FLEXIBILIZAR LLEVA A UNA MAYOR PRECARIEDAD

La reforma laboral que fue aprobada recientemente en Brasil es, en rigor, una (contra) reforma, porque en sus contenidos no hay avances ni adecuaciones a la normativa, sino lisa y llanamente una eliminación de derechos. Se trata de una iniciativa abolicionista del derecho del trabajo, antidemocrática e inefectiva, que apunta al debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos.
La (contra) reforma contiene diversas aristas. Por un lado, supone un franco retroceso de las condiciones de trabajo en materia de jornada laboral, salarios, descanso, vacaciones, transporte y salubridad. Por otro lado, promueve la externalización total del trabajo y crea modalidades de contratación sin derechos laborales, abaratando y facilitando los trámites de despido.
Sin embargo, el corazón de la flexibilización es aún peor. El proyecto sancionado por el congreso brasileño establece que los acuerdos colectivos en las empresas tienen preeminencia respecto de las leyes laborales y los convenios colectivos de actividad.
Así las cosas, cualquier grupo de trabajadores “empresarizado” podría negociar condiciones menos beneficiosas que las que establecen las leyes y las convenciones colectivas. Y entonces las primeras serían válidas aun frente a la vigencia de las segundas.
En la Argentina, algunos empresarios, juristas y medios de comunicación comenzaron a pedir con entusiasmo “reformas” similares a la brasileña. En caso de aplicarse esos cambios aquí, eso implicaría prácticamente la eliminación de la negociación colectiva y de los sindicatos, legalizando modalidades de contratación que hoy constituyen fraude laboral.
Las reformas flexibilizadoras del marco de las relaciones laborales entre las partes, lejos de aumentar la productividad o de generar puestos de trabajo, crean condiciones para la migración de empleos del sector registrado hacia la precariedad, y acentúan la informalidad existente.
Tampoco mejoran este tipo de modificaciones la competitividad de un país. Al contrario, la inestabilidad, la inseguridad y el deterioro de condiciones laborales conspiran contra la eficiencia productiva. Sobran las evidencias.
En la Argentina vivimos una experiencia equivalente durante los años 90 y, lejos de mejorar la competitividad de nuestra economía, esa experiencia terminó con más desocupación, menos trabajo registrado, más informalidad y más pobreza.
La negociación colectiva, el diálogo tripartito, las normas protectorias del trabajo, son instituciones centrales de la convivencia de nuestra democracia. Su abolición implicaría un retroceso institucional sin precedentes y un salto al vacío que traería consecuencias sociales impredecibles.

Carlos Tomada

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