EL PRESUPUESTO DE 2018 YA ANTICIPA PUJA POR LOS SALARIOS

Si el Presupuesto de 2018 fuese la vara que el Gobierno usará para fijar posición en las discusiones salariales, o la que María Eugenia Vidal tomará para el debate con docentes y estatales bonaerenses, de allí saldría un número bastante próximo a lo que viene.

Alrededor del 10% sería la cota oficial. Es, también, el número que manejan cerca de Mauricio Macri.

Según el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a Diputados, el aumento del gasto en personal está previsto en 16,4%. La cuenta incluye tanto el remanente de los incrementos acordados este año como la partida salarial de 2018. De ese mix surge el 10%.

Otro par de datos asoma al interior del mismo menú. Uno calcula la inflación entre 8 y 12%, en línea con la meta del Banco Central. Y el siguiente dice un bastante más realista 15,7% promedio, similar al 15,8% que estima el medio centenar de especialistas consultado por el BCRA.

Pero como el 15,7% es la regla que manda en el Presupuesto, el resultado final canta bien parecido a salarios por debajo de la inflación. O anticipa la alternativa 10% más cláusula gatillo, semejante al modelo ya instalado en las discusiones salariales.

Podrá ser semejante a la mezcla que se aplicó este año, tanto en paritarias del sector público como en paritarias privadas, aunque nada garantiza -ni mucho menos- que el 10% vaya a ser el punto de arranque aceptado por los dirigentes sindicales. Y aun en el supuesto de que llegara a serlo, la cláusula gatillo abriría un espacio de maniobra excesivamente ancho.

En el fondo de todo late el método que el Gobierno pretende imponer: negociar en base a la inflación futura, no en base a la inflación pasada. Esto equivaldría a colocar entre paréntesis el 22-23% que este año arrojaría el índice de precios. Y si los salarios son un costo, son también un costo entre varios más.

El problema es que la inflación luce viva y encima coleando.

Salvo el 1,8% que marcó alimentos y bebidas no alcohólicas, en septiembre el resto de los rubros relevados por la estadística del INDEC anotó 2% o cerca de 4%, como el 3,8% de indumentaria y calzado y el 3,7% de educación.

Demasiado para un solo mes, con el añadido nada despreciable por cierto de que alimentos venía de subir 2,1% en agosto. Acumula 16,4% desde enero según el índice nacional y 18% para el área metropolitana.

Existen de todos modos otras partidas del gasto público que orbitan por fuera de la regla de la inflación futura y se rigen por la inflación pasada y por los salarios pasados. Allí pesa la ley de movilidad en los haberes.

El Presupuesto plantea aumentos en el orden del 22% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, para la Asignación Universal por Hijo y para el PAMI.

“Esos ajustes están subestimados”, dicen algunos especialistas. Prevén un piso del 23%, y hasta 26% en la suma de todos los componentes del gasto previsional.

Agregan de seguido: “El Gobierno deberá recortar otras partidas si quiere cumplir con la regla de la movilidad jubilatoria y pretende, además, mantener el crecimiento de las erogaciones donde lo puso en el Presupuesto de 2018”.

Para más datos sobre el paquete en juego, vale señalar que la seguridad social consume la mitad del gasto total.

El Presupuesto de 2018 ya anticipa puja por los salarios
El ministro de Finanzas Luis Caputo, detallando partes del Presupuesto 2018. (Diego Díaz)

Ya parece un esfuerzo fiscal considerable bajar el déficit primario, sin intereses de la deuda, del 4,2 al 3,2% del PBI. Y más todavía cuando se advierte que el año próximo desaparece el blanqueo que abultó los ingresos impositivos de 2017. Los ingresos del Estado nacional, convendría precisar, porque de esa masa de recursos a las provincias no les tocó ni siquiera un peso.

Está definitivamente claro que gran parte de la guadaña fiscal de 2018 irá sobre los subsidios.

La partida del Ministerio de Energía baja un 19,5% nominal y un 6%, también nominal, la asignada a las subvenciones del Ministerio de Transporte. Contrastadas con la hipótesis inflacionaria del 15,7%, la conclusión arroja en ambos casos una poda real muchísimo mayor.

Por de pronto, en febrero ya asoma un incremento en la electricidad no menor al 17%, según estimaciones del sector. Y otro también muy próximo en las tarifas del transporte: del 30%, dicen cálculos moderados.

Basta con mirar los tijeretazos contemplados dentro del Presupuesto para advertir que a esos ajustes les sucederán otros; por lo menos, en luz y gas.

“Serán graduales”, insisten desde el Gobierno. E insisten, como si shock no hubiese existido en los tarifazos de 2016 y en la suma acumulada desde entonces, en la devaluación de origen y en las altas tasas de interés que impone el Banco Central.

Es al fin un gradualismo estilo PRO o el gradualismo compatible con el margen político del Gobierno y la estrategia política del Gobierno, aunque haya quienes aún hoy pidan una medicina más drástica.

Mauricio Macri ha bajado una consigna de hierro entre sus ministros: podrán subirse algunas partidas siempre y cuando se recorten otras. Pero las metas fiscales no se tocan y son el ajuste que ofrece a los disconformes.

Lo que no está nada claro es que la pauta salarial siga firme. Y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde los sueldos consumen el 50% del presupuesto.

Por Oña Alcaido

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