LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN NECESITA HONESTIDAD Y RECURSOS

La Justicia, en general, está en el foco de la tormenta. Para algunos especialistas forma parte del edificio que sostiene a la corrupción en la Argentina. En general, algunos de sus representantes fueron o están ligados a la delincuencia, al narcotráfico o a negocios ilegales de todo tipo y color. Esta información sube a la superficie y la opinión pública los conoce de frente y de perfil.
Sin duda que la corrupción no es sólo patrimonio de algunos jueces, los que de pronto, sin demostración alguna, aparecen habitando grandes mansiones, usando tarjetas de crédito con gastos millonarios, profusión de viajes al exterior y, por sobre todo, haciéndolo con total impunidad. Hay corrupción en las fuerzas de seguridad, en el área de salud, en las licitaciones del Estado, en las provisiones para la administración pública. Cierto periodismo no escapa a ello. Existe en el hábito cotidiano argentino pagar extras para obtener algo. Todo lo que forma parte de un país definitivamente fuera de la ley.
Pareciera que existiera una corrupción estructural. Eso requiere un control estrictísimo que en los hechos no existe. Un organismo capacitado para hacerlo, como la Auditoría General de la Nación depende, por la reforma constitucional de 1994 del Parlamento; reporta ante él. Si el Congreso no se moviliza es imposible cumplir el control en cualquier sitio o repartición.
No cumplir con la ley misma, practicar la ceguera forzada como deporte casi, buscar la prebenda, negar la realidad fue una constante en los tiempos de Cristina Fernández como Jefe de Estado. Cualquiera podía terminar encarcelado en causas que eran forzadas políticamente o deliberadamente mal encaminadas. Las sospechas van creciendo en esta etapa preelectoral donde, aparentemente, se juegan demasiadas cuestiones. La realidad ha llevado a que los titulares de los Consejos de la Magistratura de cada provincia se reunieran hace pocos días en Santiago del Estero y decidieran encarar mayores controles sobre jueces, fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial. Es que darle valor a la norma legal requiere probidad. Una consigna elemental.
Sin embargo hay sectores en la Justicia que han advertido sobre la filtraciones y muchos obstáculos en el cumplimiento de su objetivo. Las mayores quejas van dirigidas a la desidia de algunos funcionarios del sector, el estado en el que se encuentran muchos juzgados, la ausencia de espacio para trabajar, la falta de formación o de preparación técnica en el personal, un libre albedrío preocupante en cuanto al cumplimiento de los horarios asignados a fiscales, jueces y el resto de los empleados, surgen a menudo incompatibilidades de criterio con los Ministerios del Estado Nacional o provincial. Tampoco hay incentivos para los que sí laboran o vuelcan su entusiasmo para que todo salga bien.
Además, hay escasez de elementos técnicos que traban el trabajo. El acceso al ciberespacio es mínimo o nulo. Un ejemplo: en los juzgados de Comodoro Py no hay ninguna posibilidad de tener Internet entre las 10 de la mañana y las 14 horas. Es decir no se ha puesto a punto la base tecnológica que es imprescindible para ejercer Justicia. La Justicia es otro problema serio a resolver.

Daniel Muchnik

(Clarín, 7)

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