CONFLICTOS DE INTERESES

El nepotismo y el clientelismo son prácticas que vienen de lejos. Por eso, la decisión presidencial de afrontar tales cuestiones tiene un fuerte valor simbólico que debe ser reconocido. Pero hay otro tema que también debería considerar: el conflicto de intereses, que existirá cuando un funcionario a cargo de un área estatal, antes de su designación oficial haya sido accionista o haya conducido un grupo empresario dedicado a una actividad incluida en el ámbito de su competencia actual. El peligro consiste en que el designado favorezca los intereses del grupo del que proviene. No hacen falta hechos concretos. El riesgo potencial es suficiente para que exista el conflicto.
Ese riesgo está presente en el primer nivel del Gobierno, con varios casos que fueron saliendo a la luz en los últimos tiempos e involucran a ministros y altos funcionarios. No se trata de imputaciones personales sino de situaciones objetivas: desde el punto de vista del interés colectivo, el riesgo existe.
En casos como éste, el responsable político debe aproximarse al tema a partir de una interpretación del entorno socio-cultural y de una valoración del efecto que allí causarán sus decisiones. Argentina arrastra una muy vigente tradición corporativa que afecta a la empresa, al sindicato y a la política.
Por ejemplo: en el ámbito empresarial, la retórica de la libre competencia puede terminar subordinada al principio de conveniencia que, según la experiencia histórica, indica que la rentabilidad depende más de las decisiones del gobierno que de la eficiencia productiva.
Delia Fernández Rubio (Transparencia Internacional) lo advirtió: el conflicto de intereses es la antesala de la corrupción. Nosotros analizamos la cuestión desde otro aspecto: la colonización del Estado por el interés sectorial privado, que implica descartar los criterios de neutralidad, objetividad, publicidad y transparencia en los que debe apoyarse toda decisión que disponga recursos públicos o ventajas sectoriales. Una cosa es impulsar el desarrollo empresario y otra el “capitalismo de amigos”, que opera a través de decretos con nombre propio, resoluciones que permiten interpretaciones ambiguas, licitaciones orientadas o decisiones incomprensibles como la liquidación del INTI.
El atraso que nos agobia –exhibido por los índices de pobreza y desigualdad- provino de la fluctuación de los precios de las commodities o de la tasa de interés internacional. Pero los privilegios injustificados dispuestos por un Estado colonizado son una gran parte del problema, porque sirven para el privilegio y la dilapidación de recursos.
El responsable político debe evitar designaciones que aparenten consolidar esa deformante cultura corporativa.
A partir de mediados de los 70, la Argentina extravió la movilidad social ascendente. El sistema político, que siempre padeció rasgos corporativos, acentuó esa tendencia cuando se convirtió, para alguna gente, en un camino de ascenso social y económico que además favorece el lobby y el acceso a los negocios.
Así aparecieron la militancia rentada y el dirigente profesionalizado que hizo del cargo su forma de vida y se convirtió en un oportunista que, bajo apariencia ideológica, no busca otra cosa que seguir ocupándolo.
La política se oligarquizó, extremo del corporativismo. El pragmatismo, el desprecio por los contenidos y la corrupción provocaron pérdida de representatividad e ineficiencia operativa. Allí apareció la confusión entre vocación de poder y simple búsqueda de cargos y empezó a calificarse el desempeño electoral no en función de los votos, sino de los puestos obtenidos. Fue allí cuando surgieron las alianzas de pura conveniencia. Pero el daño mayor es el creciente escepticismo popular con relación a la democracia representativa.
Las prácticas corporativas son producto de núcleos cerrados de defensa sectorial. Requieren ocultamiento y disimulo. Las ventajas sectoriales se esconden bajo falsas justificaciones y el dinero, en paraísos fiscales. El resultado es una sociedad desigual, fracturada, insolidaria, acostumbrada a la trampa y demasiado violenta.
Tenemos que construir una sociedad libre y abierta. Las decisiones del gobierno deben ser públicas y transparentes para poner en evidencia los privilegios sectoriales injustificados. Hay que fortalecer los mecanismos de integración social, sabiendo que la política redistributiva requiere la intervención del poder público porque el mercado – librado a su propia dinámica- tiende a la concentración.
Son mecanismos eficientes de integración social, la elaboración y aplicación consensuada de políticas de Estado y el sistema público de enseñanza en sus tres niveles, en la medida que recupere calidad y rigor. Nuestra sociedad debe revalorizar el concepto de bien común y el respeto por lo público. Esa actitud significará un cambio cultural que comenzará a calificarnos como una sociedad libre y abierta.

Juan Manuel Casella

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