RECALCULANDO

Introducción
Prácticamente todos los gobiernos que se sucedieron desde diciembre de 1983 tuvieron su origen en una crisis política y económica aguda y, en general, sus primeros años (o algo más) de gestión se caracterizaron por una elevada inestabilidad económica y política.
Efectivamente, el gobierno del Dr. Alfonsín fue el emergente de la aventura militar de Malvinas, a su vez precedida y sucedida por una crisis económica mayúscula, que derivó en la cesación de pagos internacionales. Hasta la puesta en marcha del plan Austral, 18 meses después de haber asumido la presidencia, su gobierno no logró un grado razonable de control político ni estabilizar, siquiera parcialmente, la economía.
El gobierno de Saúl Menem fue la resultante de la crisis económica hiperinflacionaria del gobierno de Alfonsín, que se vio obligado a terminar su mandato casi seis meses antes de su expiración. Entre julio de 1989 y abril de 1991, plan Bonex, ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y golpe hiperinflacionario de por medio, el gobierno de Menem ensayó diversos caminos para tratar de encauzar la economía hasta desembocar en el plan de convertibilidad.
El gobierno de Fernando de la Rúa fue un intento fallido de continuar con el régimen económico -la convertibilidad- instaurado por Menem y que terminó traumáticamente con el estallido de la crisis de ese régimen, abriendo paso a la sucesión Duhalde- Kirchner- Kirchner.
Los primeros seis meses de gobierno de Duhalde fueron turbulentos, tanto en lo político como en lo económico, hasta que las medidas que dieron legalmente fin al régimen de convertibilidad -ayudadas por el cambio sustancial favorable en los precios internacionales de los comodities primarios- generaron resultados positivos y permitieron sanear las finanzas públicas y equilibrar la economía.
El matrimonio Kirchner recibió una economía mucho más ordenada y en crecimiento. Le sacó ventajas y, después, la arruinó dilapidando recursos y oportunidades que le ofrecía el mundo,
prácticamente sin precedentes en la historia contemporánea argentina. El régimen populista que instauraron durante 12 años dejó una sociedad partida, instituciones corroídas, corrupción generalizada y una economía al borde del colapso, pero –a diferencia de las experiencias anteriores- en un estado de crisis que no llegó a estallar.
Como señalamos en un trabajo anterior3, una característica que diferencia al presente gobierno de los demás, es que se trata del primer intento desde la restauración de la democracia, de anticiparse, precisamente, al estallido de una crisis generada por las inconsistencias y arbitrariedades de las políticas de sus antecesores y con medidas deliberadamente “plantadas” –valga la licencia policial- para entorpecer la gestión de cualquiera que hubiera triunfado en las elecciones de 2015.
Simultáneamente con la tarea de desactivación de la crisis, el gobierno ha ido introduciendo, además, cambios importantes en el funcionamiento económico y también en el campo institucional. Todo ello en el marco de recuperación de la confianza doméstica y, especialmente, internacional, con un endeudamiento neto muy reducido respecto del PIB y tasas de interés internacionales en niveles muy bajos.
De todos modos, con seis meses ya recorridos, como veremos, el gobierno se ha visto compelido a cambiar algunos rumbos en materia económica, en particular en el terreno de las finanzas públicas.
El propósito de este trabajo es plantear los interrogantes, a nuestro entender más destacados, que surgen a partir de lo que consideramos un cambio relevante en los objetivos de la política económica, especialmente en el campo fiscal.
Nuevo Escenario
A partir de comienzos de mayo y muy especialmente como consecuencia de las múltiples secuelas políticas emergentes de la aprobación y veto de la denominada ley “antidespidos”, a la que se sumó el reclamo generalizado -y judicialización más reversión parcial- por los aumentos tarifarios, el gobierno parece haber producido un giro destacable en los objetivos de la política económica.
Así, en nuestra visión, las máximas autoridades han apreciado con claridad y pragmatismo los límites que le imponen: a) la política, tanto por la situación de debilidad relativa en el campo parlamentario y el territorial, cuanto por la consecuente necesidad de ir abonando el camino –vía el impulso al mejoramiento de la actividad económica- para obtener buenos resultados

electorales en 2017 y b) la situación social, acuciada por la inflación -y la consecuente baja del poder adquisitivo- y la recesión económica.
En concordancia con ello, han decidido dejar rezagado uno de los objetivos primordiales enunciado al comienzo de la gestión: el de sanear las finanzas públicas.
De hecho dicho saneamiento fiscal requeriría primordial, aunque no únicamente, actuar sobre dos grandes componentes del gasto, de alto impacto político y social: adicionales aumentos significativos de tarifas para reducir los subsidios económicos, que explican buena parte del déficit de la administración central, y fuertes reducciones de personal en todo el ámbito del estado (nacional, provincial y municipal), para sanear las consecuencias fiscales de la incorporación masiva e irracional llevada adelante por el kirchnerismo en todas sus expresiones territoriales.
Resulta por demás obvio que no existe plafond político ni vocación de afrontar semejantes decisiones, más allá del camino ya recorrido ni tampoco un estado de reconocimiento, en gran parte de la sociedad, del nivel peligrosamente crítico en que fue dejada la economía al término del gobierno anterior.
Además, como ya hemos mencionado en un trabajo anterior, “entre las medidas compensatorias de los efectos inflacionarios apuntados, que las autoridades por motivos políticos y sociales se vieron compelidas a adoptar o requerir tratamiento parlamentario, y las consecuencias fiscales de disposiciones tendientes a eliminar distorsiones y recomponer la competitividad internacional, el resultado generará un aumento del déficit”4.
En dicho sentido, a las diversas disposiciones que fueron agregándose desde el comienzo de la nueva gestión, deben añadirse los efectos sobre el gasto del reciente envío al congreso –ya con media sanción- de la ley que regulariza las deudas pendientes del Estado con los jubilados y pensionados, el reajuste de sus haberes y la creación de la pensión universal al adulto mayor, que a su vez prevé al “blanqueo” de capitales como una fuente, al menos parcial, de financiamiento de dicho régimen.
Frente a esta realidad el gobierno estaría, entonces, apostando al crecimiento y su consecuente impacto sobre la recaudación fiscal, como pivote de la reducción del déficit fiscal en el tiempo.
El financiamiento externo proveniente del mercado y del “blanqueo” actuarían como la palanca impulsora de dicho proceso de expansión económica, cuyo motor –en una primera etapa- estaría concentrado especialmente en la inversión pública y en proyectos de infraestructura a ser

desarrollados por privados con financiamiento propio, pero vinculados de alguna forma con aportes o intervenciones del estado nacional5 como demandante.
Al respecto vale la pena señalar que, al tiempo que el gobierno percibió con mayor claridad las limitaciones que mencionamos más arriba para actuar sobre el déficit fiscal, también divisó que la larga ausencia de la Argentina en la mira de las corrientes internacionales de inversión implicaba un período de espera y adaptación del mundo privado para poner al país nuevamente en el conducto de las decisiones corporativas de inversión, incompatibles con las necesidades temporales de reactivación económica por parte de la sociedad y la política (oficial).
En función de ello, ya desde abril el gobierno comenzó a regularizar los pagos atrasados a contratistas de obras públicas y a acelerar los ya mencionados llamados a licitación para la construcción y operación de plantas generadoras de energía convencional (gas/fuel) –ya concretado6- y de energías renovables, como así también para la concreción de un conjunto variado de obras públicas (viales, hidráulicas y de saneamiento ambiental).
En definitiva, sería el aumento de los ingresos generados por una expansión futura de la actividad y no la reducción de gastos, el factor determinante del necesario saneamiento fiscal.
Entendemos, también, que dicha postura incluye una apuesta determinante al aumento de la demanda de dinero asociada a la mayor actividad, como principal contribuyente a la reducción de la inflación. La mayor confianza generada por el mejoramiento de la actividad y de la morigeración de la inflación, actuarían como un aliciente adicional sobre la demanda de dinero, que contribuiría vía expectativas favorables, a construir –junto con la acción exclusiva del banco Central- un círculo virtuoso acelerador de la reducción de la inflación.
En efecto, una consecuencia importante de este “recálculo” del sendero de la política económica indica que, como el Tesoro Nacional no habrá de estar en condiciones de ayudar en la lucha contra la inflación, la misma quedará, por largo tiempo, esencialmente concentrada en la política monetaria que llevará adelante el BCRA.
En ese sentido, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

Si el Tesoro es exitoso con la obtención de recursos externos podrá: a) financiar el déficit corriente y b) también financiar un programa de inversión pública ambicioso. Ambos factores permitirán –junto con la regularización de las deudas y mejoramiento de las remuneraciones de los jubilados- aumentar la demanda agregada vía consumo e inversión, lo que tenderá a mejorar el nivel de actividad y empleo y, con ellos, lo que se denomina la demanda transaccional de dinero.
La mayor actividad podrá también generar mayores ingresos fiscales. Ambos factores contribuirían de esta manera a reducir la inflación. A su vez, niveles de actividad más altos inducirían un incremento en la demanda de divisas vía aumento de importaciones.
Un interrogante que claramente surgiría frente a esta realidad es por cuánto tiempo y en qué condiciones estarían los mercados dispuestos a financiar el desbalance fiscal, si las señales de saneamiento se postergaran más allá de cierto plazo.
Por otro lado, para lograr lo apuntado arriba, el gobierno debería monetizar (pesificar) los recursos que obtuviera del exterior –que se sumarían, en tanto oferta de divisas, a las provenientes de un saldo comercial positivo más abultado-, lo cual, a su vez, podría dar lugar a varias consecuencias:
a) expandir la oferta de dinero vía compras de reservas por parte del BCRA, más allá de lo deseable en materia de las metas antiinflacionarias de la política monetaria;
b) forzar al BCRA a absorber pesos provenientes de la expansión generada por a) provocando una elevación de la tasa de interés doméstica;
c) deprimir el tipo de cambio por ventas de moneda extranjera por parte del Tesoro en el mercado, sin intervención del BCRA;
d) desplazar el crédito del sector privado hacia el sector público (crowding out).
Este segundo conjunto de consecuencias claramente conspiraría contra la expansión de la actividad económica, incluyendo las exportaciones, y el empleo en el sector privado y, por ende, afectando los ingresos fiscales.
Impedirlas exigirá de una permanente sintonía fina entre el nivel de la tasa de interés y la evolución del tipo de cambio (tasa de devaluación) para, de una parte, evitar una posible sobreapreciación del peso como resultado de una sobreabundancia de divisas de origen comercial y financiero7 y, de otra, una eventual disparada del tipo de cambio, que a su vez alimente la inflación.

Como es conocido, el Banco Central –después de ciertas alarmas que se encendieron entre fines de febrero y comienzos de marzo- ha estado regulando el mercado cambiario por medio de una agresiva política de tasas de interés, administrada a través de las LEBAC. La experiencia acumulada en el período que va desde el levantamiento del cepo cambiario hasta el presente, ha permitido ir clarificando de a poco la actual interrelación funcional entre la política monetaria, el tipo de cambio y la evolución de los precios internos. La misma indicaría que la administración de la tasa de interés por la vía mencionada ha tenido una incidencia mucho más decisiva sobre la evolución del tipo de cambio que sobre la tasa de inflación.
En dicho sentido resulta necesario destacar que aunque, por el momento, resulta difícil identificar un tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, es muy posible que si la reducción de la tasa de interés de las LEBAC continúa, en un plazo relativamente breve se alcance un punto de indiferencia con la posesión de activos dolarizados (incluyendo la divisa misma), permitiendo una ampliación de la demanda de divisas de manea de desplazar al Banco Central como comprador casi exclusivo en el mercado de cambios.
A partir de ese momento, si la tasa de las LEBAC administrada por el BCRA comenzara persistentemente a acompañar a la tasa de inflación de los bienes transables internacionalmente, la política monetaria podría empezar a actuar con mayor eficiencia en materia de metas de inflación, tratando de mantener neutralidad en el mercado de cambios, especialmente respecto de lo que dicha institución entienda como tipo de cambio de equilibrio de largo plazo.
Conclusión
El “recálculo” del sendero de la política económica al que hemos hecho referencia arriba somete al gobierno a un poderoso desafío. En efecto, deberá lograr simultáneamente:
Reactivar la economía a través de un considerable impulso inicial a la inversión pública en general y en infraestructura asociada a demandas del estado, aprovechando los flujos de financiamiento externo y local y los que pueda proveer el “blanqueo” de capitales.

  • Disminuir el déficit fiscal por la vía de la generación de mayores ingresos asociados a un mejoramiento de los niveles de actividad económica.
  • Reducir gradualmente la tasa de inflación a través de un mejoramiento de la eficiencia de la política monetaria, ayudada por el fortalecimiento de la demanda de dinero originado en una mayor actividad y confianza.
  • Evitar que el tipo de cambio real se deprima demasiado en términos reales –incluyendo en ello una continua atención a los vaivenes de la situación brasileña y la marcha de la relación del dólar con las demás monedas- para obviar pérdidas de competitividad ganadas con la devaluación efectiva resultante a la salida del cepo cambiario. La mayor actividad que generaría la reactivación ayudaría a ampliar la demanda de divisas, contribuyendo así al equilibrio en el mercado de cambios.

Despejar incertidumbres y establecer señales claras que, en armonía con lo señalado en los puntos anteriores, permitan un fuerte incremento de la inversión privada en el tiempo.
Así como la desarticulación del estallido de la crisis está resultando una operación inédita y delicada, matizada de marchas y contramarchas, los desafíos resultantes del “recálculo” del camino a recorrer implican una carrera contra el reloj, que exige una rigurosa sincronización entre la economía y la política.

Lisandro Barry1 y Carlos Quaglio2

1 Ex Secretario de Finanzas

2 Ex Subsecretario de Financiamiento

3 Lisandro Barry y Carlos Quaglio, “Los Dilemas de la Manta Corta”, Mayo 2016.

4 Idem anterior.

5 Es el caso, por ej., de la reciente licitación para la instalación y operación de plantas de generación eléctrica distribuida. Esto es, un sistema que consiste básicamente en la generación de energía eléctrica por medio de muchas pequeñas fuentes de energía en lugares lo más próximos posibles a las cargas. La energía así generada por medios convencionales (térmicos) es vendida por los generadores a CAMMESA para su incorporación al sistema nacional interconectado. Un régimen similar se aplicará también a la muy próxima licitación para la instalación y operación de plantas generadoras de energías no renovables.

6 El pasado 14 de junio se adjudicó la instalación de casi 2.000 MW de potencia, distribuidos en 20 centrales, representando un incremento del orden del 10% de la potencia de origen térmico instalada en el país.

7 Incluimos en este rubro los fondos que se repatríen por el “blanqueo” de capitales.

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