EL ÍNDICE DEUDA / PBI.

• Pasamos a un desarrollo sintético de estas imputaciones:

Se dice que la Deuda Pública de la Argentina no es grave porque la relación Deuda / PBI es
baja (52.8 % según los últimos datos oficiales al 30.6.2016) pero este indicador no es un ratio
financiero sino económico porque compara un numerador con el importe total de la Deuda –
que es una magnitud financiera cierta del Estado Nacional – con un denominador (el Producto)
que es una magnitud económica estimada del país.
Un índice de este tipo pudiera aplicarse a una empresa privada en la medida que se cuente
con poder vender parte o la totalidad de los activos para cancelar las obligaciones pero ello no
es aplicable de la misma forma al Fisco.
Además, este ratio inoperante – notablemente utilizado como metodología internacional (con el
FMI a la cabeza) – toma como base una comparación incompleta o asimétrica de las cifras en
cuestión porque el PBI es Nacional mientras que la deuda considerada para su cálculo es
solamente la deuda del Estado Central (258.200 MD al 30.6 del año pasado), esto es, sin
contar la deuda cuasi-fiscal del Banco Central (BCRA), la deuda consolidada de
provincias/municipios, la Deuda Indirecta de Empresas del Estado, Organismos Nacionales y
Fondos Fiduciarios, ni las deudas a pagar por juicios contra el Estado con sentencia en firme;
ni tampoco las Deudas Flotantes o Exigibles ni la cuota-parte de las garantías o avales del
Tesoro sobre obligaciones traspasadas al gobierno.
En síntesis, un índice económico, no financiero, y armado en forma muy incompleta.
A la falta de todos estos datos – que no son informados por los gobiernos de turno – salvo el
BCRA y, muy desactualizado, el stock de deuda de las provincias – se agrega la incertidumbre
acerca del inventario exacto de las obligaciones contraídas por el Fisco y el importante
desfasaje en dar a publicidad las cifras actualizadas de la Deuda Pública.
Por último, cabe recordar que cuando la Argentina entró en default o cesación de pagos – a
fines de 2001 – el cociente Deuda / Producto era cercano al de ahora, de sólo el 54 % del PBI
(deuda de 145.000 MD sobre un PBI de 268.700 MD), un ratio que no se considera grave en
las comparaciones internacionales pero que sí lo era y lo puede ser otra vez (como en el caso
argentino) cuando (también como hoy) el perfil de vencimientos se estrecha.
DEUDA FINANCIERA Y PROYECTOS ECONÓMICOS.
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• El argumento de que la toma de deuda es válida cuando se aplica al financiamiento de
proyectos – caso obras públicas y/o de infraestructura – suena coherente, en principio, pero no
es aplicable sin tener en cuenta importantes condicionamientos:
– En primer lugar, debe demostrarse que el Estado realmente necesita financiar
determinados proyectos con Deuda, es decir, tiene que justificarse debidamente que los
fondos obtenidos en préstamo se requieren para ser aplicados a obras específicas
necesarias para el país, cosa que en muchos casos en la Argentina no ha sido ni sigue
siendo así. Aparte del hecho que prácticamente toda la deuda que se coloca no es para
proyectos sino para refinanciar vencimientos y cubrir déficit fiscal.
– En segundo término, debe justificarse que el gobierno elija financiar con endeudamiento
lo que no puede financiar en forma alternativa con emisión monetaria – del tipo moneda
dirigida y controlada – para el costeo de tales obras, lo que implica ahorrar el costo de
los intereses y las condicionalidades conexas a los préstamos.
– En tercer lugar, en caso que la toma de empréstitos y/o la emisión de títulos públicos –
en función de los dos puntos anteriores – sea efectivamente necesaria y conveniente,
debe demostrarse la capacidad de repago del Estado sobre tales obligaciones, según lo
exigen la lógica financiera más elemental y la normativa legal vigente (Ley 24.156 de
Administración Financiera del Estado y disposiciones conexas).
– En cuarto lugar, debe excluirse la toma de deuda en moneda extranjera para financiar
obras que se pagan en pesos: un absurdo que se sigue repitiendo sistemáticamente, en
especial con gran parte de los préstamos provenientes de organismos multilaterales de
crédito (Banco Mundial, BID y CAF).
– Con el agravante que muchos de los fondos prestados por tales entes financieros
internacionales no tienen – por definición – capacidad de repago, como el caso de los
que se utilizan para sufragar planes sociales.
– En quinto término, debe hacerse efectiva la prohibición legal ya existente – también por
Ley 24.156 y normas vinculadas – en el sentido de no tomar deuda pública para
financiar gastos corrientes, norma que se vulnera abiertamente por su operatoria y por
su aplicación a la cobertura del Déficit Fiscal.
– En sexto lugar, debe salirse de la trampa de concepto institucional – siempre subyacente
pero muy pocas veces declarada – de que no hay problema en tomar y seguir tomando
deuda sin capacidad de pago mientras haya dinero suficiente para poder pagar los
intereses y refinanciar entonces el capital o principal de la deuda.
– Por último, debe recordarse que, cualquiera sea la supuesta ventaja financiera y/o la
hipotética capacidad de repago para deudas destinadas a nuevos proyectos – si las
hubiera y se demostrasen como tales – las mismas deberían considerarse además en
función del quantum total de los pasivos del Estado existentes, es decir, sumando las
nuevas obligaciones a contraer al monto de las deudas acumuladas, ya que la solvencia
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• sobre las deudas fiscales tiene que abarcar el conjunto de los pasivos y no sólo los
nuevos.
Son demasiadas confusiones, omisiones y/o razonamientos engañosos los que están puestos
aquí en juego para querer justificar el sobre-endeudamiento del Estado.
EL MITO DE LA CONFIANZA.
Desde la época del Proceso Militar – gestión Martínez de Hoz – hasta el presente, o sea,
durante 40 años de historia financiera argentina de endeudamiento público ininterrumpido y sin
capacidad de repago, se viene repitiendo el ritornello (estribillo o muletilla, en italiano) de que la
colocación de deuda de esta manera fiscalmente irresponsable es admisible y hasta
ponderable porque estaría implicando una supuesta confianza en el país y particularmente en
los gobiernos de turno que la fueron y siguen contrayendo.
Dejando de lado que la gran mayoría de las obligaciones que se contraen normalmente no
tienen que ser afrontadas por la administración que las toma sino por la o las siguientes, la
asunción de deudas sin la debida demostración de capacidad de repago constituye, en
realidad, no sólo una manifiesta irresponsabilidad financiera – violatoria de los deberes y
funciones de los funcionarios públicos – sino además una causal de ilegitimidad en sí misma
para el Estado.
Y esto es así porque si gobiernos irresponsables toman deuda que no se puede pagar y los
acreedores financieros de dichas obligaciones – que no son gente improvisada sino súper-
especializada en la materia – toman y/o colocan esas deudas que saben que la Argentina
deudora no va a poder pagar, este hecho concreto e irrefutable, un hecho que constituye toda
una regla en el Sistema de la Deuda Perpetua, no solo deviene notable sino fundadamente
sospechoso.
Y muy irregular o gravemente sospechoso desde el punto de vista político-institucional porque
asocia a la banca especulativa internacional prestamista con la complicidad de los funcionarios
superiores del Estado.
Ya que según la Lógica de la Usura, la clave del prestamista usurero no es que el Deudor
pague sus deudas sino que no las pueda pagar nunca, precisamente porque ese acreedor
financiero vive de los intereses y condicionamientos conexos del Sistema de la Deuda
Impagable.
Héctor Luis Giuliano

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