LA CULPA ES DE QUIEN DESAJUSTÓ

Cada enfermedad tiene su terapéutica. No hay médicos “insulinistas” que prescriban insulina para cualquier mal, ni “penicilinistas” que recomienden antibióticos para todo. En economía ocurre lo contrario: hay economistas que recetan siempre lo mismo, cualquiera sea la enfermedad: recesión o inflación. Unos prescriben el aumento del gasto público. Siempre. Otros aconsejan la reducción. Siempre. Nada menos científico Cuando hay recesión y baja inversión privada, el Estado debe realizar –aumentando sus egresos– una fuerte inversión pública que reactive la economía. Cuando hay alta inflación o un déficit severo, es necesario restringir los medios de pago y bajar el gasto público. Y si hay recesión e inflación hay que hacer un difícil equilibrio entre inversión pública y un ajuste ponderado.
No se puede ser keynesiano todo el tiempo, ni monetarista todo el tiempo. Lord Keynes probó que, mediante una masiva inversión en la industria, un gobierno puede sacar a su país de una recesión tan profunda como la que Estados Unidos vivió en 1929. Pero Keynes también enseñó que los gobiernos podían influir en la productividad macroeconómica aumentando o reduciendo, según los casos, los niveles de impuestos y gasto público.
Según las circunstancias, el aumento del gasto público puede llevar a la hiperinflación; y la reducción al caos. En ambos casos el Estado debe financiar gasto corriente con deuda y a menudo marcha así al default. Esas son las consecuencias del dogmatismo económico. Al que suelen asociarse el fanatismo y el usufructo político. El gasto público es considerado “progresista” y el ajuste “conservador”. No es necesariamente así. Hay gobierno progresistas que ajustan y conservadores que malgastan.
En Estados Unidos, el progresista Bill Clinton practicó un ajuste y el conservador George W. Bush duplicó el gasto público. Uno tuvo éxito y el otro fracasó. Bush padre dejó un déficit de 413.000 millones de dólares. En cuatro años, Clinton lo redujo a 28.000 millones merced a un alza de impuestos y una fuerte reducción del gasto público: 2,2 % del producto bruto. Pero al fin de su gobierno pudo exhibir cifras encomiables: Estados Unidos había crecido, por año, a un promedio de 4 %; la inflación había bajado a 2,5; se habían creado casi 23 millones de empleos y 7 millones de habitantes habían salido de la pobreza. Con mayores ingresos el gobierno había podido invertir grandes sumas en asistencia social, educación, tecnología y recapacitación laboral, a la vez que promovido la inversión privada y la productividad.
Años más tarde llegaría Bush hijo, que bajó los impuestos y aumentó el gasto público como ninguno de sus seis predecesores. No sólo en Defensa sino también en desarrollo económico-social. Hombre de derecha, quiso ganar el apoyo popular recurriendo a ejercicios populistas. Su gobierno concedió miles de subsidios: a la energía, a los estados de menos recursos, a pequeñas empresas, a ONGs y a individuos necesitados. Cuando dejó el gobierno el déficit del país era de 464.000 millones de dólares y 13 de cada 100 norteamericanos eran pobres.
Sean Wilentz, historiador de la Universidad de Princeton, dice que Bush hijo es un serio aspirante al título de “peor Presidente” de la historia Estados Unidos. Su gobierno tuvo, en economía, los peores resultados que haya dejado gobierno alguno desde la Gran Depresión de 1929.
De esto no debe deducirse que el recorte presupuestario provoca per se bonanza y el gasto penurias. Lo que ocurre es que el gasto incontrolado deja al Estado sin instrumentos para promover el crecimiento, y el ajuste oportuno crea condiciones para que, con una adecuada política de desarrollo, impulse la expansión de la economía. Es frecuente que ambas cosas sigan una secuencia. Los gobiernos dispendiosos dejan sin herramientas a los que vienen, obligándolos a tomar medidas impopulares.
La culpa de la ajuste la tiene el que desajustó. Claro que los platos rotos los paga el ajustador. La buena política económica exige que, cuando tenga recursos suficientes, el Estado invierta de manera selectiva, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio y el costo de oportunidades. Una forma de hacerlo es bajar los costos de producción e incentivar la sustitución de importaciones, siempre que dicha sustitución permita fabricaciones más baratas y productividad más alta. Otra, dar amplias facilidades a la inversión externa, pero sólo en áreas previamente seleccionadas en función de un programa de crecimiento acelerado y creación de empleo. Otra, potenciar el consumo mediante subsidios, a condición de que tengan contraprestaciones que ayuden a aumentar la producción. Y otra más, crear un fondo de reserva para no tener que interrumpir esas políticas en tiempos de crisis.
Nada de esto se hizo en la Argentina contemporánea cuando se llenaron las arcas del Estado. Como no se hicieron, en tiempos de sequía financiera, ajustes quirúrgicos, que eliminaran gastos ociosos o improductivos, preservaran empleo genuino y transfiriesen gasto corriente a inversión. Al igual que en medicina, en economía hay que distinguir una enfermedad de otra y, luego, no querer curar de cualquier manera.

Por Rodolfo Terragno.

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