PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA UNA AGENDA POPULAR, NACIONAL Y GLOBAL

Un grupo de economistas y sociólogos de las universidades de Stanford, Harvard y Berkeley publicaron una investigación según la cual sólo la mitad de los ciudadanos norteamericanos nacidos en la década de 1980 obtienen ingresos superiores a los de sus padres, lo que revela una caída significativa respecto del 92% de los nacidos en la década de 1940. El trabajo dirigido por el profesor Raj Chetty advierte que para el decil de menores ingresos el resultado es aún más alarmante: el 30% de los nacidos en la década de 1980 empeoró sus ingresos materiales respecto de sus padres, mientras que en la cohorte de los nacidos en los 40 del siglo pasado tal situación fue padecida sólo por el 6%. En términos geográficos se aprecia una declinación de la movilidad social más intensa en los estados del Medio Oeste industrial de Michigan e Illinois.
El equipo de investigación avanza con dos hipótesis contrafácticas. La primera de ellas evalúa el impacto del crecimiento económico en la movilidad social, aplicando las altas tasas de crecimiento de mediados del siglo XX a partir de 1980 hasta el 2010. En la segunda hipótesis se aplican los patrones distributivos vigentes en 1940 al período más reciente. En el primer caso se agranda el “pastel” de recursos, dividiéndolo en los mismos términos actualmente existentes, lo que aumenta la movilidad social absoluta en un 62% (la brecha entre las cohortes comparadas se reduce un 29%). En el segundo caso, el pastel es dividido en los términos más equitativos de los años bélicos y de la posguerra, lo que incrementa la movilidad absoluta en un 80% (la brecha entre las cohortes comparadas se reduce un 70%). Los autores del informe sentencian: “La clave para revivir el sueño americano de la movilidad social requiere de un crecimiento económico más ampliamente distribuido, por sobre el simple crecimiento del PBI”.
Esta investigación se publica al mismo tiempo que otros reportes informan sobre la primera declinación en la expectativa de vida estadounidense producida desde 1993 y un número de muertes por consumo de heroína que por primera vez supera a los homicidios con uso de armas de fuego. Es inevitable vincular estos datos con la anomalía denunciada el año pasado por Anne Case y Angus Deaton, respecto del incremento en el índice de mortalidad de la población trabajadora blanca norteamericana de mediana edad, en particular como consecuencia de intoxicaciones por consumo de drogas y alcohol y por suicidios. Por su parte, David H. Autor, David Dorn, y Gordon H. Hanson dieron cuenta de las consecuencias sociales sufridas por los hogares de las comunidades más golpeadas por el “shock chino” de importaciones baratas, como consecuencia de la desindustrialización intensificada a partir de los 90 del siglo pasado (bajos salarios, inestabilidad laboral y desempleo resultantes de los 7 millones de puestos de trabajo del sector industrial suprimidos desde 1980).
En este escenario, la derecha republicana se apoya en una oferta discursiva que responsabiliza de todos los males a los sindicatos que incrementaron (e incrementan) los costos productivos, al exceso gubernamental que se despacha con regulaciones que desalientan las inversiones en la economía real y a los inmigrantes que ocupan los trabajos de los nacionales. El liberalismo demócrata carece de una respuesta convincente, que se atreva a cuestionar aspectos centrales del status quo económico, con tono similar al empleado por Donald Trump contra el status quo político y económico (más allá de sus contradicciones y retrocesos en ambos sentidos).
La agenda de las fuerzas de izquierda y progresistas (no sólo de Estados Unidos) debe ser comunicada con tono populista y contener, a modo de presupuestos mínimos, los siguientes componentes:
1) El fortalecimiento de las organizaciones sindicales y representativas de los intereses de los trabajadores. El estancamiento salarial y el deterioro de las condiciones de vida en Estados Unidos fue más feroz que el experimentado en países como Francia como consecuencia de las menores protecciones y poder de negociación de sus trabajadores (el ingreso de los trabajadores franceses que en 1980 era un 11% menor al de sus pares norteamericanos, actualmente es un 16% mayor). Mejores derechos y representación de los trabajadores de ningún modo riñen con eficiencia económica y productividad, como lo demuestran los casos de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Los Países Bajos y Alemania, en los que existen diversas modalidades de participación de los trabajadores en el gobierno y supervisión de las empresas privadas sin que ello les prohíba posicionarse dentro del grupo de las economías más competitivas del planeta. No en vano la primera ministra británica Theresa May promueve este modelo para que la economía de Gran Bretaña funcione para todos.
2) Una intensa regulación nacional de los fondos de cobertura (hedge-fund) y de actuaciones accionarias que privilegian el beneficio de corto plazo en desmedro del interés corporativo de largo plazo, del bienestar ciudadano y de las inversiones necesarias en investigación y desarrollo (I+D), para fomentar innovaciones y perfeccionamiento productivo de la empresa y de la economía nacional o subnacional que la contiene. Las desregulaciones producidas a favor de las soluciones de mercado no significaron mayores y mejores inversiones en la economía real, por el contrario las firmas priorizaron la distribución de dividendos y recompras antes que adquisiciones de equipos y modernización de plantas fabriles, mientras apuestan por el desarrollo de invenciones pasadas en vez generar nuevos inventos (el I+D se reduce a la D). La desregulación sólo ha servido (muy bien) para transferir recursos de contribuyentes y trabajadores (ajustados en sus salarios o despedidos) a favor de desnacionalizados accionistas.
3) Una promoción internacional de nuevos acuerdos de comercio justo y regulado. En términos generales, los que se denominan acuerdos de libre comercio no son libres ni apuntan a la actividad comercial, por el contrario son diseñados por los mandatarios de las firmas multinacionales, con el objeto de fortalecer sus posiciones monopólicas y contra-innovadoras. Una finalidad prioritaria de estos acuerdos apunta a obtener injerencias estatales que garanticen la extracción de rentas de trabajadores, consumidores y firmas no monopólicas hacia las firmas monopólicas multinacionales que imponen, entre otras cosas, las cláusulas de propiedad intelectual que cristalizan esta dinámica. El monopolio privado de las ideas es parte de una estrategia que les permite eliminar preventivamente cualquier competencia, deslocalizar sus actividades, subcontratar mano de obra barata, crear empresas fantasmas y evitar aportes impositivos (Apple y Coca-Cola son figuras emblemáticas en tal sentido).
Estos presupuestos mínimos deben existir en cualquier agenda de partidos y fuerzas políticas que deseen lidiar con posibilidades de éxito contra las ofertas populistas de derecha en auge. El estilo de la comunicación debe absorber algo de la incorrección política que nutre el discurso de sus contradictores. Por sobre todas las cosas, deben asumir el coraje de aceptar que la discusión nuclear es por la distribución de los recursos económicos, no por el crecimiento económico, por la promoción de inversiones o la regulación de los flujos migratorios. De otra manera deben resignarse a las tibias reformas que no impiden el rompimiento social y su secuela de exclusión, adicciones y muerte en los sectores desatendidos por sistema global imperante.

Por Fredes Luis Castro

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