EL 12 DE ABRIL DE 1957 ARAMBURU CONVOCÓ A LA CONSTITUYENTE QUE SANCIONÓ EL ARTÍCULO 14 BIS AHORA RESUCITADO

El pasado jueves 6, en el marco del paro general impulsado por la dirigencia sindical, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Alberto Triaca, a través del Boletín Oficial, convocó a una democratización de las organizaciones representativas de los trabajadores, incluyendo el voto electrónico y una mayor presencia femenina en las conducciones pero todo ello con el adicional de reflotar el “Artículo 14 bis” de la Constitución Nacional reformada en 1957.
Dicha reforma surgió de la convocatoria del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu del 12 de abril de 1957 mediante el Decreto N° 3.138 por el cual se llamó a elecciones para el 28 de julio de ese mismo año en circunstancias en que el propio Aramburu, tras desalojar de la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional a Eduardo Ernesto Lonardi, entre otras disposiciones anuló la Constitución de 1949, elaborada durante el gobierno de Juan Domingo Perón.
Este, ante la proscripción del peronismo, convocó a los argentinos a votar en blanco, cosa que hizo el 24,31 por ciento de los sufragantes, superando levemente el 24,20 obtenido por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), y el 21,23 de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), las dos fracciones de la entonces dividida Unión Cívica Radical (UCR) las que se adjudicaron 75 y 77 convencionales, respectivamente.
La UCRI, liderada por Arturo Frondizi si bien obtuvo menos votos, obtuvo más representantes por haber triunfado en más distritos lo cual, junto con una relación que Rogelio Julio Frigerio, mano derecha de aquél, fue tejiendo con el propio Perón que devino en el “Pacto Perón-Frondizi”, se mostró como la fuerza con más chances para las elecciones presidenciales de 1958 en las que también tuvo el apoyo del Partido Comunista (PC).
Pero al comenzar a sesionar la Constituyente en la ciudad de Santa Fe el 30 de agosto numerosos asambleistas electos impugnaron la convocatoria a la misma y así se retiraron sin participar los 77 de la UCRI, tres del Partido Laborista (PL), uno de Unión Federal y uno del Partido de los Trabajadores lo cual dejó muy limitado el funcionamiento del cuerpo ya que el quorum estaba muy cerca del total.
En definitiva quedaron los 75 de la UCRP, 15 conservadores, 12 socialistas, ocho demócrata cristianos, cinco demócrata progresistas, tres comunistas, dos demócratas liberales, dos bloquistas sanjuaninos, un cívico independiente, un provincial salteño y un cristiano catamarqueño, sumando 125, número que pronto se fue reduciendo con el retiro de otros asambleistas como los nueve cordobeses del bloque mayoritario de la UCRP.
Durante casi dos meses las comisiones dieron lugar a debates donde predominaron las posiciones sostenidas por comunistas, socialistas, demócrata progresistas y la mayoría de los radicales, lo que dio lugar a una propuesta de izquierda que incluía la reforma agraria, el monopolio estatal de los servicios públicos y una mayor participación pública en la economía, entre otras cuestiones similares lo que motivó el rechazo de los conservadores y del cívico independiente.
Tras muchos cabildeos y sesiones fallidas se abandonó esa propuesta y se aceptó la elaborada por Carlos Bravo (UCRP-Buenos Aires), avalada por el presidente de su partido, Crisólogo Larralde, quién viajó expresamente a Santa Fe para tratar, sin éxito, de frustrar el retiro de los radicales cordobeses y de evitar que la convención fracasara sin aprobar las propuestas sociales que se pretendían incluir en la Constitución.
Así el 25 de octubre se votó el luego denominado “Artículo14 Bis”, hoy utilizado en el reclamo oficial a los sindicatos, tras lo cual los nuevos intentos para sesionar carecieron del quorum necesario hasta que tras el retiro de los constituyentes conservadores, ya sin número suficiente, se dio por terminada la reforma que sólo convalidó el retorno a la Constitución de 1853 y sus reformas, el referido artículo y un retoque en otro.
El texto del “Artículo 14 bis” es el siguiente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Por Fernando Del Corro

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