CÓDIGO PENAL: SABER DE QUÉ SE TRATA

Cambiamos … El interrogante es: ¿cambiamos? ¿O cómo dice el remanido dicho gatopardeano: “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”? Hagamos historia reciente: en el 2013 se logra abortar el Código Penal que introducía una serie de ejes abolicionistas que contradecían el pedido de la ciudadanía de mayor seguridad, y tomaba distancia en el derecho comparado con otras legislaciones occidentales. Pese al rechazo, en 2014, las mismas ideas abolicionistas de aquel Código Penal sacado por la puerta son reintroducidas por la ventana con el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que nunca entró en vigencia. En comienzos del 2016, el nuevo gobierno suspendió su aplicación con la promesa de modificarlo a través de las reuniones -abiertas a la ciudadanía- del programa Justicia 2020. El Código Procesal Penal en vías de ser aprobado recoge la orientación abolicionista del Código Penal abortado en 2013. ¿Qué interrogantes suscita? ¿Acaso cualquier legajo o registro policial o judicial es “estigmatizante”, sólo porque incorpore los datos de delincuentes procesados y aún no condenados (las más de las veces porque recurren una y otra vez hasta que prescribe la causa)?
¿Por qué se prohíben los registros de detenciones, excarcelaciones, ADN, etc.? Si la AFIP conoce hasta el número de calzado de los contribuyentes, ¿por qué se eliminan los registros de los delincuentes, medida que tornará imposible toda evaluación de los antecedentes del imputado? En países donde la justicia funciona, hasta los ciudadanos tienen acceso a los registros delincuenciales. ¿Qué resta de la bandera de la transparencia propuesta desde las más altas esferas públicas?
¿Por qué la reforma del Código no prevé la detención y la prisión preventiva ni siquiera para los casos de delincuentes peligrosos? Entre tantas modalidades posibles, aquellos que por sus antecedentes estadísticamente cometerán otros delitos estando en libertad, o que podrán ser declarados reincidentes o que fueron imputados por otros delitos anteriores. En cualquier caso, ¿por qué no se protege la seguridad ciudadana?
¿Por qué por “el principio de oportunidad”, los fiscales podrán decidir que un delito no sea investigado ni sancionado, “disponiendo” de la acción, eufemismo que en la práctica significa “renunciar” a la investigación, esto es, archivar un caso sin pesquisa alguna? ¿Por qué se hace del victimario una víctima, al conceder al fiscal la posibilidad de desistir de la acción “cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del delito un daño físico o moral grave que torna innecesaria la imposición de una pena”? ¿Acaso no es un sinsentido que un fiscal pueda por ley desistir de investigar, porque quien violó la ley se lesionó una pierna cuando huía mientras dejaba un tendal de víctimas? El interrogante adicional es: ¿para qué está el juez entonces? Si los fiscales reemplazan el criterio y la intervención del juez ¿cómo es posible que se invoque la supuesta desproporción de la pena en delitos graves, cuando el “residuo” es una mujer violada o un anciano muerto?
Las sorpresas parecen no tener fin. El artículo 274 da lugar a un equívoco que contraría el sentido común: por un lado, declara que un imputado condenado que no está en prisión preventiva, una vez condenado pasa a estarlo. Mientras que por “condena” la letra de la ley entiende condena en primera instancia, su enunciado dará pie a que los jueces interpreten que se trata de la condena firme. Puesto que según el mismo código, las condenas no serán ejecutables mientras no estén firmes, el condenado en primera instancia cuya condena todavía no haya sido confirmada en segunda instancia, permanecerá en libertad hasta que no se agoten todas las instancias de revisión. Con esta cláusula, se mantienen los problemas de la tristemente célebre “puerta giratoria”. Porque la prisión preventiva no podrá hacerse efectiva hasta que se rechace el recurso extraordinario después de varios años de proceso con el condenado en libertad..
La sentencia de condena dictada ante el recurso interpuesto por el fiscal o el querellante, podrá ser apelada nuevamente por el condenado, con lo cual se crea en la practica una tercera instancia que aún no existía: parece que no alcanza un doble conforme, sino que se impone un “triple” conforme. ¿ De allí que vamos más allá de lo requerido por el Pacto de San José de Costa Rica, y en lugar de acortar los procesos, los prolongamos y agravamos el hacinamiento en las cárceles, cediéndoles a los jueces que liberan por default, una excusa para hacerlo. El nuevo código también faculta a los fiscales a apelar a favor del imputado, pese a que éste cuenta con defensor oficial mientras que la víctima mendiga justicia abandonada a su suerte. No solo esto: tanto el fiscal como el querellante sólo podrán apelar una sentencia de condena si la pena impuesta fuera inferior a la mitad de la pena pretendida.
De allí que nos interrogamos: ¿Dónde queda la igualdad entre las partes, mandato constitucional que, dicho sea de paso, ya es mentiroso porque no hay ninguna igualdad: una vez más, de un lado hay un delincuente y del otro un muerto? El último de los interrogantes: ¿Por qué caso continuar con una matriz gemela a la fracasada, huevo de la serpiente de la la impunidad denunciada por una ciudadanía tan cautiva de la dirigencia y del delito?

Diana Cohen Agrest* (Clarín)

Dra. en Filosofía. Presidente de Usina de Justicia.

*Con la asesoría legal del Dr. César Mayer

 

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