MAPUCHES QUE USAN CELULAR Y 4X4 EN LOMA DE LA LATA; EL CELS Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Viven sobre un terreno de 9000 millones de dólares; son propietarios de esas tierras y reciben pagos por el uso del suelo. A su vez luego de que la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, celebrara como “muy importante” el resultado de las pruebas sobre el ADN hallado en vehículos de la Gendarmería que descartaron que correspondan Santiago Maldonado, desde el CELS aseguran que “faltan otros peritajes”. “Esto no descarta definitivamente que siga siendo una desaparición forzada porque ésta se puede haber dado de una manera que no implique la utilización de los vehículos que se peritaron”, aseguraron. “(…) las dos partes cayeron en excesos. La facción al condenar a las fuerzas policiales, recurriendo a sofismas racionales, si me admiten el oximorón. El Estado, producido el hecho, se apresuró a defender la inocencia de las fuerzas policiales por su actuación, sin saber bien que había ocurrido. (…)”, afirmó otro autor de la columna.

Loma de la Lata (Neuquén).- Gabriel Cherqui, hijo del cacique mapuche de los Kaxipayn, ha salido al patio de su casa. Lleva jeans americanos, borceguíes y una camiseta Topper, y del cinturón le cuelga un teléfono celular.
La casa es un rancho de madera y adobe en medio de la meseta patagónica. En el frente, insólitamente, están estacionadas cinco camionetas japonesas de 60.000 dólares cada una y, del techo, como un hongo blanco, emerge una antena parabólica de televisión satelital. En el aire flota un extraño olor a nafta.
Cherqui señala unos caños amarillos y laberínticos que entran y salen de la tierra, cincuenta metros más allá, y dice sin resignación: “Mire: éste es el precio que estamos pagando por el progreso. Vivimos sobre un polvorín y no sabemos cuándo va a estallar. Nos están destrozando la tierra, pero acá nos quedaremos…”
Esta postal surrealista de mapuches de celular y 4×4, viviendo en un territorio altamente contaminado del que no quieren irse, es hoy la que mejor sintetiza lo que es Loma de la Lata, una suerte de nueva Texas en la Patagonia neuquina.
Aquí, en un área de 2000 kilómetros cuadrados a una hora en auto desde la ciudad de Neuquén, está el yacimiento de gas más grande de la Argentina, capaz de abastecer por sí solo la cuarta parte del consumo del país durante los próximos 17 años.
Aunque parezca increíble, bajo el patio reseco y las paredes de adobe del rancho de los Cherqui espera una reserva de 175.142 millones de metros cúbicos de gas, que, puestos en el mercado mayorista, equivalen a unos 9000 millones de dólares.
El rancho está rodeado de chivos y gallinas que buscan su comida en el suelo árido. Como no hay agua potable, los bidones se apilan a un costado del patio de tierra, donde una anciana amasa pan sobre una mesa desvencijada. Unos cueros se secan al sol sobre un alambre vencido y los chicos juguetean a la sombra de un gran sauce. A la redonda, la tierra desierta está salpicada de cerros y matas duras; hacia el oeste, unas sierras bajas y rojas ponen límite al horizonte.
Este es el escenario donde hoy transcurre el viejo cuento del oro y la sangre. El gas es el oro para Repsol YPF, la empresa española encargada de la explotación del yacimiento y, al mismo tiempo, es la sangre para los mapuches. “Para nosotros -dice Gabriel Cherqui-, los hidrocarburos de Loma de la Lata son la sangre de la Madre Tierra.”
El oro y la sangre. La contradicción parece difícil de resolver.
Expropiación y desarraigo: La de los 120 mapuches que de un día para el otro se encontraron viviendo sobre 9000 millones de dólares es una historia de desarraigos.
Hasta mediados de los años sesenta vivían en el norte de la provincia. Pero un buen día el gobierno descubrió que en sus tierras había minas, los expropió y les dio 6000 hectáreas en la Planicie Banderitas. Pasado el tiempo, cuando ya estaban instalados, alguien decidió que ese lugar era bueno para hacer dos lagos artificiales, y, antes de morir ahogadas, las familias Cherqui y Painemil tuvieron que tomar sus cabras y emigrar hacia el Oeste, hasta apretarse contra las sierras rojas.
Hace cinco años, los mapuches empezaron a percatarse de que el agua de pozo que tomaban en el nuevo asentamiento estaba contaminada por la explotación del gas y el petróleo, y descubrieron que algunos de sus hijos tenían un alto índice de plomo en la sangre.
Fue entonces cuando decidieron consultar a un abogado.
“Lo que han conseguido hasta ahora es que les dieron el título de propiedad de las tierras -dice el doctor Mariano Mansilla- y que el caso de la contaminación del suelo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Como lo cuenta él mismo, Mansilla se especializa en opositores. Además de los mapuches, atiende a los piqueteros, los cortadores de rutas y a los combativos empleados del Estado provincial.
Pero los Cherqui y los Painemil tal vez sean sus mejores clientes.
“Todavía no se ha reclamado una cifra por compensación, pero suponemos que sólo por el daño ambiental pediremos unos 1000 millones de dólares”, comenta. El cálculo se basa en un estudio hecho en Neuquén por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en 1998 estimó en esa cifra el perjuicio causado al medio ambiente en toda la provincia.
“Hay que ver para creer -dice Mansilla-. Si en el terreno se hace un pozo con una pala y se le acerca un fósforo, la tierra se enciende. Y esto no sólo pasa en el campo, sino también en Añelo, el único pueblito de la zona.”
Ni un peso de las petroleras: Añelo es un pueblo chato y de calles polvorientas, habitado por escasas 1500 almas. Tiene una estación de servicio sobre la ruta 7, una única calle pavimentada y un comedor que a las 14 -porque es la hora de la siesta- está cerrado a cal y canto.
Si alguna vez, por la cercanía con los yacimientos, soñó con ser el Dallas de Neuquén, enseguida volvió a la realidad. Norberto Izaza, de 29 años, es el intendente. “Yo no sé lo que pasa- se lamenta-, pero en Añelo nunca vimos ni un centavo de las petroleras. En todo el departamento hay tres campamentos grandes que en total tienen 2000 trabajadores, pero la plata no se la gastan acá.”
Hace veinte años, cuando el boom del petróleo llegó a la zona, el pueblo se esperanzó sólo para decepcionarse luego. Desde 1980 hasta hoy, consiguieron que a la municipalidad y a la única escuela les donaran computadoras, y que las empresas dieran trabajo a unas 100 personas, lo que bajó a 30 el número de desocupados. Pero nada más.
“Necesitamos una autobomba”, dice Izaza, “pero no la podemos conseguir. Por suerte, cuando hay un incendio ellos envían a sus bomberos para ayudar”, dijo.
El pueblo le corresponde 1,3 millón de pesos de presupuesto anual y unos 60.000 mensuales de coparticipación provincial. Los que no están en las petroleras son empleados públicos o chacareros. La única novedad en los últimos tiempos fue la llegada de una particular inmigración: siete señoritas de Bahía Blanca, que llegaron para trabajar en el cabaret Millenium.
“Los petroleros vienen poco por acá”, razona Izaza. “Cuando mucho, una o dos camionetas algunas noches, con hombres que vienen a ver si encuentran chicas.”
Para el intendente, como miembro del Movimiento Popular Neuquino, sólo hay un consuelo para tanta frustración: “Pero es bueno para la provincia”, dice. “Es bueno que las petroleras estén acá.”
El negocio: Héctor Haag es el director general de Medio Ambiente de la provincia de Neuquén. Su despacho está sobre la calle Rioja, frente a la Casa de Gobierno, y su escritorio rebalsa de mapas, gráficos y estadísticas.
“La oposición critica lo que se va a llevar la empresa, pero para Neuquén el negocio es lo que queda”, dice. Por la ley nacional de hidrocarburos, Repsol YPF tendrá que pagar a la provincia el 12 por ciento del gas de Loma de la Lata que venda. En el transcurso de diecisiete años, y si no se descubren nuevas reservas, será una cifra cercana a los 1000 millones de dólares.
Para Haag, la parte del león para Neuquén serán la mano de obra que se ocupará, los asentamientos de la empresa en la provincia y lo que vaya quedando de inversión.
“Esta es la gran riqueza que tenemos acá”, se entusiasma. “Neuquén produce casi el 30 por ciento de todo el petróleo que se extrae en el país y casi el 50 por ciento del gas. Para Repsol, la explotación de Loma de la Lata es un negocio fantástico, pero lo dimos porque no lo podíamos hacer nosotros. La provincia no puede hacer la inversión necesaria para la extracción, y ni siquiera se podría hacer una prospección seria.”
Sobre la oposición al proyecto y las denuncias de contaminación de los mapuches, Haag tiene una opinión decidida: “Las cosas se están haciendo como se deben, y la provincia está supervisando todo el trabajo. Se está cuidando el patrimonio histórico de los indígenas, y si hay daño ambiental, se va a reparar”.
Además, según Haag, a los mapuches no les va tan mal. “Vaya y véalo usted mismo. Andan en 4×4, usan celulares y no aceptan el trabajo que les ofrece la empresa. También se están haciendo construir casas…”
Desde que descubrieron que viven sobre un bolsón de 9000 millones de dólares, las comunidades Kaxipayn y Painemil han comenzado a prosperar.
Reconocidos legítimamente como dueños de la tierra, las empresas petroleras tienen que pagarles por el uso del suelo. Repsol le paga un adelanto de 30.000 dólares por mes a cada comunidad, y en casos concretos de perforaciones, se estipula un dinero extra. Además, cobran una especie de alquiler por el paso de cañerías por sus campos.
Del suelo para arriba, la tierra es yerma, seca, desahuciada. Del suelo para abajo se ocultan 9000 millones de dólares. Los mapuches de celular y 4×4 son la síntesis de esa paradoja.
¡Lo de siempre: es el viejo cuento del oro y la sangre!
Pero en esta distorsión, aparece el CELS, que plantea: Paula Litvachky, directora del Área de Seguridad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aseguró que “no está descartada definitivamente la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, al referirse a la prueba de ADN negativo en el material de Gendarmería.
“Esto no descarta definitivamente que siga siendo una desaparición forzada porque ésta se puede haber dado de una manera que no implique la utilización de los vehículos que se peritaron. Llama la atención que defina como ministra de Seguridad y parte responsable política de Gendarmería, que a partir de algunas medidas de prueba ya no se puede seguir hablando. Es incorrecto por su función. No tiene sentido”, dijo Litvachky en declaraciones a “A los botes” (FutuRock FM).
“Faltan otros peritajes que hay que ver si dan positivo o negativo. La figura de desaparición forzada tiene que ver con cómo se dio la desaparición de Santiago y quiénes son los responsables. Cualquier definición que quiera dar certeza de eso, es incorrecta y ella lo está haciendo para defender al Poder Ejecutivo y a la Gendarmería de un hecho muy grave”, agregó.
Según la directora del Área de Seguridad y Justicia del CELS, “en términos generales, hay posibilidades de fraguar evidencias. No digo que éste sea un caso concreto, pero sin duda hay que ser cuidadosos. Es cierto que se hicieron los análisis en los vehículos de forma tardía y también es cierto que se lavaron. Hay rastros que quedan y hay rastros que no. Llegar tarde a la evidencia es doblemente grave. Hay que ordenar un poco las cosas. No están todas las filmaciones. Hay algunos baches cuando la Gendarmería llega al río. Se están peritando todos los teléfonos y cámaras. Hay que ver qué sale de ahí”.
“Los dichos de la ministra de Seguridad no ayudan a dar claridad en la investigación”, fustigó. Y continuó: “Patricia Bullrich quiere justificar una demora en la investigación en una situación que es injustificable. La evaluación que ella hace sobre el miedo que puedan sentir los gendarmes no corresponden a una funcionaria pública”.
“Técnicamente se llama desaparición forzada. Es un hecho en donde agentes de una fuerza de seguridad o del Estado priva de la libertad de una persona y que después haya una negativa sobre eso”, explicó. Y dijo que “la desaparición forzada de una persona no requiere plan sistemático. Si así fuese, estamos hablando de delitos por lesa humanidad”.
“Planteamos en que hay que avanzar con la investigación en cuanto a qué estaba haciendo Pablo Noceti en la ruta. A medida que avance la investigación hay que ver para qué lado avanza el juez también”, concluyó.
Cabe recordar que la ministro Patricia Bullrich celebró hoy como “muy importante” el resultado de las pruebas sobre el ADN hallado en vehículos de la Gendarmería que descartaron que correspondan Santiago Maldonado. Para la funcionaria, ese elemento “despeja” las acusaciones de “desaparición forzada” que pesan sobre la fuerza.
“Es muy importante, despeja muy fuertemente lo que ha sido acusado el Gobierno de una desaparición forzada y nos abre ventanas a otras hipótesis que siempre hemos planteado”, señaló la ministro que se convirtió en la primera voz oficial en referirse al tema.
De acuerdo con un informe difundido por el juzgado federal de Esquel, no hay compatibilidad entre el perfil genético de Santiago Maldonado y las muestras obtenidas en distintos vehículos de la Gendarmería.
El informe pormenorizado tomó 80 muestras de ADN y las comparó con las referencias obtenidas de Enrique Aníbal Maldonado, Stella Maris Peloso y Sergio Maldonado, padres y hermano del artesano.
El defensor oficial, Fernando Machado, había denunciado que las camionetas fueron lavadas antes de que se tomaran las muestras. El juez desestimó la presentación y avanzó con el cotejo cuyos resultados se conocieron este martes.
Luis Alberto Rizzi por otra parte platea: La libertad nos hace responsables por lo que hacemos, es decir nos impone la obligación de asumir las consecuencias de un error, de nuestra culpa o de una acción o reacción ilegal.
Quienes usando la violencia, silenciosa o estrepitosa, pretenden hacer valer e imponer sus creencias se colocan en la ilegalidad y desde la ilegalidad intentan deslegitimizar los derechos y obligaciones del Estado.
En general se nutren de ideologías que derivan de malas ideas o del mal razonamiento, como sería la sofistica.
Quienes asisten encapuchados a una manifestación, ya expresan violencia, sería una de las expresiones de violencia silenciosa, ya que la “máscara” o la “capucha” ocultan la real identidad.
En general este tipo de violencia silenciosa es el prólogo de la violencia con estrépito, que es la que pretende imponerse mediante el uso de fuerza ilegitima.
Este tipo de militancia, ponderada por el kristinismo, se caracteriza por hacer abuso de su propia razón de ser y por tanto es incapaz de aceptar o si se prefiere escuchar y ponderar argumentos contrarios.
Para ellos no existe “el otro”.
El estalinismo, el castrismo, el régimen del Pol Pot en Camboya, el régimen de Nicolás Maduro, ya sería una caricatura de la sinrazón, son muestras de cómo mediante el refugio ideológico, se puede llegar a régimen tiránicos y dictatoriales que se consideran legítimos y legales.
Hice esta breve introducción para analizar desde otra perspectiva el caso “Maldonado”.
Hay hechos ciertos: Entre el 31 de julio y el 1º de Agosto una facción, integrada por algunos “encapuchados”, no viene al caso su identificación sino su conducta, cortaron una ruta y atacaron a las fuerzas policiales, representada por la Gendarmería nacional o la policía provincial.
Actuaron de modo violento.
El Estado, en los casos que se llama “in fraganti”, esto es cuando se está cometiendo un delito o un acto censurable, debe intervenir para preservar el orden público. En el caso se trataba de restablecer el derecho a transitar, vulnerado por una facción.
Consecuencia de estos hechos, el personal policial registró dos heridos y un desaparecido, presuntamente por el lado de los facciosos, pero ignoramos si el desaparecido integraba o participaba en la facción violenta.
En estos hechos pueden haberse cometido varios delitos por ambas partes. Ambas partes gozan de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
En este punto, las dos partes cayeron en excesos. La facción al condenar a las fuerzas policiales, recurriendo a sofismas racionales, si me admiten el oximorón. El Estado, producido el hecho, se apresuró a defender la inocencia de las fuerzas policiales por su actuación, sin saber bien que había ocurrido.
El falso razonamiento de contenido anárquico, pretende por lo menos en la intención, instaurar en la opinión pública una culpabilidad, no probada según nuestro régimen procesal. Es otro modo de actuar con violencia, condicionar al Juzgador. Además se trata de una condena indeterminada. “Todos los gendarmes/policías son culpables”.
La magnitud del sofisma, la verdad sea dicha, queda de manifiesto por sí misma.
Lo cierto es que hoy hemos convertido lo ocurrido en un infierno que no es ni más menos que un territorio sin creencias válidas.
Sintetizando, ni la facción ni el Estado asumieron la propia responsabilidad de sus acciones.
Esto no es bueno.
Diría es para mal de todos… y para bien de nadie…

Jorge Camarasa – Luis Alejandro Rizzi – José M. García Rozado
Buenos Aires, 13 de Setiembre de 2017
ICIMISS – CIMISS

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