PARA QUE LOS QUE TRABAJAN NO CORRAN RIESGOS

En los años de 1990, como consecuencia de la cantidad de juicios que se habían promovido, en la Argentina dejaron de asegurarse los “accidentes del trabajo”. Por esos años, el INDER (empresa del Estado) monopolizaba el reaseguro y, consecuentemente, concentraba todo ese riesgo. De ese modo se aseguraban empresas, comercios e industrias y todo el riesgo se concentraba en el Estado, también las demandas judiciales. El resultado de todo eso fue que se eliminó la cobertura y (en gran medida por los quebrantos ocasionados) el reasegurador monopólico terminó siendo liquidado.
No pasó mucho tiempo para que se pusiera en marcha al Aseguramiento de los Riesgos del Trabajo, una suerte de subsistema de la seguridad social que hizo obligatoria la cobertura y significó un extraordinario avance a favor de los empleados y trabajadores.
El sistema resolvió perfectamente la atención de las lesiones que alejaban a las víctimas durante un tiempo de su lugar de trabajo. Allí el sistema empezó a cubrir la atención médica y la caída de salarios. El 95 % de los siniestros que se registraron desde entonces tuvieron estas características.
El 5 % restante de la siniestralidad determinó incapacidades permanentes o muertes. Allí hubo excesos de las aseguradoras que aprovecharon cierto retraso en los montos indemnizatorios que la misma ley determinaba. En ese instante se desató una litigiosidad que, muchas veces por el abuso de los demandantes y la complacencia judicial, volvieron a poner en jaque la viabilidad del sistema. Y entonces, otra vez, la crisis se desató.
Suelo decir, con total sarcasmo, que Nietzsche debe haber vivido den Argentina. El padre del nihilismo construyó “el mito del eterno retorno”, una teoría filosófica que presenta a la historia como ciclos que se repiten y que siempre acaban en el punto de arranque para repetirse otra vez.
Ese parece ser el destino de nuestra sociedad. Siempre volver a debatir cuestiones que creíamos superadas. Entonces cuando muchos creímos acabado el tiempo en el que los juicios por accidentes de trabajo jaqueaban empresas, la historia volvió a repetirse a partir de ciertas reformas al sistema que introdujo la gestión anterior.
El Gobierno Nacional ha advertido la dimensión del problema y ha tratado de corregirlo de una manera inteligente. No ha buscado empobrecer a la víctima ni ha intentado favorecer al empleador. Ha buscado el camino más simple: encontrar soluciones armónicas desalentando los juicios laborales.
La reforma genera una instancia previa a cualquier reclamo judicial y absolutamente obligatoria. Busca así satisfacer en tiempo y forma los reclamos de los trabajadores. A partir de ahora serán comisiones médicas imparciales las que determinen el nivel de incapacidad laboral que padezca aquél trabajador que se haya accidentado.
En la actualidad el 70 % de los reclamos obvian la instancia administrativa y recurren en forma de demandas directamente a la justicia. A partir de allí, el demandante entra en un largo juicio que carcome la economía de aseguradoras y empresas a través de gastos periciales y honorarios de abogados.
Volver a plantear la instancia administrativa y dejar en manos de especialistas médicos la fijación de la incapacidad y de los montos indemnizatorios, ha sido una buena propuesta. Así, el sistema no propicia evitar el reclamo judicial sino acotarlo a aquellos casos en los que no se encuentra una solución administrativa.
La racionalidad de la reforma propiciada es evidente y es sensato que el Gobierno Nacional haya desistido de su idea de imponerla a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. La norma contaba ya con media sanción del Senado. Los sindicatos habían dado su apoyo y había sido incorporada para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Siendo así, no había necesidad ni urgencia para obviar un trámite parlamentario que es evidente que está absolutamente encaminado.
Es hora de que en Argentina la experiencia se acumule en nosotros y nos permita rescatar aciertos y descartar errores. Eso es exactamente lo que pretende esta ley. Evitar que reclamos abusivos conduzcan a la quiebra a un sistema que, hasta aquí, se ha mostrado idóneo para reparar los daños que se padecen mientras en el mismo ambiente donde se busca el sustento diario.
En este caso, basta con ver lo que nos ha pasado para no incurrir dos veces en el mismo error. Porque al fin y al cabo, no es verdad que estamos condenados a repetir cíclicamente la historia. Aunque Nietzsche haya creído lo contrario.

Alberto Fernández.ex jefe de Gabinete

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