EL COMPROMISO DE SALDAR UNA DEUDA HISTÓRICA

Es necesario reformar el esquema de Coparticipación vigente. Ya en 1994 era una necesidad consensuada, innegable y apremiante, al punto de incorporarse en la reforma constitucional la obligación de sancionar una nueva ley antes de que concluyera el año 1996. Es momento de encauzar esfuerzos en pos de saldarla, ya que la continua demora dificulta, por no decir imposibilita, alcanzar un grado de desarrollo equivalente en todo el territorio nacional, el cual debería constituir el espíritu de cualquier propuesta de reforma.
Según estipula nuestra Constitución Nacional, el mecanismo de reparto de recursos debe establecerse “en relación directa a las competencias, servicios y funciones” de cada jurisdicción.
El actual esquema de coeficientes fijos impide cumplir cabalmente esta premisa, al no haber forma de considerar las circunstancias particulares que modifican las necesidades relativas de financiamiento entre jurisdicciones. En este sentido, debemos avanzar hacia un sistema más equitativo y solidario, que sea adaptable a los cambios en las necesidades interjurisdiccionales. Asimismo, el régimen vigente potencia, en lugar de suavizar, la prociclicidad de la recaudación. Es decir que los fondos a repartir se incrementan en épocas de abundancia y se resienten en períodos de menor actividad. Por lo tanto, el gasto público en nivel y en calidad se ve afectado, justamente, en las épocas de mayores demandas de la sociedad.
Es en función de esto que aspiramos a cambiar el sistema de coeficientes fijos por uno basado en criterios racionales de reparto, respetando el mandato constitucional que así lo estipula. Este criterio pretende cubrir la brecha entre lo que cada jurisdicción necesita gastar para poder prestar servicios de calidad y lo que puede recaudar haciendo un esfuerzo fiscal equitativo.
Para tener éxito, la reforma debe hacerse de manera consensuada entre todas las jurisdicciones. Va a requerir una discusión amplia y profunda, y el compromiso permanente de todos los representantes para garantizar un equilibrio sustentable, en cuanto a la determinación de las capacidades fiscales y las necesidades de gasto de todos los actores involucrados.
Si bien hay un acuerdo unánime en cuanto a la necesidad de modificar el esquema de coparticipación actual, hasta ahora nunca se llegó a un acuerdo sobre cómo hacerlo. Hay tantas ideas como partes involucradas, todas justificadas acabadamente en razones de equidad y justicia distributiva. Por eso resulta indispensable generar los ámbitos de debate e intercambio que permitan construir los consensos necesarios para acordar criterios que luego lideren la discusión hacia una reforma integral.
El objetivo al que aspiramos es el más ambicioso plan de consolidación del Federalismo Fiscal del que se tenga recuerdo. Equivalente a ese nivel de ambición es la dificultad que conlleva y la paciencia que requiere. Sin embargo, el compromiso de saldar una deuda de 20 años con la Constitución Nacional y generar las bases de un verdadero Federalismo merece el esfuerzo conjunto.

Rogelio Frigerio. (Clarín, 12-2)

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