NO ES DIFÍCIL: OTRO SISTEMA DE APORTES, SIN EVASIÓN, NORMALIZA LAS JUBILACIONES

(INdEC confirmó que 34,4% del trabajo sigue en negro o “trucho”)

Las contribuciones patronales tal como están planteadas no le sirven al propio sistema económico porque la evasión termina atentando contra él, y es una situación más allá de lo que los burócratas del Estado pueden hacer. Mientras no se reformulen las contribuciones patronales no hay forma de afrontar la normalización de los registros laborales. La Administración Macri planifica un blanqueo, difícil de concretar con éxito por la trampa a los contribuyentes que resultó del blanqueo de capitales anterior y porque lo que importa es el flujo más que el stock, en especial en el caso de las pymes. El resultado del actual sistema de contribuciones patronales un trabajo no registrado del 34,4%: enorme. El informe sobre el trabajo no registrado o informal que acaba de brindar el INdEC, apenas e l Congreso aprobó la reforma previsional, deja en claro que, si el sistema de reparto viene dando pérdida, no es precisamente porque el dinero se lo hayan llevado los jubilados. El reporte oficial consigna que el 34,4% de los sueldos que se pagan en el país no tributa, ni lo que le corresponde al empleador ni al empleado. De este modo, deja de ingresar mensualmente a la caja de ANSES la tercera parte, nada menos, que lo que devengaría la masa salarial si la ley fuera pareja para todos. Y eso no es todo porque la reforma laboral que se postergó hasta febrero contiene otras perlitas. Por ejemplo, que en los próximos 4 años a las empresas se les rebajarán los aportes patronales por un monto que cuadruplica anualmente al de la quita aprobada por el Congreso a los haberes jubilatorios, que resulta de haber cambiado la fórmula de ajuste respecto de la movilidad que regía desde hace 8 años.


Gremios y agrupaciones políticas y sociales se congregan frente al Congreso de la Nación para expresar su rechazo a los proyectos de reforma laboral, previsional y tributaria que envió el Gobierno. Foto NA: DAMIAN DOPACIO

Los $72 mil millones que el gobierno y el Congreso les recortaron a la fórmula de ajuste jubilatorio que regía desde 2009 son el precio que “la política” le arrebató a la clase pasiva para convalidar la vista gorda que se le viene haciendo a la persistente evasión previsional y a la discrecionalidad en el otorgamiento de beneficios, bajo el fundamento de que las cargas laborales en Argentina son demasiado elevadas y afectan la competitividad.

Más allá de lo cierto o no que pudiera ser, es indiscutible que 2 de cada 3 trabajadores están registrados y sujetos, por lo tanto, a la cuestionada exacción, que anualmente genera una recaudación a través de AFIP de $900 mil millones. Si se tomara la decisión política de levantar la puntería de la cobranza saldría de abajo de la mesa un faltante previsional de $300 mil millones, o sea el equivalente a 4 quitas como la dispuesta por el cambio de fórmula de ajuste de los haberes.

Cualquiera sabe que no les sería tan difícil a las administraciones territoriales identificar a los vecinos que, como patrones o empleados, se manejan al margen de las normas laborales y tributarias.

Y la clandestinidad no sólo no cede sino que aumentan los empleadores que no hacen los aportes y contribuciones para el Sistema de Seguridad Social: según el INdEC, el trabajo no registrado o informal creció un 0,6% en el 3er trimestre respecto de igual período del año anterior.

Las estadísticas que realiza el Ministerio de Trabajo dan cuenta que en el mismo lapso hubo un incremento interanual del 2,1% en el total de trabajadores registrados, que asciende en consecuencia a 12,249 millones entre públicos y privados, de los cuales las 3 cuartas partes están en relación de dependencia, y el cuarto restante se considera no asalariado, como los autónomos, monotributistas puros, empleados en casas particulares y monotributistas sociales, que en el lenguaje sindical se los clasifica como “precarizados”. Entre estos últimos, 1,2 millones no figuran en ningún lado.

Actualmente, en Argentina se cuantifican en más de 4 millones los trabajadores que están en negro, o sea que no gozan de los mismos derechos que los que están en relación de dependencia: sin vacaciones pagas ni paritaria (al no encontrarse sindicalizados ni regidos por convenio), no les descuentan para la jubilación ni gozan de la cobertura médica de las obras sociales.

“Laizquierdadiario.com.ar” afirma que a las patronales les conviene contratar en negro para evitar el pago de cargas sociales, lo cual resiente al sistema previsional de reparto que se lo da por quebrado para justificar la quita a los jubilados.

Pone de relieve que las empresas con mayor empleo en negro son aquellas con establecimientos con pocos trabajadores, es decir, las PyMES: entre el 2004 y el 2015, el 70% de los trabajadores no registrados se ocupaban en establecimientos de hasta 10 personas.

La “reforma laboral” en ciernes, cuyo tratamiento se postergó hasta febrero, ofrece un período de un año para que quienes están en infracción puedan blanquear; con los 6 primeros meses a costo cero para el empleador y los restantes, con un descuento del 70%. Pero a la vez facilita la tercerización y subcontratación, mecanismos que hasta ahora no habían sido regulados pero a partir del proyecto se buscará dejar consagrado su funcionamiento alternativo al de los convenios y ponerlo a salvo de juicios, regulándose la “precarización” que intentaran y no consiguieran Alfonsín, De la Rua y Menem.

Subsidio a las patronales: La publicación de marras hizo la cuenta de que con los cambios en los aportes que contiene el proyecto se les habrán transferido a las patronales en los próximos 4 años $139.882 millones anuales, 94% más que el ahorro que se les extrajo a los haberes por la ley previsional.

En la práctica, habrá una reducción de la alícuota efectiva del orden del 41% para todos los empleadores, pasando de 17,8% promedio a 10,5% del salario bruto, lo que ubicaría al país como uno de los más “generosos” con el empresariado de la región, según la OCDE, sostiene “laizquierdadiario”.

Aclara que dicho impacto se generaría debido a los cambios en el esquema de alícuotas a la Seguridad Social que el gobierno pretende “discutir” con los gremios, entre los cuales se contempla un salario “mínimo no imponible” y una rebaja de contribuciones “gradual” de 21% a 19% entre 2018 a 2022.

O sea que de aceptarlo la CGT, se continuaría precarizando el sistema laboral y desfinanciando el sistema previsional argentino, que dicen querer reconformar; toda una falacia incomprensible, parte del “nuevo relato impuesto por el PRO-Cambiemos”.

Triunviro cegetista: ¿Cuándo se les caerá una maldita idea? Y ¿Cundo se dedicarán a proteger a los obreros y a los jubilados?

De hecho, se blanqueará en todo caso una anomalía, porque sólo el 20% cumple con el 21% del aporte. Cerca del 80% restante contribuye con una alícuota de 17% (excluyendo obras sociales), esto es, el inciso b) del decreto 814/2001 que se pretende derogar, que de por sí significaba una sustancial reducción de contribuciones gracias a los cambios impulsados por Domingo Cavallo en los `90.

Sin reparar en estos antecedentes ni en lo sucedido recientemente, el gobierno argumenta que la reducción de contribuciones generará más puestos de trabajo (?), a pesar de la experiencia vivida en la década de 1990, cuando se redujeron los aportes patronales de 33% a 23 % (incluyendo obras sociales), y aún así se alcanzaron los niveles de desempleo más elevados de la historia del país.

De modo que bajará año a año la alícuota que pagan los empleadores hasta 2022, la cual garantiza atando el “mínimo no imponible” a la evolución de la inflación (mediante el IPC que calcula el INdEC).

Así llega a la quita estimada en $139.882 millones anuales (a valores de 2018) hasta 2022, a condición de que la estructura ocupacional se mantenga constante. En próximos 4 años se habrán juntado $411 mil millones, un 40% de la recaudación previsional de todo un año.

Al sistema previsional actualmente aportan 11.733.837 trabajadores, 51,4% asalariados privados, que serían los que más contribuyen. Después, hay un 25,9% de asalariados públicos y un 3,8% de asalariados de casas particulares. Y el resto son independientes, entre autónomos (3,5%), monotributistas (12,4%) y monotributistas sociales (3,1%).

Los beneficiarios, en tanto, suman 6.805.192, de los que 77% son jubilados (y de éstos 72% cobrarán menos de $10 mil mensuales en marzo) y el resto, pensionados, según datos de la ANSeS.

Mauricio Macri y Jorge Triaca: Muchas palabras, pocas concreciones y ninguna idea.

Es decir, se contabilizan 1,7 trabajadores activos por cada jubilado o pensionado en la Argentina, aunque un peine más fino mostraría que faltan poner unos 4 millones y sobran no se estimó cuántos truchos que, por privilegios o avivadas consentidas, sacan de ese pozo.

Habría que ver después de la pasada en limpio que debe la clase política apurada por cerrar acuerdos hasta adónde Argentina se acercaría al ratio normal que se considera entre 3 y 4 aportantes por cada pasivo.

Mientras tanto, el INdEC reflejó que el porcentaje más alto de informalidad laboral se registra en la región Noroeste, con un 41%, mientras que la Patagonia tuvo el indicado r más bajo con un 18,3%.

Salta tuvo el indicador por distrito más alto del país, con un 45,4%, y posteriormente se ubicaron Tucumán-Tafí Viejo con un 43,7%, Santiago del Estero 42,7%, La Rioja 35%, Jujuy-Palpalá 34,6% y Catamarca con un 32%. O sea, casi una asistencia perfecta del Plan Belgrano.

En la Ciudad de Buenos Aires, el indicador de trabajo en negro trepa hasta el 23,6%, mientras que en el conurbano bonaerense se ubica por encima, con un 37,1%.

En la división por regiones, en la de Cuyo el porcentaje más alto correspondió al Gran Mendoza, con un 39,3%, seguida de San Juan con un 38,3% y San Luis con el 33%.

En la región Noreste, el indicador más elevado correspondió a Posadas, con 35%, y le siguieron Corrient es con un 34,4%, el Gran Resistencia con 33,8 y Formosa con un 26,4%.

La informalidad no sólo resta recursos al sistema previsional, sino que impacta en el resto de la estructura impositiva, empezando por el impuesto a las ganancias, para cuya liquidación quienes no figuran también están afuera de los mínimos no imponibles de $ 29.855 de sueldo neto, tras las deducciones de jubilación y obra social, que estableció la AFIP para los solteros, y $39.495 mensuales netos para los casados con 2 hijos, lo cual representa un alza del 28,77% con relación a los vigentes en 2017, que eran $ 23.185 y $ 30.671.

Como se puede observar de lo aquí expuesto es que la Ley Jubilatoria impuesta por la administración Macri es otro robo al bolsillo de los mas desprotegidos, “los ancianos” y nuestros “veteranos de guerra”.

La ley jubilatoria es inconstitucional y atenta contra el principio de intangibilidad del salario (considerando a la jubilación como un salario al retirado o pensionado/jubilado). No cabe duda que vivimos en una sociedad enojada o si se prefiere disconforme.

Pierre Rosanvallon habla de la “soberanía de la obstrucción” y dice: “La soberanía efectiva del pueblo se afirma, en adelante, mucho más en la modalidad de una sucesión de rechazos puntuales que a través de la expresión de un proyecto coherente”.

Podríamos decir que vivimos en la filosofía del “anti” y la cosa es oponerse, hacer notar la disconformidad mediante la protesta y en casos extremos hasta justificar la violencia, como en cierto modo lo hizo el diputado Gioja cuando fue preguntado sobre los hechos ocurridos en las proximidades del Congreso.

Estos hechos fueron protagonizados por mercenarios de la violencia, debidamente organizados y resultó obvio que fueron “contratados” por la política partidaria con la clara intención de impedir el funcionamiento del Congreso de la Nacion. Los representantes políticos de esos sectores, a su vez interpusieron toda chicana posible al comienzo para lograr que la violencia externa diera sus frutos y la sesión se suspenda.

Alejandro Katz escribió en el diario La Nacion: “…aparece el verdadero problema: la dificultad de la sociedad argentina para hacer política, es decir, para gestionar el conflicto -de intereses, de valores, de principios- atendiendo al bien común por sobre los intereses particulares”.

Cuando lo particular se fundamentaliza, como es la filosofía, mejor dicho la sofistica “K” y parte de nuestra izquierda, desaparece “lo común” y se pierde la noción de la diferencia, lo que impide “ponerse en la situación del otro”.
“El otro” nos molesta, nos perturba, nos causa enojo y genera el sentimiento de “ira”, se hace necesario suprimirlo lo que nos da el argumento necesario para justificar la violencia y lo que es más perverso equipararla a la protesta social.

Pasa que, en especial, en nuestra sociedad priva desde antaño el espíritu “obstruccionista” del que habló Rosanvallon.

Las últimas generaciones vivimos siendo “anti” y creo que esto explica la sucesión de fracasos del país.

La “obstrucción”, el “rechazo”, son expresiones negativas del hacer humano que reemplazan al “juicio crítico” y nos privan del buen humor necesario para gestionar la conflictividad. Es en definitiva el famosos juego de “suma cero” o directamente “resta”.

Pues bien estos males, patologías o vicios nos afectan a todos.

El gobierno bajo el nombre de esa frágil coalición que es “Cambiemos” pretende imponer los necesarios cambios para modificar nuestro rumbo hacia el futuro sin advertir o entender que todo cambio necesita de docencia previa y de consenso para elegir los medios pertinentes, fijar prioridades y plazos, distribuir los sacrificios y esfuerzos respetando el óptimo de Pareto en lo posible.

El gobierno hace mérito de sus rectificaciones pero no advierte que cuando estas se repiten se afecta la calidad de su idoneidad.

El llamado gradualismo pretende hacer virtud de la política del parche, como dice Andrés Malamud, pero el “parche” solo sirve para cubrir emergencias.

En la década del 90 que pudo haber cambiado nuestra historia futura, uno de los errores fue el de no tener parches para los sectores más afectados por los cambios que se promovían y que quedaron a mitad de camino.

Es obvio que nuestra realidad exige que se usen “parches” para compensar a los sectores menos favorecidos de la sociedad y a la vez que se genere una realidad para que todos sin excepción tengan a su alcance las mismas oportunidades.

Para ello es necesario cambiar esta cultura del enojo que no deja de ser una cabal muestra de impotencia política.

No solo los “K” muestran su enojo, también el gobierno se enoja con propios y ajenos y en el fondo ambos tienen algo en común como lo tiene nuestra sociedad que llamaría impaciencia e intolerancia.

Mientras sigamos enojados más difícil será todo y para ello es necesario dejar la soberbia de lado por parte del gobierno.

¡Porque la responsabilidad es de quien gobierna!

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017

LUIS ALEJANDRO RIZZI Abogado especializado en Derecho Comercio, con experiencia en la gestión del aerocomercio y JOSE MARCELINO GARCIA ROZADO Arquitecto ex Subsecretario de Estado 1973/1976 y 1989/1993.

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