IDONEIDAD DEL FUNCIONARIO DEL ESTADO

Es indudable que un factor determinante y coadyuvante del éxito de todo gobierno, es la de idoneidad de quienes lo constituyen. El Artículo 16 de la Constitución Nacional nos alerta al respecto, cuando dice, “Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. Es decir que la exigencia de idoneidad para ser funcionario público, es un mandato constitucional. Siendo este requisito tan importante, ¿por que no creamos las condiciones para conseguirlo, con las mismas garras que lo hicimos cuando dijimos “nunca mas” y sacamos la “Ley de la Defensa de la Democracia”, creando ahora la “Ley de la idoneidad del funcionario público”. La misma debería establecer las exigencias mínimas de cada puesto, en comportamiento ético, formación académica, experiencia y resultados logrados, en contextos de complejidad similar a la que deberá afrontar. Las exigencias de comportamiento ético, formación, experiencia y resultados de gestión, deberían formar parte de la estructura de las leyes que en el día de hoy se hayan sancionado con el fin de velar por la idoneidad. Las mismas deberían definirse por puesto, partiendo de los de mayor jerarquía, incluyendo al presidente, sus ministros, secretarios, subsecretarios, el Consejo de la Magistratura, la legislatura, los fiscales, los jueces, los directivos de los organismos descentralizados y de las empresas del estado y demás. De esa forma el país se podría defender institucionalmente con el respaldo de la ley, del abuso de poder de quienes se postulan, proponen o designan para puestos claves, a quienes no cumplan con los requisitos mínimos. Como consecuencia, las alternativas de decisión que deberá enfrentar cada ciudadano cuando vote, estarán constituidas, solo por personas idóneas para el puesto que se postulen.

Por José María Romero Maletti

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