DERECHOS HUMANOS

En el plano internacional, se denomina “negacionismo” al movimiento intelectual y político que, a partir de la publicación de “La mentira de Ulises”, del francés Paul Rassinier, intenta desconocer, relativizar, deslegitimar o trivializar el holocausto, discutiendo el número de víctimas, el alcance de la persecución, la ubicación de las cámaras de gas, la existencia de epidemias, etc. Algunos países de Europa, como Francia, Alemania y Austria, entre otros, han establecido el carácter delictual estas conductas.
Salvando las diferencias, el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, ha cometido un claro acto de negacionismo de nuestra propia tragedia, poniendo en duda los hechos, minimizando su gravedad y diluyendo las responsabilidades.
Se encuentra fuera de toda discusión racional que durante la dictadura y para reprimir al terrorismo, las Fuerzas Armadas secuestraron a miles de personas que entendían sospechosas, las mantuvieron en condiciones inhumanas de alojamiento en dependencias militares o bajo su comando, las torturaron para obtener información, y luego las asesinaron o bien las “legalizaron” poniéndolas a disposición del Poder Ejecutivo o de un tribunal militar. Este proceder fue realizado de modo idéntico por las tres fuerzas armadas y en la totalidad del territorio argentino. Además, todo ocurrió en la más absoluta clandestinidad, aprovechando el control del estado para negar lo que ocurría a familiares, jueces, gobiernos extranjeros y a toda la sociedad.
La condena a las violaciones masivas a los derechos humanos producto de ese accionar cruel y salvaje, no sólo importó el castigo a los responsables, sino que constituyó una bisagra dentro la transición, pues permitió que la democracia se edificara sobre la base del estado de derecho, del respeto a los derechos humanos, del repudio a la violencia como forma de acción política y de concebir a la voluntad popular como único mecanismo legítimo para resolver los conflictos de la sociedad. Este rechazo a los horrores del pasado se erigió entonces como una prenda común para todas las fuerzas políticas democráticas y para una abrumadora mayoría del pueblo.
Un consenso tan fuerte explica la continuidad de los juicios actuales a los represores, en procura de que esta etapa tan dolorosa de nuestra historia se cierre con justicia. También es ese intenso consenso el que explica el estrépito que han causado las insólitas declaraciones de Gómez Centurión, que ha tratado de presentar los hechos como consecuencia de “excesos” individuales, no derivadas de un plan previo, y de discutir el número de muertos.

Ricardo Gil Lavedra

 

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