LA PRIMERA JUNTA, LOS PROBLEMAS FINANCIEROS Y LA LIBERTAD DE COMERCIO

La situación económico-financiera del Virreinato del Río de la Plata no era, precisamente, la mejor cuando el 25 de mayo de 1810 se produjo el alzamiento patriótico que depuso al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros razón por la cual una de las primeras medidas que adoptó la Primera Junta patria fue establecer la libertad de comercio para, a través de la recaudación aduanera, mejorar las cuentas fiscales.
Libre comercio o relación monopólica con España era un debate que ya llevaba algún tiempo entre el grupo de comerciantes que manejaba las transacciones con el centro colonial y la creciente influencia de los productores de cueros que pretendían vender libremente los mismos a los industriales británicos que se encontraban en un proceso de gran expansión desde el Siglo XVII.
El hecho de que los ejércitos franceses conducidos por Napoleón Bonaparte hubiesen ocupado la Península Ibérica facilitó la postura de los segundos, como la victoria militar de las milicias porteñas rechazando las invasiones inglesas de 1806 y 1807 dio base a las posturas autonomistas mientras intelectuales también sustentaban esa visión, como el canónigo Miguel Calixto Del Corro, rector de la Universidad de Córdoba, quién en 1809 convocara a la Independencia Nacional.
Entre los comerciantes porteños también había quiénes, por su condición de catalanes separatistas en España, mantenían esa tesitura en el Río de la Plata, como Domingo Matheu y Juan Larrea, luego miembros de la Primera Junta y que, como el segundo de los mencionados, hicieron aportes financieros personales muy importantes para sostener la guerra de la Independencia.
Y la influencia económica también se hacía sentir, fundamentalmente a través de Manuel José Joaquín Belgrano, graduado en España como discípulo de Melchor Gaspar de Jovellanos, quién desde su cargo en el Consulado había sido clave en impulsar el desarrollo del Virreinato con una serie de medidas que, en algunos casos, como el de la creación de una flota mercante propia, recién pudo concretarse mucho tiempo después.
Pero también Feliciano Antonio Chiclana, si bien en un primer momento fue propenso a sostener la figura del monarca Fernando VII apresado por Napoleón, y sin haber pasado por las universidades españolas, sino por la de San Felipe, en Santiago de Chile, en lo económico y social se había inspirado en Jovellanos y en el gran economista vasco Valentín Tadeo de Foronda, y en ese marco había sido contrario a convalidar cámaras empresarias de lo que convenciera a Cornelio Saavedra, cabeza de la Primera Junta.
Chiclana también impulsó que se concursaran los cargos públicos entre americanos previa convalidación de su honestidad en circunstancias en que la mayor parte de los funcionarios era española y que, además, tras la deposición del virrey, el Tribunal de Cuentas juró bajo protesta su obediencia a las nuevas autoridades surgidas del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810.
Esa Primera Junta, que gobernaba una población de alrededor de 42.500 personas y que operaba sobre la base de un Reglamento que se dictara el 28 de mayo, junto con la apertura comercial y como forma de hacerla efectiva se planteó abrir otros puertos para el intercambio que facilitasen las exportaciones de los bienes producidos en el país para lo cual también creó el Departamento de Comercio y Guerra, impulsó la venta de tierras en las zonas fronterizas con los pueblos originarios para su poblamiento y explotación, al tiempo que dictó normas para proteger la explotación minera.
Respecto de los aborígenes impulsó, asimismo, su mejor inserción social, lo que facilitó, incluso, su participación en los ejércitos libertadores, mientras se elaboró el primer censo y, al tiempo, a instancias de Mariano Moreno, uno de los secretarios de la Primera Junta, se promovió la inmigración de quiénes pudieran ayudar a un proceso de desarrollo de manufacturas.
El mismo Moreno en su Plan de Operaciones propuso la incautación de los bienes de los españoles para financiar con ellos nuevas actividades económicas que reemplazasen a los productos importados a altos costos, sobre todo los que llegaban de España, ya que éste era un país atrasado, de carácter primario que se abastecía en Inglaterra, principalmente, amén de Francia y los Países Bajos, y que luego, en buena parte, los revendía en sus colonias como costoso e ineficiente intermediario.
Como a ello se sumaba el agravante de que la ocupación napoleónica al interrumpir esa relación comercial causó un duro golpe a las arcas públicas que dependían, fundamentalmente, de las rentas aduaneras, mientras se agravaba el contrabando que se había establecido tiempo atrás, a partir del Tratado de Utrecht, de 1713, cuando la corona española hiciera diversas concesiones a los ingleses como el comercio de esclavos en sus colonias y hasta la cesión del peñón de Gibraltar en la propia Península Ibérica.
Por ello el propio Cisneros había decretado el libre comercio en 1809 generando el rechazo de las autoridades colonialistas en España, lo cual dio lugar a que Moreno, asumiendo los intereses de los productores locales escribiese su “Representación de los Hacendados” donde señalara que “Nada es hoy tan provechoso para la España como afirmar por todos los vínculos posibles la estrecha unión y alianza con la Inglaterra. Esta nación generosa que, conteniendo de un golpe el furor de la guerra, franqueó a nuestra metrópoli auxilios y socorros, es acreedora por los títulos más fuertes a que no se separe de nuestras especulaciones el bien de sus vasallos”, agregando que “Acreditamos ser mejores españoles cuando nos complacemos de contribuir por relaciones mercantiles a la estrecha unión de una nación generosa y opulenta, cuyos socorros son absolutamente necesarios para la independencia de España”.
En coincidencia con ello, en ese mismo 1809, en Londres el Foreign Office señaló: “Sea que sigan dependiendo de España o que formen gobiernos independientes, lo cierto es que los suramericanos, en este momento, abren sus brazos a Inglaterra: es indiferente en qué forma buscan nuestra ayuda, siempre que el incremento de los negocios y el nuevo mercado que nos ofrecen para la venta de nuestras manufacturas compense nuestra protección”.

Por Fernando Del Corro

Se el primero en comentar en "LA PRIMERA JUNTA, LOS PROBLEMAS FINANCIEROS Y LA LIBERTAD DE COMERCIO"

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*