MITOS Y VERDADES DE LA ELECTRÓNICA FUEGUINA

El gobierno de Macri quiere reconvertir un polo cuya promoción impositiva vence en 2023. Una investigación sobre la discusión por los precios, la integración de piezas nacionales, la calidad de los productos, el costo fiscal y el empleo en Tierra del Fuego.
La planta más grande de la electrónica fueguina se llama CM porque quien la fundó, el ingeniero Pablo Taraciuk, dueño de la desaparecida Aurora Grundig, consideraba que aquel galpón de ahora 20 mil metros cuadrados en Ushuaia estaba en el “culo del mundo”. Quizá parte de uno de los problemas de costos de la industria de Tierra del Fuego, aunque solo una parte, radique en el hecho que esté tan lejos. Ahora el gobierno de Mauricio Macri quiere que bajen los precios de los celulares, los televisores y los equipos de aire acondicionado y le ha puesto fecha de sentencia de muerte, marzo de 2017, a la producción nacional de notebooks -cuyo 20% se arma en la isla y 80% en Buenos Aires- para permitir que ingresen las importadas más baratas. Lo que no está claro es el futuro del polo electrónico fueguino, cuyo subrégimen de promoción vence en solo siete años.
“Estamos en proceso de transformación de la producción de sectores menos dinámicos a otros más dinámicos”, explica a este medio el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, en la sede en Washington de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. “Con las computadoras tomamos una decisión que mejora a toda la economía y estamos trabajando con los trabajadores afectados”, agrega, sin dar mayores precisiones.
En la planta CM mientras tanto cientos de operarios, la mayoría varones, siguen ensamblando televisores Noblex y Sanyo; y, al fondo, en un salón de techos más bajos y flanqueado por puertas con sistema de presurización, decenas de mujeres y algunos hombres repiten movimientos -los de los atornilladores automáticos remiten a la película Tiempos modernos de Charles Chaplin- para armar celulares LG, Panasonic o Sony. Son algunos de los 2.400 empleados de Newsan en Ushuaia, 1.000 menos de los que eran en el pico productivo de 2013, pero quizás más de los que queden a futuro. La CM ya conoce de crisis: en 1997, tras la apertura económica del gobierno de Carlos Menem, cerró con la quiebra de Aurora Grundig y reabrió en 2011, dos años después del llamado impuestazo tecnológico que el kirchnerismo promovió contra la competencia importada.
Sería prudente que la Argentina comience a debatir con urgencia qué hará con Tierra del Fuego.
Que la electrónica fueguina es cara, que no exporta ni a Uruguay, que lo único nacional es el tergopol del envase, que es de mala calidad, que son solo 10.000 empleos. Son algunas de las críticas que se escuchan desde hace años y también por estos días contra este régimen de promoción que nació en 1972 para poblar un territorio que entonces estaba más habitado por chilenos que por argentinos, cuando había riesgos de guerra y conflictos limítrofes. El mismo régimen que entró en crisis en los ’90, fue impulsado como nunca antes por el kirchnerismo y ahora está en revisión. El régimen de promoción fueguina fue establecido por ley, pero el subrégimen industrial está a golpe de decreto. Hace dos años, después de una fuerte discusión interna, el Congreso de Brasil prorrogó de 2023 a 2073 su propio régimen industrial en Manaos, pleno Amazonas. Quizás sea más que prudente que la Argentina comience a debatir también con urgencia qué hará con Tierra del Fuego, si mantendrá la promoción, si la reformará o si la deshará, porque la indefinición parece ser el peor camino para las decisiones de inversión y empleo. Analicemos aquí sus verdades y mitos.
* La electrónica argentina es cara. VERDADERO. Uno de los economistas más críticos con el régimen, el consultor Federico Muñoz, advierte que los productos cuestan por lo menos el doble que en el extranjero. El presidente de la Asociación de Fabricantes de Terminales Electrónicas (Afarte, que nuclea a las fueguinas), Federico Hellemeyer, admite que los celulares cuestan el doble que en los Estados Unidos, aunque aclara que la brecha es menor respecto de Chile, una economía abierta y sin desarrollo industrial; y Brasil, con su producción propia y protegida dentro del Mercosur. El CEO de Newsan, Luis Galli, admite que el año último, en tiempos del cepo cambiario y cerrazón a ultranza de la economía, los teléfonos estaban 50% más caros que en Brasil, pero destaca que la diferencia se acotó a 25% o 30 por ciento. “¿Puede seguir bajando? Nosotros decimos que sí”, dice Galli y se defiende: “La electrónica no es la excepción en la Argentina, es tan cara como la nafta, la ropa, los alimentos”.
Afarte contrató a la consultora Abeceb, que dirige el ex secretario de Industria de la Nación Dante Sica, para que analizara el sector desde una mirada externa. Abeceb calculó que así se compone el precio final de un producto electrónico fueguino:
• 33% son los insumos importados. Los proveedores sobrecargan entre 5% y 15% el valor por el riesgo argentino, que era aún mayor en tiempos del cepo.
• 19% son los gastos, los impuestos y la renta del comercio minorista. Esta última representa el 3% de lo que paga el consumidor.
• 11% es el costo de financiación. El precio final se infla porque la mayoría de los artículos se venden en 12 cuotas sin interés en un país con una inflación del 44,9%, según el IPC Congreso de octubre último, y la ley de tarjetas de créditos prohíbe rebajas a los que pagan en efectivo.
• 7% son los gastos de administración y comercialización.
• 6% son los impuestos internos. El llamado “impuestazo tecnológico” diferenció a los productos fueguinos, con un 6%, frente al 17% de los de continente y el extranjero. Además está la tasa provincial de verificación de procesos productivos, que se cobra para controlar que los aparatos realmente sean ensamblados y, en algunos casos, con partes nacionales.
• el 6% es el IVA. El impuestazo también generalizó la alícuota del 21% a todos los productos sin discriminar el origen, pero la industria fueguina lo cobra y se lo embolsa porque está exenta.
• el 6% son los salarios. El ministro de Industria fueguino, Ramiro Caballero, cuenta que el ausentismo alcanza el 15%, frente al 4% de Manaos, en Brasil. Los salarios de los operarios de la electrónica fueguina son 205% superiores a los de otras provincias, pero el costo de la canasta básica total es 160% mayor, según Abeceb. Es decir, su poder de compra no es el triple sino solo un cuarto más y si no existiese esa diferencia la mayoría no se mudaría a vivir a Río Grande, ciudad fría, ventosa, plana y sin atractivo turístico en la que se concentran tres cuartos de la producción electrónica provincial. “Los sueldos son altos, pero hay que conseguir que la gente venga acá… A nosotros nos cuesta mucho convencer a los que trabajan en nuestro centro de desarrollo de software en Chacarita”, cuenta Rubén Bertossi, gerente de la planta de la autopartista de electrónica Famar.
• el 4% es la logística. El transporte marítimo de componentes desde Asia y otros rincones del mundo hasta Buenos Aires cuesta la mitad que el traslado en camiones desde la capital hasta Tierra del Fuego, pese a que la distancia es siete veces mayor, según Galli. Casi todos los componentes llegan al puerto de Buenos Aires y luego van en camión, con custodia, a lo largo de 2.893 kilómetros de ruta hasta Río Grande o 3.113 hasta Ushuaia. La travesía dura entre cinco y siete días e incluye el paso a Chile, con trámites de Aduana y Migraciones mediante, cruce en ferry del estrecho de Magallanes, después 135 kilómetros de ripio por el lado chileno de la isla de Tierra del Fuego y otra vez ingreso en la Argentina, con su papeleo correspondiente. Una vez que se arma el producto, los camiones vuelven a andar el mismo recorrido. Abeceb calcula que el costo logístico se reduciría en un 30% si se construyese un puerto en Río Grande. En cambio, hay dificultades geográficas para ampliar el de Ushuaia, que además está a cuatro horas de camión de Río Grande, por camino de montaña y hielo.
Entre el 73 y el 82% del negocio está en manos de un “puñado de compañías”
• el 4% es la renta de la electrónica fueguina. No cualquiera puede instalarse en la isla y recibir la promoción industrial. El régimen de ingreso se abrió solo al comienzo y en tiempos del kirchnerismo, entre 2003 y 2005, y entre 2010 y 2011. El experto en desarrollo industrial Martín Schorr investigó el asunto y concluyó que entre el 73% y el 82% del negocio está en manos de un “puñado de compañías”: Brightstar, de la japonesa Softbank; BGH, cuyo 82% es de las familias Hojman y Teubal y el 18%, de un fondo de inversión de Goldman Sachs; Newsan, cuyo 89% domina Rubén Cherñajovski y el 9% es de la japonesa Sanyo; Mirgor, que fundaron Mauricio Macri y su amigo Nicolás Caputo, quien la controla desde que en 1994 el ahora presidente vendió su parte, mientras el 21% es de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses); las cadenas de comercio de electrodomésticos Garbarino y Frávega, pertenecientes a las familias homónimas; y la holandesa Philips. En Tierra del Fuego hay 60 empresas industriales y en el régimen abierto de Manaos, 600, incluidas las grandes marcas internacionales de electrónica, que allí sí se radicaron en masa por la escala del mercado brasileño. “Al estar cómodos sin competencia importada hasta 2015, las empresas no innovaban en precio, pero hay que ver si los que más ganaron fueron ellas o la cadena comercial”, señala el ministro Caballero.
• el 3% son otros gastos en Tierra del Fuego.
• y el 1% son los escasos insumos nacionales.
* La fueguina es la industria del telgopor. FALSO. Existe un mito de que los productos llegan ya terminados y se les agrega el telgopor, pero este es importado, cuenta el gerente de CM, Pierre Iribarren, mientras camina a la par de la parte de la línea de montaje de televisores, que termina cuando se los mete en las cajas de embalaje hechas en Buenos Aires o Bahía Blanca. En las plantas de Ushuaia y Río Grande se ve cómo las partes llegan desarmadas: las plaquetas verdes, los microprocesadores o chips, los plásticos y la pantalla, partes básicas de un aparato electrónico junto con el software. Solo los celulares vienen con los chips ya insertados en las placas. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había negociado que a partir de 2017 se armaran las plaquetas en Tierra del Fuego, pero el de Macri ha pospuesto esa decisión para abaratar costos. Cuanto más producción local, más caro el precio final, coinciden los fabricantes. Incluso Abeceb calcula que hay piezas nacionales que cuestan 400% más que las importadas. El economista Muñoz califica el régimen de “absurdo” por la “escasa exigencia de integración local que convierte a sus plantas en meras ensambladoras de piezas importadas”. El secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, ha sentenciado: “Hay empresas de ensamblado que tendrán que reconvertirse”. Javier Rando, ex secretario de Industria del gobierno de Fernández de Kirchner, opina que la maquila es el primer paso para una mayor integración de partes nacionales. El director del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de Tierra del Fuego, Francisco Gatto, está a favor de que poco a poco y sin perder empleo la electrónica migre de los productos masivos a aplicaciones de salud, telecomunicaciones, semáforos, materiales de la construcción, sensores, automóviles, maquinaria agrícola e Internet de las cosas (conexión digital de los electrodomésticos y otros objetos cotidianos), pero destaca que “en el ensamblado hay mucho trabajo ingenieril, juntar piezas no es poca cosa, hay un know how instalado”.
Para que el producto sea argentino se exige un mayor ensamblado que en Asia o en México.
Para que el producto sea considerado argentino según la normativa local, debe hacerse una mayor tarea de ensamblado de la que se exige en Asia o México, coincide Gatto con dos altos ejecutivos de una marca internacional y el director de Planeamiento de Mirgor, Fabio Rozenblum. Existe una leyenda que dice que los aparatos se desarman en Asia para enviarlos a Tierra del Fuego, pero la niegan altos ejecutivos de una compañía de ese origen que piden no ser identificados. En la mayoría de los productos, como televisores, computadoras, celulares, decodificadores, monitores, cámaras de fotos, microondas, filmadoras y reproductores de DVD, las únicas partes nacionales son el manual y la caja. Los televisores ensamblados por Newsan en Ushuaia también contienen software nacional y algunos de los fabricados por otros competidores en Río Grande, como plásticos locales, según Iribarren. De hecho, en esta ciudad producen dos fábricas de plástico: Vaplast y Vinisa.
En 2012, el Gobierno kirchnerista impuso exigencias de mayor cantidad de componentes nacionales en los equipos de audio y aire acondicionado. En audio, son argentinos el 89% de los cables, el 86% de los tornillos y el 82% de los bafles, según datos de 2016 del Ministerio de Industria provincial. Al menos una de las placas es nacional, mientras que ninguno lleva altavoces hechos en el país. En el caso de los aires, son nacionales el 33% de los controles remotos, el 36% de los motores, el 38% de las plaquetas, el 51% de las gomas, el 85% de los tornillos y el 87% de los cables. Los aparatos de Newsan sumaron derivadores y ventiladores argentinos y los de BGH tienen software nacional, informaron ambas empresas. “La producción de aire incorporó motores del continente, pero hay un alto índice de recall porque son irregulares en la calidad”, lamenta Hellemeyer. Entre los proveedores de piezas del territorio continental, un empresario directivo de la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), que pide el anonimato, reconoce: “Dejamos de putear contra el régimen porque, después de durísimas negociaciones, logramos a los tumbos que nos aceptaran”. Schorr advierte que en el boom de la electrónica fueguina, entre 2005 y 2013, las empresas incorporaron piezas importadas en lugar de las nacionales y relevó la existencia de una “masa crítica” de insumos y maquinarias vinculados con el sector que el continente exporta al mundo y que podría también enviar a Tierra del Fuego.
“Necesitamos un régimen abierto a nuevas empresas y productos”, reclama el exsecretario García. “Sería bueno que abrieran el régimen a más empresas y a más productos. Yo, por ejemplo, no puedo hacer aire acondicionado”, se queja un empresario con inversiones en la isla. Mientras tanto, hay empresas que cuentan con proyectos de producción aprobados pero no instrumentados y que esperan al mejor postor para vendérselos.
* La industria fueguina es de mala calidad. FALSO. Las telefónicas han liderado la oposición al régimen fueguino, pero altos ejecutivos de dos de ellas que exigen no ser mencionados con su nombre admiten que la calidad de los celulares del Sur es igual que la de los importados. Lo mismo opinan en una de las marcas internacionales de teléfonos y otros productos electrónicos. Por ejemplo, en las fábricas de Newsan en Ushuaia se los ve a los empleados de Samsung y LG, surcoreanos que se radican por dos años, y a los de las japonesas Sony y Panasonic que controlan la producción de sus aparatos. Las medidas de control son extremas en la planta que Mirgor inauguró en 2015 para ensamblar radios Pioneer para las Toyota Hylux y SW4, que a su vez se exportan a ocho países latinoamericanos. Sólo se puede ingresar con zapatos especiales, cofia, barbijo y delantal, y después de circular por un corredor con ducha de aire para limpiar la ropa, corriente de aire ionizada para evitar descargas eléctricas, alfombra de vacío para aspirar partículas de los zapatos y molinetes que miden la carga estática de la persona. Porque Río Grande es una ciudad de viento, tierra y barro y nada de eso se debe colar en la fábrica porque provocaría cortocircuitos.
La calidad de los celulares del Sur es igual que la de los importados.
En una de las telefónicas también niegan que los modelos lleguen con retraso a la Argentina: “No hay atraso tecnológico. Es verdad que no llega toda la variedad, faltan modelos de alta gama, como iPhone y el Samsung Galaxy Note 7, el que explota, pero el S7 llegó rápido”. El S7 demoró tres meses entre su aparición en los Estados Unidos y Corea del Sur y su llegada a la Argentina y otros mercados. Altos ejecutivos de una marca internacional consideran normal que los lanzamientos de productos no se hagan al mismo tiempo en todo el mundo y que en países menos desarrollados la variedad sea menor, independientemente de la existencia o no de producción local.
La electrónica fueguina no exporta a nadie. ENGAÑOSO. Es cierto que los productos de consumo masivo sólo se destinan a la Argentina. “No veo posible exportar, siempre seremos mercado internistas”, reconoce el CEO de BGH, Gustavo Castelli. En una marca internacional explican que la razón radica en los costos: “Cuando vende en el mercado interno, el productor se queda con el 21% del IVA, pero la exportación no tiene IVA y entonces no se embolsa esa plata”.
Pero la electrónica fueguina también incluye autopartes que sí se exportan directamente o dentro de vehículos que se envían a otros países. Como ejemplo están los aires acondicionados de Mirgor, presentes en la mitad de los autos hechos en la Argentina, según cuenta el gerente de operaciones de la compañía en Río Grande, Luis Iglesias; o los radios, llaves, módulos de control e inmovilizadores de Famar, que exporta el 80% de su producción y cuenta como clientes a Fiat, Volvo, Renault, Daimler, General Motors o Volkswagen, describe su dueño, Hugo Pascarelli.
El régimen de promoción equivale a dos quintas partes de todas las exenciones tributarias de la Argentina.
* La electrónica fueguina le cuesta mucho al Estado. VERDADERO, PERO. El régimen de promoción de Tierra del Fuego equivale al 0,37% del Producto Bruto Interno (PBI) (o $35.953 millones), es el más grande del país y equivale a dos quintas partes de todas las exenciones tributarias que otorga la Argentina, según el Proyecto de Presupuesto 2017. Eso incluye la eximición del pago del IVA y el impuesto a las Ganancias para todas las actividades de la isla, no sólo industriales. Además, las manufactureras que elaboran procesos de montaje están libres de aranceles a la importación y las electrónicas abonan menos impuestos internos. Por lo tanto, lo que la industria de los chips en realidad dejará de pagar de impuestos en 2017 equivale a $24.500 millones, es decir el 0,25% del PBI, según Hellemeyer. “Si la industria no existiese, dejaría de pagar cargas sociales por $5.000 millones y no recaudarías nada adicional”, argumenta a partir del supuesto de que se eliminen aranceles, como ocurrirá con las computadoras, o se importen productos de países a los que la Argentina no le impone estas tarifas, como Brasil y México.
Sólo uno de cada cuatro pesos que resigna el Estado va a parar a los bolsillos de los empleados de la industria fueguina. Por eso Muñoz y el vicepresidente del Banco Nación, Enrique Szewach, proponen que el Estado les mantenga el sueldo por un tiempo, pero se cierre la industria. Hellemeyer les responde que “ahora el Estado deja de recaudar por la industria fueguina, pero si le da un subsidio a cada despedido debería generar recursos para mantenerlos”.
* La electrónica fueguina emplea a poca gente. ENGAÑOSO. En un país de 41 millones de habitantes, emplea a 10.000 trabajadores directos, unos 9.000 más que en la crisis de 2002 y 3.000 menos que en 2013, según datos del Ministerio de Industria local. Además hay 5.000 empleados indirectos, de empresas que proveen componentes o servicios, como almacenamiento, comedor o limpieza. Si consideramos que cada uno tiene una familia tipo, son 60.000 personas que dependen de la industria, en una provincia con 152.000 habitantes, de los cuales el 62% nació fuera de ella.
La electrónica mueve al comercio y al sector público de la provincia y, sobre todo, de Río Grande. Representa el 20% del producto bruto geográfico (PBG) de la provincia, el 26% del empleo privado y el 35% de sus ingresos tributarios y no tributarios, según Abeceb. La ex gobernadora Fabiana Ríos (Partido Social Patagónico) recuerda que cuando asumió el poder en 2007 tenía dos empleados públicos por cada uno privado y por la electrónica la proporción quedó pareja al dejar el cargo, en 2015.
“Creemos que se avanza hacia el recorte de empleo, pero la experiencia nos juega a favor”, opina el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande y diputado nacional por el Movimiento Solidario Popular, Oscar Martínez, con un cuadro del Che Guevara en su despacho sureño. “En los ’90 nos llevaron por delante sin dificultades. Esta vez no va a haber aceptación tan ligera”, advierte. La rebaja de aranceles a notebooks, netbooks y tablets implicará en Tierra del Fuego 350 o 400 despidos y “veremos si los pueden absorver en otra línea de producción”, evalúa Hellemeyer.
En la Margen Sur de Río Grande, donde se radicaron los trabajadores venidos de otras provincias atraídos por el ‘sueño fueguino’, algunas de las amontanadas casillas de madera o chapa llevan el cartel de “Se vende”. Mariana Morales, esposa de un operario de la fábrica de aires Carrier, puso un comedor en 2012 y recibe cada vez más demanda: “Algunos se vuelven y otro quieren irse. Están los que se quedan aunque no tienen trabajo y hacen pan, pizza, venden productos de limpieza, se emplean en seguridad o como empleadas domésticas”.
En el Gobierno nacional hay opiniones contrapuestas sobre el régimen.
En el Gobierno nacional hay opiniones contrapuestas sobre el régimen. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo que Tierra del Fuego es un “problema” y propuso rebajar los aranceles a todos los electrónicos, no sólo a las computadoras. En las huestes de Cabrera, Braun y el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, hablan de reconversión, pero el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, en línea con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se muestra más cauto: “Se está analizando todo el régimen con lógica de diálogo con todos los actores, porque involucra gente y recursos fiscales de la provincia. Estamos mirando cómo va a quedar el perfil productivo de Tierra del Fuego, ver las actividades más sustentables. Lo que va a haber es un plan”. En la medida en que se acerca 2023 las dudas crecen.
Este artículo forma parte del proyecto “Investigación y datos: Chequeado sin corsé”, que incluye más de 12 producciones a publicarse antes de fines de 2016 en el sitio especial “Chequeado Investigación”, y que fueron financiadas gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).
Historia y presente de las razones geopolíticas y económicas del polo
El régimen de promoción nació para poblar la isla ante la amenaza de Chile, pero ese conflicto ya acabó y han aparecido otros intereses.
El régimen de promoción de Tierra del Fuego nació en 1972, durante la dictadura de Alejandro Lanusse, por motivos geopolíticos. En 1970 había 13.000 habitantes en el lado argentino de Tierra del Fuego, pero la mayoría de ellos eran chilenos. Del lado de Chile había 6.300, apenas 400 menos que en la actualidad. Ante los conflictos limítrofes de entonces y la hipótesis de una guerra que casi se desata en 1978 entre ambos países, el régimen militar de entonces buscó poblar la isla con la ley 19.640 de promoción fueguina. En 1980 ya se había duplicado la población del entonces territorio nacional de Tierra del Fuego: 27.000 habitantes. Para 1991 se había más que duplicado, llegando hasta 69.000. Para 2000 había 100.000, para 2010 llegó a 127.000 y en 2015 se calculó que eran 152.000, es decir, un 19,6% más que cinco años antes.
“Al principio la opción era hacer una base militar o un polo industrial”, recuerda el economista Matías Kulfas, de la consultora Idear Desarrollo y exsubsecretario de Pyme y exgerente general del Banco Central en el kirchnerismo. “Mejor fue hacer el polo, era un buen objetivo inicial pero con poca racionalidad económica. Pero (el economista Daniel) Azpiazu ya criticaba en los 80 lo mismo que criticamos hoy: que en la isla sólo se agrega el cartón y manual. También Taiwán y Corea del Sur comenzaron ensamblando, pero después agregaron componente local”, critica Kulfas, que propone que la electrónica se especialice en los productos en los que pueda agregar piezas nacionales mientras se potencia, sin shock sino con gradualismo, sectores como el turismo, la industrialización del gas, las energías renovables y la explotación de otros recursos naturales.
En 2009, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner renovó el impulso a la electrónica fueguina con el impuestazo tecnológico, la entonces ministra de Industria, Débora Giorgi, “impulsó el polo de Tierra del Fuego porque le posibilitaba un crecimiento rápido del empleo”, explica este economista que fue subsecretario de Pyme y gerente general del Banco Central durante el kirchnerismo.
En su actual despacho de secretaria de Producción del Municipio de La Matanza, Giorgi esgrime motivos económicos y geopolíticos para haber relanzado el régimen: “Brasil estaba subiendo los impuestos a los productos electrónicos, menos a los fabricados en la zona franca de Manaos, y entonces decidimos eliminar inequidades entre nuestros productos y los importados. También se decide por un tema geopolítico, no sólo por Chile sino también para apoyar el reclamo de soberanía argentina en la Antártida y en las islas Malvinas”.
¿Sigue habiendo motivos geopolíticos para mantener poblada Tierra del Fuego? En el Gobierno de Mauricio Macri, el secretario de Logística de la Defensa, Walter Ceballos, opina: “Si tomamos el territorio continental y el antártico, Tierra del Fuego está en el centro del país. Tiene interés estratégico para mejorar la logística argentina en la Antártida, y por eso estamos impulsando el desarrollo de una base logística en Tierra del Fuego, no sólo en Ushuaia sino también en Río Grande y el otro centro poblado de la isla, Tolhuin”.
-¿Y es clave por Malvinas?, pregunté.
-Sin duda el desarrollo de Tierra del Fuego tiene que ver con la vinculación con las islas. Desde 1973 a 1982, Ushuaia fue el puerto y el puente con ellas. El Gobierno está llevando adelante un proceso de recuperación de diálogo con Reino Unido, seguiremos reclamando lo que es propio, pero hay predisposición para que los ciudadanos de Malvinas puedan tener en la Argentina servicios de salud y educación.
-¿Chile sigue siendo una amenaza?
-Con Chile, gracias a Dios, hemos superado definitivamente los conflictos. Hoy hay complementariedades por desarrollar con Chile en la isla, responde el secretario.Ceballos comenta que el Gobierno identifica como dos polos de desarrollo de Tierra del Fuego el industrial en Río Grande y el turístico en Ushuaia.
“La mirada del Presidente es que hay que ayudar a Tierra del Fuego con un modelo de desarrollo que sea superador al de desgravación impositiva a la industria, que a su vez es una herramienta válida en todo el mundo para que se radiquen empresas. Buscamos un proceso gradual de cambio. El Gobierno quiere colaborar con la provincia para que no sea sólo promoción dependiente. Hay desarrollo gasífero, pero debería industrializarse el gas. Vamos a fortalecer los vuelos de LADE a la Patagonia. También hay estudios de desarrollo industrial de la madera en Tolhuin. Es una serie de proyectos en marcha, pero hasta tanto no reemplacen a la industria promocionada, el Gobierno no va a reducir el esfuerzo fiscal para mantener los puestos de trabajo”, comenta el funcionario del Ministerio de Defensa.
¿En el Ministerio de Producción de Macri opinan lo mismo? El secretario de Comercio, Miguel Braun, dijo sobre el recambio electrónico: “La transformación será gradual. A nadie le gusta el cambio, pero habrá una reacción positiva de los consumidores. Algunas empresas pueden encontrar otro modelo de negocios. Vamos a trabajar con ellos en la transformación, pero la prioridad serán los trabajadores”. Otro alto funcionario de Producción comenta que como alternativas a la electrónica “se analiza el desarrollo de la industria maderera, la pesca, el gas, el turismo y la tecnología sin costo logístico, es decir, el software”. Agrega que el “deadline (fecha tope) del cambio de perfil productivo es 2023”, cuando termina el subrégimen industrial.
El presidente de la Asociación de Fabricantes de Terminales Electrónicas (Afarte, que nuclea a las fueguinas), Federico Hellemeyer, agrega otro motivo geopolítico para poblar la isla: la proyección biocénica de la Argentina. “Pero sin fuentes de trabajo, la provincia tendría muchos menos habitantes. El 62% son nacidos en otras provincias. Regímenes de promoción de zonas alejadas, como Manaos o Tierra del Fuego, hay en todo el mundo y se llevan adelante por razones políticas”, alega Hellemeyer.
“Alaska también vive de subsidios, por un interés geopolítico”, argumenta el director de Planeamiento de Mirgor y vicepresidente de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC, que nuclea a las autopartistas), Fabio Rozenblum. La exgobernadora fueguina Fabiana Ríos, del Partido Social Patagónico, suma argumentos para la revitalización del polo electrónico en tiempos del kirchnerismo, del que fue aliada circunstancial: “Esta es una región espejo de Manaos, pero nosotros no estábamos en espejo”.
En 1972 se creó el régimen, pero con la apertura económica de la última dictadura militar (1976-1983) poco se avanzó en esos años. Sólo en 1982, año de la Guerra de Malvinas, el subrégimen industrial, en el que predomina la electrónica, superó la cifra de 2.000 operarios. Al año siguiente se inauguraron las plantas de Aurora Grundig y Mirgor, la empresa que entonces fundaron Nicolás Caputo y Mauricio Macri para fabricar equipos de climatización de autos. Eran los tiempos en los que Franco Macri fabricaba Peugeot y Fiat en Sevel. En 1983 también se instaló la fabricante de autorradios Famar, que comenzó como empresa de la familia Abolsky, después perteneció a la norteamericana Delphi hasta que el año pasado fue vendida a quien era su CEO local, Hugo Pascarelli.
En 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, superó los 6.000 empleados, pero después con la hiperinflación y la política neoliberal de Carlos Menem la ocupación fue cayendo hasta la mitad en 1996. “En 1988 hicimos 40 días de huelga”, recuerda el secretario general de la UOM de esta ciudad y diputado nacional por el Movimiento Solidario Popular, Oscar “Zurdo” Martínez.
En 1989 la ley de emergencia económica del menemismo echó por tierra la mayoría de los beneficios de la promoción. No es casualidad que en 1995 un empleado despedido de la fábrica de electrónica fueguina Continental, Víctor Choque, se convirtió en el primer asesinado por la represión policial en una protesta social desde el regreso de la democracia. Murió en la mayor manifestación de la historia de la isla. El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, proponía ya entonces que la isla se dedicase al turismo, al procesamiento del gas y a la industria forestal. “El peor año de la historia de la industria fue 1995, cuando en Río Grande quedamos solo 600 operarios”, recuerda Martínez.
El gerente de la planta de Famar, Rubén Bertossi, nació en Buenos Aires en 1969 y llegó con su familia a Río Grande en 1971, un año antes de que se creara el régimen de promoción. “Cuando empecé la escuela había tres chicos chilenos por cada uno argentino… Si sacás lo geopolítico es difícil sostener que la industria esté acá y no en el conurbano”, sostiene Bertossi. En 1991 partió a trabajar a otros pagos por la crisis de la industria y volvió en 2006. “Yo he visto gente que cambiaba su casa por un auto para irse de la provincia. La ciudad quedó vacía en tiempos de Menem. Acá la gente no viene a otra cosa más que trabajar y en aquel tiempo se volvía con la diferencia que había podido hacer”, recuerda Bertossi.
En 1994, Menem intentó reflotar la isla al incorporar al pacto de Ouro Preto, de creación de la unión aduanera del Mercosur, un capítulo que ratificaba la existencia de dos zonas francas, una en Manaos y otra en Tierra del Fuego, hasta 2013. Pero fue la capital del estado de Amazonas la que aprovechó la oportunidad para abastecer a un mercado argentino que a partir de 1999 entraría en una recesión seguida de depresión. En 2002 apenas trabajaban en la industria fueguina unos 2.000 empleados. “Mientras la Argentina hacía su apertura económica y no venían recursos a Tierra del Fuego, Manaos siguió avanzando”, recuerda Ríos.
En 2003 llegó al poder un patagónico, Néstor Kirchner, y abrió el club de los fabricantes fueguinos por dos años para que compitiesen con productos que elaboraba Manaos, pero no con los del territorio continental argentino. Así es que la industria provincial volvió a emplear a más de 6.000 entre 2007 y 2009, sobre todo de la mano de la producción de televisores y equipos de audio. Fue entonces que Mirgor entró a la electrónica de consumo masivo: empezó a armar equipos de aire para hogares y oficinas.
Una ex ministra de Industria fueguina duranteel gobierno de Ríos, Carolina Yutrovic, exoperaria del sector electrónico, destaca: “En los 12 años de kirchnerismo, el Gobierno nacional se preguntó qué necesitaba para generar empleo en Tierra del Fuego”. “Pero la Presidenta no nos coptó”, aclara Ríos. “Fue Afarte la que planteó este plan en 1999 y nosotros se lo presentamos a Cristina en 2008”, agrega quien dejó la Gobernación y ha vuelto a trabajar como farmacéutica en una droguería de Ushuaia.
En 2009, en plena crisis mundial, el Gobierno de Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto de ley tachado de “impuestazo tecnológico” para favorecer a Tierra del Fuego. Un exempleado de Cherñajovsky cuenta que fue su expatrón quien le acercó el proyecto al entonces esposo de la jefa de Estado, Néstor Kirchner. “Los equipos de aire acondicionado y los celulares argentinos tenían fuerte competencia importada”, recuerda el exsecretario de Industria nacional y actual subsecretario de Desarrollo Productivo matancero, Javier Rando. “Importábamos de Asia, México y sobre todo de Manaos”, agrega Giorgi. “Tanto en México como en Manaos tenían incentivos fiscales como los que hoy tiene Tierra del Fuego. Era una oportunidad de recuperar la producción en un mercado que crecía poco en un contexto internacional muy adverso. La idea era desarrollar trabajo genuino que ayudara a la estabilidad económica de la isla porque el Estado era casi el único empleador. Y logramos que la producción nacional de electrónica, que antes abastecía el 20% del mercado nacional, abasteciera en 2015 el 80%”, defiende la exministra, encargada de autorizar las nuevas empresas y productos del régimen de Tierra del Fuego entre 2008 y 2015, los años de su ascenso y posterior declive. Giorgi enfrenta dos investigaciones judiciales por el supuesto reparto irregular de subsidios de otros planes, el de bienes de capital y capital semilla, aunque hasta ahora está libre de procesamientos.
El kirchnerismo impulsó la ley, al tiempo que la oposición se dividió entre la abstención, como la UCR y la Coalición Cívica, y el rechazo, como el PRO y el peronismo antikirchnerista. Los importadores y la Cámara de Informática y Comunicaciones (Cicomra), que agrupa a las telefónicas y las multinacionales de tecnología y electrónica, hicieron campaña en contra.
“Para productos que tenían una función importante en la reducción de la brecha digital, se abrió el régimen con un decreto en 2010”, cuenta Giorgi. Es decir, se permitió que por seis meses se radicaran nuevos fabricantes pero sólo de computadoras portátiles para abastecer el plan Conectar Igualdad, de distribución gratuita a todos los alumnos de las escuelas públicas secundarias del país. En 2011 se prorrogó la apertura del club por otro semestre, no sólo para netbooks sino también para módems y tablets. A fines de ese año se dieron otros seis meses más y se sumaron las cámaras fotográficas. Así que se amplió la oferta productiva de Tierra del Fuego, que hasta 2008 se concentraba en televisores, reproductores de video y DVD y microondas y que a partir de 2009 se expandió hacia celulares y decodificadores. “Antes de la modificación de los impuestos internos se fabricaban 500.000 celulares por año y después se llegó a 14 millones”, destaca el diputado sindical Martínez.
“Se abrían carpetas en función de la demanda”, cuenta Giorgi. Mirgor aprovechó para expandir su oferta y equilibrar su producción con las de BGH y Radio Victoria, jugadores históricos de la electrónica fueguina, y con Newsan, que nació en 1991, se concentró en la importación en los 90 y apostó a la producción en los 2000. Cerrada la importación, radicaron plantas la grandes cadenas de electrodomésticos Garbarino y Frávega. “Los importadores compraron proyectos de producción porque veían peligrar su negocio”, comenta Martínez.
Además, el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aplicó desde 2011 un cerrojo a las importaciones que protegió -en exceso, para muchos- a toda la industria nacional, incluida la fueguina. Manaos nunca ha necesitado semejante cerrazón para controlar el 70% del mercado brasileño de electrónica. Cuando Moreno dejó el Gobierno en 2013, quien asumió como ministro de Economía, Axel Kicillof, mantuvo el torniquete. “El Gobierno te cerró la importación y te negociaba el precio de tus productos, pero también le convenía mayores precios para recaudar más IVA”, explica un empresario de la electrónica fueguina que prefiere mantener reservada su identidad. “A su vez, el empresario, como no tenía competencia extranjera, aceptaba cualquier aumento salarial en paritarias, no le importaban los costos de transporte o que el ausentismo llegara al 10% del personal. Los productos se encarecieron cada vez más. La industria es eficiencia, productividad e innovación, pero en este caso el esquema no incentivaba a ser eficientes”, añade el hombre de negocios.
En 2011, por exigencia de Moreno y Giorgi, las electrónicas fueguinas constituyeron un fideicomiso (contrato por el que personas físicas o jurídicas transfieren bienes para que un tercero los administre) para crear exportaciones que compensaran tanta importación de piezas. Allí aún aportan entre 2% y 3% de su facturación al fondo. Con ese dinero, el fideicomiso, bajo administración de Mirgor, terminó comprando por 200 millones de dólares la Minera Don Nicolás, dueña de un yacimiento de oro en la provincia de Santa Cruz. Ese fondo es otro motivo del encarecimiento de la electrónica, se queja un alto ejecutivo de una telefónica.
En 2013 la industria fueguina batió su récord de empleos al superar los 16.000, de los cuales 13.000 eran de la electrónica. “Las políticas kirchneristas a favor del consumo y el atraso cambiario favorecieron la industria”, explica Rozenblum. “Nunca se vendieron tantos autos y televisores como con los K. Los productos dolarizados se hicieron más baratos en términos de pesos y en relación al salario, y había financiamiento. Así es que Mirgor tuvo un crecimiento importantísimo en ventas y ganancias en términos absolutos. Las ganancias sobre ventas rondaron el 4% y el 6% y se reinvirtieron en un 95% en las plantas porque era negocio”, agrega el ejecutivo de Mirgor.
A partir de 2014, devaluación del peso mediante, el negocio comenzó a caer. Es que las piezas importadas se encarecieron y la demanda se contrajo. Ambos procesos se recrudecieron tras la nueva devaluación de diciembre último. Además el Gobierno de Macri eliminó las declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI) y así permitió el ingreso de importaciones, aunque controladas por las licencias no automáticas (LNA). Por ejemplo, viene del extranjero el 25% de los celulares o los televisores de más de 65 pulgadas, según Hellemeyer. “Muy poco subió la importación en 2016, por los impuestos y aranceles. Las DJAI eran el paroxismo de la discrecionalidad, pero ahora hay normas técnicas y barreras paraarancelarias”, aclara el presidente de Afarte.
Los principales exportadores de celulares y computadoras del mundo están radicados en China, la Unión Europea, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, Corea del Sur, Taiwan, México, Japón y Malasia, según el ranking de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A su vez, los componentes vienen de fábricas chinas, indias, vietnamitas, tailandesas o surcoreanas. “En un mes una fábrica china de aire fabrica lo que en un año toda Tierra del Fuego”, advierte el CEO de BGH, Gustavo Castelli.
En octubre último, el empleo industrial fueguino bajó a 12.674, de los cuales unos 10.000 son de la electrónica, según el Ministerio de Industria provincial. “Con las empresas vivimos en conflicto, con paros y tomas de plantas”, relata Martínez. “Algunos trabajaron se han ido de la isla, pero otros siguen llegando”, agrega el diputado.
Desde 2009, la industria electrónica fueguina invirtió 500 millones de dólares, según Hellemeyer. El economista Muñoz le replica: sólo entre 2013 y 2015 la automotriz Toyota desembolsó 800 millones en el país. La empresa japonesa creó así 1.100 empleos en su planta de Zárate, mientras las ensambladoras de la recóndita provincia austral tienen 6.000 puestos de trabajo más que hace siete años.
“Los empresarios entonces buscan amortizar la inversión en dos años, y eso incide en los precios”, lamenta Juan Ignacio García, exsecretario de Industria fueguino durante el gobierno de Ríos. “Si hay mercado, invierten”, agrega García. La exministra Yutrovic lo complementa: “En los últimos años se había convencido a las empresas de que el proceso de industrialización venía para quedarse, pero ahora tienen la excusa perfecta para no invertir”.
La gobernadora actual de la provincia, Rosana Bertone, pertenece al Frente para la Victoria (FpV), pero siempre estuvo más cerca de Daniel Scioli que de Cristina Fernández de Kirchner y ahora ha hecho buenas migas con Macri. En su gobierno, el ministro de Industria, Ramiro Caballero, piensa cómo sostener la promoción industrial que vence en 2023: “Tenemos que pensar qué puede darle Tierra del Fuego al país. Hoy tenemos capital de trabajo y tecnología que el resto de la Argentina no tiene. También podemos industrializar el gas. El régimen es una oportunidad para que se agreguen componentes del continente y para que nos vinculemos con la exportación. Por ejemplo, podemos hacer urea o tecnología medicinal. Debemos diversificarnos a partir de nuestra capacidad instalada. Pero el Gobierno habla de reconversión. Lucio Castro (secretario de Transformación Productiva del Gobierno de Macri) llamó a las empresas en septiembre para avisarles de que bajaban el arancel de las computadoras y habrá que ver qué hacen ellas. Yo le dije a Francisco Cabrera (ministro de Producción del Ejecutivo nacional) que hay aumento del desempleo y desinversión por la incertidumbre por el régimen”. ¿Creen que el Gobierno nacional hará como en los 90 y dejará que las empresas se reconviertan solas? “Pregúntenle a ellos”, responde Caballero. Un alto funcionario del Ministerio comenta: “La reconversión no apuntá a que cierren y que la gente se quede en la calle. Habrá un plan de transformación, estímulos financieros, que la gente que pueda quedar desocupada pueda reinsertarse en otro sector. Hay ejemplos interesantes en el mundo, como en el País Vasco, Australia, con planificación, tiempo, participación de los actores. Esto requiere mucho trabajo y tiene que haber exigencias. A las empresas les gusta más o menos, pero dependerá de nuestra voluntad política”.
El difícil sueño americano… del extremo sur
Miles de habitantes de diversas provincias migraron a Tierra del Fuego; los problemas sociales por su radicación y los riesgos de un éxodo masivo.
En Río Grande no es infrecuente que la calefacción a leña queme las casillas de madera de la Margen Sur, donde se amontonan los que llegan buscando el sueño americano del extremo sur. Desde hace décadas la promesa de sueldos altos para operarios de fábrica ha ido poblando esta ciudad de 80.000 habitantes. Cuando tomaban empleados en la planta de Mirgor, que en los últimos dos años rebajó el personal de 2.500 a la mitad, sólo se exigía que los aspirantes tuviesen secundaria completa -un requisito que deja afuera a muchos soñadores- y cumplieran con un curso de formación de una semana y dos días de entrenamiento en la línea de montaje. Otro cantar es para los cientos de ingenieros que trabajan en la industria.
“Los terrenos donde se instalan los trabajadores que llegan no tienen servicios”, comenta el diputado de extracción sindical Oscar ‘Zurdo’ Martínez. “Son terrenos de los terratenientes históricos de la zona, como los Menéndez”, agrega el también secretario general de la Unión Obrera Metalúgica (UOM) de Río Grande. Las familias Menéndez y Braun inauguraron en 1908 un frigorífico de carne ovina en lo que en 1921 se convertiría en la ciudad de Río Grande. Precisamente uno de los descendientes de los Braun, Miguel, es ahora secretario de Comercio del Gobierno de Macri e impulsa la reconversión de la industria electrónica. “Hubo dificultades acá para aplicar el plan Procrear porque no había terrenos libres. Por eso la UOM compró en bloque 700 lotes para construir”, cuenta Martínez.
“Desde mediados de los 80 comienza la explosión de la industria electrónica y empiezan a migrar hombres de todas las provincias”, relata la hija de un exgobernador y presidenta de la Asociación de Médicos del Trabajo de Tierra del Fuego, Eugenia Cóccaro, en la planta de Río Grande en la que trabaja, la de la autopartista Famar. “De a poco vinieron sus familias, pero los colegios y las viviendas no daban abasto. Cuando la gente se iba a de vacaciones al norte -en Tierra del Fuego todo el planeta, incluso la provincia de Santa Cruz, es el norte-, comentaban su experiencia a sus familiares y amigos y otros venían a probar. Venían por los sueldos más altos, pero sin mirar que también los costos son mayores. La mudanza hacia acá es un viaje largo y difícil”.
Cóccaro continúa con el relato: “Empezaban a trabajar los dos padres en la fábrica de 6 a 18 y los hijos eran cuidados por terceros”. El gerente de la planta de Famar, Rubén Bertossi, la complementa: “Acá en invierno se entra a trabajar de noche y se sale de trabajar de noche”. La médica prosigue: “Ahí empezaron los problemas con los adolescentes. Jóvenes y adultos caen en la droga y el alcohol. Los grandes, también en la ludopatía”. Tierra del Fuego es la provincia con más tragamonedas per cápita del país, según el libro El poder del juego, de Federico Poore y Ramón Indart. También es la segunda provincia con mayor tasa de suicidios, detrás de Santa Cruz. El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, ha instalado en las plazas césped sintético y luz artificial para que se juegue al fútbol a cualquier hora. “Y las canchas están todo el día llenas”, destaca Cóccaro.
En un intento por estimular a los empleados, en Famar comenzaron a rotarlos hace cuatro años por las diversas etapas de la línea de montaje. “Así redujimos el ausentismo, aunque ahora la gente está cuidándose más de faltar por los despidos que hay”, comenta Cóccaro. “Faltan mucho los lunes y martes porque les cuesta reponerse de los hábitos de fin de semana, hay un estilo de vida poco virtuoso y por eso estamos evaluando fomentar actividades de contención de las drogas y el alcohol”, comenta el presidente de la Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica (Afarte, que nuclea a las fueguinas), Federico Hellemeyer.
En la fábrica CM de Newsan en Ushuaia también se practica la rotación. En un salón se ensamblan celulares de una marca internacional, pero sólo funciona una de las tres líneas de montaje por el exceso de oferta y la menor demanda en el mercado argentino. La jornada laboral se redujo de nueve a siete horas, desde las 6 hasta las 15, con cuatro descansos de diez minutos. Cada día producen allí 1.900 celulares. Cada hora rotan de posiciones porque algunas tareas provocan lesiones, como las tendinitis derivadas del uso de los atornilladores eléctricos.
En la Margen Sur de Río Grande se cuentan otras historias. Mariana Morales llegó a los dos años con su familia, en 1991. Hace ocho fue una de las cinco fundadoras del asentamiento Provincias Unidas. “Acá aprendí a vivir en un asentamiento. Esto era pampa (tierra sin nada)”, recuerda Mariana, en un barrio rodeado de casillas en el que una grúa municipal está cabando las calles de tierras para instalar cañerías de agua. Allí llegó para mudarse con su pareja y comenzar una familia. Él trabajaba en una mina jujeña hasta que cerró y vino en 2007 a probar suerte por consejo de un primo que había migrado acá. Empezó como albañil tres o cuatro años y después consiguió empleo en la fábrica de aire acondicionado Carrier, primero como temporario, como todos los recién llegados, y mucho más tarde como efectivo. Tienen dos hijas. “Tenemos temor a que nos desalojen”, admite Mariana.
Ella trabajó en 2011 en la industria electrónica para juntar unos pesos y arreglar su casa, pero al año siguiente volvió a dedicarse al hogar y además abrió allí un comedor llamado Pasos Pasitos. “Mi marido me impulsó porque su mamá tenía uno en Jujuy. Yo no soy millonaria, pero de chica la pasé muy mal y por eso me puse a dar copa de leche”, cuenta Mariana. Allí se acercan hijos de los que se dedican a las changas, de empleados de seguridad o de los que llegan a la isla y no encuentran trabajo y sobreviven en casillas sin agua ni luz, sólo con una garrafa. “Hay gente que no soporta no conseguir trabajo y se vuelve”, describe la joven. “Este año hay más demanda en el comedor. Te piden también ropa y calzado y está más complejo conseguir donaciones”, cuenta. Asisten 73 adultos y niños de 15 familias. Otros quieren sumarse, pero Pasos Pasitos no da abasto. En 2014 habían llegado a alimentar a 132. “Ahora hay menos porque algunos vendieron su casita y se fueron y además porque ya no podíamos mantener a tanta gente en el comedor”, explica.
Mariana también atiende en su casa una despensa desde 2011. “2012 fue el mejor año. Ahora las ventas caen porque muchos vecinos son operarios de fábricas”, explica. Uno de ellos vendió por 100.000 pesos su casa que antes cotizaba a 350.000 y emigró. “Este barrio se inunda, pero es tranquilo. En otros los vecinos se roban entre sí, dejan a los bebés y se van a drogar. Antes eso no se veía. Acá mismo al mediodía ves pibes de 17 años que salen del cole y se ponen a fumar porro y tomar birra al mediodía”, lamenta Mariana.
El Provincias Unidas y otros barrios de la Margen Sur son bastante parecidos, algunos más nuevos y precarios que otros. El conflicto por la tierra también se vive en uno llamado 13 de Mayo. El presidente de la Comisión de la junta vecinal, Sergio Gutiérrez, trabajó en la industria electrónica, pero ahora es petrolero. Su vicepresidenta, Natalia Sierra, estuvo empleada por Mirgor hasta febrero último, cuando quedó desempleada. Desde entonces hace unos pesos cuidando a los hijos de una excompañera de trabajo. “El laburo en la electrónica es cíclico y empezó a caer a fines de 2015”, relata Sergio, que cada vez tiene más amigos a los que les dejan de renovar los contratos y se marchan de vuelta a Formosa o Santiago del Estero.
Sergio vino a Río Grande en 2001 porque había llegado a sus oídos en Salta que aquí había empleo en la electrónica. Él es técnico electromecánico. “Allá estaba mal y acá, con empeño y con mi capacitación, conseguí mi primer laburo en la industria plástica”, recuerda.
Natalia es de Buenos Aires, donde era operaria química, pero decidió marcharse de su ciudad en 2003 por la inseguridad. “Acá era tranquilo, me vine y conseguí trabajo al mes en BGH”, cuenta. En 2006 comenzó a trabajar como empleada en un comercio y allí estuvo hasta que se fundió en 2015. “Es que empezó a vender menos por la crisis del sector electrónico”, explica Natalia. Quedó boyando hasta que logró un contrato mensual en Mirgor. Lo renovó siete veces hasta que quedó en la calle. “Esos contratos no te dejan programar tu vida”, lamenta Natalia. Sergio lo confirma: “Un amigo me dice que consiguió un contrato de un mes y encima tiene que estar agradecido”. “¿Cómo hacés para comprar algo en 12 cuotas sin interés con un contrato así?”, se pregunta Natalia en su casa bien calefaccionada para enfrentar el viento frío que sopla día y noche. Cuando quiere distraerse se va a caminar al supermercado La Anónima, la cadena más grande de la Patagonia, que preside Federico Braun, tío del actual secretario de Comercio.
“Cuando la industria crece hay un aluvión de gente con deseo de progreso, pero la ciudad no se planifica”, lamenta Sergio. “Tenés que alquilar una casa precaria a precio elevado o venir a los asentamientos. Uno de los primeros en la Margen Sur fue el 15 de Octubre, en 2005. Fue el que sufrió más discriminación. Después se superpobló la Margen Sur”, relata el salteño, que también padeció la marginación. En una temporada en la que se quedó sin trabajo ni dinero para pagar un alquiler, se instaló en un baldío del 13 de Mayo con su esposa e hija. La primera noche se quedó sin dormir. Armó una casilla de madera. Otros vecinos estaban en carpa. Todos se calentaban con salamandras. “Al día siguiente discriminaban a mi hija en la escuela porque olía a humo y así sabían que estaban en una toma”, se entristece Sergio.
“En el 13 de Mayo empezaron a hacer casas por el plan nacional de mejoramiento de barrios”, continúa el petrolero. “Llevaban dos años paradas. Nosotros vivíamos a tres cuadras. En 2009, el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) informó que sólo algunos iban a recibir casas y entonces nosotros nos paramos en sus puertas. El IPV nos terminó dando las llaves. Eran las vacaciones de verano, cuando todos se van por un mes a sus provincias y no queda nadie. Cuando volvieron, nos llamaron ‘los usurpadores’”, recuerda el operario. Desde entonces pagan 500 pesos mensuales como canon de uso. No se actualizó el valor y así quedó muy por debajo de los 6.000 que pagan quienes alquilan casillas.
Este año, con el nuevo gobierno provincial, se reanudó el diálogo con los vecinos del 13 de Mayo. “Nos llamó el IPV y nos pidió un precio descabellado por las casas, que son de 36 metros cuadrados. Quieren 350.000 pesos, a pagar en 30 años con intereses… se va a un millón de pesos. Son casas que nos dieron sin terminar, sin cables, luz, agua ni calefacción. Esta es una provincia rica en gas que se calienta a leña… Y pagamos 1.300 pesos mensuales de luz”, se queja el operario petrolero.
A la incertidumbre sobre el futuro del régimen electrónico su suma la amenaza de la robotización. “En la Argentina se busca una mayor automatización porque si bien la mano de obra es más calificada que la de Brasil y México y mucho mejor que la de China, es 11 veces más cara que la china y cuatro veces más que la mexicana”, cita el CEO de Newsan, Luis Galli, un ranking de costo laboral unitario de manufacturas de la consultora Abeceb. Ese mismo estudio indica que la mano de obra industrial argentina es 5% más barata que la brasileña. En las plantas fueguinas hay un menor promedio de operarios que en las chinas y mayor que en las alemanas, según el gerente de la fábrica CM, Pierre Iribarren. “En China el Estado es dueño de fabricantes de electrónica como Hisense y además subsidia lo producido en la medida en que exporta y además emplea mano de obra. En nuestra planta podríamos tener 50% menos de ocupados si robotizáramos más, pero no conviene por una cuestión de costos. No voy a comprar una máquina para fabricar algo que en un año se deja de usar”, explica Iribarren, testigo en los últimos seis años de cómo varió la producción de televisores, de los de tubo a los de plasma, LSD, LED, HD, fulll HD, ultra HD, D-LED y pantalla curva. Mientras tanto, en la planta de Famar, al pasar por la línea de montaje de la placa, el gerente Bertossi comenta en voz baja: “En esta parte trabajaban 12 soldadoras. Las reemplazamos por una máquina”. Pero no siempre automatización es sinónimo de despidos: “Otros dejaron de poner componentes en la placa para atender las máquinas”.
En Ushuaia, al abogado constitucionalista y experto en el régimen de promoción fueguina Federico Rauch le preocupan los permanentes conflictos por cesantías. “Si empiezan a tomar plantas, se incendia la provincia y no creo que al Gobierno de Macri le interese tener que intervenirla. A 16.000 tipos no los mandás a su casa así nomás. Son impredecibles, operan con otra lógica. Migrar desde acá no es fácil”, advierte Rauch.
Más lejos, en Buenos Aires, el consultor Federico Muñoz ataca las ganancias “extraordinarias” de las empresas fueguinas y, aunque admite que el régimen “da empleos en un rincón del país donde es difícil generarlos, hay que ver qué sobreprecios se está dispuesto a pagar para mantenerlos”. Un alto funcionario del Gobierno de Macri comparte el enfoque: “Hay que relacionar el costo fiscal del régimen con lo que paga el consumidor y con cuánto le cuesta a la sociedad generar esos empleos en el Sur”.
Dante Sica, director de la consultora Abeceb, opina que, más allá de los criterios económicos, primero debe definirse políticamente si interesa mantener el polo electrónico fueguino. Una vez que se tome la decisión, “no hay que explotar la burbuja que se creó, sino que hay que pincharla y desinflarla de a poco”. Como alternativa a la electrónica de consumo masivo, Sica propone la producción de semáforos LED o de los 19 millones de medidores de electricidad inteligentes que algún día deberán instalarse en todo el país, como ocurrió en otros, y que permitirán registrar la generación solar que aporten al sistema los hogares que pongan pantallas. Mejorar la competitividad es otro compromiso que debería asumir el sector, que a su vez necesita de inversión en infraestructura y previsibilidad en las normas, ya que el régimen se termina en 2023 y se desconoce qué ocurrirá después, según Sica.
Otro economista que ha estudiado el régimen, Ricardo Rozemberg, investigador de la Universidad de San Martín, opina que, dado que la electrónica está en todos los productos, la industria fueguina debería “hacer más alianzas” con sectores que no sean de consumo masivo, como el automotor. Coincide con él Francisco Gatto, director del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de Tierra del Fuego: “Hoy lo importante es dar señales para 2023. Es importante porque las empresas necesitan horizonte para invertir. Estamos en el límite temporal. La indefinición es letal. El problema es plantear blanco o negro, hay grises. El turismo, la madera y la ganadería ovina no pueden generar el empleo y los ingresos provinciales que generan la electrónica. El sector público está a tope. El agropecuario tiene 1.000 empleados. En los 90, los operarios de la electrónica llevaban menos años acá. Ahora llevan más y va a haber tensión. Al país le costó mucho crear población acá. A los que van a matar es a los que viven acá, no a los otros beneficiarios del régimen. Podrían apretar para que las empresas ganan menos”.
El ex ministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof opina que debería profundizarse el régimen con más integración de componentes nacionales. Cree que incluso podrían exportarse bienes electrónicos de consumo: “Nosotros estábamos negociando con empresas chinas que querían instalarse para exportar a toda Latinoamérica”. Su ex colega de Producción e impulsora de la revitalización del régimen, Débora Giorgi, también aporta su opinión: “El desarrollo industrial es difícil en Tierra del Fuego, pero también otras actividades, por las dificultades del clima, del suelo. Por supuesto que hay que trabajar para una mayor diversificación de la producción y por eso en nuestro gobierno hubo un fuerte impulso al turismo y algún desarrollo petroquímico”. Sobre esto último hubo poco y nada. Al sector turístico le fue mejor, pero tampoco es un boom. “¿Qué impide que el turismo se expanda más hoy en día?”, chicanea el director de Planeamiento de Mirgor, Fabio Rozenblum. Giorgi recuerda que en 2015 el ministro de Ciencia, Lino Barañao, firmó un acuerdo para financiar con 20 millones de pesos un centro de desarrollo de software en Tierra del Fuego. La provincia pondría la tierra y las empresas de electrónica, 6 millones. “Pero todo está en stand by”, lamenta la exministra de Industria fueguina Carolina Yutrovic.
BGH, una de las grandes electrónicas de Río Grande y una de las afectadas por la apertura a las computadoras importadas, explora alternativas. “Nosotros estudiamos otras posibilidades, como las salmoneras, pero tendríamos producción limitada y partimos sin experiencia en la Argentina”, cuenta el CEO de BGH, Gustavo Castelli. “También está la opción de poner data centers, porque sería más bajo el costo de enfriar los equipos, pero hay problemas de conectividad de la isla y además no ocupan tanta gente”, agrega. Además concuerda con Rozenblum en que una producción electrónica de productos no masivos generaría menos empleos que los actuales por sus menores volúmenes y precios.
“Lo más probable es que el régimen siga, pero más limitado, para tener menos costo fiscal, pero sin poner en peligro la viabilidad de la isla, porque los otros sectores no agregan tanto valor”, opina Castelli. “Se seguirán haciendo los productos emblemáticos, como televisores, aires, microondas. En algunos casos más sensibles habrá mix de nacionales e importados, como en los celulares. Lo que pedimos es una definición, un plan a 20 años. De los 15.000 empleados que llegó a tener la industria quedarán 9.000”, advierte el CEO de BGH.
“Hay que ver si hay productos que no son convenientes seguir haciéndolos”, admite Rozenblum, de Mirgor. “Hay empresas que dejaron de hacer equipos de audio. La provincia tiene una alta dependencia de la electrónica y debemos trabajar para que desarrolle otros sectores, como parques eólicos y la industrialización del gas, pero no es tan fácil dar empleo. La viabilidad de la provincia está en juego”, sentencia el ejecutivo de la empresa de Nicolás Caputo, el amigo del Presidente.
“La provincia depende mucho de la industria”, reconoce la exgobernadora Fabiana Ríos. “Nuestros recursos naturales son no renovables, como gas y petróleo. Los bosques hay que cuidarlos y no crecen con facilidad. El turismo no crece tanto. La minería a cielo abierto está prohibida por ley porque compite con el turismo”, descarta opciones Ríos.
En las telefónicas, mientras tanto, siguen en contra del régimen. “Es un dolor de cabeza, ojalá no subsista más. Cuanto más caro es un producto, genera atraso tecnológico y contrabando de equipos”, comenta un alto ejecutivo en Buenos Aires que pide no ser identificado. Este año se calcula que entrarán 3 millones de celulares de contrabando, incluidos los que traen los que se van de turismo al exterior, frente a 10 millones fabricados en Tierra del Fuego, según calcula el ministro de Industria fueguino, Ramiro Caballero.
“No tiene sentido económico fabricar teléfonos en Tierra del Fuego”, opina otro alto directivo de una telefónica, que aboga por que la eliminación de aranceles a las computadoras se extienda a los celulares. Porque si se diese de baja el estímulo al polo austral pero se mantuvieran las tarifas a la importación de fuera del Mercosur, llegarían teléfonos del régimen de promoción industrial de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, o de México, país con el que la Argentina tiene firmado un pacto comercial parcial. “¿Vamos a comprar a otras zonas donde tampoco tiene sentido hacer teléfonos?”, presiona el ejecutivo de la operadora. “Si viene Apple a la Argentina, puede que el modelo fueguino entre en colapso”, vaticina. Los iPhone se ensamblan en Manaos, pero la empresa de la manzana nunca quiso hacerlos en Tierra del Fuego por las dificultades para el ingreso y la salida de fondos en tiempos del cepo cambiario.
El día de las elecciones a secretario general de la UOM de Río Grande, en septiembre último, Martínez estaba tranquilo por su reelección. Pero esa misma jornada estaba inquieto por el futuro cierre de la autopartista de electrónica Visteon. “Visteon tiene un solo producto: aire para la Ranger, que es un modelo con vigencia hasta 2018. Dicen que está en rojo por presión de Ford y que su intención es no continuar con la fábrica”, lamenta Martínez. “El Gobierno insinúa que quiere que sólo se fabriquen tres productos: televisores, aires y celulares. Quedarían afuera decodificadores, monitores, cámaras de fotos, equipos de audio, microondas, videofilmadoras. Hay empresas con proyectos de radiorrelojes y jueguitos. El problema es que faltan siete años para que termine el régimen y hay riesgo de que no inviertan porque no ven continuidad clara”, advierte el sindicalista.
Un Gobierno obsesionado por la baja de precios
La administración Macri logró una oferta de celulares nacionales baratos y promete computadoras importadas a mitad del valor actual.
“Estamos muy orgullosos de la producción industrial y tecnológica que existe en Tierra del Fuego”, decía Mauricio Macri en un video que difundió por redes sociales en la campaña presidencial de 2015. “Ahora mi compromiso es trabajar para que en la isla haya todavía más desarrollo y para que todo su potencial se ponga en valor. Sé que juntos podemos lograrlo”, concluía.
Así como el anterior Gobierno estaba obsesionado en promover el ensamblado de electrónica en la isla y después, ante las críticas internas, como las del exministro de Economía Axel Kicillof, comenzó a presionar para sumar algunos componentes nacionales, la nueva administración centra sus energías en bajar los precios. Se trata de un objetivo contrapuesto a los que rigieron durante los 12 años previos y a partir de los que invirtieron y emplearon poco o mucho los industriales en la isla.
Así fue que el Gobierno de Macri llegó a un acuerdo en julio último con los fabricantes de celulares, las marcas y las telefónicas para que lanzaran productos a 2.200 pesos. “‘Buscate un 4G barato’, nos dijo el Gobierno y así es que hicimos el celular a 2.200, con menos prestaciones”, explica el CEO de la fabricante Newsan, Luis Galli. Antes valían entre 3.000 y 3.500. Algunos de los nuevos modelos ni siquiera se vendían antes.
El presidente de la Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica (Afarte, que nuclea a las fueguinas), Federico Hellemeyer, reconoce que la rebaja fue posible porque “resignaron margen todos: los fabricantes, porque canibalizaron el stock que tenían de 3G, las telefónicas y de facto también las cadenas de retail debieron hacerlo porque si no, se quedaban sin mercado”.
Pero un empresario proveedor nacional de componentes y directivo de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), que prefiere guardar el anonimato, tiene otra versión: “Lo del teléfono económico fue para sacarse de encima el stock que no se vendía y para mostrarle al Gobierno que los fabricantes podían ganar menos y ser más competitivos. Dicen que harán lo mismo con aires y televisores”.
La decisión del Gobierno de lanzar el celular económico fue una señal de que mantendrá esa producción en Tierra del Fuego, según admite un alto funcionario del Ministerio de Producción. “El celular a 2.200 pesos fue un ejemplo de cómo bajar el costo. No se llegó al objetivo deseado, pero es un sendero”, agrega.
En las telefónicas, mientras tanto, un directivo critica el plan: “A Tierra del Fuego no le conviene hacer celulares de 2.200 pesos, porque necesitás mucha escala o si no los de alta gama. Por eso hay dos o tres marcas baratas que no llegan al país. Los celulares de la isla están 10% o 20% más caros que los asiáticos antes de aranceles e impuestos. Pero los modelos más baratos llegan a valer 50% más caros. Si se volviese para atrás con el impuestazo tecnológico de 2009, no se fabricarían más los celulares de gama baja y seguramente los compraríamos de Manaos, por la exención de arancel”. Sin embargo, admite que “hoy pesa más el costo financiero que el de producción”.
Otro empresario de la industria fueguina, que prefiere el anonimato, también critica la iniciativa macrista: “El Gobierno impulsa la fabricación de celulares, que es lo que menos valor agrega”, dado su acotado proceso de ensamblado en relación a todos los demás electrónicos de la isla.
La política oficial de rebajas de precios continuó el 7 de noviembre último cuando el secretario de Comercio, Miguel Braun, anuncióque en marzo próximo bajará al 0% el arancel de computadoras de escritorio y portátiles y tablets. Un alto funcionario del Gobierno justifica la rebaja por el hecho de que se trata de un bien de capital, necesario para potenciar la producción de toda la economía argentina.
“La baja del arancel hará desaparecer la fabricación local”, lamenta Galli, de Newsan. “En tablets no hay tanto impacto porque el 95% se importa, pero las notebooks eran hasta ahora 20% de la isla y 80% del continente. Hay que ver si se traslada la rebaja al precio final. Hoy en día las notebooks y tables nacionales están quizá más baratas que en Brasil porque todos quieren liquidar stocks”, agrega Galli.
En Tierra del Fuego fabricaban notebooks Newsan, BGH Positivo (alianza de la empresa de los Hojman y Teubal con la brasileña Positivo), Brighstar, Garbarino y Frávega, entre otros. En cambio, Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, nunca se metió en este negocio. En el continente fabrican Núcleo, Banghó, Exo, Novatech y Coradir, entre otras. La industria repite que hay 5.000 puestos de trabajo en juego, de los cuales 400 son de Tierra del Fuego. Pero el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, calcula que en la isla sólo están en juego 150 puestos de trabajo de BGH Positivo y promete soluciones.
“Yo no puedo reconvertir a 400 tipos en cuatro meses… Sería Bill Gates si lo hiciera”, razona el CEO de BGH, Gustavo Castelli. “Pero hoy no veo que esto sea como en los 90”, aclara el ejecutivo. “(El exministro de Economía, Domingo) Cavallo amenazaba y no le importaba nada. Así llegamos al 20% de desocupación. Este Gobierno sabe que no hay plafón para eso. Te pregunta cómo puede ayudar”, destaca Castelli en sus oficinas del barrio porteño de Constitución.
Fuentes gubernamentales han prometido que los despedidos recibirán durante un plazo determinado el 50% de su salario como seguro laboral y de capacitación. No subsidiarán a las empresas para que mantengan a los empleados sino a aquellas que los tomen. Además, el Ejecutivo prometió a las compañías argentinas que les comprarán 250.000 unidades para el plan Conectar Igualdad, de reparto de netbooks en escuelas, una cifra insuficiente comparada con las 400.000 que pedía el gerente general de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas Comerciales y Afines (Camoca), Carlos Scimone.
La decisión del Gobierno de Macri de eliminar el arancel a la importación de computadoras va a contramano de lo que promete hacer el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en su país. En campaña prometió: “Voy a hacer que Apple comience a hacer sus computadoras y sus iPhones en nuestro país, no en China”. Amenazó con subir al 45% el arancel a productos chinos.
Uno de los desafíos de la industria radica en salir de la comodidad de precios que les proporcionaba un mercado cautivo, sin importaciones. “Probablemente la industria local necesita un poco de competencia, no abrir todo”, opina el economista Francisco Gatto, directivo de la Universidad de Tierra del Fuego. Galli, de Newsan, atribuye los altos precios vigentes hasta 2015 a dos factores: “Los proveedores nos cobraban cobertura de riesgo alta por la inseguridad de que nos dejaran sacar las divisas para pagarlas, en tiempos del cepo cambiario y las DJAI (declaraciones juradas anticipadas de importaciones). Además, nos cobraban la prima de riesgo por parecernos a Venezuela. El otro problema, derivado del primero, era que la oferta estaba por debajo de la demanda y eso hacía que los precios volaran. Pero en enero (pasado) nos pusimos al día con los proveedores y además el mercado argentino entró en recesión”. La consultora Gfk revela los diez celulares más vendidos y concluyó que aumentaron 9% de precio, pese a que el dólar subió 60% y la mayoría de los componentes es de afuera, según Galli.
Hellemeyer, de Afarte, identifica algunos productos argentinos con precios históricamente bajos en dólares, como los televisores, “aunque siguen siendo más caros que en Chile”. Y da otro ejemplo: “El último teléfono de Samsung, el Galaxy S7, se lanzó este año a 20.000 pesos, pero una telefónica lo vendía a 15.000 a sus clientes premium y afuera se conseguía a 850 dólares más impuestos (unos 14.000 pesos en el Estado de Florida)”.
Cada vez que se echan culpas por los costos, los industriales fueguinos responsabilizan a las telefónicas porque, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, aquí algunas ganan dinero vendiendo aparatos. Telecom así lo registra en su balance. Claro también, aunque sólo le sirve para compensar los costos financieros y comerciales que asume para venderlos. No es el caso de Telefónica, que antes perdía dinero en este rubro y ahora sale empatada.
Afarte calcula que podría reducir 4% el precio de sus productos si los componentes y productos terminados viajasen en barco y no en camión entre Buenos Aires y Tierra del Fuego. Limitada por la cordillera, Ushuaia tiene poco espacio para ampliar su puerto y, si lo hiciera, también habría que mejorar el camino de montaña de cuatro horas en camión para llevar las piezas desde allí hasta Río Grande. A su vez, la costa de esta ciudad industrial presenta un régimen de mareas incierto y carece de la profundidad suficiente, razones por las cuales nunca nadie terminó las obras de construccción del puerto y el dragado. “En el corto plazo podría ampliarse Ushuaia, pero debería haber un consenso para que el costo de la operación portuaria incluya el flete a Río Grande. Hay un incentivo para que la industria ponga el hombro”, observa Hellemeyer.
Un decreto de 2004, promovido por el detenido sindicalista Omar ‘Caballo’ Suárez, restringe el cabotaje a buques de bandera nacional, de mayor costo que los extranjeros. Así es que solo una minoría de componentes llega a Buenos Aires y hace trasbordo a un buque argentino para después dirigirse a Ushuaia. A su vez, vuelven en general vacíos. También hay piezas que llegan por avión, pero sobre todo en casos de urgencia. Las deficiencias en infraestructura aumentan hasta 42% el costo logístico de la electrónica, según la consultora Abeceb. Los gastos por servicios al sector son hasta 100% más caros que en el continente.
Aunque suene a consuelo de tontos, Manaos también tiene sus problemas logísticos. Entre la ciudad amazónica y San Pablo los productos recorren 5.000 kilómetros, primero 15 días en barco a lo largo de 1.600 kilómetros y después en camión.
“Tierra del Fuego tiene unos costos salariales de la san puta y costo logístico altísimo”, advierte un alto cargo del Gobierno de Macri. El salario inicial asciende a 30.000 pesos, con un 20% adicional en las autopartistas y premios anuales. “Se busca volumen para bajar márgenes y costos”, concluye el funcionario.
En las fábricas defienden su eficiencia puertas adentro. El director de Abeceb, Dante Sica, destaca que la maquinaria tiene menos de cuatro años promedio de antigüedad. En las Pymes argentinas los equipos tienen una media de nueve años y en algunos sectores, 15, según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). “Queríamos fabricar un millón de televisores por año en dos turnos, pero en 2015 hicimos 1,2 millones en turno y medio por mejoras de eficiencia”, destaca el gerente de la planta CM de Newsan en Ushuaia, Pierre Iribarren, después de mostrar una serie de máquinas que cuestan 350.000 dólares cada una y que colocan automáticamente y a toda velocidad los chips en las placas. Los trabajadores, mientras tanto, controlan el funcionamiento de los robots y reparan en casos de desperfectos en el ensamblado de las placas. Cada televisor cuenta con 2.500 componentes. Un exsecretario de Industria fueguino, Juan Ignacio García, cuenta que empleados de Newsan han desarrollado sistemas de trazabilidad de programación del equipo de ensamblado y ahora venden su servicio a terceros.
Durante la campaña electoral de 2015, el ahora ministro Cabrera visitó la planta CM y le preguntó a Iribarren: “¿Cómo hacemos para competir con el mundo?”. “Con el mundo, no. Con Brasil, sí”, le respondió el gerente de la fábrica, y apuntó al costo de la importación de aquel tiempo, al financiamiento sin interés en 12 cuotas y a la infraestructura. Así lo relata el propio Iribarren.
“La clave para sobrevivir es la productividad”, destaca el gerente de planta de la autopartista Famar, Rubén Bertossi. “Nosotros necesitamos exportar por una cuestión de supervivencia. Si la economía es cerrada, no te hace falta exportar. Superamos en calidad a México y Brasil. Todas las empresas de acá pueden hacer lo que nosotros hacemos. Hay que hacer ajustes, que no sólo atañen a los operarios sino también a los costos logísticos”, opina Bertossi.
Famar produce radios y electrónica del motor. Cuenta en Río Grande con 200 empleados, de los cuales 80 son ingenieros, y con 100 trabajadores más en Buenos Aires, sede de la administración y del centro de desarrollo de software de productos y testeo. En la fábrica fueguina tiene un laboratorio que prueba los equipos a diversa temperatura y vibración. Por ejemplo, en una cámara someten las radios a la agitación que sufrirán en la ruta de ripio de la Tierra del Fuego chilena por la que pasará el camión que las llevará a Buenos Aires. También hacen ensayos para otras empresas. Por ejemplo, para probar la resistencia a golpes de los celulares de Newsan.
En Mirgor, otro gerente de planta, Luis Iglesias, cuenta: “Nosotros aplicamos criterios de la industria automotriz a la electrónica de consumo masivo en la medida en que podemos”. No siempre se puede y por eso, por ejemplo, la inyección de plásticos nacionales se hace en los aires de autos, pero no en los hogareños. El director de Planeamiento de la compañía y presidente de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC, que nuclea a las autopartistas de toda la Argentina), Fabio Rozenblum, desestima la posibilidad de exportar bienes de consumo masivo, pero aboga por enviar incluso fuera del Mercosur autopartes electrónicas fueguinas: “Tenemos el conocimiento y ahora también las ventajas de la nueva ley de autopartes”.
De lo que ya no se discute más es de la integración de piezas nacionales. “Falta más integración para parecernos a Manaos”, opina el ministro de Industria fueguino, Ramiro Caballero. “Es que Brasil dio garantía jurídica, tierras para hacer la fábrica, créditos, capacitación, un régimen que vence en 50 años. Acá hay un horizonte de sólo siete años”, justifica el funcionario del Gobierno de Rosana Bertone. En cambio, el exsecretario García opina que el nivel de integración de Tierra del Fuego no tiene nada que envidiar a Manaos. En lo que claramente Brasil supera a la Argentina es en el armado de celulares: allá ensamblan las baterías y los cargadores e insertan los chips en las placas, y aquí no. Acá se había llegado a un compromiso por las baterías, las plaquetas y los tornillos en el final del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero quedó pospuesto en la nueva etapa. En cuanto a los televisores, en Manaos se termina la producción de las pantallas y se inyectan plásticos, productos que en Río Grande sólo proveen dos empresas, Vinisa y Vaplast, a pocos clientes.
La Comisión del Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego se reúne una vez por mes para revisar el cumplimiento de los compromisos de integración de piezas nacionales y para aprobar los proyectos de producción de cada producto o sus eventuales cambios. La comisión está integrada por los Gobiernos nacional y fueguino, la Legislatura provincial, la Armada, la Aduana, la Prefectura, la Gendarmería, el Banco Nación, las empresas, la sociedad civil y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). “El régimen de Tierra del Fuego es de los más serios que existió en el país: hay una comisión de control y no existe la joda”, defiende Castelli, de BGH. En los 80 sí hubo corrupción por reintegros que el Estado otorgaba a galpones en los que no se fabricaba nada sino que se acumulaban chapas. Algo similar sucedió con las promociones de otras provincias.
“Las fábricas de chips o microprocesadores están en China, Malasia, Tailandia y Singapur y no van a radicarse acá”, sentencia el dueño de Famar, Hugo Pascarelli. “Acá se podrían sumar plásticos, metales y pintura. También se podría integrar (armar) algo más de las placas y de las pantallas, pero requeriría mucho volumen para que tuviera sentido”, opina Pascarelli. “Nosotros diseñamos estética y electrónicamente nuestros productos a medida de lo que quiere el cliente”, cuenta Bertossi, también de Famar. “Diseñamos nuestras placas. Otras empresas compran el diseño afuera. Lo que obliga el régimen es a poner los componentes en la placa”, continúa Bertossi. ¿Quién lo controla? “En Río Grande está lleno de inspectores de la comisión, que caen sin previo aviso”, responde el ingeniero.
“Somos caros, el problema es cuán caros”, opina el fabricante de piezas de Cadieel. “Si vamos a importar todo, vamos a dejar a millones de excluidos en el país. Acá el problema fue que durante el kirchnerismo se cerró la importación y el abuso fue infinito”, lamenta. La exministra de Industria fueguina Carolina Yutrovic opina: “Hubo resistencia de las marcas a la integración nacional de piezas”.
“Las chances de localizar componentes son difíciles por cuestiones de escala y tiempo para desarrollar proveedores”, esgrime Rozenblum. ¿Pero por qué en la industria automotriz sí conviene económicamente localizar partes y en la electrónica supuestamente no? “Los modelos de autos se renuevan cada cinco o siete años, los de celulares cada ocho meses. Necesitás proveedores que se actualicen permanentemente y para eso necesitás escala. Además en autos localizás las piezas más grandes porque no te conviene tenerlas lejos, por costos de transporte. Y la industria automotriz argentina tiene más de 100 años de historia. La electrónica fueguina, 40”, responde el director de Mirgor. En su planta de radios para las Toyota Hylux y SW4 analizan la nacionalización de las chapas, con la ayuda de la automotriz japonesa y dependiendo de los costos, según su gerente, Andrés Volpe.
“La posibilidad de sustituir piezas es mínima”, advierte el economista Gatto. “Podés poner el software o plásticos, pero es poco interesante sustituir cables, tornillos. Si sumás proveedores nacionales, complicás la línea de producción, deben tener calidad y volumen de producción, o juegan en la liga mundial o son un jugador periférico”, analiza Gatto.
El director del Instituto de Desarrollo Económico de la universidad fueguina también reflexiona la discutida exención fiscal a la industria electrónica, que acapara el 94% de las importaciones del régimen industrial. El 6% restante son las ramas textil (tejidos, sábanas), plástica (envases, bolsas), pesquera y otras. “Del gasto tributario lo que queda en la isla es mínimo: salarios e inversión. En parte va a las marcas, los proveedores, el retail, los que financian en 12 cuotas, la logística. Yo les haría pagar un porcentaje del IVA y Ganancias, pero no de un día para el otro. En 20 años debería parecerse a las otras provincias. La industria debería crecer en productividad con menor subsidio e igual empleo”, opina Gatto.
“Si sacás la industria electrónica, no sé si vas a bajar el costo fiscal porque vas a tener que mandar ATN (Aportes del Tesoro Nacional) para sostener la provincia”, reflexiona la exministra de Producción e impulsora del régimen en tiempos kirchneristas Débora Giorgi. En cambio, el economista Federico Muñoz opina que “Tierra del Fuego es el ejemplo paradigmático del capitalismo de amigos, prebendario, que busca la rentabilidad haciendo lobby”. A partir de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Muñoz elaboró un ranking de margen neto en 2013/2014 de las 35 ramas industriales con ventas superiores a los 10.000 millones de pesos en 2014 y concluyó que ninguna ganó más que las fábricas de equipos de radio y televisión, que precisamente están radicadas en la isla.
Dos de las empresas del sector cotizan en bolsa y sus balances son públicos. En una anterior investigación, Chequeado comprobó que Mirgor, la empresa de Caputo, sólo abonó de impuesto a las ganancias el 0,1% de su facturación en 2012-2015, menos que el 0,3% del promedio de la industria electrónica nacional. Newsan, propiedad de Rubén Cherñajovsky, está en el 0,5%. En Australia, país en el que las autoridades tributarias transparentaron lo que tributan las grandes empresas, ninguna compañía de electrodomésticos paga tan poco como Mirgor: en un extremo Sony abona el 0,3% y en el otro, Miele, el 2,3%.
Pero Galli, de Newsan, niega una concentración económica en la electrónica: “¿En qué otro sector de la economía hay tantos competidores? En los Estados Unidos puede ser, pero no en la Argentina… Yo compito contra ocho empresas”, se jacta Galli. En el pasado estuvieron radicadas Panasonic, JVC y Sharp, pero las empresas nacionales se quedaron con sus licencias.
“Se concentra el negocio en manos de los que tienen más espalda para afrontar los vaivenes financieros”, se muestra comprensiva la exministra Yutrovic. En una telefónica, un directivo que exige el anonimato para hablar se queja: “En la isla hay solo cuatro fabricantes grandes de celulares. Es un grupo reducido, eso te quita libertad para elegir quién te fabrica”.
“Necesitamos un régimen abierto a nuevas empresas y productos”, reclama el exsecretario García. “Sería bueno que abrieran el régimen a más empresas y a más productos. Yo, por ejemplo, no puedo hacer aire acondicionado”, se queja un empresario con inversiones en la isla. Mientras tanto, hay empresas que cuentan con proyectos de producción aprobados pero no instrumentados y que esperan al mejor postor para vendérselos.

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