formalización del empleo y de las empresas, de fortalecimiento de los salarios mínimos y de acceso a la protección social, en los que se incluya la igualdad de género como objetivo transversal.

Finalmente, el estudio examina la institucionalidad para el desarrollo social existente en la región. Junto con destacar sus avances en los últimos 25 años, enfatiza la necesidad de potenciarla para mejorar la calidad de las políticas en términos de impacto, eficiencia, sostenibilidad, participación y transparencia. Aboga, asimismo, por la construcción de sistemas integrales de cuidado como un pilar fundamental de la protección social en América Latina.

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La CEPAL expresa sus condolencias por el fallecimiento del economista Aldo Ferrer

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresó sus condolencias y pesar por la desaparición del economista argentino Aldo Ferrer, fallecido este martes 8 de marzo a los 88 años en Buenos Aires.

El destacado académico, formador de muchas generaciones de economistas en América Latina, fue muy cercano a la CEPAL y su trabajo estuvo siempre vinculado a los temas estudiados por esta comisión regional de las Naciones Unidas, en particular la preocupación permanente por los problemas del desarrollo latinoamericano, la integración y una visión crítica sobre el proceso de globalización.

“Aldo Ferrer fue un hombre de la academia, intelectual universal, argentino de corazón, con la mente puesta en América Latina, preocupado de construir un mejor futuro para los pueblos de nuestro continente. Su partida es una pérdida irreparable”, declaró la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

En 2010 Aldo Ferrer visitó la sede central de la CEPAL en Santiago, Chile, para dictar la novena Cátedra Raúl Prebisch, creada por el organismo para homenajear la memoria de su segundo Secretario Ejecutivo (1950-1963) y uno de sus principales inspiradores.

En esa ocasión el profesor Ferrer destacó la vigencia del pensamiento de Prebisch para retomar la senda del desarrollo en la región. “El gran legado de Prebisch fueron tres ideas centrales: que había que rebelarse del pensamiento hegemónico de los centros de poder, que los países requerían profundos cambios en su estructura productiva con gestión del conocimiento, y que siempre es posible transformar la realidad sin subordinación, desplegando nuestras capacidades y talentos. Esas ideas conservan su validez hoy, a veces mucho más que en su momento”, dijo Ferrer en su presentación ante economistas, académicos, diplomáticos y funcionarios internacionales.

“Su muerte ha sido una tremenda y triste sorpresa, ya que la última vez que lo ví rebosaba de vitalidad y alegría”, indicó por su parte Osvaldo Sunkel, estrecho colaborador del economista y actual Presidente del Consejo Editorial de la Revista CEPAL. “Él era un eterno optimista, siempre veía el lado positivo de las cosas”, añadió.

De acuerdo con Sunkel, el trabajo de Aldo Ferrer fue muy cercano al de otros economistas y cientistas políticos destacados de la región como Celso Furtado, Helio Jaguaribe y Aníbal Pinto, entre otros. Agregó que si bien no fue funcionario de la CEPAL, sus estudios siempre estuvieron en consonancia con las ideas del organismo, como el cambio estructural, la tecnología, la productividad y los aspectos financieros del desarrollo de los países.

Ferrer fue Profesor de la Universidad de Buenos Aires y Director de la Maestría Mercosur. En su dilatada carrera también trabajó en la Secretaría General de las Naciones Unidas en Nueva York (entre 1950 y 1953), fue Consejero Económico de la Embajada Argentina en Londres (entre 1956 y 1957), Asesor de la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID en Washington (entre 1963 y 1970), y Coordinador de la Comisión Organizadora y primer Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), entre otras muchas responsabilidades.

En su país ocupó los cargos de Ministro de Economía y Hacienda de la Provincia de Buenos Aires (entre 1958 y 1960), Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación (en 1970), Ministro de Economía y Trabajo de la Nación (en 1971), Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (entre 1983 y 1987), y Presidente del Directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (entre 1990 y 2001).

Aldo Ferrer fue también un prolífico autor de numerosas obras que hoy son referencia obligada para los economistas y académicos de la región, como La economía argentina, Historia de la globalización y Orígenes del orden económico mundial, entre muchas otras.

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