FALLAS DE LA UCR EN EL GOBIERNO DE CAMBIEMOS

La Argentina parece haber alcanzado un consenso básico: la democracia es el sistema en el que casi todos queremos vivir. Pero no nos confundamos. La que tenemos es una democracia electoral imperfecta, de baja calidad institucional y dirigencial, con enclaves corporativos difíciles de desterrar, corrupción endémica y una notable tendencia a la improvisación y al cortoplacismo irresponsable.
Nuestro problema más grave es la desigualdad, la enorme distancia que separa a quienes alcanzaron una calidad de vida razonable, de aquellos otros que ni siquiera acceden a los consumos básicos. En esta situación de encierro y exclusión los que quedan fuera del sistema, los que sienten la pobreza como condena perpetua, no tienen motivo alguno -salvo su propio sentido del bien- para respetar las leyes, la propiedad e incluso la vida de quienes los excluyen.
Podrá decirse que la desigualdad creciente es un rasgo común de las economías occidentales, y que en esa realidad convergen causas ideológicas, políticas y tecnológicas. Pero lo cierto es que nuestra democracia carece de factores de inclusión social que aseguren su extensión universal y continuidad.
Para corregir ese desajuste inmoral y riesgoso, la propuesta es la construcción de una sociedad abierta, equilibrada, en la que vuelva a operar aquel mecanismo que alguna vez se definió como movilidad social ascendente.
Una sociedad abierta sólo podrá construirse a partir de una voluntad colectiva que favorezca el cambio integrador. Recién desde esa coincidencia funcionarán las herramientas conocidas: un Estado organizado, eficiente y moderno, un sistema político integrado por partidos que garanticen la alternancia y el derecho de optar y una dirigencia experimentada, confiable y bien formada. La operatividad real del sistema dependerá del reconocimiento de la realidad social, del papel que juega la economía globalizada y de los efectos que provoca la aceleración constante del cambio científico en el campo productivo y laboral.
La construcción de la sociedad abierta exige la presencia de dos fundamentos básicos: una economía de gran eficacia productiva que habilite la instalación de un sistema de distribución del ingreso promotor del mayor nivel de igualdad posible y un modelo educativo que no se limite a proveer datos, sino que asegure la adaptabilidad al cambio permanente y la capacidad para absorber el nuevo conocimiento.
Estamos lejos de alcanzar ese objetivo, que ni siquiera existe como tal más allá de la retórica discursiva. Porque nuestro estado de ánimo oscila entre la desesperanza frente a la política por su ineficiencia y su corrupción y al mismo tiempo, la proclividad casi cínica a premiar la viveza y la transgresión. Porque sectores muy reconocibles del establishment empresarial siguen pensando que les conviene un Estado bobo, anticuado y corrupto que favorezca los negocios de la patria contratista, cualquiera sea su impacto sobre la economía real. Porque el modelo educativo está en retroceso desde hace más de veinte años, no prepara para la incorporación permanente del nuevo conocimiento y ha dejado que la escuela pública se convierta en un factor adicional de desigualdad.
El gobierno de Macri no termina de definir su rumbo. La propuesta inicial, basada en la gestión y la eficacia, muestra rasgos contradictorios que no terminan de resolverse. Incluye desde éxitos innegables, como la salida del cepo cambiario o los acuerdos con los holdouts, hasta fracasos estruendosos como la política tarifaria, que desmienten la proclamada eficiencia. El Presidente se esfuerza por no aparecer como un neoliberal insensible: saldar la histórica deuda con los jubilados es una decisión positiva. Pero la caída del consumo y la recesión merecen, como mínimo, una justificación más consistente que la invocación de la herencia recibida y la crisis en Brasil, porque a quien hoy no le alcanza el sueldo para pagar las nuevas tarifas y enfrentar la inflación, poco lo consuelan las explicaciones que remiten al pasado, aunque sea cercano y cierto.
La conducción de la UCR tiene bastante que ver con las contradicciones y las vacilaciones del Gobierno. En lugar de corregir, consiente. Es verdad que no existe una mesa conjunta de análisis político ni una agenda útil para prevenir problemas y estudiar soluciones. Los contactos son poco significativos, carentes de profundidad y de influencia en las decisiones finales. Además, sus contenidos no se conocen, porque sus protagonistas no informan. Esa debilidad funcional es imputable a la conducción del PRO, que prefiere pensar al radicalismo como “la vieja política” y pretende aplicar recetas de captación que no sirven porque trabajan sobre la deslealtad, provocan desconfianza y son procedimientos de suma cero.
Pero la responsabilidad imputable a la conducción nacional del radicalismo consiste en tolerar, en un silencio especulativo, esa deficiencia operativa y omitir una tarea esencial: agregar política y visión social progresista a un Poder Ejecutivo integrado en su mayoría por funcionarios provenientes del ámbito privado, entrenados para maximizar la rentabilidad, con poca sensibilidad para percibir el estado de ánimo social y escasa experiencia para administrar, con los menores costos posibles, la relación con una oposición que sabe cómo utilizar su capacidad de presión.
La sociedad abierta se planifica desde el análisis técnico, pero se ejecuta desde la realidad política concreta. El tiempo y el esfuerzo necesarios para construirla serán menos gravosos si logramos convocar y movilizar a la sociedad y utilizamos sus recursos con inteligencia y coherencia.

Juan Manuel Casella (Clarín)

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