ENERGÍA: MITOS, VERDADES Y POLÉMICAS

Hay un empeño enorme del Gobierno por incorporar de lleno a la Argentina en el mundo de las energías alternativas, renovables y no contaminantes. Es una movida encomiable, aunque a veces con avances y retrocesos y nunca libre de controversias ni de intereses cruzados.
Acoplada va la decisión de ir corrigiendo un matriz dominada por el petróleo y sobre todo por el gas, una vieja asignatura pendiente.
La primera, gran muestra de ese empuje fue incluir dentro de la reforma tributaria un fuerte impuesto a la emisión de dióxido de carbono (CO2), únicamente para los hidrocarburos y progresivo hasta llegar a 25 dólares por tonelada en 2028. El proyecto es atribuído a Juan Carlos Villalonga, un diputado del PRO por la Ciudad Autónoma que es vocero del movimiento ecologista Los Verdes y fue director político de Greenpeace Argentina.
Extraños en un universo acostumbrado al lenguaje técnico, directo y bien concreto fueron algunos de los fundamentos que Villalonga incorporó a la iniciativa. Como aludir a “riesgos reales que si no los asumimos hoy deberán ser afrontados por nuestros hijos y nietos”. O referirse a chicos que ahora “están terminando la escuela secundaria y (gracias a los avances de la medicina) pueden vivir hasta pasado 2080”. O traer al presente la imagen de “un niño que en 2018 tenga cuatro años y puede esperar vivir hasta 2094 en Argentina, de acuerdo a las Tablas de la OMS”.
Sin rodeos, desde el universo de los especialistas varios salieron a plantear que los 25 dólares eran un impuesto excesivo en cualquier comparación y a decir que en América latina los únicos que usan instrumentos similares son Colombia, México y Chile, pero aplicando 5 dólares y sólo a ciertas emisiones de dióxido de carbono, nunca al 100%. Remataron con que la carga fiscal que hubiese terminaría, al final del recorrido, en las tarifas.
Protestaron los gobernadores de las provincias petroleras, protestaron los dirigentes sindicales del sector y, a su manera, también protestó el Ministerio de Energía. Resultado: el Gobierno decidió meter la marcha atrás, aunque sin bajar por completo la bandera.
Aceptó reajustar el proyecto y eximió del nuevo impuesto al gas natural, al gas natural licuado y al gas de petróleo, que, dicho sea de paso, constituyen casi el 60% del consumo primario del país. Claro que simultáneamente el Poder Ejecutivo fue autorizada a incorporar “otros hidrocarburos no cubiertos”, o sea, a los mismos tres.
Aunque muy reducido, la versión final mantuvo el gravamen para naftas, gas oil, diesel oil, solventes y kerosene. Empezando en 2019 con un dólar y subiendo hasta llegar a diez en 2028. Augurios de aumentos encadenados a otros en los combustibles.
El impuesto puso en la cancha algo parecido a un petróleo-gas versus las no contaminantes, aunque ambos esquemas pueden convivir perfectamente. Y sacó a luz argumentos las más de las veces sólo comprensibles al interior de ese mundo de expertos.
Algunos pusieron sobre la mesa un cálculo del Banco Mundial, según el cual el aporte argentino a la emisión de CO2 es un “irrisorio 0,64%”. Y resaltaron que Noruega, un país que impulsa ese tipo de restricciones, es a la vez un gran exportador de gas y petróleo porque le sobra hidroelectricidad: “Contaminan por otros medios”, afirman.
De una especie similar, el promedio mundial de consumo de carbón en energía, nada menos que de carbón, llega al 29%. Y dentro del lote de los grandes consumidores figuran China, Alemania, Japón, India y Estados Unidos. Si es por eso, aquí el papel del carbón se reduce al 1,3% Quienes exponen estos contrastes no niegan el impacto del dióxido de carbono en el gas natural sino señalar que el Gobierno debiera mirar el cuadro completo y medir efectos colaterales. En el medio flota el intento de que se acepte el ingreso de la Argentina a la OCDE, un club de naciones desarrolladas y de desarrollo intermedio que promueve los impuestos medioambientales.
Se supone que detrás de este objetivo no hay sólo búsqueda de prestigio internacional, sino la reafirmación del compromiso con el cambio climático que el país asumió a fines de 2015 en París. Esa es una de las dos patas de la política energética a la que Mauricio Macri le ha dado su sello. La otra ancla, necesariamente, en que haya producción.
Aun así, puestos a analizar el andamiento de fuentes alternativas como la eólica y la solar, la mayoría de los especialistas advierten ciertas características que sería preciso atender. Entre ellas, que son energías que no garantizan reservas, de bajo rendimiento, intermitentes y bastante impredecibles, porque dependen de las horas de sol, de la velocidad y de la orientación de los vientos y de la altura de las instalaciones. Ya en modo competitivo, dicen: “Igual aquí las empresas cobrarán por lo que producen y no por cuánto producen”.
El esfuerzo oficial está sostenido en dos leyes, una de 2015 y otra del año pasado. De hecho, en un muy atractivo paquete de beneficios para los inversores: va desde la devolución anticipada del IVA pagado en la etapa de construcción, a exenciones fiscales diversas como la del impuesto a las importaciones, hasta una fórmula destinada a compensar quebrantos. Subsidios, en criollo.
Ya por fuera del combo, faltan agregar inversiones en transporte y distribución cuando se trate de grandes emprendimientos.
Pese a semejante masa de estímulos, las renovables todavía no despegan hacia los registros que el Gobierno espera. Según el programa oficial, a fines de este año deberían cubrir 8% del consumo interno; en datos de octubre pasado, apenas cubren 2%. Luego, tampoco se alcanzará la ambiciosa meta de escalar al 20% en 2025.
Más de lo mismo o parecido a lo mismo revela un informe de la consultora KPMG, en base a los proyectos de inversión para el período 2017-2025. Dice: US$ 9.927 millones en energía térmica, a gas y combustibles; 14.463 millones en hidroelectricidad, incluidas las represas de Santa Cruz y la argentino-brasileña de Garabí, y US$ 10.921 millones en plantas nucleares, contando la quinta central atómica aún en estado embrionario.
¿Y qué hay sobre las renovables?: según el informe, hay US$ 6.984 millones, o sea, una opción que no figura entre las primeras.
Vale aclarar que en todos los casos se trata de proyectos no definitivamente firmes. Y vale un comentario de KPMG: “A pesar del sesgo de algunas inversiones hacia tecnologías más limpias, las térmicas seguirán siendo las de mayor contribución al sistema”. Tanto a favor de quienes todavía ven al petróleo y al gas como variables básicas de la economía.
Y aun cuando en algún momento Vaca Muerta deje de ser una promesa o ya sea más que una promesa en Neuquén, nadie puede discutir la necesidad de desarrollar las energías que preservan el medio ambiente. Dice un ex funcionario del actual gobierno: “Las renovables pueden convivir perfectamente con las no renovables, pero a condición de que incrementen y aseguren su rendimiento”.
Entretanto hay lo que hay. De enero a octubre, el número de pozos petroleros perforados cae 19% respecto del mismo período del año pasado y 44% contra 2015. Y como una cosa va atada a la otra, la producción retrocede 6,8%.
También concreto es que la producción de gas baja 1% y, de seguido, que el 25% de la demanda interna debe ser cubierto congas importado. Mientras espera que en cuatro años ese 25% pase a 15%, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, avanza en definiciones extrañas sobre el actual cuadro de situación.
Ha dicho: “No me preocupa esto que ocurra, porque no hubo desabastecimiento”. Apuesta de todos modos a que nuevos incentivos pronto levanten las inversiones y la producción. Inversiones en cantidad son, justamente, piezas escasas en este engranaje.

Alcadio Oña