EL CONURBANO BONAERENSE DEMANDA UNA POLÍTICA DE ESTADO

Hace 48 horas se cumplió un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945. Con independencia de cualquier connotación valorativa, se trató del hecho político más importante de la historia argentina del siglo XX. La Argentina fue una antes y otra después de aquel 17 de octubre. Vale recordar el valioso testimonio de Félix Luna en las últimas páginas de su clásico libro “El 45”, cuando relata su sorpresa personal y la de muchos de sus compañeros del activismo universitario de entonces ante la sorpresiva irrupción en las calles de Buenos Aires de decenas de miles personas cuyos rostros resultaban para ellos casi irreconocibles.
Era la irrupción de “otra Argentina”, resultado de un monumental aluvión inmigratorio, originado en el incipiente proceso de industrialización que protagonizó la Argentina a partir de la década del 30 y que provocó la migración masiva de centenares de miles de familias que se trasladaron desde el campo hacia Buenos Aires. Puede decirse que la historia argentina reconoce dos grandes aluviones inmigratorios. El primero, a partir de 1880, fue protagonizado por los millones de inmigrantes europeos que arribaron al puerto de Buenos Aires, que llegaron a modificar la composición de la población argentina. Este segundo aluvión inmigratorio, el de los “cabecitas negras”, también tuvo como destino Buenos Aires, pero no provino de Europa sino del interior profundo de la Argentina. El conurbano bonaerense quedó configurado desde entonces como una síntesis demográfica de la Argentina.
Setenta años de después de aquel 17 de octubre resulta imposible entender social y políticamente a la Argentina sin comprender lo que significa el Gan Buenos Aires. El 30 % de la población argentina vive en menos del 1% del territorio nacional. Al mismo tiempo, el conurbano bonaerense concentra el 40% de la pobreza de la Argentina.
Los resultados del “Relevamiento Nacional de Barrios Populares” realizado hace unos meses y coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social muestran una radiografía social de la Argentina de hoy. Revelan la existencia de 4.100 asentamientos y villas de emergencia, que en su conjunto ocuparían 330 kilómetros cuadrados de superficie (una vez y media la superficie de CABA). Son unas 800.000 familias, más de dos millones de personas, un número que equivaldría a la población de la segunda ciudad de la Argentina. 1.612 de esas villas y asentamientos están en la provincia de Buenos Aires y la inmensa mayoría en el conurbano.
En esa tarea impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo titular es Carolina Stanley, participaron activamente los movimientos sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), organizaciones no gubernamentales como Un Techo para Mi País y organizaciones de la Iglesia Católica, en primer lugar Cáritas y los curas villeros. Se trató de un relevamiento casa por casa, en la que el rol del INDEC fue desempeñado por las organizaciones sociales.
Este inédito relevamiento permite encarar una segunda etapa, seguramente lenta, ardua y difícil, pero extremadamente importante, que es el otorgamiento de certificados de domicilio a los ocupantes de esas viviendas, que le faciliten sus trámites personales, la obtención de documentación y hasta la solicitud de servicios públicos.
Es imposible exagerar la proyección de este acuerdo, no tanto por su contenido específico, sino por sus implicancias, por la dinámica del proceso social que pone en marcha, cuyas características y significado exigen un análisis mucho más a fondo.
Porque en la base de cualquier sistema de instituciones está el tema de la propiedad, el derecho de propiedad. La ocupación ilegal de tierras en las periferias de los grandes centros urbanos es una constante de la historia argentina desde principios de la década del 80. Luis D’ Elía, por ejemplo, alcanzó notoriedad pública como líder de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV). Desde entonces hasta hoy, ese proceso ha crecido exponencialmente y creado una “legalidad paralela”.
Vale puntualizar también que en la década del 90 hubo un par de iniciativas orientadas a encauzar ese fenómeno. La más importante fue la llamada “Ley Pierri”, que es la ley 24.374, de 1992, oficialmente denominada Ley de Regularización Dominial. La segunda fue el “Plan Arraigo”, de entrega de tierras fiscales. Ambas, pero sobre todo la primera, fueron una experiencia muy interesante, parcial y acotada pero exitosa, en materia de legalización de títulos de propiedad.
En este tema, hay una autoridad sociológica internacional, que es el sociólogo peruano Hernando de Soto, autor de dos libros imprescindibles, “El otro sendero” y “El misterio del capital”, sobre el fenómeno de la informalidad económica y su relación con la marginalidad social. De Soto estuvo más de una vez en la Argentina y expuso sus ideas en varios eventos, entre ellos uno en la Feria del Libro y en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata en 2014.
En la década del 90, De Soto fue el coordinador de un original trabajo de investigación sobre ciertas características de la pobreza en distintos países de América latina, Asia y África, cuyos resultados fueron verdaderamente sorprendentes. En Perú, en aquel entonces, el valor de las propiedades inmuebles extralegalmente poseídas por los pobres sumaban unos 74.000 millones de dólares, una cifra que era cinco veces mayor que la valorización total de la Bolsa de Valores de Lima y catorce veces más que toda la inversión extranjera directa radicada en el país a lo largo de toda su historia independiente.
En la misma época, en Filipinas, el valor de la propiedad inmueble sin título era de 133.000 millones de dólares, que era cuatro veces la capitalización de las 216 compañeras registradas en la Bolsa de Valores de Manila, siete veces el total de los depósitos en los bancos comerciales, nueve veces el valor del conjunto de las empresas estatales y catorce veces el valor de toda la inversión extranjera directa instalada en el país.
En Egipto, el “capital muerto” en propiedad inmueble carente de títulos legales suficientes sumaba entonces unos 240.000 millones de dólares, que era treinta veces el valor de todas las acciones en la Bolsa de Valores de El Cairo y 55 veces el monto de toda la inversión extranjera directa. Lo mismo ocurría en Haití y en los demás países investigados.
La conclusión de la investigación de De Soto, realizada hace más de veinte años, era que sólamente el valor de los inmuebles en posesión, pero no en propiedad legal, de los pobres en los países emergentes en el antiguo Tercer Mundo y los países que salían del comunismo duplicaba el valor total del circulante monetario de Estados Unidos y era casi equivalente al valor total de las acciones de las empresas que cotizaban en las veinte principales bolsas de valores del mundo. Es altamente probable que una actualización de esas cifras arrojaría hoy un resultado por lo menos semejante, si no mayor.
Este cálculo no estaba circunscripto a los bienes inmuebles. Computaba también los demás activos en poder de los pobres de los países emergentes, que se manejan en el escenario de la economía informal. A escala argentina, imaginen ustedes, por ejemplo, el valor económico de emprendimientos como La Salada. En otro nivel, el fenómeno popular de los “manteros”.
La contrapartida de todo esto es que todos estos recursos, realmente formidables, constituyen, tal cual describe De Soto, un gigantesco capital muerto. Sus propietarios están imposibilitados de transferirlos legalmente y no son sujetos en el sistema financiero, por ausencia o insuficiencia de los títulos correspondientes. En consecuencia, el producto del trabajo incesante de toda la vida de centenares de millones de personas puede ayudar a solventar, mejor, o peor, su subsistencia cotidiana, pero no les sirve para movilizar económicamente esa riqueza ni para integrarse plenamente en el sistema productivo y salir de la marginalidad social.
No se trata de teorizar sobre nuevas reglas sino de descubrirlas en la realidad. De Soto relató su experiencia personal en Indonesia: “paseaba por los campos de arroz, sin preocuparme por dónde estaban los linderos de las propiedades. Pero los perros lo sabían. Cada vez que cruzaba de una finca a la otra, ladraba un perro distinto. Aquellos perros ignoraban el derecho formal pero tenían claro cuales activos controlaban sus amos. Les dije a los ministros que los perros de indonesia contaban con la información básica que ellos necesitaban para establecer un sistema de propiedad formal. Escuchar los ladridos en un recorrido por las calles de la ciudad y sus caminos del campo podían permitirles ir escalando la enredadera de las representaciones extralegales regadas por el país, hasta hacer contacto con el contrato social vigente. “Ah”, exclamó uno de los ministros, “¡Jukum Adat!” (la ley del pueblo”.
Y aclara luego De Soto: “descubrir la ley del pueblo fue la forma como los países occidentales construyeron sus sistemas de propiedad formal”. Porque “la ley que prevalece hoy en Occidente no surgió de polvorientos tomos o compendios legales del gobierno. Es una cosa viva, surgida del mundo real y creada por personas comunes y corrientes antes de que llegaran a manos de los abogados profesionales. La ley del pueblo tuvo que ser descubierta antes de ser sistematizada”. Valdría la pena examinar, por ejemplo, la evolución de la legislación de tierras en Estados Unidos, que en muchos casos tendió a la legalización de la propiedad extralegal.
En palabras de De Soto, “no tiene sentido continuar pidiendo economías abiertas sin encarar el hecho de que las reformas económicas en curso sólo les abren a las puertas a las elites pequeñas y globalizadas y excluyen a la mayoría de la humanidad. Hoy la globalización capitalista está preocupada por interconectar solo a las elites que viven dentro de la campana de vidrio. Retirar la campana de vidrio y acabar con el apartheid en la propiedad requerirá ir más allá de las fronteras actuales, tanto las económicas como las de la ley”.
La apertura económica no es solamente una apertura internacional, una apertura hacia afuera. Requiere también una apertura hacia adentro y hacia abajo, para integrar plenamente a una economía popular de mercado al conjunto de la sociedad, en particular a los sectores más postergados. Eva Perón decía: “queremos una sociedad de propietarios, no de proletarios”.
Con las características propias de nuestra historia, esta situación descripta por De Soto se manifiesta dramáticamente en la Argentina de hoy, según confirma este relevamiento realizado conjuntamente entre el Ministerio de Desarrollo Social y los movimientos sociales. Los centenares de miles de compatriotas que habitan en los asentamientos y las villas de emergencia del conurbano bonaerense, del Gran Córdoba, el Gran Rosario y los cordones periféricos de la mayoría de las ciudades grandes y medianas constituyen un testimonio de esa realidad.
El objetivo es entonces una profunda reforma estructural, destinada a volcar hacia la actividad formal a millones de argentinos condenados a la marginalidad, de modo de que puedan gozar de la seguridad jurídica que otorga el reconocimiento del derecho de propiedad de sus bienes inmuebles y de sus pequeños microemprendimientos empresarios, recurrir al crédito para financiar sus actividades económicas y comprar y vender libertamente en una economía de mercado sin restricciones ni discriminaciones injustas.
Para ello, en palabras de De Soto, es necesario descubrir y aplicar “la ley del pueblo”. En la Argentina no hace falta escuchar el ladrido de los perros. La militancia de los movimientos sociales, con el auxilio de la Iglesia y la activa participación de los vecinos, han cumplido ese papel de identificación a la propiedad informal en los asentamientos y villas de emergencia. De esa manera se abre un camino posible para avanzar hacia una plena integración social, recreando una oleada de movilidad social ascendente, como la impulsada por el primer peronismo a partir de 1945.
Es impensable recorrer este camino sin el activo protagonismo de los sectores sociales involucrados. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), liderada por Juan Grabois, surgida por iniciativa del Movimiento Evita, a la que el Ministerio de Trabajo de este gobierno, a cargo de Jorge Triaca, le otorgó la llamada “personería social” por la que venía bregando desde hace varios años durante la gestión anterior es una expresión, si se quiere parcial e ideologizada, pero genuina de este fenómeno.
Ese otorgamiento de la “personería social” coincidió con un contexto político en que las organizaciones sociales ganaron autonomía política en relación a la tutela estatal, una sujeción que es la base del clientelismo político. Esto les posibilitó el establecimiento de un inédito acuerdo estratégico con la CGT, en particular a partir del diálogo con Juan Carlos Schmidt, que ya se manifiesta en la búsqueda de una coordinación entre la representación sindical y estas expresiones embrionarias de los trabajadores de la economía informal.
Cabe reconocer que así como el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue quien concedió la “personería social” a la CTEP, la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, otorgó en su gestión un inequívoco protagonismo a los movimientos sociales, en línea con el contenido de la Ley de Emergencia Social, aprobada, tras una ardua negociación en ambas cámaras, por el Congreso Nacional a fines de 2015, con la activa participación de las bancadas de la oposición.
Mientras esto ocurre a nivel nacional, en el conurbano bonaerense se desarrollan otras iniciativas interesantes en esta misma dirección. En el municipio de Merlo, el intendente Gustavo Menéndez implementa una adecuación de la “ley Pierri”.
Demás está decir que toda esta acción vinculada con la legalización de los derechos de propiedad está asociada con una perspectiva más general que es la búsqueda de caminos idóneos para la legalización de las empresas informales y la regularización del trabajo no registrado.
En el libro “Conurbano infinito”, una compilación de trabajos coordinada por el padre Rodrigo Zarazaga, un jesuita que dirige además el Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús, hay un par de estudios muy interesantes sobre el fenómeno de La Salada. Así como no se puede entender absolutamente nada de la Argentina si no se entiende lo que pasa en el Gran Buenos Aires, no se puede entender el Gran Buenos Aires si no se entiende lo que significa en términos sociales la cuestión de los asentamientos y villas de emergencia y en términos económicos La Salada, algo que parece remoto para la llamada “clase pensante” del país.
Allí, a solo un par de kilómetros de la Capital, hay unos 7.800 puestos de venta de mercaderías, cabeza de todo un fenómeno nacional, el de las denominadas “saladitas”, que ya existen en 439 ciudades de todo el país, con 46.000 puntos de venta. El volumen de ese negocio es incalculable porque allí no se pagan impuestos, al menos en el sentido formal del término.
Del valor comercial que tiene un puesto en alguna de esas ferias habla una cifra contundente: el metro cuadrado de alquiler de un puesto en La Salada es parecido al del metro cuadrado de un departamento de Puerto Madero.
No alcanza con definir a La Salada como una red comercial. Corresponde agregarle su enorme importancia en la estructura de la industria textil argentina. Hay más de 30.000 talleres clandestinos en todo el Gran Buenos Aires, que abastecen a La Salada y a casi toda la producción y comercialización textil del país. Un tercio de la industria textil argentina está vinculada directa o indirectamente con La Salada. Porque miles de esos talleres clandestinos son también proveedores de la industria textil formal, que terceriza en ellos su producción para abaratar sus costos y poder competir.
No hablamos entonces de unos cuantos “manteros”, sino de un enorme conglomerado que a pesar de serlo “no figura”, aunque millones de argentinos se vistan con ropa de allí. Como alguna vez dijo el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, ése es “el shopping de los pobres”.
Este fenómeno de La Salada, originado en la década del 90 por un pequeño grupo de la comunidad boliviana que ocupó predios abandonados en la localidad de Ingeniero Budge, explotó con la gran crisis de 2001-2002. Tuvo en un principio una naturaleza eminentemente comercial, pero su expansión le permitió abarcar hoy el rubro industrial y el financiero, todo en negro, gigantesco y paralelo al mundo oficial.
La feria de La Salada funciona tres veces por semana. Los puestos no tienen lugar suficiente para la guarda de la mercadería al terminar la jornada de venta, razón por la cual en las viviendas cercanas se habilitaron garajes y otros espacios como galpones para ese almacenamiento. De eso viven también miles de familias. Otras tantas obtienen su sustento acarreando esa inmensa masa de objetos desde y hacia los lugares de venta. En esa complejísima trama logística, que demanda también un aparato de seguridad, cumplen un papel relevante las denominadas “barras bravas” de varios clubes de fútbol.
Cuentan asimismo con un sistema financiero propio, que tiene distintas modalidades. Una de ellas, originada en la comunidad boliviana, es un sistema por el cual un grupo de personas abona mensualmente una cuota cuya suma total se sortea cada mes entre sus aportantes. Quien gana ese sorteo recibe esa suma como crédito para su emprendimiento, sigue aportando su cuota mensual pero no vuelve a participar del sorteo hasta que todos los demás hayan sido beneficiarios de un crédito similar. Esto implica también un sistema judicial propio, obviamente muy “sui generis”, para garantizar el cumplimiento de los contratos.
Es una verdadera “economía paralela”, integrada con el resto de la comunidad por el hecho de que los miembros de ésta última se abastecen en aquélla. Todo esto tiene una importancia social que no puede desconocerse, pero se desconoce. Como suele decirse ahora, carece de visibilidad.
En la última Semana Social que anualmente organiza en Mar del Plata la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Juan Grabois –dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular- reveló que en una villa y en un barrio muy humilde del partido de Lanús, con pocos días de diferencia, murieron carbonizados siete chicos al incendiarse sus viviendas. Ambos hechos no tuvieron ninguna repercusión periodística, pero sí la tuvo, por esas mismas horas, la muerte de dos “motochorros” en una calle céntrica de la ciudad de Buenos Aires, a escasas cuadras de aquí. Esa abismal diferencia de visibilidad grafica la auténtica “grieta” que fractura hoy a la Argentina, que no es ideológica sino social.
En términos estructurales, importa destacar que la cuestión de la pobreza en la Argentina está íntimamente ligada a la de la informalidad laboral, y ésta, a su vez, con la ilegalidad. De acuerdo con algunos estudios, un trabajador informal argentino gana en promedio un 45% menos que otro sindicalizado o “en blanco”. Y se trata de un tercio del total de la fuerza de trabajo del país.
Por consiguiente, en un escenario, tanto social como económico, en que la ilegalidad es el medio de vida natural para millones de personas es ingenuo, y hasta hipócrita, rasgarse las vestiduras ante el avance del narcotráfico en el Gran Buenos Aires. También es peligrosa la simplificación de calificar de “mafia” a todo lo que se tiene enfrente. En lugar de estigmatizar, es más aconsejable analizar para entender. Como decía el filósofo judío Baruch Spinoza, “ni reír, no llorar, comprender”.
Todo lo relacionado con la pobreza tiene su expresión más emblemática en el Gran Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires recibe 18,8% por coparticipación, tiene el 40% de la población y del PBI nacional. Los municipios del Gran Buenos Aires reciben el 55% del total que coparticipa la provincia, pero tienen el 65% de la población y el 74% de la pobreza bonaerense.
Esto es una bomba social que exige ser desactivada. En 1991 el presidente Carlos Menem y el gobernador Eduardo Duhalde crearon el Fondo del Conurbano Bonaerense, pero ese sistema de compensación económica desapareció de hecho con la crisis de diciembre de 2001.
Hay que tener presente que el primer punto de la relación entre la Nación y las provincias es, en rigor, el vínculo entre el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires. Baste recordar fue el Pacto de San José de Flores lo que permitió la reincorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina.
Recordemos también que la Constitución Nacional fue sancionada en 1853 y que en ese tiempo no era imaginable nada parecido a lo que hoy es el conurbano bonaerense. A partir de esto hay un gigantesco déficit institucional. Basta para explicarlo un par de ejemplos: las localidades de González Catán y Gregorio de Laferrere, que pertenecen al partido de La Matanza, tienen cada una más población que las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que cuentan en el Congreso con tres senadores y cinco diputados nacionales, mientras que las dos primeras ni siquiera son cabeceras de municipios. Por tanto, distritos como La Matanza son ingobernables. En ellos, además, abunda la ilegalidad porque es una forma de sobrevivir.
El principal desafío social de la Argentina es si el sistema político podrá o no dar respuesta a la realidad del Gran Buenos Aires. Porque el Gran Buenos Aires no es un problema de la provincia de Buenos Aires. Es un problema de la Argentina. La encrucijada no es nueva: ya la enfrentó Perón en 1945. Hay que ver si ahora puede encontrarse una salida apta para este presente, tan distinto al de hace setenta años.
En términos prácticos, además de lo ya mencionado en relación a la legalización de los títulos de propiedad y de los emprendimientos productivos informales, la respuesta a este desafío podría sintetizarse en tres puntos básicos, o líneas de acción.
El primero de estos tres puntos, que excede por supuesto al Gran Buenos Aires pero lo tiene sí como epicentro geográfico y económico, es la reconversión industrial. La Argentina padece de lo que se llama “dualismo estructural”. Su estructura industrial se caracteriza por la convivencia entre un sector de alta productividad e internacionalmente competitivo y un inmenso conglomerado de pequeñas y medianas empresas industriales de baja productividad, que no son internacionalmente competitivas. Este segundo sector que es el que emplea a la gran mayoría de la mano de obra, tiene su epicentro en el Gran Buenos Aires. Se necesita formular y poner en marcha una estrategia de industrialización internacionalmente competitiva de la Argentina.
El segundo punto es la revalorización política del concepto de Area Metropolitana o Región Metropolitana. En esta región conviven los índices de mayor prosperidad y de mayor miseria de la Argentina: la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Esto implica afrontar el problema de la conectividad, que es mucho más vasto que el Metrobus a La Matanza. Una de las transformaciones sociales más importantes realizada en Bolivia por el gobierno de Evo Morales fue precisamente la construcción del sistema de transporte por teleférico que permite unir a la ciudad de La Paz con la oblación de El Alto. Decenas y decenas de miles de bolivianos, que antes tardaban más de dos horas diarias de ida y otras tantas de vuelta para trasladarse de su casa en El Alto a La Paz para concurrir a su lugar de trabajo, para ir de compras o para pasear en un fin de semana lo hacen ahora en menos de una hora. Pero la problemática del Area Metropolitana demanda encarar todo el complejo cruce de variables vinculadas con las políticas de educación, salud pública y seguridad ciudadana. Esto requiere por supuesto la participación de los gobiernos locales, lo que significa un mayor involucramiento directo en las decisiones no sólo del gobierno bonaerense sino también, y principalmente, de los municipios del Gran Buenos Aires.
El tercer punto, de carácter urgente y de tratamiento inmediato, es el restablecimiento efectivo del Fondo del Conurbano Bonaerense. Esto no puede intentarse a partir de una quita de fondos a las demás provincias. El esfuerzo político y financiero tiene que estar a cargo del Estado nacional.
Hay que introducir como prioridad estratégica en la agenda de negociación del sistema político la formulación de un “Plan Marshall” para el conurbano bonaerense, que permita transformar este desafío en una política de Estado para la Argentina.

 

POR PASCUAL ALBANESE

Ex Subsecretario de Comunicación Social y Ex Subsecretario de Planeamiento de la Presidencia de la Nación)

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