ARRANQUE O REBOTE?

INTRODUCCIÓN
Más allá de los deseos, de los mensajes de optimismo con fechas ciertas incluidas, de algunas
señales dispersas que los brotes de la botánica económica hoy en boga -cada tanto- le da a la
sociedad, lo cierto es que la economía nacional parece dar signos de rebotar pero no de arrancar.
Nos parece, entonces, importante, en primer lugar, diferenciar entre lo que entendemos por
“arranque” de la economía en general, de lo que concebimos como “rebote”.
Entendemos por “rebote” a un estado de orden coyuntural en el que la actividad económica,
después de un descenso generalizado, aparenta dejar de caer para revertir parcialmente y sin
demasiada firmeza esa tendencia, básicamente por inercia y sólo algo por política económica. En
un “rebote” lo que se verifica es la falta de generalización y sustentabilidad de la recuperación y
está conformado por reversiones sectoriales parciales, que muchas veces pueden aparecer como
significativas en términos relativos por un mero efecto aritmético1
.
En lo que denominamos un “arranque” prevalece un cambio general favorable de expectativas y
de confianza en la estabilidad de las reglas de juego, que se refleja en la predominancia de un
ambiente difundido de optimismo y de negocios. En dicho estado, todos o casi todos los
engranajes de la economía se mueven en sentido positivo y sobre bases sólidas objetivas, que
permiten el desarrollo y concreción, más o menos general, de proyectos de inversión.
¿Qué es lo que está sucediendo, entonces, para que a pesar del esfuerzo que ha realizado el
gobierno nacional por reordenar gradualmente la macroeconomía de las consecuencias de los
desajustes, restricciones e inconsistencias que recibió del nacional populismo, prevalezca un
estado general de relativo estancamiento, tensiones y desánimo?
Entendemos que se trata de una combinación de factores de orden económico, político y
sicosocial con otros de naturaleza estructural, tanto domésticos como internacionales, la que está
determinando esta situación por cierto compleja y, de algún modo, decepcionante, potenciada
por la disputa electoral prematuramente iniciada.

1 Así, por ejemplo, si un sector industrial tenía antes de la caída un índice de nivel de actividad de 100 y al caer
dicho índice se redujo a 50 y con el “rebote” se reubicó en 75, puede afirmarse que el sector se recuperó en un 50%.
Sin embargo su actividad se mantiene un 33% por debajo del indicador previo a la caída.
2
El gobierno apostó a la confianza que generarían sus primeras medidas en el campo
macroeconómico, especialmente las vinculadas al funcionamiento de los mercados cambiario,
monetario y financiero y al nuevo acercamiento de la Argentina con el mundo, como impulsora
de un efecto contagio, que se reflejaría en un rápido salto cuali-cuantitativo en la inversión
privada.
De alguna manera, como lo expresara algún ministro del poder ejecutivo al inicio de la gestión,
se esperaba un comienzo de 2016 complejo y un fin de año “a toda orquesta”.
Con esa visión predominante las autoridades no quisieron, durante buena parte del primer año de
gobierno, poner énfasis en las serias dificultades con que se encontraron y, más bien por el
contrario, trataron de poner fecha cierta al inicio de una recuperación general de la economía.
Sin embargo, ya transcurridos casi 16 meses del mandato, la mayor parte de los agentes
económicos privados –con excepción del complejo agropecuario de la pampa húmeda y parte del
sector energético-, mantiene una actitud de extrema reticencia respecto de sus decisiones de
gasto sobre los componentes básicos de la demanda agregada (consumo, inversión y
exportaciones).
Más allá de las motivaciones específicas de dichos agentes, queremos destacar dos aspectos de
capital relevancia, vinculados entre si y que afectan a todos ellos simultáneamente, que
consideramos están motivando dichos comportamientos: 1) la atomización de las decisiones
económicas como resultado del fraccionamiento del gabinete nacional en ocho áreas
relacionadas con la economía, agravada por el estado crítico de la misma; y 2) la ausencia de un
plan macroeconómico comprensivo y comprensible para el conjunto de la economía, que en el
contexto de atomización de decisiones se hace prácticamente imposible de concebir e
implementar.
En este trabajo analizaremos las diferentes razones por las cuales, a nuestro entender, predomina
esa conducta reticente, que afecta las necesidades electorales del gobierno.
CONSUMO E INGRESOS REALES, DOLARIZACIÓN Y AHORRO FINANCIERO
El Consumo y los Ingresos Reales
El principal factor que ha impedido un despegue del consumo privado, que representa alrededor
del 73% del PBI, ha sido –a nuestro entender- la caída en los ingresos reales de las familias.
Dicho descenso fue la resultante de la conjunción entre la merma del salario real y los niveles de
empleo, que aún no dan signos elocuentes de recuperación, después del descenso del primer
semestre del año pasado.
3
Dicho problema se presentaría con mucha mayor intensidad en los sectores informales de la
economía. En palabras del actual Ministro de Hacienda: ‘’La explicación se encuentra, tal vez,
en los datos que no conocemos. Y ello nos conduce a la economía informal.
El 35% de los trabajadores argentinos son empleados informales. Su sueldo promedio es menos
de la mitad que el que perciben los empleados en blanco. En la economía informal el desempleo
es muy alto: de los 1,2 millones de desocupados que relevó el Indec en el segundo trimestre [de
2016], la gran mayoría provenían de actividades informales. Allí, los salarios nominales y los
empleos no son defendidos por nadie, y cuanto más aguda es la recesión o la inflación, más
tardan en recuperarse el empleo y el poder de compra de los salarios.
Los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares que publica el Indec muestran que en
ese trimestre el sector informal habría sufrido una caída interanual de sus salarios reales 8
puntos porcentuales más elevada que en el sector formal, es decir, una baja del 10% en vez del
2%”2
.
A lo anterior se agrega la lenta implementación del programa de reparación histórica a los
jubilados y pensionados -asociado al resultado fiscal del blanqueo- cuyos efectos sobre el
consumo aún no se perciben y se dilatarán en el tiempo3
y los efectos negativos de la incorrecta
implementación del programa “Precios Transparentes”4
, que paralizó en especial el gasto en
bienes de consumo durables.
Como reflejo del estado de ánimo de los consumidores, resulta significativo el comportamiento
errático, aunque negativo, del Indice de Confianza del Consumidor, que elabora la Universidad
Di Tella. Dicho indicador, a nivel nacional, cayó en 9 de las 14 mediciones mensuales que
mediaron desde el inicio de la gestión de Cambiemos y febrero del corriente año, en que se ubicó
en un 25% por debajo de la observación de enero de 2016.
Contrarrestando parcialmente lo apuntado, en los próximos meses se conjugarán tres
componentes del ingreso de las familias, que incidirán en una mejora del consumo: a) los
aumentos salariales resultantes de las convenciones colectivas de trabajo, que mayoritariamente
se concretarán entre abril y junio; b) la puesta en marcha del primer tercio ($ 10.000 millones)
del acuerdo por la “emergencia social”, que implementa el denominado salario social
complementario y c) la efectivización en marzo y setiembre del aumento de las jubilaciones, que
marca la ley 27.160.

2 Nicolás Dujovne, “Por qué No Arranca la Economía de Macri”, La Nación, 22 de noviembre de 2016
3 De acuerdo con información interna de ANSES (no publicada) desde el inicio del Programa de Reparación
Histórica y hasta febrero del corriente año se habrían desembolsado $14.200MM a sus beneficiarios. En lo que va de
2017 el promedio mensual de desembolsos habría sido del orden de los $4.500MM. Proyectando ese promedio para
el año se llegaría a unos $54.000MM (equivalentes a unos u$s 3.200MM), que representarían un 0,6% del PBI.
4 Ante los problemas que generó la aplicación de este programa el gobierno se visto compelido a modificarlo
parcialmente e, incluso, a reinstalar para cierta clase de bienes los planes de pago de “cuotas sin interés”.
4
Consumo, Dolarización de Carteras y Ahorro Financiero
Dos factores adicionales vinculados a las franjas de población con alguna capacidad de ahorro,
han también actuado como freno al gasto en consumo: 1) la dolarización de carteras y los gastos
en el exterior, con un resultado neto desfavorable para el país y 2) la absorción importante de
pesos por parte del Banco Central, destinada a neutralizar los efectos expansivos de la
financiación de origen externo del déficit fiscal. Como se analiza más adelante, el BCRA realiza
dicha absorción vía colocación de Lebac y más recientemente también con operaciones de pase
con las instituciones financieras, esterilizando recursos de ahorristas individuales (familias) e
institucionales (entidades financiera, compañías de seguro, etc.), como parte de la política
antiinflacionaria.
Respecto de la dolarización de carteras, debe apuntarse que entre diciembre de 2015 y fin de
enero del corriente ejercicio la “Formación de Activos Externos del Sector Privado No
Financiero”5
sumó u$s 11.900 millones. En el mismo período los depósitos en moneda extranjera
en el sistema financiero local subieron en u$s 11.600 millones, de los cuales unos u$s 8.000
millones corresponden a depósitos vinculados al blanqueo de capitales6
. Ello implica que de la
denominada “Formación de Activos Externos”, sólo u$s 3.600 millones habrían vuelto bajo la
forma de depósitos en el sistema bancario, lo cual redunda en una fuga neta del sistema del orden
de u$s 8.300 millones.
Se trata entonces de un volumen significativo de recursos (alrededor del 1,6% del PBI), que se
han detraído del consumo y/o de las corrientes de financiamiento doméstico. Pero al mismo
tiempo esas decisiones de cartera representan señales de prevalencia de un grado aún relevante
de desconfianza en la moneda nacional como instrumento de ahorro.
Complementado lo anterior, entre enero de 2016 y enero de 2017 el gasto neto de las familias en
viajes y turismo al exterior rondó los u$s 8.000 millones7
en términos netos. La importancia de
este guarismo se acrecienta cuando se compara el bimestre diciembre de 2016/enero 2017 con el
mismo período de un año antes: creció en un 75%. Esta cifra está reflejando una detracción de
recursos del gasto local en consumo y, asimismo, denota la existencia de un llamativo problema
de precios relativos.

5 Fuente: BCRA
6 Fuente: AFIP
7 Fuente: BCRA
5
Con relación al impacto de la colocación de Lebac en el mercado y de las operaciones de pase8
con el sistema financiero, debemos recordar que ambas constituyen los dos principales
instrumentos de control monetario y herramientas de política antiinflacionaria. Conforman
esterilizaciones absolutas de recursos monetarios en manos del público y una detracción plena de
flujo de gasto doméstico, ya se trate de fondos provenientes de: 1) familias actuando como
inversores financieros particulares o a través de fondos comunes de inversión, en cuyo caso se
disminuye el consumo; 2) de empresas, detrayendo recursos de su gasto corriente y/o de la
inversión; y/o 3) de disponibilidades bancarias, afectando el flujo de nuevo crédito.9
En números la situación puede sintetizarse como sigue 10
. Al 15/3/2017, el stock de Lebac
ascendía a unos $ 824.000 millones (equivalentes a unos u$s 52.000 millones al tipo de cambio
de ese día), representando un 10% del PBI, su vez dicho stock significaba aproximadamente un
103% del total de reservas internacionales brutas, un 101% de la base monetaria del BCRA, un
155% de los depósitos privados a plazo fijo en pesos y el 86% de los préstamos en moneda
nacional al sector privado.
Por su parte el stock neto de pases pasivos a la misma fecha era de $ 381.000 millones (unos u$s
24.000 millones al cambio del día).
A la tasa anual de interés que actualmente devengan estas obligaciones del BCRA y suponiendo
que el tipo de cambio se mantuviera estable, el pasivo del Banco Central por estos conceptos –
que constituyen el denominado déficit cuasi-fiscal- se estaría incrementando en unos $ 276.000
millones/año (u$s 17.500/año), equivalentes a un 3,5% del PBI.
La Política Monetaria y el Nivel de Actividad
No se trata, valga la aclaración, de desconocer ni cuestionar la necesidad de encarar una política
antiinflacionaria, que además ha sido planteada como prioridad por las autoridades. Sino de
señalar inevitables efectos colaterales o paradojales de la que está aplicando el Banco Central,

8 En las operaciones de pase intervienen el Banco Central, por un lado, y las entidades financieras, por el otro: una
de las partes vende a la otra títulos o bonos, en pesos o en dólares, o certificados de depósito en bancos del exterior,
para recomprarlas una cantidad determinada de días más tarde a un precio convenido originalmente.
En los “pases pasivos”, el Central es el que vende y luego recompra títulos, bonos o certificados de depósito; esta
operación permite a las entidades (cumplir con requisitos de liquidez y) obtener(, al mismo tiempo,) una renta por
sus disponibilidades excedentes. En los “pases activos”, el BCRA compra al contado y luego revende títulos o
bonos, en pesos o en dólares, a las entidades financieras para asistirlas ante casos de iliquidez transitoria. En ambos
tipos de pases, la diferencia entre el precio de venta y el de recompra es el que marca las tasas de interés.
9 Las únicas fuentes de inversión financiera en Lebac que no estarían afectando el gasto en consumo y/o inversión
serían las provenientes de compañías de seguro y las del Fondo de Garantía de Solidaridad de la ANSES.
Desafortunadamente el BCRA no ha publicado en fechas recientes información desagregada respecto de las
diferentes categorías de suscriptores de Lebac.
10 Fuente: BCRA, Balance Semanal y Boletín Estadístico.
6
especialmente en el marco de una pretendida política gradual en materia de disminución del
déficit fiscal.
Vale la pena, entonces, detenerse en aquellos aspectos, que si bien operan en el sentido de buscar
el imprescindible saneamiento de la moneda nacional, al mismo tiempo conspiran contra: i) las
expectativas y necesidades de la sociedad de vislumbrar señales claras y comprensibles de
mejoras consistentes en la situación económica general y ii) las necesidades políticas del
gobierno, frente a las elecciones de medio término, de contar con una economía en pleno estadio
de “arranque”.
En primera instancia, corresponde destacar que la política antiinflacionaria ha quedado
totalmente concentrada en el Banco Central, que la administra a través de la política monetaria,
condensándola esencialmente en el manejo de la tasa de interés. Los componentes
estructurales/institucionales de la inflación argentina y los relacionados con las pujas
distributivas del ingreso, a pesar de su relevancia histórica, han quedado soslayados.
En segundo lugar nos parece oportuno señalar que después de varios meses desde la puesta en
marcha del plan monetario de metas de inflación, la realidad muestra que las autoridades se han
fijado objetivos macroeconómicos extremadamente exigentes y difíciles de alcanzar o sostener
ante las demandas de la sociedad y los requerimientos de su consolidación política.
Parecería que el gobierno hubiera subestimado: i) los efectos encadenados de las subas de las
tarifas de los servicios públicos; ii) las recurrentes demandas de recursos fiscales provenientes de
amplios sectores de la sociedad (provincias, sindicatos, organizaciones sociales, etc.) y iii) de los
componentes no monetarios de la inflación en la Argentina.
Ello se ha hecho cada vez más evidente cuando se toma en cuenta la combinación entre la
necesidad de corregir las distorsiones macroeconómicas y los desequilibrios fiscales de todos los
niveles jurisdiccionales (nación, provincias y municipios) vigentes en el punto de partida, con el
marco de una sociedad muy atada a la llamada “ilusión monetaria”11
, al gasto público, a fuertes y
continuas pujas distributivas, a la existencia de núcleos sectoriales oligopólicos y al deseo
mágico de resolución “express” de problemas económico-sociales acumulados durante décadas.

11Se entiende por ilusión monetaria al efecto por el que las decisiones de un agente económico se guían por la
expresión monetaria de las variaciones de los precios y los ingresos nominales, en lugar de de por las variaciones en
los precios y los ingresos reales. En otras palabras, bajo el efecto de la ilusión monetaria algunos agentes
económicos actúan sin tener en cuenta la incidencia de la inflación.
7
Las autoridades -tal como lo hemos descrito en un trabajo anterior12
– enfrentan un serio dilema
de manta corta. En efecto, la magnitud de desajustes macroeconómicos que tienen que ser
corregidos, sumada a la debilidad política de origen del gobierno en materia de control
parlamentario y territorial, lo han inhibido política y socialmente para encarar un shock de ajuste
fiscal, que resultaría insostenible.
Este condicionamiento lo ha llevado a elegir el financiamiento del desequilibrio fiscal con
emisión de deuda del Tesoro Nacional, especialmente en moneda extranjera, en lugar de hacerlo
con emisión monetaria por parte del Banco Central.
Pero como el Tesoro necesita pesos, los recursos en moneda extranjera que obtiene en el
mercado deben ser: a) o bien vendidos al Banco Central y, entonces, resultan en emisión y
presión inflacionaria, que el BCRA contrarresta absorbiendo dinero con colocación de Lebac y
operaciones de pase13 con el sistema financiero, a tasas de interés elevadas o b) vendidos en el
relativamente pequeño mercado cambiario local, presionando a la baja la cotización de la divisa
extranjera y provocando, así, una apreciación del peso en términos reales, dada además la
magnitud de la inflación.
Al llegar las necesidades de pesos del Tesoro al límite establecido para el año 2016 por las metas
de emisión que el BCRA se ha fijado, dejó de intervenir en la compra de divisas provenientes del
Tesoro Nacional y algunas provincias.
En efecto, desde julio 2016 –con la sola excepción de diciembre- el BCRA prácticamente no
tuvo intervención cambiaria. De esta manera los oferentes de divisas han debido recurrir al
mercado para obtener los pesos necesarios para su desenvolvimiento, deprimiendo el tipo de
cambio nominal y forzando, así, una apreciación real de la moneda nacional.
Es muy probable que esta situación se mantenga o, incluso, se acentúe -salvo que sucedieran
situaciones imprevistas a nivel local o internacional- con los ingresos de divisas provenientes de
una cosecha récord y de fondos de corto plazo del exterior, alentados por el arbitraje entre una
tasa de interés doméstica y la tasa de devaluación, que se espera mucho menor a la anterior por
los próximos meses. A su vez, la falta de recupero generalizado de niveles de actividad, al
mantener relativamente comprimidas las importaciones, adiciona otro factor que contribuye a
mantener el atraso cambiario.
De todos modos cabe aclarar que desde mediados del corriente mes de marzo el Banco Central
tuvo algunas intervenciones con compras en el mercado de cambios para evitar que el tipo de
cambio se deprimiera, aún más, por debajo de cierto límite.

12 Lisandro Barry y Carlos Quaglio, “Los Dilemas de la Manta Corta”, Buenos Aires, Mayo de 2016.
8

Ante un déficit fiscal que el gobierno no puede seriamente poner en caja, la política seguida por
el Banco Central para cumplir con las metas de inflación ha generado dos efectos colaterales
contradictorios con la necesidad de contribuir a un “arranque” de la economía: i) como ya
mencionamos, una firme tendencia a la apreciación cambiaria, que atenta contra la
competitividad internacional del país, encareciendo exportaciones, afectando producciones
regionales y alentando importaciones, atesoramiento y gastos en el exterior; y ii) un efecto
desplazamiento (crowding out) de recursos financieros hacia el Banco Central, que afecta el
volumen y costo del crédito al sector privado.
Dichos efectos se agravarían si la inflación no cediera concomitantemente con las metas
propuestas por el Banco Central y este perseverara en las mismas.
Al respecto debe señalarse que si bien la inflación ha cedido relativamente, por un lado aún están
pendientes: 1) los efectos de los aumentos de tarifas de servicios públicos que, aunque entraron
en un esquema de pautas atenuadas y fraccionadas de actualización, tendrán sus impactos
directos e indirectos (encadenados) sobre el nivel general de precios, y 2) la incidencia en el
costo de producción de bienes y servicios de los resultados de las paritarias.
En definitiva, aunque las autoridades nieguen la existencia de un anclaje cambiario como
herramienta de contención de la inflación, los resultados muestran lo contrario. En este punto
llama la atención que no se haya tomado nota de las repetidas experiencias históricas argentinas
de retraso cambiario. Particularmente, cuando dicho retraso se agudiza por el fuerte ingreso de
capitales financieros asociado al financiamiento del déficit fiscal y estimulado por el arbitraje
que provoca la política de absorción monetaria, entre la tasa de interés doméstica y la de
devaluación esperada.
A nuestro entender, cuando ese fenómeno se produce en un contexto de muy fuerte
endeudamiento de corto plazo del Banco Central, los riesgos que comporta llevan a segundo
plano las diferencias entre un sistema de cambio fijo respecto de uno de cambio flotante.
Ninguno está a salvo de una falla sistémica en una economía con serias distorsiones
estructurales.
LOS EMPRESARIOS, LA INVERSIÓN Y EL COMERCIO INTERNACIONAL
El comportamiento del sector empresarial privado, local y externo, que decide sobre la inversión
y el comercio, resulta más complejo de analizar, ya que incluye –además de datos mensurablesconductas
y comportamientos especiales.
9
En primer lugar corresponde apuntar que al comienzo de la gestión del actual gobierno, el nivel
general de la capacidad instalada industrial ociosa era del 31% y a fines de 2016 ascendía al
35,5%14. Salvo las industrias de refinación de petróleo y de papel y cartón, que mostraban
capacidades ociosas algo inferiores al 20%, el resto de las manufacturas se ubicaban claramente
por encima de dicho guarismo. Sin duda esas elevadas subutilizaciones de la capacidad instalada
han conspirado contra la inversión, máxime en un contexto de consumo interno deprimido y
tendencia a la apreciación cambiaria.
Por otra parte cabe poner especial énfasis en que el sector se ha mostrado llamativamente
mezquino a la hora de mirar con entusiasmo la incorporación de nuevas reglas de
funcionamiento de la economía. Entre ellas podemos mencionar: la eliminación de las
restricciones cambiarias y al comercio, la implementación de normas de estímulo a las PyMEs, el
nuevo marco legal para las ART, la ley que crea la figura de la asociación público privada (APP)
para impulsar proyectos de infraestructura, la innovación legal en el campo laboral con los
convenios colectivos del gremio petrolero y automotriz, que incentivan las mejoras en la
productividad.
Las únicas excepciones han sido: 1) la del empresariado rural, que rápidamente respondió al
incentivo de la de suba del tipo de cambio efectivo (sumatoria de la elevación del tipo de cambio
nominal más el efecto de la eliminación o rebaja de derechos de exportación) y 2) los
emprendimientos energéticos, tanto en renovables como convencionales, especialmente
estimulados por los incentivos públicos creados por nuevas normas para la inversión en el sector.
Varios aspectos alimentan la conducta señalada dentro del empresariado local:
 Dudas sobre la capacidad del gobierno de hacer un buen papel en las elecciones de medio
término y asegurarse la gobernabilidad, más allá del uso de recursos fiscales cada vez
más escasos.
 Percepción de que diversos protagonistas sociales y económicos “le tomaron el tiempo” a
la manera de presionar y “sacarle” recursos o medidas de política al fisco.
 Desconfianza acerca de la estabilidad futura de reglas de juego implementadas por las
autoridades, aunque hayan contado con aprobación parlamentaria.
 Incertidumbre sobre la capacidad de la actual administración de encarar realmente una
política de saneamiento fiscal, que a mediano plazo permita reducir la presión impositiva.
 Prevenciones acerca de la actitud de prueba y error con que se han encarado muchos
aspectos de la gestión.
 Incertidumbre sobre la duración del retraso cambiario asociado a una inflación que no
cede drásticamente y que está amenazada por la puja distributiva.

14 Fuente: INDEC y abeceb
10
 Temores a tener que afrontar reducciones en los niveles de protección respecto de la
competencia externa. En dicho sentido, la intención firme del gobierno nacional de
promover un acuerdo de libre comercio Mercosur – Unión Europea y de buscar un
acercamiento a la Alianza del Pacífico, es mirada con recelo por gran parte del
empresariado argentino.
Con relación a la inversión externa directa (IED), debemos señalar, en primer lugar, que la
información oficial15 indica que la incorporación neta de capital de origen extranjero en 2016
ascendió a u$s 2.523 millones. Esta cifra es prácticamente igual al promedio del lustro
2011/2015 (u$s 2.545 millones/año). De todas maneras también es destacable que en 2016 las
remesas de utilidades y dividendos al exterior –que el gobierno anterior había impedidosuperaron
a la IED en algo más de u$s 580 millones.
Los factores que influyeron en el aún tímido comportamiento de los inversores no financieros del
exterior, básicamente pueden sintetizarse en:
 Incertidumbre sobre el resultado electoral, la estabilidad de las reglas de juego y el
mantenimiento de la paz social.
 Necesidad de que Argentina pueda ir mostrando una hoja de ruta consistente y duradera
de “buen” comportamiento.
 Ausencia del país, por un largo período, en el “radar” de oportunidades de inversión y
negocios de empresas y fondos de inversión internacionales.
 Percepción de atraso cambiario, que encarece las inversiones y pone en riesgo la
rentabilidad de las mismas.
 Influencia estigmática de la corrupción, exponencialmente diseminada durante el
gobierno anterior, no sólo por sus connotaciones éticas sino también por su incidencia en
aspectos prácticos de competencia.
LA INVERSIÓN PÚBLICA
Mucho se ha dicho respecto de que uno de los motores que estarían impulsando el arranque es la
inversión pública. Sin embargo, el análisis de las cifras relativas a los gastos de capital del
gobierno nacional 16
-asimilables a la inversión pública del gobierno central, que incluye
transferencias de capital a las provincias- muestra que en valores nominales dichos gastos
crecieron mucho menos que la inflación, cuando se compara 2015 con 2016 y el período enero
2016/enero 2017 con igual plazo 2015/2016.

15 BCRA, “Balance Cambiario”, enero 2017.
16 Secretaría de Hacienda, “Cuenta Ahorro-Inversión, Financiamiento del Sector Público Nacional Base Caja”, años
2015, 2016 y 2017 (enero). No existen datos consolidados de la inversión pública a niveles provinciales ni
municipales
11
En efecto, entre 2016 y 2015 los gastos de capital del gobierno nacional subieron un 17%, en
tanto que entre enero 2016 y enero 2017 respecto de igual período 2015/2016 lo hicieron en un
13%. En dichos lapsos la inflación, según el índice Congreso habría sido del 40% y el 38%
respectivamente17
.
Más allá de la buena voluntad o el legítimo deseo de utilizar a la inversión pública como
locomotora de la actividad, los hechos señalan que los mismos han chocado contra la realidad
que les impone la situación fiscal y la ausencia de mecanismos que contribuyan a que, por su
parte, el sector privado obtenga la financiación apropiada para dar impulso a la obra pública de
envergadura. Esto se hace especialmente evidente cuando el presupuesto público no alcanza y el
crédito de los organismos multilaterales ha llegado a sus límites.
En dicho sentido debemos señalar que el gobierno, por ahora y seguramente muy absorbido por
la necesidad de financiar el déficit corriente, ha hecho poco para generar incentivos y/o
instrumentos para que el sector privado sea el que procure la obtención de financiamiento
internacional destinado a encarar grandes proyectos de inversión pública. En este campo, como
lo ha demostrado el ejemplo de las licitaciones para instalar plantes generadoras de energía tanto
tradicional y renovable, existe un atractivo y viable camino a recorrer.
De todas maneras, es posible que las autoridades –aún con el riesgo de incrementar el
desequilibrio fiscal- intenten, entre abril y octubre del corriente ejercicio, aumentar e incluso
acelerar la efectivización de obras públicas de tamaño relativamente pequeño o medio
(saneamiento ambiental, cloacas, cuneta-cordón, viviendas, recapado asfáltico y obras de arte en
rutas y caminos), de más rápida implementación y efecto sobre el empleo.
EL ENTORNO INTERNACIONAL
El contexto mundial está experimentando embates significativos que, aunque no son el propósito
analítico de este trabajo, no pueden soslayarse por su impacto en nuestro país.
En primer lugar Brasil, nuestro principal socio comercial, como es conocido atraviesa la
concurrencia de una fuerte contracción de la actividad económica, junto a un estado casi
permanente de crisis política, agravada por la continua aparición de casos de corrupción con
consecuencias imprevisibles.

17 Se tomó el denominado Indice del Congreso ya que el INDEC comenzó a publicar sus nuevos índices en mayo de
2016.
12
En ese marco general debe destacarse que durante el último año la moneda brasileña se apreció
en términos reales más que el peso (24% vs 16%)18
. Dicha revaluación ayudó a disminuir el
impacto sobre las exportaciones argentinas de la caída de la demanda agregada en el país vecino,
y, en parte las incentivó. Sin embargo, debido a la profundización de la situación
socioeconómica brasileña este fenómeno favorable se ha detenido y comienza a revertirse. Por
un tiempo prolongado, creemos, el rol de Brasil no será determinante para la demanda de
productos argentinos.
En segundo lugar debemos mencionar la amenaza virtual que representaría la efectivización de
una fuerte política proteccionista por los EE.UU. como parte de la estrategia económica de la
administración Tump. Aún cuando, más allá de lo declarativo, los lineamientos concretos de esa
política no se conozcan, cualquier decisión -aunque sea parcial- tendría un efecto demoledor
sobre las corrientes del comercio e inversiones internacionales.
Si bien nuestro país no tiene un volumen de comercio demasiado significativo con EE.UU.,
quedaría indudablemente afectado por el impacto de las medidas retaliatorias, que sin duda
sobrevendrían en terceros países. El gobierno deberá seguir muy de cerca este proceso para
tomar las medidas correctivas y defensivas, que resultaren necesarias especialmente para los
sectores eventualmente más afectados.
Finalmente debe señalarse la política de tasas de interés que está llevando adelante la Reserva
Federal (Fed), que efectivizó dos aumentos en tres meses. Dicha política, generada por un
sostenido crecimiento económico, un mercado laboral que se muestra consistentemente cercano
al pleno empleo (4,7% de desocupación) y para, en ese contexto, mantener la inflación alineada
con las metas de la Fed., tiene como consecuencia aumentar el fortalecimiento del dólar a nivel
mundial, con efectos negativos para nuestro país.
CONCLUSIÓN
Transcurridos más de 15 meses de gestión, la economía no da muestras claras y contundentes de
arranque, en el sentido definido al comienzo del presente trabajo, en tanto que la sociedad ha
comenzado a dar señales de fastidio, decepción y confrontaciones crecientes. A este clima han
contribuido, por una parte, sucesivos errores políticos de diversa magnitud cometidos por el
gobierno y, por otra, un acoso persistente al mismo, proveniente de diferentes grupos y sectores
políticos y sociales.
El gobierno se encuentra, así, enfrentando una encrucijada cada vez más compleja y de
condicionamientos múltiples.

18 Fuente: Quantum Finanzas.
13
Por encima de todo y para tener una base política más sólida, tiene la necesidad de crear las
mejores condiciones socioeconómicas propicias para hacer un buen desempeño en las futuras
elecciones de medio término, que le permitan un adecuado contexto de gobernabilidad para
avanzar en un plan de gobierno realmente transformador.
Dichas elecciones, como es sabido, serán juzgadas no tanto por sus efectos en la próxima
composición del congreso nacional –que no serán especialmente decisorios- sino por lo que
reflejen en materia de respaldo ciudadano a la coalición gobernante y su gestión.
Para ello tiene que poder mostrar que está logrando:
a) disminuir en forma consistente la inflación;
b) reducir visiblemente el déficit fiscal, atacando con responsabilidad y perseverancia sus
principales fuentes;
c) generar un clima de negocios e inversión, que impulse de modo sustentable mayores
niveles de actividad y empleo;
d) contener las pujas distributivas dentro de carriles compatibles con los puntos anteriores;
e) mantener un adecuado equilibrio entre las variables financieras y cambiarias para evitar
desequilibrios potenciales de difícil retorno no traumático.
A su vez necesita imperiosamente recuperar imagen pública, especialmente debilitada a partir de
las situaciones de público conocimiento, que afectaron su credibilidad ética y otras relacionadas
con la acumulación de cotramarchas, producto de errores de concepción y administración de
políticas, que lesionaron su supuesta capacidad de gestión.
En el corto plazo muchos de esos objetivos colisionan entre sí y deberían obligar a importantes
sintonías de todo tipo y, para evitar turbulencias, a capitalizar las lecciones de duras experiencias
repetitivas del pasado, máxime cuando deben armonizarse en un contexto que limita seriamente
los márgenes y tiempos de maniobra:
 Niveles de pobreza (32% de la PEA) más elevados de la historia contemporánea del país.
 Volúmenes récord de economía informal y empleo en negro, que alcanzan a alrededor del
30% del PBI y cerca del 35% de la PEA respectivamente19 y que por su propia naturaleza
contribuyen a serias pérdidas en la productividad general.
 Porcentajes de inversión en relación al PBI más reducidos del último siglo, con valores
del orden del 16 al 18% en el último lustro, que apenas alcanzan a reponer el desgaste del
stock de capital.
 Pérdida secular de relevancia en el comercio mundial.

19 Este valor se acercaría al 50% cuando se suman los cuentapropistas y trabajadores autónomos que no realizan
aportes.
14
 Participación récord del gasto público y la presión tributaria en relación al PBI, que
inciden en forma creciente en pérdidas de competitividad y generan requerimientos cada
vez más fuertes de protección y encarecimiento general de la oferta de bienes y servicios.
 Un porcentaje cercano al 50% de la población que vive, de una u otra manera, del estado,
ya sea nacional, provincial o municipal.
 Una infraestructura económica y social colapsada.
A su vez, nuestra historia de los últimos 80 años está primordialmente cargada de desencuentros
y confrontaciones –a veces extremadamente violentas-, mezquindades, narcisismos,
oportunismos cortoplacistas, veleidades totalitarias y mesianismos mágicos. A ello se suma una
cultura económica y social altamente prebendaria y asociada a dádivas o protecciones de un
estado cada vez más exprimido y sometido a las devastadoras consecuencias acumuladas de la
corrupción.
Encarar, entonces, las reformas necesarias para hacer de la Argentina un país política, cultural,
social y económicamente sustentable debería requerir de una enorme, ardua y compleja obra de
construcción política, que le de soporte temporal y trascienda una elección de medio tiempo. Esta
tarea sigue siendo una asignatura pendiente.
Por su parte, la transición de plazo más corto hacia una eventual consolidación política, quizás
exija temporariamente la resignación realista de algunas metas y, a la vez, mucha imaginación,
autoridad, practicidad y capacidad de gestión para implementar medidas en el campo económico
y social, que rápidamente reviertan los estados de ánimo que hoy prevalecen en amplios sectores
de la sociedad.

Por Lisandro Barry y Carlos Quaglio

Se el primero en comentar en "ARRANQUE O REBOTE?"

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*