LOS INTELECTUALES ARGENTINOS SIGUEN SIN VER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

La opinión de un intelectual de nuestro tiempo. El avezado economista Juan Carlos de Pablo acaba de publicar una nota sobre el problema de los alquileres en nuestro país. Comienza así: “El argentino que alquila una casa para vivir se siente ciudadano de segunda categoría y está convencido de que “tira la plata” cada vez que le entrega el dinero al propietario. En Estados Unidos nadie siente vergüenza por alquilar, y el aumento de las diferencias regionales de las tasas de desocupación, verificado a partir de 2007, tiene que ver con que mayor número de personas accedió a su vivienda y les resulta más difícil mudarse cuando las oportunidades laborales aparecen en otra ciudad. ¿Estamos sólo delante de una diferencia cultural?” (En la Argentina, el que alquila no “tira la plata” (La Nación, Economía, Julio 17, 2016)
Es deplorable la ignorancia que prevale en nuestra sociedad – incluyendo profesionales tan calificados como de Pablo – sobre las raíces del denominado “problema de los alquileres”. El asunto es tratado por el articulista y sus sendos seguidores con alarmante superficialidad. La cuestión de los alquileres urbanos es un principal síntoma de nuestro dramático orden social configurado por el derecho positivo.
Testimonios objetivos del desorden reinante. Se aprecia este “des-orden” tan pronto se repara en la existencia de 3 millones de almas subsistiendo en “villas miseria” y el horrible hacinamiento en que viven más de 21 millones de personas en menos de 4000 km2. En un país que dispone casi 3 millones de Km2 prácticamente baldíos. Me refiero a la superficie total de la CABA, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y la Gran Córdoba. Sobre ella vive más de la mitad de la población. El resto, se concentra mal en las “capitales” del interior, con sus sendas “villas”. El resto es territorio despoblado. Este gravísimo ”desarreglo” demográfico es la causa radical de nuestra decadencia social actual. Fuente de la miríada de los conflictos cotidianos que nos sacuden como país y asedian a la vida de todos sus habitantes.
El derecho positivo como causa de nuestro desorden social. El desorden aparece durante los 50 años de “rutilante progreso” (1860-1910) por causa del sistema del acceso a la tierra establecido por el Código Civil. Véase el libro testimonial del francés J. Huret, La Argentina. De Buenos Aires al Gran Chaco, Paris, 1910.
Para corregir los pésimos efectos sociales del producido por el Código Civil (que el dueño de la tierra se apropiara del creciente valor del suelo) el eminente presidente Roque Sáenz Peña en 1912 envió (junto con la ley del voto universal que todos conocen) otro proyecto más importante para ordenar la economía argentina. Es el proyecto que nadie recuerda y los profesores de derecho y economía ignoran. El proyecto disponía que los propietarios pagaran un tanto por ciento del valor real de tierra en su dominio. Se lo conocía como “single tax” o “impuesto al valor real de la tierra” libre de mejoras.
De aprobarse se hubiera evitado la decadencia que hoy sufrimos. Pero aquel parlamento estaba dominado por unos pocos “terratenientes”. Si bien se avinieron a aprobar el voto universal, confiriendo la “ciudadanía política”, se negaron a poner en vigencia un igual derecho de acceso a la tierra para todos, sea la “ciudadanía económica”. El proyecto de Sáenz Peña daba sostén “material” a la democracia política asegurando para todos un fácil acceso a la tierra y trocando el orden económico plagado de privilegios originados por el derecho romano de propiedad sobre la tierra en un orden económico democrático. Facilitaba un fácil e igual derecho de acceso al suelo para todos.
En este sistema legal ningún trabajador ha de ser castigado con impuestos al fruto de su trabajo ni al empresario por su libre iniciativa… Este tipo de proyecto fue reproducido una y otra vez, sin éxito, entre 1916 y 1946. Pero a partir de este año cesaron los proyectos de este tipo. El golpe militar de 1943 y el gobierno que le siguió prefirieron la “planificación económica” a cargo del Estado. Así se coloco a la Argentina en otra senda opuesta al real progreso… El orden económico habría de quedar bajo la dirección del gobierno central y la pobreza creciente por un lado y la emigración de los capitales habrían de ser sus consecuencias.
La cuestión desapareció hasta hoy de las cátedras superiores, de los programas de los partidos políticos, de las aspiraciones de los gremios de trabajadores y, finalmente, de la de la opinión pública. La “cuestión de la tierra y su renta” fue enterrada por la intelectualidad argentina y es el asunto menos discutido en el debate político.
En 1932 la cosa empeoró. Para mantener a favor de los terratenientes el beneficio de quedarse con la “renta de la tierra”, se estableció de modo provisorio por 3 años un funesto “impuesto a los réditos”. Es decir, al trabajo y la inversión de capital. Esa mala semilla se ha multiplicado a lo largo de 80 años en mas de 90 impuestos que castigan horriblemente a la producción y el consumo. Ha borrado del alma social de los argentinos el deseo y la voluntad de vivir del trabajo propio. No pocos copian al Estado y viven por derecha o por izquierda del trabajo ajeno. El escándalo de los “bolsos voladores” de estos días es apenas una muestra de la degradación de la moral social argentina. No se adopta un sistema de servidumbre impositiva como el vigente sin que ocurra una general degradación de los “usos y costumbres”. La decadencia de la antigua Roma lo acredita.
Nuestro orden social fue arruinado por completo a partir de 1943. Tras el funesto golpe fascista dado ese año, con el dictado de más de 130.000 decretos leyes por un gobierno de facto se abolió el “orden económico de libre mercado” que manda a establecer la Constitución. Fue sustituido por el actual, causante de nuestra ruina económica y social. Cada gobierno a su manera desde 1955 hasta hoy restableció el tipo “economía dirigida por el Estado nacional”.

La suma de esas 3 políticas 1) (C. Civil, 2) impuestos al trabajo, la producción y el consumo y 3) la planificación estatal de la economía, nos han colocado en la ruinosa postración actual. En lo interno y en la posición internacional.
Si no se conoce esta historia ni reconocen las causas legales de nuestra decadencia económica, perdurará el “conflicto social permanente” y el actual gobierno fracasará en su intención de cambiar el actual estado de cosas.
Pocas esperanzas nos quedan cuando vemos que hombres de la calidad intelectual de Juan Carlos de Pablo no se hacen cargo del problema y por lo tanto dejan ciega a la opinión publica para logar su solución.

por Héctor Raúl Sandler

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales

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