DEUDA PÚBLICA SIN PRESUPUESTO 2018

El gobierno Macri esperó el día siguiente a la aprobación del Presupuesto 2018 por el Congreso (Día de los Inocentes) para cambiar unilateralmente las proyecciones inflacionarias del año que viene y ejercicios siguientes, que son justamente las que constituyen la base fundamental de las estimaciones fiscales de dicho presupuesto.

El 28.12 el cuarteto Peña-Dujovne-Caputo-Sturzenegger[1] dio una Conferencia de Prensa conjunta en la cual se hicieron estos anuncios que introducen modificaciones muy importantes en las cuentas nacionales.

Con el agravante que los legisladores acababan de votar un presupuesto que ya era irreal en ese momento porque las nuevas leyes previsional, tributaria y de responsabilidad fiscal Nación-Provincias, que se estaban sancionando en simultáneo, modifican los números del proyecto aprobado, que corresponden a los que el Poder Ejecutivo había mandado el 15.9 pasado y que ahora han quedado así sustancialmente alterados.

Téngase presente que la sola modificación de la Meta de Inflación y sus proyecciones afecta de por sí prácticamente todos los rubros de gastos del Ejercicio, así como los recursos y, en consecuencia, los resultados fiscales.

Pero a ello hay que agregarle los cambios relevantes que se derivan de las nuevas leyes auspiciadas por el gobierno Macri y que todavía no están cuantificados.

Ejemplos concretos:

  1. La denominada Ley de Reforma Previsional cambia las erogaciones del Estado vía rebaja en los aumentos jubilatorios y gastos sociales conexos a la vez que reduce los ingresos por concepto de Contribuciones Patronales, siendo que ambos importes no están todavía determinados. Se estima que los ahorros públicos por menores gastos sociales estarían entre los 70.000 y los 100.000 M$[2] (que es la suma que dejarían de percibir los sectores pasivos) mientras que el costo fiscal de las desgravaciones empresariales (para atenuar parcialmente la Presión Tributaria de los empleadores) se desconoce. Y todo ello, paradójicamente, bajo el argumento oficial de la necesidad de equilibrar el Sistema Previsional Argentino.
  2. La llamada Ley de Reforma Impositiva introduce igualmente una serie de cambios tributarios que afectan gravámenes importantes que modifican la estructura de los Recursos del Estado (caso Ganancias, Impuesto al Cheque, Impuestos Internos, IVA y otros), amén que los aumentos de Precios y Tarifas de Servicios Públicos que paralelamente se están autorizando conllevan una suba adicional de ingresos oficiales por el alto componente tributario de las boletas que pagan todos los usuarios.
  3. La aprobación de la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, en función del acuerdo firmado Nación-Provincias, varía igualmente y en forma relevante la distribución de los fondos coparticipables y, consecuentemente, también la composición de ingresos y gastos públicos.

Por ende, no tendría explicación racional el apuro gubernamental Macri de lograr la aprobación de un presupuesto irreal de este tipo, como no sea haberlo hecho con la premeditada intención práctica de proceder a modificarlo discrecionalmente a posteriori, vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU sobre un presupuesto recién convalidado por el Congreso)  y/o Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete.

Constituye una grave transgresión a la lógica, al sentido y a la ética de la Ley de Presupuesto que se haya dado así – de urgencia y prácticamente a libro cerrado –  una aprobación de este tipo, como cheque en blanco del Congreso al Poder Ejecutivo porque de esta manera no se conocen los números legal y efectivamente autorizados.

Por otra parte, desde el punto de vista técnico-profesional se trata de un comportamiento muy discutible el de las autoridades ya que subvierte el espíritu y la letra de la normativa presupuestaria – Ley 11.672 (TO 2014) de Presupuesto, Ley 26.156 de Administración Financiera del Estado e instrumentos conexos – cuyas disposiciones suponen que las autorizaciones parlamentarias al Gobierno en esta materia se confieren siempre en valores absolutos y respaldados por cifras demostrables, que es la única manera de poder comprobar el quantum de Gastos y Recursos y, en consecuencia, de los Déficits Fiscales – Primario y Financiero – que autoriza el Congreso y que se cubren en definitiva con más Deuda Pública.[3]

Los ministros de Hacienda y Finanzas – lo mismo que el presidente del BCRA – hablan, en cambio, de montos y porcentajes sobre  Producto (PBI) que no sólo son inentendibles para el ciudadano medio sino que a la vez son incomprobables para los analistas financiero-fiscales.

Eligen palabras rebuscadas o figurativas – como re-calibración en lugar de cambiar, des-Inflación en lugar de mantenimiento del alza de precios, reajuste de fórmulas jubilatorias en lugar de rebaja de aumentos a los sectores pasivos, corrimiento de las Metas de Inflación para encubrir el efecto de la caída en los salarios reales, etc. – para enmascarar los fracasos en las proyecciones oficiales y la falta de resultados que se sigue produciendo después de dos años de gestión Macri mientras se continúan vendiendo expectativas ante la Opinión Pública.

Es un tema muy grave que no termina aquí sino que, por el contrario, se acentúa día a día y se instituye como falsa política comunicacional del Estado.

Es la forma en que los principios más elementales de Finanzas Públicas caen por tierra víctimas de administraciones sin verdadera transparencia informativa y en que el manejo de las cuentas fiscales deviene producto de componendas oscuras entre grupos de poder económico-financieros (locales y externos), gobiernos de turno, gobernadores provinciales y partidocracia mayoritaria con representación parlamentaria para poder seguir sosteniendo a ultranza la política de Gobernar con Deuda.-

 

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 30.12.2017     (Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 12 30 DP SIN P 2018)

[1] Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Ministro de Finanzas Luis Caputo y presidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger.

[2] Las abreviaturas M$, B$ y MD significan Millones de Pesos, Billones de Pesos y Millones de Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

[3] Los Intereses a Pagar por la Deuda Pública de la Administración Central en el 2018 son 406.500 M$ pero está previsto que de esta suma sólo se paguen efectivamente 286.200 M$ porque los 122.600 M$ restantes se capitalizan por anatocismo, es decir, se transforman en nueva deuda y devengan consecuentemente nuevos y más intereses.

Esto agrava fuertemente el cuadro del endeudamiento público ya que el año que viene le caen al Estado Central vencimientos de Capital por 67.400 MD (≡ 2.2 B$) y hasta el último centavo de esta deuda se cancela con nuevas obligaciones; y además se toma deuda adicional por 46.600 MD.

Dicho con otras palabras: que el gobierno tiene vencimientos de Capital o Principal por esos 67.400 MD y va a tomar Deuda por 114.000 MD, por lo que el stock del endeudamiento previsto aumenta durante el 2018 en los 46.600 MD citados.

El pago de los Intereses autorizado por el Presupuesto 2018 – que son parte del Gasto Corriente y que sí se pagan (salvo la parte que se capitaliza) – equivale a unos 21.100 MD (406.500 M$ / 19.3 $/US$), de los que el gobierno espera abonar 13.400 MD, es decir, casi las 2/3 partes (el 64 %: 13.400 / 21.100 MD).

El Déficit Fiscal previsto según el Presupuesto aprobado por el Congreso es de 681.800 M$ (≡ 35.200 MD), lo que numéricamente significa que el 60 % del Resultado Financiero del Ejercicio 2018 se explica por la incidencia de los Intereses de la Deuda del Estado.

El gran aumento que se viene produciendo en el stock de la Deuda Pública bajo el gobierno Macri y el más que proporcional aumento de los intereses respectivos son así los principales factores que determinan hoy el desequilibrio de las cuentas fiscales.

Y es para cubrir parte de este agujero fiscal no reversible – producido por el Sistema de la Deuda Permanente –  que la actual administración de Cambiemos lanza su paquete de leyes bajo la ampulosa denominación de reformas estructurales.

 

 

 

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