DEMANDA DE EMPLEO, ¿QUO VADIS?

Ya hay datos suficientes para afirmar que Argentina está en proceso de alejarse de la declinación y el estancamiento recientes. Pero el empleo, en particular el de asalariados privados, no cobra impulso.
Se puede argumentar que la escasa dinámica de creación de empleo (asalariado, registrado, privado) nos viene acompañando desde hace bastante tiempo. Y es verdad. Pero ello no es suficiente para entender las razones, y menos aún para imaginar el desempeño en el futuro inmediato.
Si ponemos atención a los datos disponibles se aprecia que el nivel de ocupación en las distintas ramas “productivas” se incrementó en este siglo con mucha intensidad a partir de su más bajo nivel a mediados de 2002. Los ingresos de esos trabajos empezaron a mejorar también –unos meses más tarde, cuando ya era indudable la recuperación económica- y mantuvieron su ritmo durante el primer período presidencial del matrimonio Kirchner.
La ambigüedad en la interpretación suele aparecer de allí en más. El conflicto con los productores agrarios, la singular sequía y la crisis internacional –todo en 2008- han sido factores que contribuyeron de diversa manera y variada intensidad. Pero también el haber agotado el impulso de la recuperación económica posterior a la devaluación del peso y al beneficioso cambio de las condiciones de nuestra inserción internacional fueron elementos intervinientes.
El propio conflicto agrario se desató, según la versión del ministro de Economía de entonces, porque no se aceptó su propuesta de actuar en busca de una disminución de la carga fiscal que ya representaban los subsidios diversos que se habían instituido. En su lugar, dijo Lousteau, primó la idea de profundizar la carga tributaria al sector agrícola. Ya se conoce el desenlace de esa estrategia.
Lo que seguro es observable es la recurrente imposibilidad de la economía argentina de mantener un ritmo de crecimiento de manera continua durante un lapso prolongado. La falta de modificaciones de los elementos estructurales que generan ese sube y baja suele ser oscurecida por elementos que confluyen en nuestro perjuicio pero que no alcanzan a explicar nuestra intermitencia y el retroceso resultante.
En la última década la tendencia es clara y preocupante. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, muestran que entre 2009 y 2011 inclusive, gracias a la recuperación observada en la segunda mitad de 2010 y comienzos de 2011, se sumaron –cada año- unos 150000 asalariados privados registrados. En los cuatro años que siguieron y que coinciden con el último mandato de Cristina Kirchner, a un cuarto de esa cifra: menos de 37000 trabajadores nuevos por año. De esta manera, la pérdida de puestos en 2016 del orden de los 36000 continúa un sendero agravado por dos razones: ya ni siquiera se crearon nuevos puestos aunque fueran escasos y, además, ya no se podía compensar socialmente con el aumento de empleo estatal que fue uno de los más importantes en el último lustro.
La Encuesta de Hogares, EPH, no es menos contundente. En los aglomerados en los que se releva se crearon entre 2003 y 2007 1,1 millones de empleos protegidos privados cifra que cayó a 500000 entre 2007 y 2011 y se perdieron 10000 desde allí hasta 2015. Si en el primer cuatrienio los privados explicaban dos tercios del aumento del empleo, entre 2011 y 2015 ese porcentaje le correspondía al empleo estatal y nada al privado.
En paralelo, aunque con menor grado de nitidez, se observa cómo el salario real (o la participación salarial en el producto) mejoró también velozmente en aquellos años iniciales posteriores a la crisis. Lo acontecido después aún no es muy claro habida cuenta de las enormes dificultades que atravesamos en materia estadística en el último decenio.
Hay opiniones que argumentan que la menguada demanda laboral podría cambiar favorablemente si se sustituyeran las reglas del juego en el ámbito laboral en el sentido de favorecer a los empresarios. De ese modo, se sostiene, se propiciaría la creación de nuevos puestos de trabajo en el ámbito productivo.
Se puede recordar, al respecto, que las veces que se puso en marcha un mecanismo de ese tipo, con el nombre que fuese, no terminó redundando en mayor dinamismo laboral y, menos aún, en creación de empleo de calidad como propicia la OIT. Eso no significa que tanto en el ámbito estatal como privado no haga falta revisar mecanismos que pueden resultar extemporáneos e inclusive complicar la mejora de productividad y competitividad que son necesarias en la economía nacional. Pero no es cierto que por esa vía se resuelven los problemas de empleo.
Para ese logro, hace falta que los empresarios actúen como tales; es decir ,inviertan, arriesguen, innoven y las autoridades garanticen un funcionamiento macroeconómico razonable. Los conflictos entre capital y trabajo así como los de naturaleza política demandan la búsqueda de consensos que no suelen estar al alcance de la mano. Pero es difícil imaginar que se puede llegar al éxito que no sea a través de ese camino.

Javier Lindenboim es economista. Director del CEPED e Investigador del CONICET.

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