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“MONSANTO PAPERS”: DENUNCIAN QUE INFLUYÓ EN ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA OCULTAR LOS EFECTOS CANCERÍGENOS DEL GLIFOSATO

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de las Naciones Unidas probó los efectos nocivos que las instituciones de EEUU y Europa no tuvieron en cuenta

En cuatro décadas, la versión oficial nunca había cambiado: el glifosato no era cancerígeno. Esto es lo que concluyen las mayores agencias reguladoras responsables de evaluar la peligrosidad de un producto antes y después de su comercialización: la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) en Europa, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA).

Pero en marzo de 2015 otra organización, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de las Naciones Unidas (ONU), llegó a la conclusión opuesta. Para esta institución de referencia, el herbicida –el producto estrella de Monsanto y el plaguicida más utilizado en el mundo– es genotóxico, cancerígeno para los animales y “probable carcinógeno para el hombre”.

¿Cómo explicar tamaña divergencia? La mayoría de los observadores citan una razón importante: para hacer sus hallazgos, las agencias dependen en gran medida de los datos confidenciales proporcionados por… Monsanto, mientras que el IARC no tenía acceso a estos datos. En otras palabras, la decisión que favorece al glifosato se basa esencialmente en los resultados de la empresa que la fabrica. Una experiencia “científicamente errónea”.

 Un reconocido toxicólogo denunció esta situación: Christopher Portier, ex director de varias instituciones federales de investigación de Estados Unidos y socio en el IARC. Gracias a la insistencia de eurodiputados y a varias ONG, es el único científico independiente que ha podido averiguar los famosos datos ultra-secretos.

Así, se descubrieron problemas que habían pasado desapercibidos. El 28 de mayo de 2017, Portier le escribió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker: para él, sin duda, la investigación de las agencias europeas, realizada esencialmente sobre la base de elementos transmitidos por Monsanto, es “científicamente errónea”. De hecho, pasaron por alto ocho casos de aumento de la incidencia de ciertos tumores asociados con glifosato. Las agencias han refutado en bloque y estalló la polémica.

¿A quién creerle? Para intentar responder a esta pregunta clave, Le Monde indagó en los “papeles de Monsanto”, decenas de miles de páginas de documentos internos que la firma tuvo que hacer públicas en el marco de una acción colectiva llevada a cabo en los Estados Unidos por 3.500 denunciantes.

El estudio de estos documentos trajo algunas respuestas preocupantes ya que arroja alguna luz sobre cómo las agencias reguladoras utilizan los estudios secretos –y a veces sospechosos– de la industria. Esto conduce principalmente a cuestionamientos sobre la integridad e independencia de los informes oficiales sobre el glifosato.

 El glifosato acaba de ser clasificado como “probable carcinógeno” por la agencia de las Naciones Unidas

En Bruselas, algunos funcionarios toman la cuestión en serio. De hecho, en mayo de 2017, el eurodiputado checo Pavel Poc (Socialistas y Demócratas) organizó una reunión pública sobre el tema, bajo los auspicios del Parlamento Europeo. Ese día, Peter Clausing, toxicólogo alemán asociado a la ONG Pesticide Action Network (PAN), lanzó una bomba: un estudio presentado por los industriales, que mostró un aumento en la incidencia de los linfomas malignos en los ratones más expuestos al glifosato ha sido indebidamente ignorado por la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Teniendo en cuenta que este estudio no era confiable, la agencia no tomó en cuenta sus resultados, pero es probable que alertara sobre los peligros de este producto.

En su informe de expertos de noviembre de 2015, la EFSA se justificó: “Durante la segunda teleconferencia de expertos, el estudio se consideró inaceptable debido a infecciones virales que podrían influir en la supervivencia de los animales, así como en la incidencia de tumores, en particular linfomas”.

Movilización en contra de Monsanto en Zagreb, Croacia, mayo de 2017

Movilización en contra de Monsanto en Zagreb, Croacia, mayo de 2017

Según la agencia, ciertos virus llamados “oncogenes” pueden causar tumores en animales de laboratorio. Los ratones utilizados para este estudio llamado “Kumar, 2001” contrajeron un virus de este tipo (no relacionado con el glifosato), difuminando los resultados.

“El gran problema es que no hay ningún documento que mencione el hecho de que una infección de este tipo realmente afectó a los animales”, refutó el toxicólogo Peter Clausing. “Lo que se encuentra en los informes preliminares de la evaluación del glifosato es que este tipo de infección es posible, pero no que se haya producido. Lo que primero se describe como una posibilidad, se convierte –después de la “teleconferencia”– en un hecho”, se indigna el especialista.

¿Qué pasó en esta “teleconferencia” que inhabilitó el estudio? El 29 de septiembre de 2015, se desarrolló la importante cita telefónica que reúne a expertos de varias agencias. Los participantes incluyeron un representante de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, Jess Rowland. Es él quien supervisa la reevaluación del glifosato en los Estados Unidos. Y aseguró que durante el estudio hubo una infección viral que invalidaría el “Kumar, 2001”. Consultado por Le Monde, EFSA confirmó la intervención pero aseguró que “la información presentada por la EPA durante esta teleconferencia fue verificada independientemente” por sus propios expertos.

La ONG con sede en Bruselas Corporate Europe Observatory presentó una solicitud de acceso a los documentos internos de la EFSA para clarificar los dichos de Jess Rowland. La respuesta fue contundente: no hay ningún rastro en los archivos de la agencia que verifique las afirmaciones de Rowland.

Es más, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, ECHA, en su propio informe sobre glifosato asegura que el estudio “Kumar, 2001” no informa “sospecha de infección viral” de ratones y que “la verdadera base de la decisión de la EPA no se conoce”.

Los documentos de Monsanto demuestran que la empresa está informada de lo discutido en esa teleconferencia. “Hablé de glifosato con la EPA”, escribió uno de sus ejecutivos en un mensaje de texto a las 2:38 pm del día después.

Y eso no es todo, apunta el diario francés. En la sede de Monsanto, Jess Rowland no es un desconocido: su nombre aparece regularmente en los “papeles de Monsanto”, especialmente en abril de 2015, mucho antes de la famosa reunión telefónica.

Aunque el glifosato acaba de ser clasificado como “probable carcinógeno” por la agencia de las Naciones Unidas (IARC), y su reevaluación está en marcha en la EPA, otra organización federal estadounidense, la Agencia de Sustancias Tóxicas (ATSDR), ha anunciado a su vez que ha iniciado su propia investigación.


Cristina Fernández acusa a Macri de tener en shock a la democracia argentina

La ex mandataria convoca a levantar la voz y denunciar la persecución y el acoso

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 11 de octubre de 2017, p. 28

Buenos Aires.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner acusó al gobierno derechista de Mauricio Macri de jugar sucio, y de obscenidad política por permitir que el juez más desprestigiado del país, Claudio Bonadío, pretenda manipular el proceso electoral creando un clima de persecución política, intolerable e inaceptable.

En conferencia de prensa en el Instituto Patria, la ex mandataria salió al paso en forma contundente ante la indagatoria pedida por el juez Bonadío contra ella, el ex canciller Héctor Timerman y otros funcionarios y dirigentes sociales por el presunto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA, 1994), y advirtió que llevará el caso a instancias internacionales.

Señaló que esta convocatoria ocurre “en pleno proceso electoral –hacia las elecciones legislativas del 22 de octubre– sobre un hecho que no es judiciable, en el que él (Bonadío) tuvo participación como juez y en el que fue apartado por encubrimiento”, y añadió que esto viola garantías constitucionales y el derecho de defensa.

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana (UC) advirtió que esta medida resulta inaceptable pues lleva un cronograma judicial que se da en paralelo con el cronograma electoral, lo cual nunca se ha visto aquí.

También mostró un video en el cual demuestra dónde estaba cada uno en el momento del atentado contra la AMIA, cuando Bonadío tenía un cargo en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). El juez que ahora acusa a la ex presidenta Fernández de Kirchner fue parte del encubrimiento real, y dos veces rechazado por el ex fiscal Alberto Nisman, de cuya muerte intentan también acusar a la ex mandataria, en un acto persecutorio.

Fernández de Kirchner responsabilizó a Macri de “someter a la democracia argentina a un estado de shock con el ánimo de judicializar la vida política y de pretender intimidar” a la oposición y a los votantes, y llamó a levantar la voz y denunciar la persecución, el acoso y el grave deterioro de nuestra calidad democrática.

Además, denunció un deterioro de las libertades públicas y de las garantías judiciales, y citó como ejemplo los casos de la detención de la líder social Milagro Sala, la desaparición de Santiago Maldonado durante una represión a mapuches, las feroces campañas de demonización del joven y de su familia ,casi como pasaba durante la dictadura (1976-1983), en la cual se afirmaba que estábamos en una campaña antiargentina para justificar las desapariciones.

Otra situación a la que se refirió es a la lista negra que han denunciado recientemente opositores, empresarios, jueces y dirigentes vistos como un obstáculo por Macri, quien habló de enviarlos en un cohete a la Luna. Al respecto, añadió: tengo la certeza de que si me meten en un cohete con destino a la Luna, suponiendo que la misión tuviese éxito, me moriría porque en la Luna no hay vida. Sólo me resta pensar que es un eufemismo, lo que significa que deberíamos desaparecer.


Hasta Cavallo anuncia que se viene un ajuste(P/12- 9/10)
El cuestionado economista advirtió que después de las elecciones el Gobierno tendrá que hacer un ajuste porque “si lo posterga le puede explotar en sus propias manos” una crisis. También afirmó que “hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90” y dijo que, salvo los más jóvenes, “todos los que están en el Gobierno trabajaron en algún momento conmigo”.
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo, autor del Plan de Convertibilidad, afirmó que “hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90”, por lo que ve “muy orientado” al Gobierno. El padre del corralito recordó además que muchos funcionarios actuales trabajaron con él en el pasado y advirtió que el Gobierno debe hacer un ajuste después de estas elecciones legislativas ya que, “si lo posterga, le puede explotar en sus propias manos”.
En una entrevista con el diario El País, de Madrid, el ex funcionario de la dictadura y titular del Banco Central –quien se encargó de estatizar la deuda privada- dijo además que envía cada mes un informe a ese organismo ahora dirigido por Federico Sturzenneger (que fue su secretario de Política Económica en 2001) y aseguró que sabe “que lo leen”.
Consultado sobre cómo ve al gobierno de Macri, Cavallo respondió: “Lo veo muy orientado. Argentina debe insertarse en la economía mundial y no tratar de aislarse, como hizo entre 2002 y 2015”. El economista, a cargo del Ministerio de Economía cuando estalló la crisis de 2001 que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, remarcó que hay “una gran coincidencia” con sus propuestas, “en el sentido de que el gobierno de Macri quiere volver a tener una moneda estable y una economía con baja inflación, como tuvimos en los 90”.
“En los 90 pasamos de una economía cerrada, igual de la que heredó Macri, y la transformamos en una economía abierta. Por eso vinieron tantas inversiones y hubo ocho años consecutivos de crecimiento vigoroso, a tasas del 8 y 9 por ciento, con inflación prácticamente en cero”, afirmó.
Cavallo aseguró que desde el Banco Central “no” lo consultan, aunque aclaró que escribe “un informe todos los meses. Se los envío y sé que lo leen. Todos los que están en el Gobierno trabajaron en algún momento conmigo, salvo los que son muy jóvenes, entonces eran niños. Macri también tuvo mucha relación conmigo, él como empresario y yo como ministro”.
El ex funcionario de la dictadura consideró además que asesores como Jaime Durán Barba son los que aconsejan a los gobiernos “no hacer ajustes” para evitar “en lo inmediato alguna pérdida de votos”. “Durán Barba será un buen estratega de campaña pero es un muy mal consejero de Gobierno. Las cosas que hay que hacer hay que hacerlas, porque si no agrava más los problemas hacia el futuro”, advirtió.
En esa línea, cuando se le preguntó si cree que Macri hará un ajuste después de las elecciones legislativas del 22 de octubre, Cavallo contestó: “Yo creo que sí. Si lo posterga, le puede explotar en sus propias manos”.


Proyecto para modificar la Ley de Reparación histórica

El diputado nacional, Juan Carlos Díaz Roig, presentó un proyecto de ley que propone modificar la llamada “Ley de Reparación histórica”, al señalar que “la litigiosidad previsional fue una de las excusas para la sanción de esta ley, que sólo buscaba justificar el blanqueo de capitales y la venta de las acciones de empresas privadas, de las que es titular el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Seguridad Social.”

“En los últimos años, por el impacto de la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, la litigiosidad descendió hasta casi desaparecer, mientras nos mienten a los argentinos, afirmando que los seis millones de jubilados están en juicio,” afirmó Díaz Roig y añadió: “Ahora para resolver la litigiosidad de 400 mil juicios que había, con la ley de Reparación histórica se pretende iniciar 2.800.000 nuevos juicios. Irónico.”

”El proyecto de ley plantea, en primer lugar, derogar la emergencia en materia de litigiosidad previsional, declarada por esta ley cuando fue sancionada, en segundo lugar, eliminar los “trámites abreviados” por ser considerados ilegales, es decir, no autorizados por la ley, y luego limitarse a pagar a los jubilados los acuerdos homologados, obligando a la Anses a explicarle a cada jubilado la causa del reajuste realizado.

El legislador formoseño, experto en materia previsional señaló: “Con este proyecto implementamos un mecanismo por el cual se pagará lo que se debe pagar a cada jubilado y evitaremos el inicio de nuevos litigios, además de eliminar el enorme gasto que significa para el estado los honorarios de los abogados, alrededor de cuatro mil millones de pesos.”

El texto del proyecto establece que será nulo cualquier pago que realice la Anses, en concepto de pago anticipado y/o “procedimiento abreviado” de reparación histórica sin la sentencia firme de homologación de acuerdo, así como cualquier otra práctica que no tenga fundamento expreso en la ley. Según el diputado Díaz Roig, “la Anses está aplicando de forma ilícita el programa, ya que de manera discrecional y este organismo no posee facultades discrecionales, sino regladas, está pagando reajustes a quienes no corresponde percibir el beneficio. La Anses sólo debe pagar lo que la ley manda, ni más ni menos.”

Asimismo, en todos los casos la Anses, sólo podrá abonar las sumas correspondientes a los acuerdos arribados con los beneficiarios una vez que se encuentre firme la sentencia del acuerdo homologado judicialmente. Así como también, este organismo está obligado a notificar al interesado el cómputo y el índice, mediante el cual obtiene las sumas que ofrece para cada acuerdo de reparación histórica, como también de dar a conocer los derechos a los cuales se estaría renunciando de corresponder.

Por último, sentenció Díaz Roig: “El peligro de continuar con esta ley de “Reparación histórica” es que vamos camino a desfinanciar el sistema y a darle al gobierno la excusa necesaria para volver a privatizar las jubilaciones, evidente destino elegido por el gobierno en una espiral de endeudamiento.”


COMUNIDADES PALESTINAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SE REÚNEN EN MANAGUA

Bajo la convocatoria de la Confederación Palestina Latinoamericana y Caribeña, COPLAC, entidad perteneciente a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) las comunidades palestinas del continente se reunirán en la ciudad de Managua, Nicaragua, entre los días 19 y 22 del mes en curso. La misma, acontece luego de varios años de receso, producto de los acontecimientos que se generaron en Palestina a partir de los Acuerdos de Oslo.

Consultado sobre el tema y los alcances de la importante reunión, el Dr. Hanna Safieh, Secretario General de la institución, manifestó que “La COPLAC representa a todos los palestinos de América Latina y del Caribe y a sus descendientes, que comprende a alrededor de 700 mil personas”” y que “éste será su IV Congreso, destinado a elegir nuevas autoridades y a reafirmar el compromiso irrenunciable de todos los palestinos de nuestra América con la justa causa de la liberación de su madre patria”.

Este congreso, contará con la presencia del Canciller Palestino Riad Al Malki junto a representantes del Presidente palestino, Mahmud Abbas, y será inaugurado por el Ministro de Relaciones de Nicaragua, Denis Moncada.

Se espera la asistencia de al menos 130 personas entre delegados y observadores que representan a organizaciones comunitarias palestinas de 13 países, que debatirán los caminos a seguir para fortalecer la solidaridad latinoamericana y caribeña con la Causa Palestina.


PYMES AUTOCONVOCADAS DE TODO EL PAÍS PRESENTARON DOCE PROYECTOS DE LEY PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA NACIONAL
Presentaron un amplio informe con el estado de situación de las pymes industriales que aún no cuentan con los beneficios de la reactivación. Incluyó una batería de 12 proyectos de ley. Reclamaron que todos los sectores políticos sean responsables de las soluciones y aclararon que buscan beneficios para toda la industria, sin favorecer a ningún partido político.
Pymes industriales autoconvocadas de todo el país presentaron en el Congreso una batería de doce proyectos de ley para que los legisladores de todos los bloques políticos le den tratamiento parlamentario. Con un carácter plural y sin representaciones partidarias, los empresarios pidieron la suspensión por 365 días de embargos y ejecuciones fiscales, la creación de un sistema de seguro de desempleo y retiro, y la limitación del valor indemnizatorio; entre las iniciativas.
“Esta no es una propuesta política. Nosotros no vamos contra nadie sino a favor de todos los industriales del país”, afirmó uno de los organizadores del denominado foro Industriales PYME Argentinos, Daniel Rosato. Según su exposición, el objetivo de la autoconvocatoria -que reunió a más de 500 empresas que participaron de la confección del documento- fue “dar propuestas para que todos los sectores sean responsables de la solución de los problemas de las fábricas, no sólo el Gobierno”.
Las pymes participaron de una reunión de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el diputado nacional José Ignacio De Mendiguren. Con un informe de 18 páginas, señalaron la caída del consumo interno; el menor ingreso de los sectores asalariados; la apreciación del tipo de cambio; el aumento de las tarifas de servicios públicos; el incremento de los precios internos de los productos; la caída de las exportaciones; y la suba de las importaciones; como causales de los conflictos en la industria sectorial.
Uno de los expositores graficó la crítica situación de la producción maderera: Darío Errecalt, socio de la empresa Maimará SRL, lamentó que la caída del consumo y las importaciones hayan perforado la capacidad de negocios del sector. Pero advirtió que la presión fiscal, con embargos y ejecuciones por atrasos impositivos, provocará el cierre de la fábrica antes de fin de año.
“Me han hecho jaque mate, porque no tengo salida. Estoy para el cierre. Sigo nada más por la gente. Y esto nos pasa porque nosotros somos formales desde que nacimos hace 37 años. Por eso la única salida para las pymes es que si realmente quieren mantener la industria, se debe dar una tregua fiscal, suspender juicios, dejarnos trabajar para rehacernos”, afirmó.
Sucede que a los planes de pago que ofrece la AFIP se les aplica una tasa de interés “usuraria” y no permite financiar el 100% de la deuda. De modo que las entidades bancarias evitan tener clientes pymes con problemas impositivos, lo que obliga a las empresas a acudir al sistema financiero informal, con costos que afectan a la competitividad local.
Lejos de las quejas destructivas, las pymes autoconvocadas desarrollaron doce propuestas de creación, modificación y derogación de leyes con los objetivos de crear “un marco previsible para la contratación de trabajadores”; “establecer un fondo ahorro obligatorio de desempleo y retiro para los trabajadores”; “fijar montos máximos a la litigiosidad laboral”; “estimular la compra de productos nacionales”; “fortalecer los mecanismos de defensa comercial”; “estimular las exportaciones”; “aliviar parcialmente la carga fiscal de las PYME hasta 80 trabajadores”; y “recuperar días laborables para la producción”.
Entre ellas, piden extender los beneficios de la Ley 27.396 de Emergencia Económica con el objetivo de suspender “por 365 días de los embargos y ejecuciones por deudas fiscales y tributarias y aplicación de moratoria extendida para empresas industriales hasta 80 trabajadores”.
Con el fin de dar un marco legislativo que establezca un ámbito propicio para el empleo y el trabajo registrado, los industriales realizaron una novedosa propuesta para la creación de un sistema de Seguro de Desempleo y Retiro, que implica la modificación al Régimen de Contrato de Trabajo.
El Seguro de Desempleo y Retiro permitirá que “todos los trabajadores registrados puedan recibir, en compensación por su tarea realizada, una suma igual a un mes de remuneración por cada año trabajado, pero resignando el derecho a exigir otra indemnización a la empresa por el solo objeto del tiempo transcurrido en ella y la labor realizada”.
También buscarán que se reformen los artículos 9 y 10 de la Ley 24.013 para considerar la irrefutabilidad del “Alta temprana” como fecha efectiva de ingreso del trabajador y derogación de las multas. “Se ha vuelto una práctica común y lucrativa por parte de algunos profesionales del derecho laboral el inducir a trabajadores ingresantes a un nuevo puesto de trabajo a realizar demandas fundamentando que, durante un lapso extendido de tiempo el trabajador había permanecido en situación irregular, con el objetivo de cobrar cuantiosas sumas indemnizatorias”, denunciaron.
Otros proyectos buscarán derogar el artículo 45 de la Ley 25.345 que prevé gravosas penalidades económicas para los empleadores por demoras en la entrega de los certificados de trabajo; y modificar la Ley 20.744 que establece aumento del 50% del valor indemnizatorio para el empleador cuando el empleado inicie acciones legales.
Con la premisa de estimular la compra de productos nacionales, las pymes autoconvocadas pedirán “rechazar la propuesta de la ley llamada “Ley de compras públicas y desarrollo de proveedores para la transformación y la innovación productiva”; ratificar la vigencia de Ley 5340/63 “Compre Argentino” y de la Ley 18875/71 “Contrate Nacional” proponiendo en el parlamento las acciones que expliciten su ejecutividad; y derogar parcial o totalmente la ley 25.551/01 por confusa e innecesaria, ratificando la aplicación plena de las dos leyes mencionadas en 2).
Habrá un proyecto particular para la creación de un Régimen de Estimulo y Protección de la Industria Editorial Argentina que desgrave todos los impuestos nacionales por el término de 5 años a las empresas graficas nacionales de la cadena de valor de la industria gráfica que posean hasta 80 trabajadores registrados y desarrollen material cultural gráfico, libros, revistas de toda índole; establezca el requisito obligatorio del “Compre Trabajo Argentino” para las adquisiciones de material gráfico por parte del Estado Nacional, Provincial y Municipios, sus organismos descentralizados y empresas del Estado; y permita la excepción al régimen, solo cuando el material no pudiera conseguirse en Argentina, no estuviera publicado en el país, su número de ejemplares estuviera agotado o la editorial manifestara no alcanzar el volumen solicitado para abastecer la demanda local.
En el ámbito del comercio, se presentó la iniciativa para el fortalecimiento de los mecanismos de defensa comercial -Ley 24.425 y S.S.-; el Fortalecimiento de los mecanismos de Promoción de Exportaciones (Ley 23.101).También se buscará la limitación del Pago de Adelanto del Impuesto a las Ganancias, para beneficiar la competitividad de la producción nacional.
Ante la sanción de la ley que restableció los feriados puente, los industriales propusieron el recupero de Calendario Anual de Días Laborables al sostener que “los tres feriados puentes que se agregan impactan sobre el costo empresarial y la productividad. “Con los nuevos 3 feriados debemos pagar 22,16 días produciendo 20,41 días. Esta pequeñísima diferencia implica un incremento en los costos, automático, sin ninguna contraprestación de 1,21%, con su respectiva disminución en la productividad”.
En el caso de la nueva ley de ART, las pymes autoconvocadas pidieron al Congreso nacional que “pueda arbitrar los medios necesarios para asistir en el dialogo inter-parlamentario al Honorable Congreso de la Provincia de Buenos Aires cuando sea pertinente, interponiendo un diálogo directo entre legisladores de ambos espacios para llegar a un consenso ya que pertenecen a iguales espacios políticos”.
PUNTOS PRINCIPALES DEL DOCUMENTO
CAUSA DE LOS RECLAMOS:
* Caída del consumo Interno. Menor ingreso de los sectores asalariados. Apreciación del tipo de cambio. Aumento de las tarifas de servicios públicos. Incremento de los precios internos de los productos. Caída de las exportaciones. Suba del aumento de las importaciones.
SECTORES EN RIESGO:
*Metalmecánica. Editorial. Juguetes. Manufacturas de Plástico. Industria Textil. Complejo Automotriz
PROPUESTAS LEGISLATIVAS:
– Creación de un Sistema de Seguro de Desempleo y Retiro.
– Irrefutabilidad del “Alta temprana” como fecha efectiva de ingreso del trabajador y derogación de las multas.
– Derogación de gravosas penalidades económicas para los empleadores por demoras en la entrega de los certificados de trabajo.
– Modificación de la Ley 20.744 que establece aumento del 50% del valor indemnizatorio para el empleador cuando el empleado inicie acciones legales
– Puesta en Vigencia Plena de la LEY de ART
– Estimular la compra de productos nacionales
– Creación de un Régimen de Estimulo y Protección de la Industria Editorial Argentina
– Fortalecimiento de los mecanismos de defensa comercial
– Fortalecimiento de los mecanismos de Promoción de Exportaciones
– Limitación del Pago de Adelanto del Impuesto a las Ganancias
– Suspensión por 365 días de los embargos y ejecuciones por deudas fiscales y tributarias y aplicación de moratoria extendida para empresas industriales hasta 80 trabajadores
– Recupero de Calendario Anual de Días Laborables

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