LOS DILEMAS DE LA MANTA CORTA

 

Introducción

La inflación se presenta, a todas luces, como el principal problema económico social que afronta el gobierno y las políticas para atacarla constituyen uno de los factores fundamentales -sino el primordial- de conflictividad política.

El proceso inflacionario, que desató la administración del matrimonio Kirchner, encuentra su raíz esencial en el voluminoso déficit fiscal y su financiamiento monetario. La negligencia e incompetencia para combatirla, junto a la perseverancia en negarla como fenómeno destructivo que permea a toda la economía y la sociedad, terminó por imponer un severo cúmulo de inconsistencias y desequilibrios macroeconómicos, que han sido catalogados acertadamente como el “plan bomba”, que recibió el actual gobierno.

En ese contexto, las decisiones de política destinadas a combatir la inflación han pasado a ser las piezas clave del actual proceso económico y social. En dicho sentido los caminos que – a veces con firmeza y decisión y otras con retrasos y dudas- ha ido eligiendo el gobierno hasta el presente, constituyen un intento de evitar el estallido de una crisis, que se ha estado gestando desde hace no menos de ocho años. Sin embargo, en ese derrotero se va revelando un serio problema, que denominamos, de “manta corta”: cuando se tira de un lado se destapa del otro.

Es el propósito de este trabajo analizar esos problemas de manta corta, que resultan básicamente del entrecruzamiento –en un contexto de alta inflación- entre déficit fiscal, tasa de interés, tipo de cambio y nivel de actividad.

Como veremos, en el camino de resolver la gran cantidad y volumen de inconsistencias y distorsiones macroeconómicas heredadas, se va revelando que, en rigor, la manta parece ser demasiado corta.

 

 

Manta Corta I: El Déficit Fiscal

 

En condiciones de inflación elevada como las que vive actualmente Argentina, se necesita de la fuerte complementación entre la política fiscal, monetaria y cambiaria para integrar una política antiinflacionaria consistente que, a su vez, le permita al Banco Central concentrar sus tareas primordiales de custodio del valor de la moneda, manteniendo la estabilidad nominal de las variables monetarias y cambiarias.

Sin embargo, el estado de las finanzas públicas que recibió el actual gobierno, presenta un conjunto de características que tornan económica y políticamente inviable la recomposición de la solvencia fiscal en plazos cortos. A ello se suman otra serie de condicionantes de orden social y político, que permiten afirmar que, al menos durante el ejercicio fiscal corriente, no podrá esperarse “ayuda” de parte del Tesoro a la lucha contra la inflación sino, como ya veremos, todo lo contrario.

En este sentido vale recordar que en un trabajo reciente3 sosteníamos que la elección (por el gobierno) de un camino gradual para “desarrollar su estrategia de cambio de régimen económico ..… se inscribe en la rápida toma de conciencia por parte de las máximas autoridades de la debilidad política en la que se asienta el nuevo gobierno, que no sólo triunfó por escaso margen de votos sino que no cuenta con las mayorías parlamentarias propias como para, ni siquiera, hacer funcionar el Congreso”.

Al cierre del ejercicio 2015 el déficit fiscal alcanzó niveles récord con relación al PIB (alrededor del 8%4), sólo superado por el valor que tuvo el mismo al momento del brote hiperinflacionario de 1989.

El desequilibrio fiscal se produce en un contexto de presión tributaria también récord. En efecto, la misma pasó de algo más del 20% del PIB en 2003 a más del 42% del PIB en 2015. Ello, en los hechos, indica la imposibilidad de continuar elevando la carga tributaria para financiar un gasto público que, en relación al PIB, se triplicó desde 2003.

Del lado del gasto son tres los componentes que sustancialmente lo explican y que se constituyen en principales fuentes del déficit fiscal: las remuneraciones, las contribuciones a la seguridad social5 y los subsidios económicos.

 

Las remuneraciones y las prestaciones de la seguridad social representan el 37% del gasto total6. Cabe destacar, además, que las contribuciones a la seguridad social7 se encuentran indexadas semestralmente en forma automática. Por su parte los subsidios económicos al sector privado –contrapartida resultante de la política de retrasos tarifarios acumulada durante 13 años-, alcanzaron al cierre del ejercicio 2015, los valores que se consignan a continuación, representando un 13% del gasto total:

 

En millones de $

Año 20158

 

Gasto Total                          1.967.400

Gastos Corrientes               1.388.000

Remuneraciones                     199.100

Prestaciones de la Seg. Soc.  535.700

Transferencias Corrientes

Al Sector Privado                  322.400

Subsidios económicos           258.000 (Energía, transporte, combustibles, etc.)

Subsidios Sociales                   64.400 (AUH, otros planes sociales)

 

El cuadro anterior muestra las características rígidas de la composición del gasto, dominado por las remuneraciones y las contribuciones a la seguridad social.

De este modo los grados de libertad para recuperar la solvencia fiscal han quedado, en el corto plazo, constreñidos a las posibilidades de disminuir subsidios económicos, buscando recomponer el valor real de la tarifas de los servicios públicos.

El gobierno ha actuado en ese sentido. Sin embargo, debido a la magnitud de los atrasos tarifarios especialmente en el campo de la energía eléctrica, el gas natural, los servicios sanitarios y el transporte público de pasajeros, la dimensión de las actualizaciones han redundado en un fuerte impacto inflacionario inmediato, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires donde se concentraban los rezagos más notorios.

En definitiva, entre las medidas compensatorias de los efectos inflacionarios apuntados, que las autoridades por motivos políticos y sociales se vieron compelidas a adoptar o requerir tratamiento parlamentario, y las consecuencias fiscales de disposiciones tendientes a eliminar distorsiones y recomponer la competitividad internacional, el resultado generará un aumento del déficit.

Ello es así porque, en la batería de disposiciones de orden fiscal, algunas aumentan gastos (ej.: ampliación de la AUH y asignaciones familiares, devolución de fondos de coparticipación, apoyos financieros a provincias, implementación da la tarifa social, futuro aumento del seguro de desempleo) y otras reducen ingresos (eliminación o rebaja de derechos de exportación, elevación del mínimo no imponible, tarifa social, futura reducción del IVA a la canasta básica).

A continuación acompañamos un cálculo, en valores nominales, del efecto neto sobre el resultado fiscal del año en curso -2016- de las consecuencias de las diversas medidas mencionadas. Al respecto debe aclararse que: 1) dado que no existe un dato oficial unificado, hemos procedido a consolidar información de diversas fuentes9 y 2) con relación a la estimación de la repercusión de los aumentos tarifarios sobre la reducción de subsidios económicos, hemos considerado una proyección lineal para el año de los resultados consignados por ASAP10 para el primer trimestre del 2016, en el que se consigna una reducción del 21%.

El cálculo mencionado no considera los efectos correspondientes al ajuste semestral automático de las jubilaciones y pensiones ni los resultados de las paritarias que afectan al personal estatal ni las consecuencias fiscales de una segura caída del nivel de actividad durante el año neteada del efecto inflacionario.

 

En Millones de $

 

  1. AUMENTO DE GASTO O REDUCCIÓN INGRESOS 208.600 =u$s 14.900M11

 

 

  1. Ampliación AUH y Asignaciones Familiares: 22.60012

 

  1. Incremento Mínimo no Imponible: 45.00013

 

  1. Devoluciones Coparticipación: 73.00014

 

  1. Eliminación/rebaja Derechos de Exportación: 38.000 15

 

  1. Paquete Medidas Sociales 16/4/16: 30.00016

 

 

  1. AHORRO DE SUBSIDIOS ECONÓMICOS17 81.200 =u$s 5.800M

 

 

  1. EFECTO NETO S/ RESULTADO FISCAL (A-B) -127.400 = u$s -9.100M

 

La cifra anterior representa aproximadamente un 1,7% del PIB y merece las siguientes observaciones: a) un 45% del monto se origina en paliativos de orden social y; b) el ahorro fiscal por reducción de subsidios económicos evidencia que aún restaría bastante camino por recorrer en materia de adecuaciones tarifarias.

La “manta” fiscal resulta, entonces, claramente acotada respecto de su capacidad contributiva en materia antiinflacionaria.

El contexto inflacionario, de todos modos y aunque resulte paradójico, estaría jugando una carta relativamente favorable en la coyuntura, ya que: 1) resultaría un componente de aumento de los ingresos nominales del Tesoro Nacional y 2) permitiría una cierta licuación de los gastos en remuneraciones y contribuciones a la seguridad social. Ambos factores, junto con la decisión de mantener “pisados” o muy dosificados los gastos, especialmente los vinculados a la obra pública, podría reflejarse en una aparente reducción del déficit (base caja) en el primer cuatrimestre del corriente año. A nuestro entender estos elementos no alcanzarían para evitar la suba del déficit del corriente año.

Manta Corta II: Tasa de Interés, Déficit Cuasi Fiscal y Tipo de Cambio

Los condicionantes fiscales han conducido a que la pelea contra la inflación haya quedado prácticamente concentrada en el uso intensivo de la política monetaria a cargo del BCRA. Según su presidente, Federico Sturzenegger, la estrategia de estabilización seguida por el Banco Central podría definirse como de tipo de cambio flotante y ancla monetaria y está orientada a converger –hacia el último trimestre del año- en una política monetaria de “metas de inflación”, que aún no se está aplicando a pleno.

Ello implica un drástico cambio de enfoque respecto de la manera en que se condujo durante décadas la política monetaria y cambiaria del país, que pivotaba sobre lo que se ha denominado el ancla cambiaria, sustentada en el uso de tipos de cambio fijos18 o semifijos.

La publicación “Monitor Semanal” caracteriza el tema del siguiente modo: “La introducción de metas de inflación supone la convergencia a un esquema de tipo de cambio que fluctúe libremente, con alguna intervención puntual del BCRA para desactivar situaciones de inestabilidad, pero donde la tasa de interés y la demanda de dinero definen la oferta monetaria final. Así, la oferta de dinero endógena intenta atacar expectativas de inflación y generar algún sendero esperado para la evolución del tipo de cambio, asociado al resultado de la cuenta corriente (del balance de pagos)19 y al flujo neto de capitales. Adicionalmente, la estabilidad monetaria requiere un tipo de cambio de equilibrio, ya que expectativas de atraso cambiario inducen subas en la tasas de interés para mantener la demanda de dinero en pesos, lo cual finalmente puede no ser sostenible”20.

En especial en un entorno de alta inflación, muy fuerte emisión monetaria previa y restricciones para corregir el déficit fiscal como las que recibió el actual gobierno, la elección de este camino implica necesariamente la vigencia de tasas de interés elevadas y sacrificio del consumo y el nivel de actividad.

El objetivo inicial de la política monetaria aplicada fue la absorción de una parte sustantiva de la explosiva expansión monetaria, que se produjo en el último semestre de 2015. Expansión que se vio agravada por las obligaciones de venta de dólares a término a precios irrisorios asumidas por la anterior conducción del Banco Central, cuyas consecuencias monetarias21 se han estado sintiendo en el actual ejercicio y aún no han cesado.

Esa absorción de base monetaria se concretó a través de operaciones de mercado abierto instrumentadas vía Lebac22 y redundó en una significativa caída del ritmo de expansión de dicha base, que pasó de un crecimiento del orden del 41% interanual a fines de 2015 al 29% interanual registrado a mediados de abril del corriente año.

Debe señalarse que, a partir de mediados de marzo el Banco Central comenzó a centrar su política de control monetario de la inflación no a través del control cuantitativo de la cantidad de dinero sino por medio del uso agresivo de la tasa de interés. Así, después de experimentar lo que parecía una “minicorrida” cambiaria, la tasa de las Lebac –por medio de la cual el Banco Central regula las tasas del mercado financiero- dio un salto de más de diez puntos porcentuales anuales. De esta manera se ubicó en el entorno promedio del 35% anual a un plazo medio de 50 días y ofreciendo lo que se denomina una curva invertida de rendimientos: rendimientos más bajos para plazos más largos, enfatizando la expectativa del gobierno de baja de la inflación en plazos más extensos.

 

Dicha política ha conducido a que el pasivo de corto plazo del BCRA expresado en el volumen de Lebac (en pesos) en circulación –que técnicamente constituye lo que se denomina la base del déficit cuasi fiscal- alcanzara al 30/4/16 unos $515.000 millones23. Este stock, que hoy devenga intereses por un monto anual del orden de los $175.000 millones, se irá acrecentado en forma acumulativa, en la medida que el Banco Central continúe manteniendo la misma política de contención monetaria como herramienta prácticamente exclusiva de control inflacionario.

De todas maneras es importante destacar que las nuevas autoridades recibieron de la administración anterior un pasivo (stock de Lebac) algo superior a los $333.000 millones, o sea representativo del 65% del stock actual.

En virtud de todo lo anterior, el gobierno enfrenta un fuerte dilema. El déficit fiscal, por las razones que se expusieron más arriba, no puede ser reducido sino que su tendencia, al menos para el corriente año, será a la suba, lo que habrá de generar mayores necesidades de financiamiento. Al mismo tiempo el Banco Central no está en condiciones de financiar al Tesoro nacional más allá del límite que le impone su meta de inflación y, por otro lado, está por ahora limitado para bajar la tasa de interés que paga por su pasivo remunerado (Lebac) para que no se le dispare el tipo de cambio ni los precios, con lo cual se abulta acumulativamente el déficit cuasi fiscal.

Como resultado de la absorción monetaria y la elevación de la tasa de interés, el gobierno (BCRA) ha logrado paralizar la suba nominal del tipo de cambio, que en rigor ha experimentado una caída del orden del 8% entre el 1º de marzo –momento pico desde la salida del cepo- y la actualidad.

Aquí vuelve a aparecer el problema de la manta corta: la combinación de lo apuntado en materia cambiaria con la evolución de la inflación ha generado un deterioro del tipo de cambio real.

Así, si se mide entre el valor que tenía el dólar oficial al último día de vigencia de los controles absolutos de cambio y la última cotización de abril del corriente año, el tipo de cambio nominal subió un 45% en tanto que los precios (índice CABA) lo hicieron en un 18%, lo cual resulta en una elevación real del orden del 23%24. Si, en cambio, el cálculo se efectúa sobre la base del tipo de cambio nominal vigente el primer día de funcionamiento del mercado libre ($13,76/u$s), el tipo real de cambio se habría deteriorado en un 12%.

Al mismo tiempo otra manifestación de la cortedad de la manta se verifica en la combinación de la suba de la tasa de interés con el desplazamiento del crédito hacia el sector público (crowdingout) vía colocación de Lebac, ya que necesariamente afecta el nivel de actividad económica y el empleo y, por estas vías, amenazan los ingresos fiscales.

A título ilustrativo puede observarse que la deuda por Lebac en pesos al 30/4 arriba mencionada equivale al:

 

 6,5% del PIB

 

 112% de las reservas internacionales

 

 81% de la base monetaria

 

 51% de M2 (dinero en poder del público + depósitos en cta. cte. + depósitos en caja de ahorro) y 31% de M3 (Idem M2 + depósitos a plazo fijo)

 

En las actuales circunstancias inflacionarias y fiscales el Banco Central no está en condiciones de reducir significativamente la tasa de interés que paga por sus pasivos monetarios en pesos. En efecto, mientras la tasa de inflación no muestre signos de haber entrado en una fase consistentemente descendente, cualquier rebaja de la tasa de interés puede dar lugar a importantes cancelaciones de Lebac por parte de sus tenedores (bancos, compañías de seguros y particulares) con el consiguiente efecto monetario expansivo y, concomitantemente, a una rápida dolarización de carteras y un eventual aumento de las presiones inflacionarias por exceso de pesos en circulación.

A su vez, el crecimiento de la masa de pasivos remunerados del Banco Central –que, de mantenerse la tasa en los niveles actuales, llegaría a fin de año a representar aproximadamente un 8% del PIB- dificulta la eficacia de la política antiinflacionaria. En efecto, un escenario de ese tipo, tenderá a generar incertidumbres acerca de la capacidad del ente rector de ejercer control sobre las principales variables monetarias y cambiarias y una creciente expectativa sobre la necesidad del Banco Central de consolidar y refinanciar de alguna manera ese abultado pasivo.

Al respecto, vale recordar que la Argentina vivió una larga experiencia de generación de déficit cuasi fiscal originado en pasivos remunerados del Banco Central. La misma tuvo lugar entre mediados de la década del ’70 hasta fines de la del ‘80. Aunque bajo modalidades cualitativa y técnicamente distintas, ya que se trató de sistemas remunerados de efectivos mínimos25, y contextos económicos diferentes, lo cierto es que esos períodos –como el actual –como el actual- también se caracterizaron por inflaciones y déficits fiscales muy elevados, que “obligaban” a mantener altas tasas de interés en la búsqueda de estabilizar la economía.

Como sostiene un importante trabajo de H. J. Rubini26: “El resultado fue la pérdida de control de la política monetaria, el retorno de la desintermediación financiera y la desmonetización de la economía a medida que aumentaba la deuda pública interna”, que derivaron en consolidaciones y en huídas hacia la moneda extranjera.

A pesar de ciertas similitudes, a favor de la actual situación puede destacarse que la amenaza apuntada estaría, al menos por ahora, esencialmente neutralizada por la confluencia de los siguientes factores: 1) una fortaleza monetaria superior a la verificada en las etapas críticas de aquel proceso, expresada en los ratios entre pasivos remunerados del Banco Central con las reservas internacionales y con la base monetaria27; 2) una importante oferta de divisas, especialmente apuntalada en el atractivo que hoy ejercen las nuevas condiciones del país a los mercados financieros internacionales y 3) el incentivo para los agentes económicos que implica la tasa de interés para no incorporar activos dolarizados a sus portafolios.

De todas formas debe advertirse que, en ausencia de ayuda del Tesoro, al Banco Central le cuesta mantener alineadas las variables monetarias sin afectar el nivel de actividad o el ritmo de crecimiento de los precios o la competitividad del tipo de cambio.

Manta Corta III: Financiamiento Externo, Apreciación Cambiaria y Desplazamiento Crediticio

El gobierno ha sostenido en forma reiterada que a efectos de evitar ajustes aún más drásticos en la economía, la reinserción del país en los mercados financieros internacionales a partir del arreglo del problema de los “holdouts”, permitiría la financiación de un proceso de transición más suave.

Los resultados de la primera incursión en el mercado financiero internacional posterior al acuerdo de cancelación de deudas con los “holdouts”, como es sabido, ha sido notablemente exitoso y mostrado que el gobierno tiene, al menos por ahora, una importante llave de acceso a las fuentes de financiación externas privadas, a tasas relativamente razonables. También podría decirse lo mismo respecto de las fuentes de origen público o multilateral (Banco Mundial, BID, CAF, etc.).

Sin embargo la obtención de recursos por la vía de la emisión de deuda para financiar las actividades del estado debe ser considerada en todas sus dimensiones y también en este terreno el gobierno puede encontrarse con otro dilema de manta corta.

En efecto, en presencia de un posible escenario al que simultáneamente concurriera un saldo superavitario del comercio internacional con ingresos provenientes del financiamiento externo a la Nación y a las provincias y, algo más adelante en el tiempo, los ingresos de un eventual blanqueo de capitales, el Banco Central se vería en la disyuntiva de hierro entre:

 

  1. a) No intervenir y dejar apreciar el peso (por caída tanto del tipo de cambio nominal como el real) con las consiguientes consecuencias sobre la competitividad internacional y el desajuste de precios relativos, entre los bienes y servicios no transables internacionalmente respecto de los precios internacionales; o

 

  1. b) Intervenir comprando, con emisión, las divisas excedentes para evitar la apreciación del peso y, por otra parte, absorber los eventuales sobrantes de pesos vía nuevas emisiones de Lebac para tratar de contener presiones inflacionarias. Ello significaría que, en la medida en que la tasa de inflación no se hubiera reducido en forma consistente, la tasa de interés tendría que continuar siendo muy elevada, atentando contra el nivel de actividad y empleo y también contra los ingresos fiscales.

 

El dilema se torna más complejo cuando la tasa de interés doméstica en moneda nacional se ubica en niveles claramente superiores a los de la devaluación y la inflación esperadas y alienta el ingreso de capitales de corto plazo, lo cual presiona aún más a la baja del tipo de cambio nominal, a la emisión de pesos y al mantenimiento de la tasa para tratar de absorberlos como mecanismo de contención inflacionaria.

De esta manera, en ausencia de ayuda del Tesoro, cualquier ingreso de divisas –sea de fuente comercial o financiera, y sin importar su destino, ya sea financiar gastos corrientes o inversión, salvo por aquella fracción que fuera dedicada a pagar obligaciones en moneda extranjera- tendría el riesgo del círculo descripto.

Ese circuito, varias veces presente en la historia financiera contemporánea del país, en el corto plazo actuaría como anestesiante de los riesgos de desborde cambiario, pero aceleraría el incremento de los costos en dólares de la producción argentina y de la consiguiente pérdida de la ganancia de competitividad generada por la devaluación.

En un contexto como el señalado, por otra parte, la emisión de títulos de deuda en moneda doméstica por parte del gobierno nacional, sin duda alivia la carga de la deuda del Banco Central (déficit cuasi fiscal) y le permite recobrar mayor eficiencia en el manejo de la política monetaria, pero acentúa el problema del efecto desplazamiento (crowding out) mencionado más arriba y sus consecuencias sobre la disponibilidad y costos del financiamiento al sector privado aunque, en esta situación, en cabeza del Tesoro Nacional.12

 

 

Conclusión

Los problemas que hemos llamado de manta corta, que condicionan la política económica en general y, muy especialmente, la política antiinflacionaria, son la derivación directa de la acumulación de desequilibrios macro y microeconómicos generados por políticas inconsistentes llevadas adelante durante la mayor parte de la gestión anterior de gobierno, que a su vez culminaron en lo que se ha denominado “plan bomba”.

La resolución de los problemas descritos no es mágica ni fácil ni rápida y requiere, dado su fuerte impacto social, de una delicada sincronización no sólo técnica sino política.

En sus primeros cinco meses el gobierno solucionó dos problemas estratégicos, que trababan el desenvolvimiento de la economía: salió del cepo cambiario, que actuaba como fuerte traba al comercio internacional y a la inversión privada, y resolvió el problema del default de la deuda pública, a través de los acuerdos con los holdouts, que impedía el acceso del país al financiamiento internacional.

Ambos logros los obtuvo sin explosiones cambiarias ni políticas y, en particular en el caso del segundo, lo alcanzó con un fuerte respaldo político proporcionado por la mayor parte de los partidos con representación parlamentaria, como así también por parte de la comunidad internacional, muy especialmente por los EE.UU.

En el mismo lapso: a) negoció y acordó con las provincias el modo de cancelarles las deudas del estado nacional por coparticipación en los impuestos, que estableció un fallo de la Corte Suprema pocos días antes del cambio de autoridades nacionales; b) eliminó o rebajó los derechos de exportación para todos los bienes y servicios que el país exporta, como así también las limitaciones burocráticas que trababan las exportaciones especialmente de productos de origen agropecuario; c) inició exitosamente un proceso de reinserción en los mercados financieros internacionales y d) comenzó a generar un reacomodamiento de precios relativos, no sólo a través de la salida del cepo cambiario ya mencionada, sino vía actualización de las tarifas de los servicios públicos.

Sin embargo, como hemos visto, aún no se ha logrado generar un horizonte certero de baja de la inflación. Tampoco se ha conseguido todavía alinear expectativas ni despejar incertidumbres respecto de la capacidad del gobierno para mantener a largo plazo nuevas reglas de juego, con las consecuencias que ello implica en materia de toma de decisiones, especialmente de inversión.

A su vez, en contraposición a los logros apuntados arriba y amén de las medidas de tipo compensatorio puestas en práctica o anunciadas, debe señalarse el impacto social negativo sobre los ingresos, que ha tenido la aceleración de la inflación, especialmente entre los sectores de 13 menores ingresos, normalmente fijos, y muy en particular en los trabajadores informales. Ello, indudablemente, ha contribuido a cierto debilitamiento político del gobierno.

La actual es la primera experiencia gubernamental –al menos desde el retorno a la democracia- de intento de anticipación al estallido de una crisis, que acumulativamente se ha estado gestando desde hace por lo menos 8 años.

El gobierno apuesta a que lo logrará expandiendo la economía con el concurso principal de recursos financieros externos, públicos y privados, que mejoren y expandan la infraestructura económica y social y aumenten la productividad general, y que con la economía creciendo el problema del déficit fiscal se irá licuando progresivamente junto con un proceso gradual de racionalización del gasto.

Para lograr que esta visión sea exitosa se tendrán que tomar claros resguardos para: 1) que la demanda de dinero –sostenida por una baja consistente de la inflación y mejoras en los niveles de actividad) crezca a lo largo del tiempo, dejando espacio para que el estado y el sector privado puedan financiarse en el mercado adecuadamente y 2) evitar la apreciación cambiaria, recurso al que frecuentemente se ha recurrido en el país para reprimir la inflación y generar sensaciones transitorias de “felicidad económica”, que finalmente colapsan en crisis costosas28.

También será imprescindible contar con un marco sólido de certidumbres políticas, que permitan la consolidación de la toma de decisiones en materia de inversión privada.

Como ya lo hemos dicho en varios trabajos anteriores29, para ello consideramos imprescindible que el gobierno, como modo virtuoso de superar su relativa debilidad política y de dar señales consistentes acerca de la inauguración de una nueva forma de “hacer política”, debería propiciar un sistema de acuerdos económico sociales con el espectro político y social verdaderamente comprometido con la consolidación de la democracia republicana, que incorporen como políticas de estado, los objetivos sobre los que se propone legislar y actuar.

 

por Lisandro Barry y Carlos Quaglio

Ex Secretario de Finanzas.
Ex Subsecretario de Financiamiento

NOTAS

3 Lisandro Barry Carlos Quaglio, “Ad Augusta per Angusta”, Marzo 2016.

4 Según el informe mensual de la Secretaría de Hacienda correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2015 (Cuenta Ahorro -Inversión, Financiamiento del sector Público Nacional Base Caja), el déficit (Resultado Financiero) ascendió a $ 225.600 millones, lo cual representa un 4,9% del PIB. Cuando a los ingresos corrientes se los depura de las denominadas “Rentas de la Propiedad”, el déficit asciende a $367.600 millones, o sea 7,9% del PIB. Las Rentas de la Propiedad comprenden las utilidades del Banco Central y las del Fondo de Garantía de Solidaridad del la ANSES.

5 Comprende las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y el PAMI.

6 De esos totales las remuneraciones representan el 10% del gasto total y el 14% del corriente, en tanto que las prestaciones de la seguridad social el 27% y el 39% respectivamente.

8 Fuente: Secretaría de Hacienda: “Cuenta Ahorro -Inversión, Financiamiento del sector Público Nacional Base Caja”.

9 Fuentes: FIEL, IARAF, IERAL, ANSES, ASAP y Diario La Nación.

10 Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.

11 Tipo de cambio aplicado: $14/u$s

12 Diario La Nación

13 IARAF y FIEL

14 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

15 Este valor no incluye el efecto positivo de la devaluación sobre la recaudación de derechos de exportación del complejo sojero, que no se eliminaron sino que se redujeron en 5 puntos porcentuales. Considerando este efecto, la reducción de ingresos por eliminación/rebaja de retenciones se reduce a $13.600 millones. De este modo el resultado fiscal neto, seguiría siendo deficitario pero en $108.500 millones (aprox. u$s 7.750 millones, un 1,5% del PIB)).

16 Idem 10

17 ASAP

18 Un sistema de cambios fijo puede definirse como aquel en que la autoridad monetaria fija el tipo de cambio y está dispuesta a comprar y/o vender todas las divisas que el mercado le ofrezca o demande a dicho precio El régimen de convertibilidad –como símil del patrón oro- fue su máximo exponente, en el que, además, el tipo de cambio se estableció por ley del congreso. La “tablita” de Martínez de Hoz, aunque variaba diariamente de un modo preestablecido, también era un régimen de cambio fijo. En rigor, en nuestro país han prevalecido sistemas cambiarios mixtos y múltiples.

19 Entre paréntesis nuestro

20 Qantum Finanzas, Monitor Semanal, 5 de mayo de 2016.

21 Debe recordarse que estas operaciones se compensan en pesos sin utilizar divisas.

22 Letras del Banco Central.

23 Fuente: Balance Semanal del BCRA.

24 Somos concientes que esta es una aproximación imperfecta al tipo de cambio real, pero la conocida destrucción de estadísticas públicas nos impide un cálculo más preciso y por lo tanto sólo debe considerarse como una indicación tendencial.

25 Cuenta de regulación monetaria, encajes remunerados, depósitos indisponibles. Entre 1985 y 1989 se aplicaron 19 regímenes de depósitos indisponibles, 3 de encajes marginales remunerados y 34 de encajes promedio remunerados

26 Héctor Juan Rubini, “Encajes fraccionarios remunerados por el Banco Central. La experiencia argentina (1977-1989)”. Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones Económicas.

27 La relación pasivos remunerados/base monetaria hoy es de 87% contra 221% correspondiente al período 1987/89. El ratio pasivos remunerados/reservas internacionales es hoy de 112% contra 138% del período 1987/89. Fuentes: BCRA y H. J. Rubini, obra citada.

28 González Fraga, Javier, La Nación, “Romper el ciclo de populismos y ajustes”, 4 de Mayo de 2016: “El atraso cambiario es un instrumento muy eficiente para captar votos en una economía exportadora de alimentos, ya que permite a a los salarios de mediocre productividad aumentar su capacidad adquisitiva y acceder a comprar artículos importados….Pero indefectiblemente termina generando una crisis externa y fiscal, y un colapso de las economías exportadoras”

29 “Por un Puñado de Dólares”, Abril 2015. “Falta Envido y Truco”, Noviembre 2015. “Ad Augusta per Angusta”, Marzo 2016.

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