LAS LÍNEAS ROJAS DE LA CGT UNIFICADA

Los sindicatos oficiales (vale decir, aquellos que cuentan con personería gremial) se han unificado para participar en el nuevo curso político que preside Mauricio Macri. Esta unidad, reedición de una centenaria estrategia, se apresta a defender al modelo sindical peronista así como al correlativo modelo económico autárquico y estatista que privilegia la industria, la logística y la obra pública, netos ganadores del tercio kirchnerista.
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Como ocurriera en varias oportunidades anteriores, tal unidad no es unánime. Quienes no obtuvieron suficientes ventajas bajo el anterior gobierno (el sindicalismo rural, el de la energía y el de servicios, por ejemplo) expresaron disidencias y se marginaron del pacto que dio origen al nuevo Triunvirato.
Los líderes de la nueva CGT Unificada se han apresurado a marcarle “líneas rojas” al Gobierno de la Nación. Algunas son las mismas que las defendidas -exitosamente- a lo largo de los últimos 70 años: “El modelo sindical peronista no se toca”. Otra tiene menos solera pero ha resultado igualmente exitosa: “El dinero de las obras sociales es propiedad de los sindicatos oficiales”; lo que equivale a decir que el movimiento obrero mayoritario reitera su obvio compromiso de defensa de la Ley 18.610 sancionada por Onganía.
Las líneas de exclusión que se refieren al modelo económico autárquico y estatista son bastante nítidas aun cuando hayan sido vulneradas en varios momentos de la historia argentina; así sucedió, por ejemplo, en tiempos dictatoriales y cuando las crisis extremas alentaron experimentos de liberalización (Isabel Perón, Carlos Menem).
Los triunviros y sus mentores se han expresado con el lenguaje parco, simbólico y contundente que es propio del sindicalismo oficial argentino. Han dicho (por si hiciera falta recordar posiciones ancestrales) que las paritarias seguirán persiguiendo a la inflación y que la nueva CGT-U resistirá eventuales intentos de abrir la economía argentina para permitir el ingreso de productos extranjeros. Aunque los sindicatos de la industria han ejemplificado este rechazo diciendo que no están dispuestos a competir con la producción china, en realidad advierten inveterada aversión a toda competencia con el exterior. De esta manera, ratifican elípticamente sus estrechos vínculos con nuestra (económicamente endeble pero políticamente poderosa) industria nacional.
Si bien los tiempos han cambiado, afortunadamente, y las reediciones de este tipo de componendas antidemocráticas son inviables, es bueno recordar que esta alianza estratégica, que nunca necesitó de pactos escritos, se activó para derribar al Presidente de la Rúa formando parte de lo que se llamó “coalición bonaerense” que reunió a peronistas y radicales de la provincia de Buenos Aires.
Por lo demás, y de momento, no hay nada que permita suponer que la CGT-U esté dispuesta a sentarse a una mesa tripartita a negociar una política de rentas que abata la inflación y la pobreza. Sucede, además, que tampoco hay indicios de que el Presidente Macri se apreste a abandonar el “ordeno y mando” para abrir el diálogo social.
Así las cosas, es fácil deducir que la mayoría del sindicalismo peronista pretende que Macri se convierta en un administrador (quizá más prolijo y eficiente) del modelo económico kirchnerista. En este escenario, la CGT-U dejaría la resistencia frente a las reformas republicanas en manos de los barones y señores feudales peronistas.
En conclusión: si el actual gobierno se hace cargo de subsidiar a los pobres (función que no cabe confundir con el objetivo “pobreza cero”), permite que los salarios pactados en paritarias oscilen alrededor de la inflación pasada, y mantiene los privilegios de la industria nacional que coloca a los consumidores como sus rehenes, hay que esperar un cierto idilio, no exento de ocasionales riñas, entre los tres grandes actores sociales (Estado, Patronal, Sindicatos).
Un idilio que, por cierto, no alcanzará para sosegar los desafíos que viene planteando el sindicalismo inspirado por la “familia leninista”.
Lo que equivale a decir que, más allá de los enunciados retóricos, el Triunvirato no se propone exigir el cese de la inflación, ni coordinar su acción reivindicativa para incorporar los problemas de los desocupados, de los jubilados, de los excluidos, de los trabajadores en negro o sin convenio colectivo. Quedan también fuera de su óptica centralista y masculina, los problemas del empleo de la mujer y los de los trabajadores de las provincias subdesarrolladas. Un conjunto de omisiones que no importa ninguna novedad.
Existen, no obstante, dos problemas que pudieran complicar aquel idilio imaginario entre Macri y los patrones y los sindicatos “nacional-industrialistas”. La recesión con desempleo y la devaluación del peso.
Fallas de la UCR en el gobierno de Cambiemos
Juan Manuel Casella (Clarín)

La Argentina parece haber alcanzado un consenso básico: la democracia es el sistema en el que casi todos queremos vivir. Pero no nos confundamos. La que tenemos es una democracia electoral imperfecta, de baja calidad institucional y dirigencial, con enclaves corporativos difíciles de desterrar, corrupción endémica y una notable tendencia a la improvisación y al cortoplacismo irresponsable.
Nuestro problema más grave es la desigualdad, la enorme distancia que separa a quienes alcanzaron una calidad de vida razonable, de aquellos otros que ni siquiera acceden a los consumos básicos. En esta situación de encierro y exclusión los que quedan fuera del sistema, los que sienten la pobreza como condena perpetua, no tienen motivo alguno -salvo su propio sentido del bien- para respetar las leyes, la propiedad e incluso la vida de quienes los excluyen.
Podrá decirse que la desigualdad creciente es un rasgo común de las economías occidentales, y que en esa realidad convergen causas ideológicas, políticas y tecnológicas. Pero lo cierto es que nuestra democracia carece de factores de inclusión social que aseguren su extensión universal y continuidad.
Para corregir ese desajuste inmoral y riesgoso, la propuesta es la construcción de una sociedad abierta, equilibrada, en la que vuelva a operar aquel mecanismo que alguna vez se definió como movilidad social ascendente.
Una sociedad abierta sólo podrá construirse a partir de una voluntad colectiva que favorezca el cambio integrador. Recién desde esa coincidencia funcionarán las herramientas conocidas: un Estado organizado, eficiente y moderno, un sistema político integrado por partidos que garanticen la alternancia y el derecho de optar y una dirigencia experimentada, confiable y bien formada. La operatividad real del sistema dependerá del reconocimiento de la realidad social, del papel que juega la economía globalizada y de los efectos que provoca la aceleración constante del cambio científico en el campo productivo y laboral.
La construcción de la sociedad abierta exige la presencia de dos fundamentos básicos: una economía de gran eficacia productiva que habilite la instalación de un sistema de distribución del ingreso promotor del mayor nivel de igualdad posible y un modelo educativo que no se limite a proveer datos, sino que asegure la adaptabilidad al cambio permanente y la capacidad para absorber el nuevo conocimiento.
Estamos lejos de alcanzar ese objetivo, que ni siquiera existe como tal más allá de la retórica discursiva. Porque nuestro estado de ánimo oscila entre la desesperanza frente a la política por su ineficiencia y su corrupción y al mismo tiempo, la proclividad casi cínica a premiar la viveza y la transgresión. Porque sectores muy reconocibles del establishment empresarial siguen pensando que les conviene un Estado bobo, anticuado y corrupto que favorezca los negocios de la patria contratista, cualquiera sea su impacto sobre la economía real. Porque el modelo educativo está en retroceso desde hace más de veinte años, no prepara para la incorporación permanente del nuevo conocimiento y ha dejado que la escuela pública se convierta en un factor adicional de desigualdad.
El gobierno de Macri no termina de definir su rumbo. La propuesta inicial, basada en la gestión y la eficacia, muestra rasgos contradictorios que no terminan de resolverse. Incluye desde éxitos innegables, como la salida del cepo cambiario o los acuerdos con los holdouts, hasta fracasos estruendosos como la política tarifaria, que desmienten la proclamada eficiencia. El Presidente se esfuerza por no aparecer como un neoliberal insensible: saldar la histórica deuda con los jubilados es una decisión positiva. Pero la caída del consumo y la recesión merecen, como mínimo, una justificación más consistente que la invocación de la herencia recibida y la crisis en Brasil, porque a quien hoy no le alcanza el sueldo para pagar las nuevas tarifas y enfrentar la inflación, poco lo consuelan las explicaciones que remiten al pasado, aunque sea cercano y cierto.
La conducción de la UCR tiene bastante que ver con las contradicciones y las vacilaciones del Gobierno. En lugar de corregir, consiente. Es verdad que no existe una mesa conjunta de análisis político ni una agenda útil para prevenir problemas y estudiar soluciones. Los contactos son poco significativos, carentes de profundidad y de influencia en las decisiones finales. Además, sus contenidos no se conocen, porque sus protagonistas no informan. Esa debilidad funcional es imputable a la conducción del PRO, que prefiere pensar al radicalismo como “la vieja política” y pretende aplicar recetas de captación que no sirven porque trabajan sobre la deslealtad, provocan desconfianza y son procedimientos de suma cero.
Pero la responsabilidad imputable a la conducción nacional del radicalismo consiste en tolerar, en un silencio especulativo, esa deficiencia operativa y omitir una tarea esencial: agregar política y visión social progresista a un Poder Ejecutivo integrado en su mayoría por funcionarios provenientes del ámbito privado, entrenados para maximizar la rentabilidad, con poca sensibilidad para percibir el estado de ánimo social y escasa experiencia para administrar, con los menores costos posibles, la relación con una oposición que sabe cómo utilizar su capacidad de presión.
La sociedad abierta se planifica desde el análisis técnico, pero se ejecuta desde la realidad política concreta. El tiempo y el esfuerzo necesarios para construirla serán menos gravosos si logramos convocar y movilizar a la sociedad y utilizamos sus recursos con inteligencia y coherencia.

José Armando Caro Figueroa (Clarín)

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