HUELGAS EN LAS QUE TODOS PIERDEN

Si el objetivo de la reciente huelga general fue aliviar las presiones (“descomprimir” en la jerga del vértice sindical) que ciertos sectores radicalizados del movimiento obrero ejercían sobre la CGT oficial, puede que el paro haya rendido sus magros frutos.
En este sentido, es cierto que la CGT logró, una vez más, paralizar buena parte de las actividades productivas. Pero es igualmente cierto que lo hizo gracias al decisivo apoyo de la “familia leninista”, a la disciplina que inveteradamente imponen ciertas conducciones sindicales (por caso, las del sector transporte), y al ejercicio de declaraciones y gestos violentos.
Ahora bien, si la CGT se había propuesto forzar decisiones beneficiosas para los trabajadores (incluidos los no registrados, los asalariados pobres del norte, y los desocupados), hay que concluir que la huelga general se saldó con un rotundo fracaso.
Tras la medida, el presidente Macri, como es notorio, no cambió ministros ni modificó su posición respecto de las relaciones entre salarios e inflación. Tampoco hay indicios de que el Gobierno vaya a adoptar el rumbo que la CGT –en sintonía con cierto sector empresario- exige en materia de comercio exterior.
La huelga general “descomprimió” el frente interno y “esmeriló” -tenuemente- al Gobierno. Pero ninguno de ambos efectos fueron duraderos: La izquierda sindical sigue despreciando a la “burocracia” y luchará hasta expulsarla del escenario. El Gobierno, tras la marcha del 1° de abril, reequilibró las cargas.
Más allá de lo cual, es preciso reconocer que la huelga general y su circunstancia dañaron a la economía nacional, perjudicaron a cientos de miles de trabajadores -por ejemplo, a todos los jornaleros-, y erosionaron el alicaído prestigio de los sindicatos oficiales (o sea, aquellos que cuentan con personería gremial).
Más aún: el Gobierno, luego de constatar los verdaderos efectos del paro, se atreve a poner ahora sobre la mesa la cuestión de la democracia sindical. Muy atrás quedó aquel día en el que presidente Macri -en un intento por pactar la no agresión con la rama sindical del peronismo- saldó sin condiciones la enorme deuda que el Estado kirchnerista mantenía con las Obras Sociales sindicales.
Ese mismo Presidente quiere ahora instaurar los principios republicanos en un mundo regido por reglas dinásticas. Está claro que esto preocupa a las anquilosadas cúpulas del sindicalismo oficial.
Pero las alarmas sonarían con estrépito si el Gobierno se propusiera romper el no escrito Pacto Sindical-Industrial; y, por ejemplo, decidiera encauzar las organizaciones obreras alrededor del principio de libertad sindical (tal y como viene reclamándolo desde hace más de 30 años la Organización Internacional del Trabajo), re-regular las huelgas derogando el pacto Kirchner-Moyano en beneficio de los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, o -llegado el caso-, independizar la gestión de las Obras Sociales de los vértices sindicales.

José Armando Caro Figueroa

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