OÍDOS SORDOS: UNA LEY PARA NO ENLOQUECER POR EL RUIDO URBANO

“El silencio es salud” se leía en inmensos carteles colocados junto al Obelisco en los tiempos de la dictadura. Como pusimos en duda, protestamos y negamos todo lo que el terrorismo de Estado nos había dañado, interpretamos el silencio como el de los cementerios y, por contraposición, hicimos ruido, tocamos bocinas, pusimos la música alta como señal de vida.
La sociedad democratizada debía ser ruidosa, vital, caótica, para liberarnos del chaleco de fuerza con el que nos había maniatado la dictadura. Las normas se relajaron, cuando no fueron eliminadas, las fábricas se levantaron donde las personas duermen y los reclamos fueron domesticados por ese argumento simplista de que esas críticas atentan contra el desarrollo. Cuarenta años después ya no hay dudas: el silencio es salud. Y las fábricas deben levantarse donde no dañen.
Hoy, a nadie se le ocurriría tildarnos de autoritarios por venir reclamando desde hace ya una década por una ley que nos garantice la salud para no enloquecer por el ruido, especialmente urbano. La medicina viene a fortalecer nuestros argumentos porque ya está probado que la depresión, las alteraciones cardíacas, el mal dormir y la irritabilidad pueden producirse por los efectos nocivos del ruido. Para no hablar sólo de nuestros jóvenes tempranamente sordos por causa de los decibeles musicales. Este estruendo electrónico que cuesta criticar sin correr el riesgo se ser tildado “de otro tiempo”.
Sin embargo, otro silencio hace ruido. Hace diez años que no conseguimos que el Congreso de la Nación apruebe una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de la Calidad Acústica, que presentó por primera vez la entonces diputada Martha Maffei, luego la diputada Verónica Benas y que retomamos durante mi mandato como senadora, asistida siempre, por los expertos acústicos argentinos, que nos dieron todos los argumentos técnicos para obligar a que en las grandes ciudades, donde habiten más de 50 mil habitantes, se zonifique la organización urbana para que los ruidos necesarios -por ejemplo, el de las fábricas- no convivan en el mismo lugar geográfico donde las personas viven y descansan.
A lo largo de todos esos años constatamos que se usa como argumento para resistir algunos proyectos un federalismo mal entendido: no se termina de comprender que el derecho al ambiente sano -consagrado por nuestra Constitución en el artículo 41 y por la Ley General del Ambiente- como derecho humano que es, no admite fronteras y debe ser cumplido.
Se trata de responsabilidades concurrentes entre los municipios involucrados y la Nación, que se comprometió a asistir técnicamente a las jurisdicciones que lo necesiten. Los argumentos sobran. Resta ahora que los diputados no hagan más oídos sordos a la aprobación de una ley por la calidad acústica cuya tramitación ya lleva diez años.
Norma Morandini es ex senadora nacional. Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación

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