LA OPOSICIÓN A UNA REFORMA EDUCATIVA DESCONOCIDA

El sistema educativo es conservador por naturaleza dado que una sus misiones esenciales es la transmisión intergeneracional de saberes y destrezas que forman el patrimonio de una cultura y en consecuencia es comprensible que para poder producir cambios en ese sistema, sea cual fuere el contenido de esos cambios, se requiera apelar a formas que permitan superar de modo paulatino y armónico las naturales resistencias que esas alteraciones susciten entre los actores del sistema que son los alumnos, los docentes y las familias.
Por lo demás parece evidente que la escuela media o secundaria de la Argentina en gran medida sigue siendo hoy la que describía Miguel Cané en su Juvenilia de 1884 y por ende se impone modificarla para que sirva a quienes la cursan en términos de contribuir a formarlos en saber y poder obrar conforme las nuevas realidades dadas por el cambio de época y la época de cambios que se viven en este siglo XXI.
De ahí que no pueda menos que compartirse la voluntad del gobierno nacional de promover reformas en la escuela media. Los problemas y las disidencias surgen a partir de las pésimas formas que se están queriendo seguir para producir esas reformas, que explican y en cierta medida justifican que los estudiantes hayan tomado unos 30 colegios de la Ciudad de Buenos Aires en oposición a ese proyecto oficial de reforma.
Una primera cuestión que resulta obvia pese a lo cual el gobierno no parece haberla tenido en cuenta, es que los objetivos y las formas de ejecución de la reforma debían ser difundidos con amplitud antes de empezar a aplicarla de modo que fueran conocidos y pudieran ser debatidos y enriquecidos por toda la comunidad y en especial por los actores de la comunidad educativa.
Que esto no se hizo fue reconocido de modo implícito por la propia ministra de Educación de la CABA, Sol Acuña, en la conferencia de prensa que ofreció después de reunirse con representantes de los estudiantes en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a instancias de la misma, en la que dijo que ese día (el miércoles 20) se subiría a la página web del Ministerio una síntesis de la reforma propuesta para que pudiera ser conocida por quien lo quisiera.
A todas luces se trata de una información pública tardía e insuficiente que demuestra que el peor defecto de la reforma es ser desconocida, lo que justifica que suscite prejuicios y suspicacias y da sustento al reclamo de que se prorrogue su aplicación habida cuenta que antes, al menos, debe ser conocida y discutida por alumnos, docentes y familiares lo que aún no se hizo.
En cuanto a la toma de los colegios por parte de los estudiantes, las críticas que suscitan de parte de quienes alzan principios jurídicos válidos en defensa de la propiedad y del orden público, nos permitimos pasarla por el tamiz de un hecho y el de una evocación.
El primero es que sin las tomas es improbable que la reforma educativa hubiera suscitado el debate que suscitó y por ello tuvieron un efecto positivo que me recuerda aquello de que “Dios escribe derecho sobre renglones torcidos”.

El segundo es que, aunque tengo casi 70 años, aún recuerdo con respeto, orgullo y cariño al muchacho que fui a los 15, cuando peleaba contra el decreto De la Torre que prohibía a los centros de estudiantes secundarios, participaba en marchas no siempre pacíficas por causas que ponderaba justas y me tocaba ser detenido por la policía y llevado a comisarías de donde me sacaban mis padres porque era menor.
Tal vez sea por esa memoria que me complazca ver hoy a jóvenes dispuestos a luchar por lo que creen justo de modo enérgico pero pacífico y con actitudes de solidaridad (como las de los alumnos del Pellegrini y el Buenos Aires, colegios universitarios no alcanzados por la reforma), aun cuando esa lucha no respete todas las normas legales propias del Estado de Derecho y les haga perder días de clase.
Sobre esto último debo decir que considero que ser actores de esta lucha también es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes secundarios, quienes deberían reconocer que es justo y necesario que el tiempo de clases perdido por su legítima protesta sea recuperando extendiendo el tiempo del ciclo lectivo, sea suprimiendo feriados o añadiendo horas y/o días de cursada, lo que implica asumir la responsabilidad de luchar.

Por Víctor Eduardo Lapegna –  setiembre de 2017

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