EL CASO CHOCOBAR Y LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

El caso Chocobar puso nuevamente en el centro de la discusión pública la cuestión de la seguridad ciudadana. Este episodio en el que un policía de la provincia de Buenos Aires, fuera de su horario de trabajo, intervino en un robo con arma blanca en la Ciudad de Buenos Aires provocando la muerte de un delincuente, nos habilita a replantear al menos tres cuestiones fundamentales sobre el gobierno policial.
El primer aspecto tiene que ver con el debate sobre el “estado policial” y el mal entendido “deber” de intervención de las policías fuera del horario de servicio. En 2016, cuando se discutió la Ley de seguridad pública de CABA se produjo un intenso y valioso intercambio sobre la eliminación de dicho estado policial. Tomando en cuenta las estadísticas existentes, donde se observa que las intervenciones policiales fuera de los horarios de servicio provocan la muerte de un número importante de policías y de ciudadanos, la mayoría de los partidos políticos hemos pedido limitar la actuación policial a los horarios y tareas asignadas durante el servicio. Lamentablemente, el oficialismo no acompañó la propuesta.
En una segunda instancia, el episodio trae a escena el vacío normativo que existe para definir si los agentes policiales pueden intervenir en circunstancias que ocurren en otras jurisdicciones. Si los policías de la Ciudad estaban actuando y lograron detener al cómplice del ladrón que fue abatido por Chocobar, ¿por qué Chocobar participó de la persecución y comenzó a disparar? Un episodio similar al que estamos describiendo ya había ocurrido en el año 2017 cuando efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron al territorio de la Ciudad por el barrio de La Boca y en su accionar hirieron a una ciudadana que estaba tomando mate en la calle.
Finalmente, un tercer y lamentable eje de discusión que se inició por medio de este caso tiene que ver con la doctrina ridícula que propaga el gobierno nacional. De acuerdo con las declaraciones de sus funcionarios, el oficialismo pretendería modificar el Código Penal para estimular y apañar a todos los policías del país a que disparen contra ciudadanos que podrían estar cometiendo delitos. Ante esta pretendida reforma, que obviamente ya fue rechazada por los más prestigiosos constitucionalistas del país, cabe preguntarnos ¿puede el Poder Ejecutivo Nacional obligar a todos los distritos del país a abandonar los paradigmas de seguridad democrática que enmarcan el uso de la fuerza de la fuerza con criterios de profesionalidad policial?
En la Ciudad de Buenos Aires contamos con una reciente Ley Integral de Seguridad Ciudadana, la cual fue aprobada con la participación y aportes de un conjunto significativo de fuerzas políticas. Dicha Ley cuenta con un capítulo específico sobre el uso directo de la fuerza, en el cual se reconoce la vigencia de los Principios Básicos sobre Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, elaborado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Estos principios básicos, establecen que las armas de fuego sólo deberán utilizarse como último recurso y procurando proteger la vida de las personas.
Así las cosas, además de recalcar la absoluta inconstitucionalidad de esta disparatada doctrina, no podemos más señalar que ante los avances abusivos del gobierno nacional la mayoría de los porteños y porteñas queremos que la Policía de la Ciudad pueda consolidarse en el marco del paradigma de seguridad democrática que establece la normativa local.

Por Carlos Tomada
P/12 19-2

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