PRECIOS, INFLACIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Desde hace 9 años Argentina padece una inflación que oscila entre el 20% y el 30% anualizada, con períodos de incrementos muy fuertes como los últimos meses de 2015.
Inflación equivale a pérdida del valor de la moneda y los salarios. La ecuación de la generación de pobres es simple: precios elevados y bajos ingresos. Produce graves efectos sobre toda la sociedad, especialmente en los sectores de menores recursos. Estamos entre los últimos países en competitividad.
Es preciso ordenar el mercado, como hacen las naciones desarrolladas; brindando transparencia a las transacciones, evitando la especulación y las ganancias exorbitantes de unos pocos. Es inadmisible que precios de supermercados (grandes compradores y con marcas propias) sean más elevados que los de almacenes.
En Argentina la Ley 25.156, de Defensa de la Competencia, fue sancionada en agosto de 1999 y reglamentada en enero de 2001. Se fundamenta en el Artículo 42 de la Constitución Nacional. Se basa en la Ley Sherman, de Estados Unidos. Prohíbe los actos o conductas “relacionados con la producción e intercambio de bienes y servicios, que tengan por objeto o efecto, limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”.
Comprende las acciones que tiendan a la obtención de ventajas competitivas. (Art. 1º). El artículo 2º en 14 incisos, especifica las conductas reprimidas que pueden generar abuso de posición dominante.
Se restringe: Fijar, concertar o manipular el precio de venta o de compra de bienes y servicios; producir o procesar una determinada cantidad para limitar la oferta; repartir en zonas o mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento; concertar o acordar precios en licitaciones; impedir u obstaculizar el ingreso o exclusión de competidores; fijar o imponer con acuerdo de competidores cualquier forma de precios y condiciones; regular mercados de bienes y servicios; subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro; sujetar la compra o venta de algún bien a no usar, adquirir o abstenerse de negociar evitando la intervención de terceros; imponer condiciones discriminatorias; negarse injustificadamente a la provisión de bienes o servicios en las condiciones vigentes en el mercado; suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público; enajenar bienes o brindar servicios por debajo de su costo, sin razones fundadas.
Hay posición dominante cuando puede aprovecharse al momento de la compra (monopsonio), o cuando se vende un bien, sea porque es único en el mercado (monopolio), o por acuerdos con otros (oligopolio), con el fin de evitar la competencia.
Restringen el mercado, influyendo unilateralmente en la determinación de precios o servicios. Caen bajo el ámbito de esta norma: ordenar las fusiones y concentraciones de empresas, las alianzas, etc., por ello tiene una importancia suprema.
A pesar que en 1999 establecía un plazo de 180 días para su vigencia, nunca fue aplicada.
En abril de 2004, denunciamos ante la Justicia Federal, en expediente 77.334, la violación por parte del Poder Ejecutivo (Néstor Kirchner) de la Constitución y la ley, por la continuidad de la derogada ley 22.262, la aprobación de fusiones ilegales y la concesión de todas las facultades al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fueron 12 años de manejo unipersonal de la economía. Consecuencia: mayor inflación y recesión; más concentración y pobreza.
La ley 25.156, artículo 17, crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, órgano no político, independiente, técnico, compuesto por selectos profesionales. No fue erigido.
La Justicia Federal, en primera y segunda instancia, avaló nuestro reclamo. La Corte Suprema de Justicia con el voto de 5 miembros, nos brindó la razón en 5 fallos (B578, B861, B2447, B2448 y B1793).
Nueve meses después, basada en un insólito informe de una procuradora adjunta, la Corte da vuelta el fallo y brinda la razón al Gobierno y al grupo Cencosud (Jumbo, Disco, Vea, Súper Vea, Unicenter, Easy, etc), que se había hecho parte.
Por primera vez en la historia judicial del mundo, en una misma causa, con el mismo objeto y las mismas personas, la Corte sentencia de dos formas totalmente opuestas, con 9 meses de diferencia y con menos miembros.
Apelamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expediente 800 de 2008, por cuanto el tema afecta a toda la comunidad. El expediente lleva años dando vueltas.
Entre muchas pruebas, adjuntamos un informe de entidades agropecuarias que acreditaba las tremendas diferencias entre lo que se pagaba al productor y los precios que abonaban los consumidores. La carne, de $ 3,50 pasaba a $ 19. El 530% más (año 2004).
Como ahora, las diferencias oscilaban entre el 200% y el 1.000%. La manzana en planta se vende a $ 10 el kilo; en góndola a $ 52, el 500% más. Estudios acreditan ganancias hasta del 22.000% en medicamentos.
Mostramos que quienes manejan la intermediación y/o venta al público, se quedan con una monstruosa diferencia que aumenta indebidamente los precios. Estas conductas, prohibidas por la ley de defensa de la competencia, no existirían si se aplicara la norma y se sancionara a los responsables con elevadas penalidades.
Los Kirchner no pusieron en funcionamiento el Tribunal. Guillermo Moreno acordaba precios, fusiones, concentraciones. Tenía todas las facultades. De estas acciones ilegales, soportan las consecuencias el productor, al que le pagan incluso por debajo de su costo final, y en cuotas absorbidas por la inflación; y el consumidor, que abona precios en muchos casos más elevados que en el resto del mundo.
Los grandes deformadores de precios son: el Estado, que gasta mucho más de lo que recibe y además no controla; y los grandes especuladores que, ante la indiferencia o complicidad de funcionarios, aumentan los precios en forma desmedida.
La nunca aplicada ley de defensa de la competencia, que permite regular en un marco de racionalidad y transparencia los precios, del que no escapa el Estado (gas, luz, transportes, combustibles), es una de las principales causas de la elevada inflación. Se amparó a pocos que ganan del 500% al 20.000% de diferencia.
Bajará la inflación y concluirá la especulación aplicando la ley con rigor y sin excepciones. Hay muchos intereses para que ello no suceda.

Por Edgardo Civit Evans – Economista
Los Andes

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