ACERCA DEL ESTUDIO DE UNICEF SOBRE POBREZA INFANTIL

“Para enfrentar una enfermedad, el primer paso es el diagnostico, pero no el único”

Sigue la deuda de más de 10 años de designar la bicameral para la designación del Defensor del Niño, así como la implementación de un cuerpo de abogados gratuitos para niños.

En este sentido, el estudio que presentó Unicef Argentina en cooperación con la Universidad Salta es un trabajo interesante que permite demostrar una situación que los organismos de Derechos Humanos para niñas, niños y adolescentes venimos denunciando hace años. Celebramos desde Fundación Sur Argentina la obtención de datos que nos permitan tener una mejor y más rigurosa mirada sobre el real acceso al ejercicio de sus derechos por un colectivo que no se representa a sí mismo.

Desde nuestro rol de ONG especializada en Derechos de Infancia, creemos que es necesario explicitar cuestiones que surgen de la lectura de este informe, pero que no siempre son visibles públicamente.
La primera cuestión es que el responsable de generar datos rigurosos de medición de la situación de un colectivo como el de los Niños es el Estado. Recordemos que a partir de la Convención sobre los derechos del Niño, suscripta por Argentina, y la posterior sanción de la Ley 26.061, que la pone en acto, se establece que la Niñez y Adolescencia tienen carácter de prioridad. El Estado Argentino tiene una crisis estructural en materia de generación de datos confiables desde hace más de una década. Esto atraviesa todos los colores políticos y se demuestra en cada una de las gestiones provinciales.

En segundo lugar, el dato alarmante de que el 30% de los Niños argentinos es pobre, es la foto de una película que tiene varios capítulos y que se sigue filmando. Sería interesante contrastar a esas cifras, la cantidad de medidas dictadas por los organismos específicos de Infancia de cada Jurisdicción para resolver estas problemáticas. Asimismo, recursos asignados a los programas que atenúan las desigualdades sociales propias de este sistema. Llamativamente, los programas de fortalecimiento familiar destinados a evitar las institucionalizaciones han sido sistemáticamente desfinanciados, así como sus trabajadores. Es imprescindible saber cuáles son las herramientas con las que cuenta el Estado para que los Niños, Niñas y Adolescentes puedan exigirle a éste algo tan básico y esencial como lo son sus derechos, consagrados en la Constitución Nacional y en las Leyes. Sigue la deuda de más de 10 años de designar la bicameral para la designación del Defensor del Niño, así como la implementación de un cuerpo de abogados gratuitos para niños. Sería particularmente interesante saber el grado de desnutrición infantil en Argentina, ya que se ha discontinuado el censo nutricional.

En tercer lugar, entendemos que en la mirada sobre la Infancia perdura una fractura que hace que nos preocupemos ante estos datos, pero que no problematicemos un poco más allá de la superficie de un sistema que no sólo genera pobres (y esto no es una exclusividad del colectivo de Niños), sino que además hace todo lo posible para mantenerlos de esa manera, y en muchos casos brinda un plus de violencia estatal. A partir de la sanción de la Ley 26.061, se establece (increíblemente un Estado de Derecho Occidental tuvo que establecerlo en el año 2005) que “la falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización”. Si bien no hay datos confiables al respecto, no es necesario acudir al departamento de estadísticas del M.I.T. para darse cuenta que los mal llamados Hogares (instituciones de albergue a las que se envía a los niños separándolos de su familia nuclear o ampliada) están llenos de hijas e hijos de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad.

Estos son los 4 millones de niños pobres. Resta ahora exigir respuestas complejas y de calidad para garantizar un piso mínimo de dignidad humana.

Laura Musa, directora de Fundación Sur
Abogada (UBA) y ex asesora general tutelar de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es experta en reforma legal en temas vinculados a infancia y adolescencia, así como en elaboración de mecanismos de exigibilidad de aplicación de los Derechos Humanos de la Infancia a nivel local. Fue diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dos mandatos (1995-1999 y 2001-2005), directora de capacitación de la Fundación para el Cambio en Democracia, y secretaria general del Rectorado de la UBA (1984-1987). Hoy, es directora ejecutiva de la Fundación Sur Argentina.

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