DE CFK A MM: LA GRAN “ADICCIÓN” ARGENTINA

La presión tributaria resulta increíblemente elevada en la Argentina, cuya economía es muy onerosa y obliga a deformaciones e improductividades importantes con tal de asegurar un margen de rentabilidad apropiado. Nada indica que la presión tributaria será reducida sino todo lo contrario: el más reciente debate impositivo (impuesto a la renta financiera a pagar por los extranjeros) tan sólo fue postergado/diferido. ¿Cuál es el motivo? Sin duda, el gasto público, la gran deformación argentina, una adicción antes que una necesidad, que provoca grandes frustraciones colectivas no importa quién será el/la Presidente de la Nación a cargo porque es mucho más profundo que el parecer de un gobernante. Cambiemos planteó una campaña electoral para polarizar con Cristina Kirchner con eje en la corrupción a pesar de que esa no es una de las prioridades de los votantes bonaerenses en el distrito clave de la elección, donde están más preocupados por el bolsillo y el empleo. En el medio, se planteó la expulsión del Congreso de Julio De Vido, que el oficialismo tomó como un acierto para exponer las protecciones políticas y complicidades. Pero en el debate sobre la corrupción las cosas se le empiezan a poner complicadas a Cambiemos. Este jueves (3/8) surgen novedades en torno al caso Odebrecht y Autopistas del Sol y ambas tocan muy de cerca a Mauricio Macri.

La prédica de políticos y economistas de los diferentes partidos instaló hace tiempo en la sociedad la idea de que el desequilibrio fiscal obedecía a los llamados subsidios económicos —dirigidos a empresas— y a que los recursos son insuficientes por la elevada porción de economía informal. La postura de que el déficit fiscal obedecía a los subsidios a empresas está entroncada en la idea de que hay una parte de las erogaciones que conforman el llamado gasto social, que debiera ser intocable. Por ello, los subsidios económicos eran candidatos ideales para cargar con la culpa del desequilibrio porque —supuestamente— derivaban fondos públicos hacia empresas privadas, con fines de lucro y sin propósitos sociales. Los candidatos, y economistas de sus respectivos equipos, explicaban a los votantes que el déficit podía ser eliminado recortando exclusivamente esos subsidios.
Hoy los subsidios económicos tienden a desaparecer y, sin embargo, el déficit no ha hecho más que crecer. La razón es sencilla: los subsidios económicos equivalían en su apogeo a 3% del PBI, mucho menos que el desequilibrio que arrastran las cuentas públicas. Lo que ha estado errado es la misma concepción de partida. No hay tal diferencia entre gasto social y otro que no lo es por la sencilla razón que todo el gasto es social. No hay porción alguna de gasto en que su eliminación no afecte a gente que se beneficia de él directa o indirectamente. Los beneficiarios indirectos de los subsidios económicos eran millones de clientes de las empresas de energía y de transporte, que sufrieron y siguen sufriendo el golpe a los bolsillos que significó el final —por supuesto, necesario— de esa subvención. Esto significa, en última instancia, que no hay modo de poner fin a la exuberancia del gasto sin incomodar en alguna medida a quienes son beneficiarios directos o indirectos de cada partida de gasto.
Otro sofisma es la idea de que si toda la economía se formalizara, no habría desequilibrio. En primer lugar no hay razón para asumir que, si se ensanchara el universo de contribuyentes efectivos, no aumentaría también la apetencia por gastar. De hecho, los últimos 25 años así lo confirman. Por otro lado, se pierde de vista que eliminar la economía informal sería incluso contraproducente. La existencia de la economía informal no es casual ni es simple resultado de una vocación por no pagar. Tiene, más bien, directa relación con los niveles de carga fiscal, costo y productividad argentinos. Para ser concretos: a estos niveles de presión impositiva una multitud de actividades lícitas que componen la economía informal, si se formalizaran, se volverían literalmente inviables. Llegado ese punto, la actividad económica colapsaría; y con ella, el Estado. La adicción por gastar el dinero de los contribuyentes y el crónico desequilibrio fiscal constituyen el corazón de todos nuestros problemas (inflación, recesión, endeudamiento, atraso cambiario, etc.); su solución requiere, necesariamente, abordar la integralidad del presupuesto estatal. No queda hoy renglón de gasto que no esté desbordado y que no deba ser puesto en caja.
Para lograr una mejora real y sostenible debe encararse una reformulación del Estado, su estructura y la forma en que gasta, poniendo límites claros a la capacidad de aplicar impuestos. La metástasis estructural es la que llevó el gasto ordinario a escalar alturas nunca vistas. Y es el grueso del gasto ordinario el que resulta, precisamente, más inflexible a la baja y que tiene una tendencia natural a su crecimiento vegetativo. Las erogaciones que presentan mayor flexibilidad para ser recortadas componen apenas una quinta parte del gasto total; entre ellas se cuentan las obras de infraestructura y equipamiento, renglones muy atrasados que necesitan más bien crecer.
A pocos días de las Paso, desde Cambiemos salieron a afirmar que la economía comenzó a reactivarse. Ocurre que el tema corrupción no dio frutos en el electorado bonaerense, más preocupado por el bolsillo y el empleo que en la polarización que planteó el oficialismo para confrontar con Cristina Kirchner. Como ya planteamos en varias oportunidades, la “corrupción” como tema de campaña no le funcionó al Gobierno. Frente al fracaso de ese relato, y cuando las encuestas afirman que el desempleo, la inflación y la situación económica en general la superan ampliamente como preocupación al momento de decidir el voto, desde Cambiemos iniciaron la cruzada para “mostrar” mejoras en la economía con el apoyo de algunos medios de comunicación amigos. El cambio de tema de campaña no le viene mal al Gobierno tampoco. Está ocurriendo un efecto “boomerang” con el tema corrupción. Este jueves (3/8) tanto desde la portada del opositor Página/12 al más afable La Nación reflejan las novedades del caso Autopistas del Sol y Odebrecht donde los arrepentidos dijeron que pagaron al menos US$ 3,3 millones al entorno de Julio De Vido, pero también involucran a un ejecutivo de Iecsa.
En La Nación, el periodista Hugo Alconada Mon, aborda el tema con las coimas para ganar el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento. La cifra total de sobornos en la Argentina podría trepar a los US$ 20 millones, afirma. Según la investigación y los dichos de los delatores, la empresa detalló que coimeó por etapas y que el ejecutivo más relevante de Iecsa y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez actuaron como intermediarios. Desde Brasil, ex ejecutivos de la constructora le adjudicaron a Iecsa, la empresa que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, la negociación de esos sobornos con el equipo de De Vido. En tanto, en una segunda etapa con Odebrecht al frente del consorcio, los arrepentidos le adjudicaron a Rodríguez la mediación con los funcionarios para aceitar los retornos. Las otras empresas que integran el consorcio -Iecsa (30%), Ghella (30%) y Comsa (10%)- también negaron cualquier conocimiento o participación en las coimas y descargaron toda la responsabilidad en Odebrecht, ante la consulta de La Nación. Los brasileños, sostuvieron, se movían sin siquiera comunicarles sus planes o decisiones. “Eso generó discusiones durísimas, porque nos trataban más como empleados que como socios, para bien y para mal”, indicó un ex alto ejecutivo de una de las consorcistas.
En tanto, Página/12 y Ámbito Financiero vuelven sobre Autopistas del Sol. Ocurre que el juez federal Daniel Rafecas ordenó varias medidas para recopilar documentación a fin de investigar si se cometieron delitos al beneficiar a la familia del presidente Mauricio Macri con casi u$s 20 millones al vender las acciones de Autopistas del Sol SA, que controlaba una de sus empresas, luego de concretarse los sucesivos aumentos en los peajes dispuestos por organismos del Poder Ejecutivo.

 

 

 

 

 

 

Entre las medidas, el juez intimó a la AFIP para que para que remita copias certificadas de los estados contables presentados por las empresas Sideco Americana, Autopistas del Sol y Natal Inversiones, esta última la compradora de las acciones desde el 2014 a la actualidad, indica Ámbito. Página/12 recuerda que la causa se inició con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por el ascenso de las acciones de la empresa que reflejaron los propios documentos de la sociedad, presentados ante la Comisión Nacional de Valores. A partir de los nuevos documentos que solicitó, el juez Rafecas buscará establecer si Macri y sus funcionarios incurrieron en presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública para beneficiar a la familia presidencial. Según el matutino kirchnerista el proceso tiene algunas similitudes con el Correo Argentino: se investiga si hubo maniobras, orquestadas por el presidente Macri o por sus funcionarios, que terminaron beneficiando al Grupo Macri (en el caso del Correo era a partir de la reducción de una deuda con el Estado, algo con lo que Macri dio marcha atrás, aunque la deuda sigue sin pagarse). El juez pidió a la Dirección Nacional de Vialidad que en el plazo de 72 horas remite copia de varias resoluciones mencionadas en la denuncia. Pidió a la Inspección General de Justicia que remite copias certificadas de los legajos correspondientes a las empresas Sideco Americana, Autopistas del Sol y Natal Inversiones.

El presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, participó en Córdoba del “10º Coloquio Industrial”, que organizó la Unión Industrial de esa provincia. En ese marco, al ser consultado sobre las condiciones necesarias para conseguir mayor competitividad por parte de los empresarios, quedó envuelto en una nueva polémica. El economista, de origen radical, se manifestó a favor de flexibilizar las conquistas laborales, cuestionó los convenios colectivos de trabajo y trató indirectamente a los trabajadores de vagos a los que les pagan “más por dormir que por trabajar” (?). Para el controvertido funcionario nacional, en el debate sobre la competitividad “el tipo de cambio es lo menos importante. La misma se logra bajando costos logísticos, de transporte, de infraestructura, de energía, los costos burocráticos”. Tras ese preludio, lanzó: “Los sindicatos tienen mucho que aportar, estoy de acuerdo con las conquistas laborales, pero si son a costa de la productividad, no sirven”.
A modo de ejemplo puso el caso de Vaca Muerta, en el que, según González Fraga, “el sindicalista Guillermo Pereyra se dio cuenta de que los empleados no pueden cobrar más por dormir que por trabajar”. Mientras que a lo ya expuesto, añadió: “Hay que defender el salario real, pero también la ocupación, porque si las conquistas premian el ausentismo, no sirve, necesitamos aumento de productividad”. En Vaca Muerta se firmó un acuerdo en el que participaron el Estado, los empresarios y representantes de los gremios petroleros (con resistencia de buena parte de las bases) que flexibilizó las condiciones de trabajo de los operarios del sector. Entre las modificaciones introducidas se estableció: la eliminación de las “horas taxi” por las cuales la jornada laboral se consideraba iniciada cuando el trabajador salía de su domicilio, la reducción de la cantidad mínima de operarios por pozo, la jornada laboral de ocho horas para operación y mantenimiento de pozos, de lunes a viernes, en reemplazo de la actual, que incluye fines de semana y feriados; la incorporación de tareas nocturnas a la jornada regular y la incorporación de la “multifuncionalidad”.
Esos cambios en el convenio se venían discutiendo hace dos años por presión de las empresas, y fueron otorgados casi automáticamente tras la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. Dichas medidas son el preanuncio de lo que el Gobierno intentará llevar adelante a partir de octubre sobre las distintas ramas de la producción y el empleo. Los dichos “célebres” de González Fraga: “Le hicieron creer al empleado medio que podía comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”. “Tener dinero afuera es una necesidad para sobrevivir”. “Yo tomo con pinzas la información sobre la pobreza. Hay que ver qué tan pobres son los pobres”. “Las familias ya no compran un celular o zapatillas porque guardan dólares para comprar una casa”. “Apuntan a flexibilizar la legislación laboral”. Un verdadero dislate propio de un troglodita insensible y revanchista. Pero “como la única verdad es la realidad”, la agencia de calificadora Fitch mencionó que las elecciones de octubre podrían poner “a prueba la durabilidad” de la política económica -que ve de avance “dispar”- “que no parece haber conseguido aún un apoyo amplio”. “Los resultado podrían afectar el apetito político por los ajustes restantes, o podría afectar a los inversionistas”, dijo el reporte.
La política económica impulsada por Mauricio Macri enfrentará una prueba en las elecciones legislativas de octubre, que pueden comprometer su duración, dijo el jueves un reporte de la agencia de calificación Fitch Ratings.
“Las elecciones intermedias de octubre podrían poner a prueba la durabilidad del proceso de ajuste frente a un contexto político desafiante”, señala el informe, “Argentina Economic Policy Adjustments Face Election Test #Fitchwire https://t.co/ceXv1Yla9m pic.twitter.com/y7HZ2l72fo — Fitch Ratings (@FitchRatings) 3 de agosto de 2017”. “Las elecciones podrían tener importantes implicaciones de política como referéndum potencial sobre la transición de las políticas. Los resultados podrían afectar el apetito político por los ajustes restantes, o podría afectar a los inversionistas. Y, a su vez, flexibilidad de la financiación soberana y las perspectivas macroeconómicas”, analizó la agencia. Fitch sostuvo que Argentina ha tenido un avance dispar en su política económica, consolidando un marco monetario más creíble, pero que la resistencia política ha frenado los progresos de los ajustes fiscales y salariales.
“La resistencia política y social supone desafíos para el cambio amplio de la política económica, que no parece haber conseguido aún un apoyo amplio”, dijo Fitch. La Argentina tendrá elecciones legislativas el 22/10 -tras las primarias el 13/08- que la agencia dice que podrían tener repercusiones políticas importantes como referendo sobre el cambio en la política económica. El informe destaca: “Los ajustes a la política monetaria han hecho el progreso más rápido bajo la administración de Macri. El Banco Central (BCRA) ha mantenido altas tasas de interés reales para reducir el exceso de oferta monetaria, redujo considerablemente el financiamiento a la tesorería y reforzó las políticas mientras que las expectativas de inflación para el final de 2017 han superado la meta del 12% -17%”, termina explicando el informe Fitch.

Buenos Aires, Agosto de 2017
Arq. José Marcelino García Rozado
Ex Subsecretario de Estado
1973/1976 y 1989/1993

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