CÓMO VIENE EL FIN DE LOS SUBSIDIOS

El desenlace quedó explícito en uno de los puntos del Pacto Fiscal

Borrar del mapa en apenas cuatro o cinco años una estructura que fue montándose a lo largo de once años no suena a una política que se diga gradualista, sino a otra bien parecida a lo contrario. Así será, por más que el modelo en vías de desaparecer haya sido un engendro costoso, insostenible, desigual y desde luego propicio a la corrupción.
Se trata, sin más vueltas, del sistema discrecional de subsidios creado por el kirchnerismo que favoreció a los habitantes de la Capital Federal y del Conurbano bonaerense y, de ellos, sobre todo a quienes ocupan los escalones superiores de la pirámide de ingresos.
El desenlace quedó explícito, definitivamente, en uno de los puntos del Pacto Fiscal que firmaron el Presidente y los gobernadores. Acordaron “eliminar los subsidios diferencialespara el área Metropolitana en materia energética para el ejercicio 2019 y en materia de transporte para el ejercicio 2020”.
Y como ya durante 2016 el macrismo había empezado a desarmar el modelo, las fechas marcan un proceso de cuatro años en el caso de la energía y de cinco, en el del transporte.
Las subvenciones energéticas, al gas y a la electricidad, arrancaron en 2005, crecieron de salto en salto hasta acumular, a fines de 2015, un incremento del 1.000% . Aun cuando implican un costo fiscal sustancialmente menor, en esos once años las que alcanzaron al transporte público de pasajeros treparon un impresionante 2.600%.
Existen allí al menos dos maneras de medir efectos y resultados de semejante raid. Una es que en pleno apogeo, entre 2012 y 2015, la suma de subsidios a la energía y al transporte orilló los 80.000 millones de dólares. La energía llegó a representar arriba de las dos terceras partes del total y, por eso, fue el foco al que el ajuste fiscal del macrismo apuntó de entrada; casi el único foco, podría añadirse.
Aunque a veces con tropiezos y bajo su método de ensayo y error, la manera más sonora de ver el mismo cuadro tomó la forma de fuertes reajustes sobre las tarifas de la luz y el gas.
Según cálculos de una consultora que pide reserva de la fuente, entre diciembre de 2015 y septiembre pasado el costo de la electricidad para consumos residenciales del área Metropolitana se encareció un 1.007%. Y el 522% para la industria. A la mayoría de los usuarios del gas les tocó menos, pero un menos del 350 al 400%.
Hubo, hay, un raid más veloz que el kirchnerista, solo que en sentido contrario.
La seguidilla continuará pronto, de acuerdo a muy recientes declaraciones del ministro de Energía. Juan José Aranguren ha confirmado que en diciembre viene un ajuste al gas que promediará 45% en todo el país. Y que irá desde un mínimo del 22% a un máximo del 60%, “dependiendo de la conducta de cada uno de los usuarios”.
La conducta de los usuarios está asociada a sus consumos o, mejor dicho, a cuánto hayan ahorrado. Pero el que finalmente vale es el 45%, aunque lo del promedio también puede ser considerado un parámetro general que de hecho incluirá variantes mayores.
Y vale a propósito de otra cuenta nada insignificante: desde diciembre de 2015, la suba en la tarifa del gas pasaría de largo el 550%.
Para la generación y el transporte de electricidad, Aranguren ratificó 21% en diciembre y 13% en enero: acumulado, 38%. Claro que a los habitantes de la Capital y el Gran Buenos Aires, dijo, se les agregará “la segunda cuota de la recomposición de la distribución”, o sea, un adicional que todavía falta definir.
Son aumentos sin impuestos que excluyen, por ejemplo, la carga del IVA y de los Ingresos Brutos provinciales.
Entre lo que hubo desde 2016 y el 38% que el ministro confirmó, la factura de la luz domiciliaria ya escalaría alrededor del 1.400%,lo cual es decir bastante más que poco. Y todavía quedan por sumar los incrementos que sobrevendrán hasta que se les ponga fin a los subsidios; uno al gas en octubre de 2019, cuando habrá comenzado o esté por comenzar el tiempo de la indexación de las tarifas.
Números más números y siempre elocuentes, sobre el impacto de esta serie hablan los del informe fiscal de octubre. Cuentan que contra el mismo mes del año pasado el gasto total en subsidios bajó 49%, y 30% desde principios del año: el energético puro canta 65% y 33%, respectivamente.
Se trata de caídas nominales cuya magnitud crece apenas se les incorpora la inflación, como que el 30% desde principios de año vira a un 38% real. Todo corrió claramente en contra de la propia inflación.
Otra vez números, es de la misma especie y a la vez de una especie diferente que la baja del 30% en los subsidios totales hubiese convivido con un aumento del 79% en el pago de intereses de la deuda. Pesos sobre pesos, se gastaron $ 48.000 millones menos por un lado y $ 78.000 millones más por el otro. Luego, buena parte del ahorro en subsidios se fue en pagos de la deuda.
“Es el efecto colateral del gradualismo fiscal”, opinan algunos analistas. Quieren decir que sin el golpe a las subvenciones o con un golpe menor habría existido un tipo de ajuste fiscal diferente, políticamente caro: fue la opción decidida desde la Casa Rosada.
Visto así, el comentario luce correcto. Pero sólo visto así, pues omite el ajustazo de las tarifas. Y omite que existía la alternativa de llegar al mismo lugar mezclando aumentos más espaciados y medidas de corte distinto.
Está fuera de cualquier debate que los precios de la luz, del gas y el agua apenas cubrían una parte mínima de los costos y que hasta incentivaban derroches. Y también, que el mayor peso relativo de los reajustes cae sobre los sectores de ingresos medios y medio bajos, combinado, además, con el avance de otros precios de la economía.
Un precavido Aranguren hizo pasar las próximas subas por audiencias públicas que en verdad tuvieron mucho de formales. Y como lo que saliera de ellas no ata la decisión, el Gobierno siguió adelante con su hoja de ruta previa, pese a que representantes de los consumidores y defensores del pueblo plantearon que las medidas no respetan el principio de “razonabilidad, gradualismo y progresividad” fijado por la Corte Suprema.
Señalaron algunas cosas más. Por ejemplo, que los ajustes sólo atendían los costos de mantenimiento, sin que se adviertan grandes mejoras en la calidad de los servicios, y que las facturas eran poco claras en cuanto al modo de calcular cada componente del precio.
El riesgo es que aun cuando el Gobierno evalúe que ha cumplido con la regla constitucional, haya quienes consigan trabar el proceso en la Justicia apelando al principio de “razonabilidad, gradualismo y progresividad”. Con un antecedente de por medio, en el extremo todo iría a parar a la Corte Suprema o a las manos de Ricardo Lorenzetti.
Gradual, progresivo y hasta con quitas, es el aumento proyectado para el transporte de pasajeros del área Metropolitana. A razón de 50 centavos mensuales, al cabo de un año redondearía el 100%.
Pero aunque llegue demorado pegará sobre los precios, igual que la luz y el gas. Tambalea la meta inflacionaria del 10% promedio que el Banco Central se autoimpuso para el año próximo y manda, nuevamente, la meta de recortar los subsidios.
Para mayor abundancia, los números del Presupuesto de 2018 revelan que la podadora sobre los energéticos continuará a fondo. Anticipan una caída nominal del 15% y de hecho una real bastante mayor, incluso computando la pauta inflacionaria oficial del 15,7%.
Aquí entran, justamente, los últimos anuncios de Aranguren y lo que el ministro todavía no ha anunciado. Las habituales partidas extra para AySA y Aerolíneas Argentinas dicen ahora crecimiento cero: ¿aumentos del agua y de los pasajes en puerta?
Se sabe que el dinero es un bien fungible, porque ya dentro de la caja empieza a contar el adónde será destinado. Previsiblemente, el adónde partirá desde el enorme ahorro que al Gobierno va a reportarle seguir bajando subvenciones y concluirá en los fondos que, por el Pacto Fiscal, transferirá a Buenos Aires y al resto de las provincias: según estimaciones privadas, unos $ 70.000 millones anuales.
Otro ahorro fiscal grande aportará el cambio de la fórmula que actualiza las jubilaciones. Pero si el punto son los subsidios a la energía y al transporte, el acuerdo con los gobernadores que les pone fin va camino de ser convertido en ley. En el mientras tanto, tal cual se ve y se verá, el Gobierno no piensa perder tiempo

Alcadio Oña

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