COMENTARIO AL PROYECTO DE LEY QUE REFORMA LA LRT.

Publicado en el “Boletín Diario” de Rubinzal Culzoni el dia 18 de noviembre de 2016.
Se analiza el mensaje y proyecto del PEN donde se propone la modificación de la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias. Se hace mención a inconstitucionalidades y se califica a la ley como una “Convención Constituyente Encubierta” cuando trata aspectos puntuales del llamado “Autoseguro Provincial”. El autor ofrece su propia visión acerca de la actualidad y de la necesidad de una reforma consensuada, que esté fundada en la Constitución Nacional y Convenios Internacionales, así como en el resto de la legislación argentina.

Necesarias aclaraciones previas.
UNO. El tema de “Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”, que en adelante mencionaré como “AET”, escapa a una visión unilateral y uniforme para su tratamiento. Es “multidisciplinario” o “interdisciplinario”, según distintas acepciones de los intervinientes. Ello implica que el análisis, siempre, debe ser efectuado desde esa óptica. En los “AET” intervienen la medicina en todas sus ramas y especialidades, la ergonomía en el diseño de puestos de trabajo no agresivos a la salud de los trabajadores; la sociología que deberá explicar el impacto que provoca en la sociedad la ocurrencia de un AET y la posterior curación e inserción de esa persona discapacitada dentro de la misma sociedad; la economía que determinará “los números” para hacer viable cualquier sistema; el derecho que dará validez, o no, a las normas que regulen la actividad de cada uno de los actores sociales que participarán, obligatoria o subsidiariamente, en todo el desarrollo de las misiones y funciones (empleadores, aseguradoras, Estados nacionales y provinciales y asociaciones gremiales de trabajadores y empleadores, entre otras), y en la regulación general del marco donde se desarrollan y producen los AET, cual es la relación de trabajo propiamente dicha. El Estado, y las personas elegidas por el Pueblo para su conducción temporaria, son las encargadas de organizar y armonizar a todos los actores sociales que confluyen en la que implica la prevención, ocurrencia y resolución de un AET.
DOS. Sentada esta premisa insoslayable, la participación de las personas que manejan temporariamente al Estado es, por ende, necesaria. Y cualquier decisión que tomen debe mantener el equilibrio técnico, económico y jurídico indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema, que deja de ser estrictamente “jurídico” para pasar a ser “social”.
TRES. Cualquier apoyo des-mesurado por parte del Estado, hacia cualquiera de los actores sociales involucrados, impide el funcionamiento de todo el sistema.
Bajo estas tres premisas elementales, haré un análisis no completo del Proyecto de Ley que bajo el “Mensaje del Poder Ejecutivo N° 130”, tuvo entrada en el Senado de la Nación el día 20 de octubre de este año 2016, dando origen al expediente “P.E. 201”.
I. Inconstitucionalidades explícitas.
1. Ignorancia de la existencia de una “Norma Supra Legal”.
1.a En ningún párrafo del “Mensaje” del PEN, ni de los artículos que componen la Ley propiamente dicha y su “Anexo”, se menciona a la Norma Supra Legal 26693 y 26694. Estas NSL aprueban y ratifican el Convenio 155 y el Protocolo de 2002 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores adoptado en Ginebra, Confederación Suiza” (la N° 26693), y el “Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 y R 197 Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006” (la N° 26.694).
Y digo que son “Normas Supra Legales” por cuanto la Constitución Nacional, así lo determina y establece en su artículo 75, inciso 22, que transcribo a continuación: “Corresponde al Congreso: …22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. Y el artículo 31 de la misma: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley Suprema de la Nación…”.
Hans Kelsen, autor de “Teoría pura del Derecho” (1935) aportó al Derecho Universal su teoría acerca de la “pirámide normativa”, que es receptada por la Constitución Nacional, en los artículos mencionados. La diferencia doctrinaria relativa al dictado de una nueva norma que contenga exactamente el mismo texto que la del Convenio aprobado, ha sido ya dejada de lado, estando la doctrina y la jurisprudencia de la CSJN conteste en la in-necesariedad de este dictado por parte del poder legiferante. Esta interpretación de la letra de la CN se encuentra revalidada por la CSJN. Al respecto se puede ver Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros (Fallos 315: 2663); Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A. (Fallos: 332:2043) y “Pinturas y Revestimientos aplicados SA s/ quiebra” (Recurso de Hecho, 26 marzo 2014).
La NSL N° 26.693, preve en su artículo 4, ap. 1 la obligatoriedad de una “consulta” con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. No consta en el Mensaje del PEN ninguna convocatoria a “Consulta” con ninguna de las “organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas” y mucho menos sus opiniones (a favor o en contra). Es de esperar que el Congreso de la Nación cumpla con la Constitución Nacional y convoque esta “Consulta”, sin la cual no podrá “formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo” tal como dice el artículo.
1.b Inexistencia de un “sub sistema de Seguridad Social” en la CN.
Se dice en el segundo párrafo del “Mensaje” que “… con la sanción de la ley N° 24.557 y sus modificatorias se creó un sub sistema de la seguridad social que fue denominado de Riesgos del Trabajo …Quedó así consolidado que el sistema de Riesgos del Trabajo es parte sustancial del sistema de Seguridad Social y por ello comprendido en el concepto y en los alcances del denominado “bien común”.
La “Seguridad Social” como “sistema” o “sub sistema” dentro de la legislación positiva argentina, no existe hasta tanto el Congreso no dicte el “Código de la Seguridad Social” que prevé el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional. Por ello, cualquier “envío” o “justificación” de sanción de una ley basado en un “sistema” o “sub sistema”, son meras opiniones que no tienen andamiaje jurídico positivo alguno. Esto no empece a que los AET son parte de la “Seguridad Social” como menciona el Convenio 102 de OIT, pero que “sean parte” no quiere decir que “integren” algo que no está contemplado en nuestra CN. Y el art. 31 de la CN y el 2 del CCyC son lo suficientemente claros y contundentes al respecto.
No habiéndose dictado el Código mencionado, ninguna ley puede integrar un “sistema” o un “sub sistema” inexistente, siendo inconstitucional cualquier norma que lo pretenda o que se fundamente en esa figura.
1.c Ignorancia de la NSL específicamente en el articulado del Proyecto.
El artículo 2 del Proyecto del PEN, al referirse a los “recursos” que pueden oponer el trabajador o la ART a la inconstitucionalmente declarada “instancia obligatoria de las Comisiones Médicas”, menciona: “Para todos los supuestos, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 26.773”. Dicho artículo dice: “Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del Decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro”.
Se ignora por parte de los firmantes, la existencia y el contenido de la NSL N° 26.693 a la que hice mención anteriormente.
El artículo 3 inciso c) del “Convenio 155” (o de la NSL) define “lugar de trabajo”; y el e) el término “salud”. A su vez, el “Protocolo del año 2002”, en su artículo 1 inciso a) define al “accidente de trabajo”; en el b) define la “enfermedad profesional” y en el d) el “accidente de trayecto”. Ninguna de estas definiciones concuerdan con las que se mencionan en las leyes 24.557, DNU 1278/2000 y ley 26.773, asi como en las reglamentaciones que se han dado a través del PEN y de la SRT desde la promulgación de las NSL. Estas definiciones han quedado derogadas en el mismo momento en que entró en vigor la NSL, aunque lamentablemente seguimos leyendo sentencias y artículos doctrinarios que nos hablan del “accidente in itinere” o de la inconstitucionalidad del artículo 6 de la LRT.
Es por ello que, con la conjunción de las definiciones de “lugar de trabajo” y “enfermedad profesional” vigentes, queda desactualizado el sistema de “Listado de Enfermedades Profesionales” y el Anexo I del Decreto 659/96, habiéndose abierto el listado. Asimismo, al plantearse en sede judicial, es altamente probable que cualquier tribunal declare inconstitucional el artículo 3 de la ley 26.773 y se deba cambiar la doctrina de la CSJN del fallo “Espósito”, al considerarse que el “trayecto” se encuentra “en relación [directa] con el trabajo”.
II. Convención Constituyente encubierta.
Centraré mi atención en los artículos del Proyecto de Ley que implican un cambio en el sistema federal de gobierno de la República Argentina, mediante una simple ley emanada del Congreso Nacional y sin necesidad alguna de convocar a una Reforma Constitucional.
Los artículos en cuestión son los siguientes:
1: al determinar el domicilio del lugar donde se llevará a cabo un juicio ante los Tribunales Provinciales, lo que se encuentra determinado en los Códigos de Procedimientos Provinciales y de la CABA.
2: al fijar competencias judiciales propia de los Códigos de Procedimientos provinciales y de la CABA; la obligatoriedad del domicilio de los trabajadores donde se llevará a cabo el proceso; la gratuidad de los trámites; la obligación impuesta a los “Cuerpos Médicos Forenses” de cada Provincia a realizar las pericias que correspondieren; la manera de fijar honorarios profesionales a los restantes médicos intervinientes y la prohibición de celebración de forma de pago de los honorarios de los abogados.
4: al imponer “la delegación expresa a la jurisdicción federal de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 del presente y en el apartado 1 del artículo 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación por parte de los estados provinciales adherentes, a la de la normativa local que resulte necesaria”.
5, 6, 7, 8 y 9: al crear el “Autoseguro Público Provincial” invade las “Facultades de las Provincias”, las que solamente se pueden delegar por medio de la Constitución Nacional.
Al respecto el artículo 121 es lo suficientemente claro y contundente: “Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación” (lo remarcado en negrita no se encuentra en el texto original de la Constitución Nacional).
La aprobación de los textos que componen el “Título II” del Proyecto de ley, implicaría, por parte de los legisladores nacionales que lo voten afirmativamente, del Poder Ejecutivo que sancione la ley, de los legisladores de las provincias voten afirmativamente “adherirse” a la ley y de los Gobernadores que sancionen las respectivas leyes en cada una de las Provincias y de la CABA, un acto supremo de violación a la Constitución Nacional digno no ya de figurar en la “legislación positiva y vigente”, sino en los anales mundiales de leyes que se transforman en “Convenciones Constituyentes”.
Podemos señalar en esta intención del Poder Ejecutivo Nacional de transformar una ley del Congreso Nacional en “Convención Constituyente”, que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación fijará a las Provincias y a la CABA, “la existencia de una estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de las prestaciones en especie de la ley 24.557” (cfr. art. 5, segundo párrafo). También les determinará la confección de un “plan de acción específico para cada dependencia o establecimiento con riesgo crítico” (idem párrafo cuarto).
Y obligará a implementar estructuras uniformes en los “Presupuestos” de cada Provincia para administrar las prestaciones “mediante un régimen de gestión económica y financiera separado al que corresponda a la contabilidad general provincial” (cfr. art. 5 tercer párrafo).
No siendo suficiente la “invasión” a facultades de las Provincias que no han sido delegadas y que se conservan en virtud del artículo 121 ya mencionado y el 5 de la Constitución Nacional (“Cada Provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su Administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno Federal, garante a cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”) la aprobación del Proyecto de Ley como se encuentra, implicaría que también les direcciona el “régimen municipal” cuando dice: “El autoseguro público de cada Provincia podrá admitir la incorporación de sus municipios los que pasarán a integrar el Autoseguro Público Provincial de la respectiva provincia” (cfr. Artículo 5, último párrafo).
El artículo 6 del Proyecto del Poder Ejecutivo, es complicado de definir jurídicamente, sin caer en la chabacanería lingüística, pero sencillamente se puede decir que es un menosprecio a las Provincias que componen el país. Ya no se las llama “Provincias” sino “empleadores” y los (o “las” ????) obliga a subordinarse a las instrucciones de la SRT (recordemos: la subordinación no es, siquiera, al Ministerio de Trabajo de la Nación, sino a un órgano administrativo burocrático que es financiado por las ART, de acuerdo al artículo 37 de la Ley 24.557, texto según ley N° 24.938). Este “menosprecio” se completa con los artículos 7 y 8 del Proyecto, al determinar que las Provincias pueden ser sancionados de acuerdo al Código Penal y que serán “supervisados y fiscalizados” no ya por sus propios organismos constitucionales vigentes, sino por simples funcionarios de la SRT.
Proposiciones engañosas en el Mensaje del PEN.
Los “Mensajes” con los que el PEN acompaña sus proyectos de leyes, contienen, o deberían contener, los fundamentos sobre los que se apoyan sus peticiones al Congreso de la Nación. Es natural, dentro de los mecanismos democráticos, que los PEN remitan los proyectos de leyes, con “Mensajes” donde se contemple su propia visión, política, social y económica, acerca del tema que propone tratar al Congreso. Es por ello necesario y fundamental que esta visión se exprese sinceramente, de manera de que el resto de la población sepa, a ciencia cierta, cual es la doctrina política, social y económica que moviliza al grupo político gobernante.
Lamentablemente el “Mensaje N° 130” con el que el PEN acompaña su “Proyecto de reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo”, es engañoso, porque no expresa ni siquiera en forma medianamente clara, su posición política y social frente a lo que se reconoce como “situaciones inequitativas” que se han provocado, y que “las reformas normativas dictadas hasta la fecha no han sido suficientes pues no han logrado otorgar a ese cuerpo legal el estándar para que resulte jurídica, constitucional y operativamente sostenible” (párrafos siete y ocho del Mensaje).
El reconocimiento expreso del PEN del fracaso de todo el “sistema” que se pretendió imponer lo leemos claramente en los siguientes párrafos del Mensaje:
“La situación descripta ha generalizado el concepto de que la reparación de los infortunios laborales se enmarca en una relación obligacional de derecho privado entre el trabajador siniestrado, su empleador y su Aseguradora de Riesgos de Trabajo, provocándose así una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, para asegurar reparaciones suficientes. Tal afectación se ha agravado al punto que en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales” (párrafos once y doce del Mensaje).
Analizaré la realidad, las proposiciones del PEN para la solución y el contenido del “Mensaje” a fines de que “si lo hacemos, lo hacemos bien” (Alberto Olmedo dixit).
Lo que presenta el PEN en el Mensaje es, literalmente, el fin de la Ley de Riesgos del Trabajo tal como se encuentra.
Y no se puede colegir algo distinto si el Poder Ejecutivo de la Nación, considera que existen “situaciones inequitativas” (que no detalla ni analiza) y que el “sistema” luego de veinte años de existencia no resulta jurídica, constitucional y operativamente sostenible.
Sin embargo, sobre esas realidades de la legislación y de lo que se define como “sistema”, se pretende solucionarlo exactamente ratificando y pretendiendo “perfeccionar” como se dictó originariamente la norma, sin considerar mínimamente que sus artículos que eran la “base de sustentación” de todo el “sistema” fueron declarados contrarios a la Constitución Nacional por la inmensa mayoría de los Tribunales de todo el país, luego de las interpretaciones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Interpretaciones que, hay que destacar especialmente, contienen doctrina nacional e internacional y fallos de Tribunales Internacionales con sustentación en Tratados Internacionales y la propia Constitución Nacional, que no han sido denunciados ni modificada.
Es cierto que el “sistema” impuesto por la ley 24.557, el DNU 1278/2000 y la ley 26773, sus reglamentaciones efectuadas por decretos del PEN y resoluciones de la SRT, es un “cadáver jurídico”. Por ello, es correcta la apreciación del PEN de acompañar al cadáver al cementerio de leyes aplicables. Pero la responsabilidad del reconocido fallecimiento del “sistema” no la tienen los trabajadores que inician procesos judiciales reclamando sus derechos, ni los abogados que patrocinamos a esos trabajadores. Estas acciones que el PEN considera (erróneamente) como emergentes de “una relación obligacional de derecho privado entre el trabajador siniestrado, su empleador y su Aseguradora de Riesgos de Trabajo” (que la CSJN así lo ha declarado) no ha provocado “una proliferación de litigios individuales”, pero si han sido para “asegurar reparaciones suficientes”. Lo que no es cierto, objetivamente, es que “la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales”.
Los procesos judiciales son la consecuencia del sistema y no las causas de su fracaso.
La responsabilidad del “fallecimiento legislativo” del “sistema” de Riesgos del Trabajo, hay que buscarlo en el accionar conjunto de todos (o casi todos) los “actores sociales” involucrados: el Estado; la SRT; las ART y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. El tiempo incorporó un nuevo “actor social”: algunas de las empresas de medicina pre paga del país, se transformaron en ART.
Imaginemos por un momento un “dia de trabajo” de un trabajador cualquiera de apellido Gomes: se levanta, desayuna, sale de su casa, toma el colectivo que lo deja cerca de la fábrica, ficha su ingreso al establecimiento, toma su lugar de trabajo, el jefe le ordena que cambie de máquina porque no vino González, tiene un accidente de trabajo, es llevado en una ambulancia a un sanatorio, lo anestesian e intervienen quirúrgicamente, guarda reposo por 35 dias, cobra del empleador su salario, lo citan de la “Junta Médica”, le determinan un porcentual de incapacidad, lo cobra y al día 50, vuelve a levantarse para ir a trabajar……
De todas estas acciones que ejecutó Gomes: cuales las decidió él??? Solamente levantarse de la cama, desayunar y hacerle seña al colectivo para que pare. Todo el resto, lo decidió otro por él. Y dentro de estas decisiones a las cuales no aportó nada, se encuentran las condiciones y medio ambiente de trabajo, la elección de su jefe, el traslado de una máquina a otra, el hecho que provocó el accidente, la ART que contrató el empleador, la ambulancia, el sanatorio y todo el conjunto de las “prestaciones en especie” que contrató la ART y la composición de la “Junta Médica” (en realidad Comisiones Médicas) que le determinó sobre “algo” una determinada “incapacidad laboral”.
Eventualmente, muy eventualmente, va a ser uno de los ocultados números de los trabajadores que iniciará un juicio contra uno de los “actores sociales” involucrados y seguramente responsable del accidente que le ocasionó incapacidad.
Y reafirmo lo de “eventualmente” y lo de “ocultados números”, porque la tan mentada “litigiosidad” del sistema, nunca fue explícitamente informada por la SRT, ni por el Ministerio de Trabajo de la Nación, ni por la UART. Tampoco nunca se dio a conocer, de toda esa “litigiosidad” cuantos juicios fueron ganados por los trabajadores y cuantos por la ART o los empleadores. Ni de que origen eran los procesos judiciales: si provenían de un accidente de trabajo en el lugar de trabajo o de un “accidente de trayecto”; si eran reclamos de la “indemnización tarifada” o de la “reparación integral” y si eran de enfermedades que se encontraban en el listado o no, y en su caso, si eran anteriores o posteriores a la promulgación de las NSL que hemos mencionado o si se reclamaba una incapacidad mayor a la determinada por las Comisiones Médicas.
La SRT, la UART, ceos de las ART, la UIA, presidentes de la Nación, ex candidatos a Presidente de la Nación, funcionarios pasados y actuales pronuncian “litigiosidad” abarcando en ella nadie sabe que conceptos la definen ni que acciones la integran.
Y solo por hacer preguntas del tema: ¿Cuándo una ley es considerada “litigiosa” dentro de un determinado sistema comercial, industrial o simplemente social?; los juicios derivados de accidentes de tránsito: implican que la ley de seguros o la ley nacional de tránsito son litigiosas?; los juicios de “mala praxis” médica: ¿implican que la ley de Derechos del Paciente es considerada como “litigiosa”?; los juicios originados en la Ley de Defensa del Consumidor: ¿implica que la ley es “litigiosa?. ¿Cuántos juicios debe haber por llevar a la justicia fundados en una determinada ley para que se considere “litigiosa”? y lo que es muy importante: ¿sobre que parámetros se compara?. En el caso de la litigiosidad derivada de accidentes de tránsito: ¿sobre que parámetro elaboramos la de la litigiosidad: juicios contra cantidad de pólizas emitidas? O juicios contra accidentes denunciados? O juicios contra accidentes con daños materiales? O juicios contra accidentes con daños personales? O juicios contra uno cualquiera de ellos rechazados por las aseguradoras?.
Nunca la SRT, organismo que debería tener estos datos de acuerdo a la Instrucción SRT N° 4 del año 2010, dio a conocer públicamente los mismos. Y si no los tiene porque las ART no los enviaron, deberían haberse sancionado, aún cuando la Disposición no contiene sanción específica alguna.
Y lo que es social y jurídicamente inaceptado, es que se culpe a Gomes, nuestro trabajador accidentado, de las decisiones que nunca pudo tomar y que le han ocasionado una “incapacidad” solamente porque decidió “ir a trabajar”.
Y para que no queden dudas:
Constitución de la Nación Argentina; artículo 19: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Código Civil y Comercial de la República Argentina: LIBRO TERCERO; DERECHOS PERSONALES; TITULO I; Obligaciones en general; CAPITULO 1; Disposiciones generales; ARTÍCULO 724.- Definición. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés.
Con la aprobación del Proyecto de Ley enviado por el PEN, se lo hace responsable de todos los males, al único “actor social” que no tiene obligación alguna mas que “ir a trabajar”, vallándosele (inconstitucionalmente) el acceso a la Justicia; castigando a su representante legal a trabajar sin cobrar; nombrando auxiliares de la justicia que tienen otra formación médica y otras tareas asignadas por quien las tiene que asignar, para que determinen una “incapacidad” sobre parámetros inconstitucionales y sobre enfermedades que se encuentran vigentes legalmente, pero que no están incluidas en un determinado “listado”.
Si se pretende modificar una ley, volviendo al pasado ya suficientemente arguido de in-constitucional por los Tribunales de todo el país, estamos haciendo realidad lo expresado por Albert Einstein: “Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.
Mi visión.
Es necesario contar con una nueva legislación que regule todo lo relacionado con los AET, por cuanto todo lo actual ha sido declarado inservible por el PEN por motivos que no compartimos.
A lo largo de la legislación de AET en Argentina, hemos tenido “operadores” que cubrían solo las “incapacidades”, las “incapacidades y los salarios” y la “atención médica, los salarios y las incapacidades”.
Nunca, en ninguna ley, se prohibió que una, varias o todas esas “prestaciones” sean cubiertas por una “Mutual”, ya sea patronal, sindical o mixta. Nunca la hubo.
Si se define lo que se considera “litigiosidad”, y se demuestra con números ciertos y fiables, que de acuerdo a la ciencia estadística internacional son correctos, el único “actor social” que no es responsable de esa “litigiosidad” es el trabajador.
Cercenar derechos e impedir, de cualquier forma, el acceso a la Justicia del que ha sufrido un daño en su persona, siendo que es el único no responsable, es atentar contra la Constitución Nacional, los Pactos y Convenios Internacionales reconocidos por la misma y, peligrosamente para los antecedentes de cordura institucional, repetir las soluciones que llevaron al colapso expresado por el PEN en el “Mensaje N° 130”.
La legislación vigente hace responsable de la prevención, y por ende, del acaecimiento del accidente y posterior incapacidad, al empleador y a la ART. La CSJN, en el fallo “Torrillo” declaró que esta responsabilidad es “solidaria”.
Si los “actores sociales” que intervienen en un AET son varios, y el trabajador no es responsable del acaecimiento del accidente o de la contaminación que le ocasionó la enfermedad en el lugar de trabajo, se debe determinar quien es el responsable de los daños, y en la necesaria nueva legislación identificarlo exactamente.
Existe innumerable bibliografía nacional e internacional acerca de las medidas que se deben tomar para prevenir AET y todo lo que se deriva del acaecimiento de ellos. En ninguna de las que he tomado conocimiento, se mencionan las que se pretende implementar por medio del Proyecto de Ley que emana del PEN y que se conoce con el “Mensaje N° 130” de este año 2016.
Y la única forma de evitar “litigiosidad” e invasión a las Provincias como se pretende en el Proyecto de Ley, es implementar la prevención, hacerla cumplir y castigar al “operador” que se determine como responsable.

Eduardo Luis Mezio (Abogado especialista en derecho laboral y accidentes de trabajo)

Ex  Subsecretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe

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