CONSENSOS PARA UNA GARANTÍA CLAVE

Al organizar las instituciones nacionales, la Constitución argentina no estableció sólo el Ejecutivo, las Cámaras del Congreso y los Tribunales. Desde la reforma de 1994 existe una institución cuyo objeto es reforzar la defensa los derechos y garantías constitucionales: el Defensor del Pueblo. Es unorganismodel Estado independiente, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad y que eleva su voz para alertar frente eventuales violaciones de aquellos derechos y garantías y pone en marcha acciones para la reparación del agravio ocasionado.
Cuando la causa es urgente o persisten las injusticias tiene la legitimación paraacudir alPoder Judicial ydefenderlos derechos colectivos, que son de todos o de muchos.
Su buen funcionamiento es una garantía para los quevivimosen Argentina, sobre todo para los más vulnerables y para las generaciones futuras.
Eso lo saben los pueblos indígenas, los habitantes de la orilla del Riachuelo, los usuarios de servicios públicos, los jubilados, quienes necesitan un tratamiento de salud urgente … Eso deberían saberlo todos los que sufren injusticias. Lamentablementeesta institución hoy no puede ofrecerles a los habitantes esas garantías conla iniciativa, la confianza y la fuerza necesarias. Es el Congreso Nacional el que está en deuda. Desde el año 2013 no ha sido capaz de cubrir su acefalía. Si no hay una pronta resolución de este problema corremos el riesgo de que la Defensoría del Pueblo se deslicehacia unacefalismocrónico, quedando librada a los esfuerzos desus funcionarios de línea, legalmente limitada para ejercer sus facultades e irremediablemente acotada en cuanto sus aportes a la garantía de los derechos.
El Congreso tiene la obligación dehacer de esta situación una oportunidad de afirmar la democracia, de fortalecer las instituciones de la Constitución y crear un espacio para la construcción del futuro a salvo de las estridencias de la coyuntura.
Para designar al Defensor del Pueblo se requieren los votos de las dos terceras partes de los miembros presentes de ambas Cámaras del Congreso. Es una mayoría amplia, pero no imposible de obtener por lo que esta exigencia no debería ser motivo parabloquear la posibilidad de tener un Defensor. Nombrar un Defensor requiereacordar, la oposición no puede pretender ocupar ese espacio sin acuerdo del oficialismo, el Gobierno no puede imponer un nombre incondicional sin exponerse al veto. La Argentina de hoy precisa nombrar un titular de esta institución que sea respaldado por un amplio arco político,y mediante un procedimiento que dé trasparencia a esa designación tal como lo hace con los ministros de la Corte.Las fuerzas parlamentarias tienen la oportunidad y el deber de acordar en la búsqueda de una persona comprometida con los valores democráticos, capaz de ofrecer confianza para facilitar los diálogos necesarios, y de garantizar el acceso a información fidedigna y compartida, indispensable para todo acuerdo responsable.
Si sabemos qué rol se espera que cumpla el nuevo Defensor será más simple encontrar la persona para ocupar el puesto, alguien a quien las fuerzas políticas mayoritarias puedan pedirle que haga un esfuerzo para promover los acuerdos allídonde aún no fue posible alcanzarlos y son más necesarios; alguien a quien la defensa de los derechos y la creación de las condiciones para ampliarlos y sostenerlos le resulte imperioso y urgente; alguien que ensanche el marco del debate garantizando la voz de los sectores excluidos.
Seguridad democrática, combate a la pobreza,protección social, calidad educativa, trabajo decente,unambiente sano son temas donde es necesario ampliar y sostener derechos,mediante acuerdos amplios y duraderosa losque un nuevo Defensor del Pueblo puedecontribuir.
Han pasado más de veinte años desde la reforma de la Constitución. Tiempo suficiente para que seamos capaces de reactualizar los consensos que la hicieron posible, y para hacer efectivas sus promesas.

Ricardo Alfonsín (Clarín)

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