DD.HH: AGENDA INCOMPLETA

Durante el régimen militar, las madres buscaban a sus hijos en un Estado inconstitucional que dio una respuesta atroz a sus reclamos. Debieron esperar al advenimiento del Estado de Derecho para que, finalmente, esos reclamos fueran escuchados. El relato —parcial— de las últimas décadas se volvió hacia esos muertos en una épica que los rescata bajo la forma de la conmemoración: se honró a las víctimas con el propósito de construir, recuperar y preservar la memoria colectiva y contribuir a evitar que se repitiesen las graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad como los acontecidos en nuestro pasado.
El decurso de la historia de las últimas décadas reveló una suerte de ADN que recorre nuestras venas y nos conduce una y otra vez a los mismos traumas. Sólo así se explica que uno de los debates recientes girara en torno al número de desaparecidos durante los tristemente absurdos ´70.
Sin embargo, el número -si las víctimas fueron ocho mil o treinta mil (cifra oficial obligada en la Provincia de Buenos Aires)- es apenas una estadística y no es un argumento per se que cancela la cuestión: la muerte de un ser humano no sólo es la pérdida de un presente y de un futuro singular. Además, conlleva la devastación de la vida de muchos otros, sean o no militantes: ¿Acaso las madres que hoy entierran a sus hijos sufren menos que las madres de los militantes de los años de plomo? ¿Cómo medir el sufrimiento?
Por cierto, un desaparecido suele ser considerado más que un muerto: la desesperación de no saber qué pasó, de desconocer su destino, de ni siquiera poder enterrarlos u honrarlos en una tumba. Pero también es cierto, como declaró la misma Estela de Carlotto en distintas oportunidades, esos hijos honraron su propia muerte –destino propio de todo combatiente-, mientras que los hijos de hoy simplemente querían vivir y seguir viviendo.
La muerte no tiene ideología. Como un bálsamo ante el desconsuelo, las Madres de Plaza de Mayo pudieron sostenerse en la creencia de que sus hijos ofrendaron su vida en pos de la persecución de lo que creían era un mundo mejor. Muchos de los de entonces murieron por un ideal auténticamente elegido. Lejos de toda elección y sin gestos heroicos, sin épica alguna, los muertos de hoy son brutalmente violentados en un sinsentido. Pues ni siquiera hay ideales cuya persecución no justificaría pero, cuando menos, concedería alguna suerte de sentido a estas muertes absurdas.
Con la misma lógica con que analizo el pasado, se puede examinar el presente. Un nuevo partidismo victimal se repite hoy, cuando la ley castiga con pena perpetua al femicida, pero no al homicida. Cuando se indemniza a los hijos de femicidas y no a quienes padecen la pérdida de la vida de un padre por el delito común.
Transcurridas tantas décadas, era esperabale un acto refundacional. Eso no aconteció: aunque es digno de celebrar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos anunciado por el Presidente Mauricio Macri, este “nuevo paradigma” padece de otro sesgo. La agenda nacional que guiará las acciones sobre la materia durante los próximos tres años, se compromete justificadamente con el acceso a una mejor calidad de vida que abarca la educación, igualdad de oportunidades, agua potable y cloacas, así como proteger el medio ambiente.
Pero habría que tener presente que la preocupación de los ciudadanos es su seguridad y lo que se juega es, ante nada, la posibilidad de no sobrevivir para gozar de una educación de calidad o de agua potable.
Pero si tan significativo es el número de desaparecidos, como desde el Estado se reconoció, prosiguiendo con la misma lógica, también es significativo el número de víctimas: durante 2016, según las cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se registraron 2605 víctimas de homicidios dolosos (cifra subestimada, en cuanto el fallecimiento de quien ingresó en un nosocomio herido de bala es registrado en el acta de defunción como fallecido por una complicación pulmonar); 4207 de homicidios culposos en siniestros viales y , según el Registro Nacional de Femicidios, 254 muertes.
Es lamentable, en consecuencia, que la agenda propuesta no privilegió nada más y nada menos que el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
La vida es el derecho fundante de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en cuanto es un bien inalienable que se instituye como condición de posibilidad del goce de cualquier otro bien. La vida es el presupuesto y el único derecho auténticamente humano: todos los otros derechos son susceptibles de ser “otorgados” por la sociedad o el Estado. Tenerlos o no tenerlos, perderlos o poder recuperarlos, o que teniéndolos lo sean en mayor o menor grado. En cambio, la vida no es otorgada por nadie sino que es reconocida como el máximo bien, previo a la sociedad y al Estado. Ni una ni otro pueden conceder la vida, en cambio, sí pueden satisfacer otros derechos.
Es fácticamente innegable que ese bien que es la vida no es uno más de un listado común ya que, en todo caso, es la página en blanco en la cual cualquier otro derecho puede inscribirse. El reciente Plan presentado por el Gobierno está pensado para los autodenominados organismos de derechos humanos locales –que fluctúan entre un pasado que no fue y la locura de ya no ser- y para los organismos internacionales que ejercen su control en la materia. Las víctimas de homicidio común continúan padecen, hoy como en el pasado, de orfandad estatal.
Esta agenda sesgadamente innovadora no está pensada para nuestra Argentina profunda. Aquella en la cual, sin épica ni heroísmo, se mata y se muere por un celular.

Diana Cohen Agrest
Clarín,

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