UNA HISTORIA DE ENDEUDAMIENTOS Y DEFAULTS A 155 AÑOS DE COMENZAR A PAGARSE EL PRIMER ACUERDO

El 19 de diciembre de 1885, en el marco de un análisis del proceso de endeudamiento que vivía América Latina, el ex presidente Domingo Faustino Sarmiento editó una página a la que tituló el censor y en ella, en el marco de un proceso que estalló algo menos de un lustro después, hizo una reflexión típica de Jano, el bifronte dios romano de la historia que estudiaba el pasado y, mientras transcurría el presente pronosticaba el futuro.
“Calle Esparta su virtud, / sus hazañas calle Roma, / ¡silencio! que al mundo asoma / la gran deudora del Sud. Nadie debe más que ella. Es justicia que debe hacérsele”, señaló el ex presidente sanjuanino en su prognosis, tras revisar los problemas globales de la región producto del proceso de endeudamiento que a partir de los años 1820, en el marco de sus independencias de España y Portugal, el conjunto de los países de América Latina superó el 46 por ciento de la deuda externa global producto de las políticas financieras de la banca londinense.
En el caso argentino el primer endeudamiento se produjo en 1824 siendo Bernardino Rivadavia ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mediante el conocido préstamo de la BaringBrothers, por un millón de libras esterlinas; una cifra mucho menor a las de los restantes países latinoamericanos, liderados por Perú, con excepción de Chile, otro millón, y la entonces República Centroamericana, 300.000.
Los manejos inescrupulosos e irresponsables de su deuda, al igual que los que se fueron sucediendo en el tiempo, con algunos breves períodos de declamado nacionalismo, llevaron a la Provincia de Buenos Aires primero, y a la Argentina después, a una sucesión de defaults, el primero de los cuales se inició en 1828 a partir de la gobernación de Juan Manuel de Rosas quién, situación que se mantuvo a lo largo de 29 años hasta la restructuración por el entonces gobernador Pastor Obligado en 1857, en circunstancias en que la Provincia se mantenía al margen de la Confederación Argentina presidida por Justo José de Urquiza.
Lo acordado en esa ocasión fue pagar absolutamente todo lo adeudado, tras un plazo de gracia, a partir de 1861, 155 años atrás, agregándose a la deuda original la emisión de títulos adicionales para cubrir los intereses impagos en todo el período del default, aceptándose tasas de interés progresivamente más elevadas ya que alcanzaban al 1% anual para el período 1861/1865, al 2% para la etapa 1866/1870 y al 3% de allí en más.
Si se tiene en cuenta que en ese momento la tasa anual rondaba el 6% en el mercado mundial se puede considerar el arreglo como satisfactorio y así se concluyó de pagar en 1904 cuando ya la deuda, a partir de 1866, y ya habiéndose unificado el país bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, el préstamo había pasado del ámbito provincial al nacional.
Pero el proceso de endeudamiento volvió a agravarse, sobre todo durante la gestión de Miguel Ángel Juárez Celman y su política de los llamados “bancos garantidos” por lo cual se desembocó en la crisis de 1890 que, junto con la “Revolución del Parque” encabezada por Leandro Nicéforo Alem, provocó la renuncia del presidente y la asunción del vicepresidente Carlos Enrique Pellegrini a la primera magistratura, en circunstancias en que los servicios de la deuda representaban el 50% de los ingresos fiscales totales con el agravante de la inexistencia de reservas metálicas suficientes.
En medio de esa crisis el Lloyds Bank solicitó al gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte que se hiciera cargo del manejo de las finanzas argentinas y el marqués de Lorna, financista alemán y acreedor, reclamó la invasión lisa y llana, como la que ocurrió poco tiempo después cuando Alemania, Italia y el RU, con apoyo logístico de los Países Bajos, invadieron Venezuela en 1902 para cobrarle sus deudas.
El primer ministro del RU, lord Salisbury, rechazó esas propuestas y convocó a los gobiernos de Francia y Rusia para el salvataje de la banca británica a punto de quebrar por la crisis argentina y así, mediante la intervención del barón de Rothschild como cabeza de la operación, junto con el Banco de Inglaterra (central) y John Pierpont Morgan (hijo de J.S. Morgan, fundador de la banca Morgan) se concretó la renegociación.
El préstamo implicó la emisión de bonos que compensaban el pago de los intereses a pagar durante los siguientes tres años y cuya colocación quedó a cargo de la banca Morgan, mientras la Argentina aceptó un duro programa de ajustes restringiendo la emisión monetaria en un 15%, aumentando los impuestos, privatizando bienes del estado, reduciendo gastos públicos y similares.
Ese acuerdo no fue bien visto por el sucesor de Pellegrini, Luis Sáenz Peña, y su ministro de Economía, Juan José Romero, un hombre vinculado al comerciante y economista Jean Silvio Gesell y al creador del primer conglomerado empresario de la llamada “burguesía nacional”, Ernesto Tornquist, impulsor del desarrollo industrial.
En ese marco Romero encaró una renegociación que facilitara el desarrollo argentino y aliviase las cuentas fiscales de resultas de lo cual, en 1893, en base a la propuesta argentina, aceptada en buena medida por los acreedores, se firmó el denominado “Acuerdo Romero” que dio lugar a los 20 años de gran crecimiento del país, que se ubicó entre las primeras economías planetarias hasta que la crisis financiera británica de 1913, producto de las Guerras de los Balcanes, generó un fuerte impacto sobre la Argentina.
El acuerdo estableció el no pago de capital por una década, la tasa de interés disminuyó sensiblemente por un quinquenio y los acreedores se comprometieron a generar superávits comerciales para facilitar los pagos, siendo esto último un importante antecedente del convenio de 1956 entre la República Federal Alemana y sus acreedores de resultas de la Segunda Guerra Mundial, lo que permitió el resurgimiento de la hoy principal potencia económica europea y quinta a nivel mundial.
Un nuevo default se produjo a partir de abril de 1988 durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín lo que dio lugar a que sobre la finalización de 1991 el siguiente jefe del Estado, Carlos Saúl Menem, iniciara negociaciones con sus acreedores en el marco del llamado “Plan Brady”, de resultas de lo cual se emitieron nuevos bonos en reemplazo de los impagos, lo cual implicó un salida que cubrió lo adeudado en 23.000 millones de dólares estadounidenses por el capital y u$s 8.000 millones por los intereses.
Esta negociación enmarcada en el “Plan Brady” incluyó a unos 500 bancos acreedores que realizaron diversos acuerdos, uno de ellos el de los llamados “Bonos con Descuento”, ya que se hizo una quita del 35% sobre el capital pero con un enorme interés que se basaba en la “Tasa Libor” (London Inter Bank OfferedRate) más un 13,26% anual, todo lo cual estaba garantizado por un año con títulos Tesoro de los Estados Unidos de América.
Otra alternativa fue la de los denominados “Bonos Par”, que contenían la totalidad de lo adeudado pero con una tasa menor; del 4% anual durante siete años y del 6% a partir de ese momento; en tanto que respecto de los intereses vencidos se acordó un pago inmediato de u$s 400 millones, se entregaron títulos garantizados por los EUA por u$s 300 millones y el resto con títulos del país en moneda estadounidense con la referida “Tasa Libor” más el 13,26%.
De todas esas alternativas surgió, finalmente, que el 68% de los acreedores optó por los bonos Par y el 32% por los bonos con Descuento, todo lo cual se terminó de firmar en abril de 1993, habiéndose concreado los primeros acuerdos en noviembre de 1992.
Los sucesivos problemas dieron lugar al Blindaje de noviembre de 2000 cuando para evitar el default el gobierno del presidente Fernando De la Rúa acordó un salvataje con aportes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de España (u$s 3.000 millones) y varios bancos extranjeros que operaban en la Argentina, mientras el conjunto de la banca acreedora renovó u$s 10.000 millones en papeles que tenían vencimiento en el 2001.
En marzo de 2001 se produjo una fuga de divisas por u$s 5.543 millones lo que provocó la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea, reemplazado, tras un breve interinato de Ricardo López Murphy, por Domingo Felipe Cavallo quién tras un breve período de tranquilidad se encontró en julio con una fuga de u$s 5.268 millones y en agosto de u$s 2.091 millones, hasta que, finalmente, el propio Cavallo y el secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, llevaron a cabo a fines de ese año el llamado “Megacanje” que postergó vencimientos pero incrementó notablemente la deuda y los intereses a pagar.
Caído el gobierno delarruista, el presidente Adolfo Rodríguez Saá, de efímero paso por la Casa Rosada, declaró el default y convocó a la investigación de la deuda lo cual quedó luego sin efecto mientras la gestión de Eduardo Alberto Duhalde, que incrementó violentamente la deuda, dio lugar a que ese presidente, el 11 de enero de 2003 amenazase con un default para presionar a una nueva negociación con los acreedores sobre la que en 2005 avanzó el ministro de Economía Roberto Lavagna durante la gestión presidencial de Néstor Carlos Kirchner logrando restructurar el 76% de los pasivos, ampliándose esa cifra al 92% ya durante la presidencia de su sucesora, Cristina Elisabet Fernández.
La refinanciación, que implicó una importante quita, no pudo incluir a la totalidad de los acreedores, los llamados “holdouts”, quiénes iniciaron acciones judiciales que pusieron al país ante un nuevo default con sentencias judiciales emitidas por los tribunales de Nueva York y avaladas por la Corte Suprema de los EUA mientras el gobierno argentino pagaba a otros acreedores, como el propio FMI, hasta que, finalmente, mediante una nueva emisión de bonos de deuda, la actual administración de Mauricio Macri puso fin días atrás a este más reciente de la larga serie de defaults de la Argentina.

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