UN FALLO DECISIVO – GABRIELA BOQUIN

“El Curreo”: El grupo Macri avanza sobre la fiscal intransigente. La Corte Suprema definirá si la familia Macri puede desplazar fiscales.

Especialista en concursos y quiebras, la “intransigente” fiscal a la cual el Gobierno de Mauricio Macri asoció a Justicia Legítima, quien logró frenar el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino que perdonaba una deuda millonaria a la familia del presidente y puso al descubierto maniobras de vaciamiento a favor de Socma, es blanco del Grupo Macri, que pidió ante la Corte Suprema apartarla del expediente con una excusa técnica. La fiscal Gabriela Boquín batalla por su honor: la diputada nacional Elisa Carrió la trató de “ignorante”. El entonces ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, dijo que Boquín cometió un “error jurídico” en el caso del Correo. El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, la acusó de opinar sin haber ido a la audiencia del supuesto acuerdo entre Correo Argentino y el Gobierno (en verdad, la Sala B de la Cámara Comercial la notificó del encuentro 3 meses después que ocurrió). Y los ‘trolls’ presidenciales mintieron: ella nunca fue de Justicia Legítima, sino que ella se opuso al pedido de renuncia de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó (además, su marido, el abogado Claudio Romera, es de la UCR, partido integrante de Cambiemos). Por lo tanto, Boquín tiene mucho en juego en su denuncia sobre las irregularidades entre el Correo estatal y su ex concesionario de la familia Macri.

Gabriela Boquin.

Hace precisamente un año atrás, ‘Perfil’ dedicaba una nota a esta fiscal, especialista en concursos y quiebras, calificándola de “intransigente” y remarcando que el Gobierno de Mauricio Macri la asociaba a Justicia Legítima. Entonces Gabriela Boquin estaba dispuesta a llegar a hasta la Corte Suprema si los jueces de la Cámara Comercial decidían validar el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino que perdonaba una deuda millonaria a la familia del presidente.

La fiscal logró frenar ese acuerdo, pero no se logró avanzar en otro para el pago de la deuda. Lo recuerda Irina Hauser, en el diario ‘Página/12’, a un año de aquel episodio. La periodista, que transita desde hace al menos 20 años los pasillos de Tribunales, publicó la nota “La fiscal que paró el Curreo”, en la cual afirma que fue el Grupo Macri el que arribó hasta la Corte Suprema para pedir apartar “con una excusa técnica” a Boquín del expediente del Correo.

El Grupo Macri volvió a la carga para intentar desplazar a la fiscal Gabriela Boquín del expediente del concurso acreedores del Correo Argentino y en particular impedir una investigación impulsada por ella para constatar (a través de una pericia de los libros contables) maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, sus controlantes, también propiedad de la familia presidencial. Esta vez el planteo contra Boquín fue presentado ante la Corte Suprema“, comienza el artículo.

Según relata más adelante, la presentación ante el máximo tribunal la realizó el abogado del Correo, Jaime Kleidermacher, quien cuestiona el respaldo que le había dado a la fiscal la Cámara Comercial en una resolución de diciembre, en la que también hacía lugar al planteo para peritar los libros contables de la empresa.

Sin embargo, la jueza de primera instancia en el concurso, Marta Cirulli, no ordenó un peritaje sino un simple informe contable y no hizo lugar a la intervención de un profesional independiente, pedido por Boquín, quien advirtió que dos de las tres sindicaturas que intervienen en el concurso están cuestionadas por su falta de independencia en el proceso e investigadas en una causa penal que tramita en el fuero federal.

La paradoja“, destaca la periodista, es que en ese expediente a cargo del juez Ariel Lijo, donde está imputado hasta el presidente Mauricio Macri “también es investigada la propia jueza Cirulli“.

De esta manera, mientras la Corte debe resolver sobre la legitimidad de Boquín para impulsar la investigación sobre maniobras de vaciamiento en medio del proceso concursal, la propia fiscal se presentó ante la Cámara para reclamar que se haga una pericia propiamente dicha con un experto independiente.

El papel de las sindicaturas en un concurso de acreedores es fundamental porque son las que deben controlarlo. Sin embargo, según Boquín la llamada “sindicatura controlante”habría tenido posturas contradictorias en varios puntos. Advirtió además que desde el 2016, cuando se concretó el acuerdo para condonar la deuda del correo que ella calificó de ‘ruinoso’ y ‘abusivo’ para los intereses del Estado, esta sindicatura comenzó a acompañar todos los pedidos de la empresa de los Macri.

De igual manera habría actuado la sindicatura “general”, integrada por abogados exSocma y de otras empresas del Grupo Macri como Transmetro SA y Saframa.

En este marco, la sindicatura “verificante” es la que mantiene un criterio más autónomo y, por ejemplo, pidió un perito externo, explica Hauser.

La primera denuncia de Boquín que se hizo pública en febrero del año pasado, fue la que señaló que llamativamente el Estado Argentino, a través del funcionario Juan Moccoroa, había aceptado un acuerdo sumamente perjudicial respecto de la deuda del Correo, que lleva 17 años. En ese momento aceptó un plan de pagos que implicaba la condonación de casi el 99% de la deuda.

Según planteó Boquín, a lo largo de los años hubo múltiples variables, y algunas tuvieron que ver con el comportamiento de los propios tribunales, que hicieron que la deuda quedara impaga.

La denuncia de Boquín sobre un presunto vaciamiento vino después de que se opuso al acuerdo Correo-Estado de 2016. Fue tal el escándalo, que la jueza Cirulli dejó en ese momento de permitir retiros de dinero que le venía autorizando al Correo, y la empresa lo cuestionó.

La fiscal advirtió en ese momento que se habían hecho 5 retiros de cuentas del concurso por al menos $10 millones en “beneficio de otras empresas del grupo”. Dijo que hubo dinero, que se usó para pagos de sueldos, oficinas, cargas sociales, honorarios y gastos contables de Sideco; la compra de acciones de Neficor, en medio del proceso concursal, fue por US$2 millones.  Si el estudio sobre este aparente vaciamiento la hacen los mismos síndicos que intervienen hasta ahora, quienes según Boquín carecen de “objetividad” y exhiben “interés personal”, será  “una aparente investigación que generaría serias dudas”.

Cuando se conoció el tema el Gobierno habló de supuestas nuevas reglas para evitar incompatibilidades, retiró su propuesta en el acuerdo y dijo que admitía una nueva discusión, sin embargo, recordó la nota de ‘Página/12’, “el día de la nueva audiencia faltaron sus representantes, pidieron prórroga, y todo sigue en el limbo“.

Cabe recordar que desde que Boquín asumió como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones del fuero Comercial de Capital Federal, intervino en decenas y decenas de concursos y quiebras. Sin embargo, el caso del Correo Argentino es el más sorprendente de su carrera.

Dicen que la propia fiscal afirma que “sólo puede compararse con la quiebra de Ciccone Calcográfica, el caso que involucró a Amado Boudou, en el que el comportamiento del Estado y las irregularidades le resultaron similares”. Sin embargo, el caso del Correo cuenta con el adicional poco grato de que es abiertamente a favor de la familia presidencial, según la fiscal.

Boquin tiene 48 años, perfil bajo y académico. Según publicó el sitio ‘Perfil’ el año pasado, es “especialista en concursos y quiebras, pero también dirige el Programa de Defensa de los Derechos del Consumidor, que asiste a los fiscales de su fuero en las investigaciones“.

Se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina (UCA) y se desempeña como docente en la UCA La Plata y la UBA. Incluso tuvo un paso por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

Encabezó su propio estudio jurídico desde 1995 hasta que asumió, en febrero de 2015, como fiscal. Como abogada privada asesoró a empresas, síndicos y acreedores de concursos preventivos. Fue asesora de la Inspección General de Justicia (IGJ) y ejerció varios cargos en el Colegio de Abogados de Capital Federal.

Y en su entorno dicen que es una descreída de la clase política…

Ricardo Lorenzetti y Horacio Rossatti, 2 de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Jaime Kleidermacher, abogado de la familia Macri en lo vinculado a Correo Argentino, insiste que la fiscal Gabriela Boquin no tiene legimitidad para actuar en la causa ni para pedir peritajes contables del Correo Argentino, Socma y Sideco.

El pedido ya fue rechazado en 2 instancias. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación falla en favor de los Macri, la fiscal Boquin quedaría desplazada de hecho de la causa, pese a haber logrado frenar la condonación de más de $ 70.000 millones a la familia del Presidente.

La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, investiga el supuesto vaciamientos de las cuentas de Correo Argentino hacia otras empresas de los Macri, como Socma Americana y Sideco.

La Cámara Comercial falló en diciembre a favor de Boquín. La jueza del caso, Marta Cirulli, debía disponer las medidas solicitadas por la fiscal, quien pidió que un perito contable sorteado de oficio por el juzgado del caso para analizar los libros de las empresas mencionadas.

La juez Cirulli designó a los mismos síndicos del concurso de acreedores, cuestionados por la fiscal, por supuestas “contradicciones y omisiones”. Además, Cirulli no ordenó una pericia de la documentación sino que pidió un “informe de las sindicaturas”.

Boquín dijo a la Cámara Comercial que la decisión de Cirulli “no garantiza la imparcialidad y la búsqueda de la verdad”.

La primera pelea por los libros contables de Socma Americana y Sideco duró 8 meses. El problema parecía zanjado en diciembre, cuando la Cámara Comercial falló a favor de la fiscal y reconoció su “legitimidad” para acceder y analizar los libros. No fue así.

Irina Hauser, para Página/12, investigó la s novedades del caso, a partir de una novedad:  https://www.pagina12.com.ar/95582-la-fiscal-que-paro-el-curreo

“El Grupo Macri volvió a la carga para intentar desplazar a la fiscal Gabriela Boquín del expediente del concurso acreedores del Correo Argentino y en particular impedir una investigación impulsada por ella para constatar (a través de una pericia de los libros contables) maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, sus controlantes, también propiedad de la familia presidencial. Esta vez el planteo contra Boquín fue presentado ante la Corte Suprema, cuando se cumple ya un año desde que salió a la luz el plan fallido, que ella denunció y logró frenar, que estaba destinado a lograr que el Estado le condonara al Correo casi la totalidad de una deuda cercana a los 4.000 millones de pesos. La realidad es que al día de hoy, entre recursos judiciales y prórrogas , no se avanzó nada en un nuevo acuerdo para el pago de la deuda.

La presentación contra la intervención de Boquín ante la Corte fue hecha por el abogado del Correo, Jaime Kleidermacher, y en esencia cuestiona el respaldo que le había dado a la fiscal la Cámara Comercial en una resolución de diciembre, en la que también hacía lugar al planteo para peritar los libros contables de la empresa. Sin embargo, la jueza de primera instancia en el concurso, Marta Cirulli, no ordenó un peritaje sino un simple informe contable y no hizo lugar a la intervención de un profesional independiente, pedido por Boquín, quien advirtió que dos de las tres sindicaturas que intervienen en el concurso están cuestionadas por su falta de independencia en el proceso e investigadas en una causa penal que tramita en el fuero federal. La paradoja es que en ese expediente a cargo del juez Ariel Lijo, donde está imputado hasta el presiden te Mauricio Macri por los manejos para salvar a su familia de la deuda millonaria, también es investigada la propia jueza Cirulli.

Así, mientras la Corte Suprema debe resolver sobre la legitimidad de Boquín para impulsar la investigación sobre maniobras de vaciamiento en medio del proceso concursal, la propia fiscal se presentó ante la Cámara para reclamar que se haga una pericia propiamente dicha con un experto independiente. El papel de las sindicaturas en un concurso de acreedores es fundamental porque son las que deben controlarlo. Sin embargo, Boquín ya señaló en varias presentaciones que la llamada “sindicatura controlante” tuvo posturas contradictorias sobre, por ejemplo, gastos y retiros de dinero del Correo: por un lado los justificó, y por otro afirmaba que tenía nula o escasa actividad; en cierto momento pareció objetar la falta de autorización para la compra, con dinero del Correo, de acc iones de Neficor –empresa con asiento en Uruguay– para un negocio automotor, pero no accionó para poner freno concreto. La fiscal advierte que desde el año 2016, cuando se concretó el acuerdo para condonar la deuda del correo que ella calificó de “ruinoso” y “abusivo” para los intereses del Estado, esta sindicatura comenzó a acompañar todos los pedidos de la empresa de los Macri. Lo mismo respecto de la sindicatura “general”, que está integrada por abogados (Julio César Rivera y Beltrán F. Louge) que han sido abogados de Socma y de otras empresas del Grupo Macri como Transmetro SA y Saframa. La sindicatura “verificante” es la que mantiene un criterio más autónomo y, por ejemplo, pidió un perito externo. (…)”.

 

Fuentes: Infojus; Pagina12; Perfil.

Dr. Otero, Dr. Reynoso, Dr. Magallanes

 

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