EL GOBIERNO PROMETE UNA BAJA DE LA ALÍCUOTA DEL IVA PARA LOS SECTORES DE MENORES RECURSOS

Con su alícuota del 21 por ciento la Argentina es uno de los 89 países del mundo que aplican el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y entre los cuáles dicha alícuota se encuentra en el grupo de las más elevadas por lo cual el monto de lo recaudado por el mismo por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el segundo rubro más importante, sólo superado por el de la Seguridad Social.

El IVA, que en el pasado marzo registró una recaudación de 29.836 millones de pesos, significó el 21,66% del total general de 137.762 millones, superada por la correspondiente a la referida Seguridad Social, con 36.998 millones y el 27,89% y delante de Ganancias, que ocupó el tercer lugar con 24.454 millones y el 17,75%.

Dicho gravamen, según estudios elaborados por Alfredo Iñíguez, académico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e integrante del Plan Fénix, representa un 14,9% de las erogaciones totales de una persona que forma parte del decil de menores ingresos de la sociedad, mientras que se reduce al 10% para los que integran el decil de mayores ingresos.

En esa dirección es que el Poder Ejecutivo Nacional se apresta a eliminar de una serie de productos de la canasta básica de consumo dicho tributo para personas que reciben subsidios como la Asignación Universal por Hijos (AUH) o que se encuentran percibiendo los valores mínimos como jubilados o pensionados, según lo confirmara el diputado nacional Eduardo Pablo Amadeo, de la coalición Cambiemos, presidente de la Comisión de Finanzas de la cámara baja.

Bajo diferentes denominaciones, el IVA es aplicado en 89 países, correspondiendo la alícuota más alta a Hungría, con el 27%; seguida por Moldavia con el 26; Suecia, Noruega, Dinamarca y Croacia con el 25; Islandia con el 24,5; Finlandia y Rumania con el 24; Grecia, Polonia y Portugal con el 23; Letonia, Uruguay, Italia y Eslovenia con el 22; y allí aparece la Argentina con el 21 integrando un lote con Lituania, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y España.

Después se sitúan con el 20 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, Ucrania, Australia, Austria, Albania, Armenia, Estonia, Francia, Eslovaquia y Bulgaria; seguidos con el 18 por Chile, Alemania, Serbia y Chipre; y con el 18 por Turquía, Perú, Georgia, Azerbaiyán, República Dominicana, Malta, Macedonia y Rusia.

En los escalones siguientes están, con el 17, Israel, China, Montenegro y Bosnia Herzegovina; con el 16 Pakistán, Colombia, México, Jordania y Kosovo; con el 15 Trinidad Tobago, Honduras, Nicaragua, Barbados, Nueva Zelanda y Luxemburgo; con el 14 Suráfrica; con el 13 El Salvador, Bolivia, Costa Rica y Kazajistán; con el 12,5 India y Fidji; con el 12 Guatemala, Ecuador, Guyana, Venezuela y Sri Lanka.

Las alícuotas menores corresponden, con el 10, a Egipto, Corea del Sur, Indonesia, Líbano, Malasia y Vietnam; con el 8 a Suiza y Japón; con el 7 a Singapur, Tailandia y Panamá; con el 5 a Canadá y Taiwán; con el 4,5 a Andorra; y con el 3 a Ghana e Irán, registrándose en muchos casos valores menores para algunos rubros en tanto en algunos países no mencionados dicho impuesto se aplica en estados y provincias,

Este tributo, que bajo diferentes formas registra una gran antigüedad, llegó a América de la mano de los españoles correspondiéndose con la “alcabala” sancionada en 1580 pero corregida por el rey Felipe II en 1591, del 6%, suprimida en la Argentina en 1810 por el Cabildo de Buenos Aires en el marco del proceso independentista, lo que también fue ocurriendo en el resto de la región donde su reaparición se produjo en durante el siglo siguiente, como el Impuesto a las Transacciones de México en 1931.

En la Argentina resultó de los estudios realizados a partir de 1967 por el destacado economista democristiano Carlos Leyba sobre su aplicación en Chile, quién, siendo funcionario del equipo encabezado por el ministro del área José BerGelbard en 1973, impulsó su sanción como ley, elaborada por funcionarios de la Dirección de Impuestos (Sorteix y María Asunción Alegretti), como una alternativa para dejar atrás el déficit fiscal.

Aunque aprobada entonces recién el IVA, con una alícuota del 13%, comenzó a aplicarse a partir del primero de enero de 1975 siendo ministro Alfredo Gómez Morales, aunque exceptuaba a medicamentos, alimentos básicos, bebidas no alcohólicas, y se la aumentaba al 21% para los bienes suntuarios.

Durante el proceso cívico-militar el ministro José Alfredo Martínez de Hoz la incrementó por un tiempo al 15% para luego bajarla otra vez al 13, hasta que Domingo Felipe Cavallo la llevó al 18 en 1992 para fijarse definitivamente en 1995 en el 21, aunque con una quita de la mitad para los panificados, las frutas, las verduras, los libros, la educación privada y otros.

La alternativa explicitada por Amadeo se encuadra, tal como lo planteó, de hecho, en la propuesta de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de avanzar hacia un IVA personalizado que permita la devolución de lo cobrado en exceso lo cual, para su facilitación, conlleva la universalización de las tarjetas de débito y una tendencia a la eliminación del papel moneda, lo cual implica una importante tarea para hacer llegar las mismas a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

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